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domingo, 8 de septiembre de 2019

Huyendo de Venezuela

-Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

@javiermayorca

En el sector La Parada de Cúcuta, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.
Muchos de los que estaban allí habían apurado la salida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.
Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.
“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, era la expresión que más se escuchaba en ese espacio. Eran grupos de gestores venezolanos que se ofrecían para aligerar la espera. Si usted iba bien vestido, la tarifa subía automáticamente, un 20%.
Como en toda gestoría, lo importante en este caso eran las conexiones que estos sujetos pudieran tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contactaba, ellos de inmediato lo ponían a hablar con el verdadero líder del grupo, que estaba merodeando por allí cerca.
Pero no todos tenían verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valían de engaños o artificios. El más usual era entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fijara en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.
Los agentes suelen detectar con rapidez la burla con los pasajes de autobús.
“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.
Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrecía luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parecía ser la mejor opción, si se tomaba en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica estaba una VAN de la Policía Nacional. Además, algunos funcionarios se escondían para tomar fotos de quienes intentaran esta vía.
“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, decía este gestor venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.
Desde luego, en la medida en que no funcionaba ninguna de las soluciones, el tiempo pasaba y la desesperación aumentaba. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementaba. Cada vez que abrían el paso en la primera barrera sucedía una hecatombe de gritos y empujones, que obligaba a los policías a proferir amenazas.
Luego de la primera barrera. Atrás, una multitud angustiada
“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.
Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.
Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y a otros que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.
La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.
Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.
“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.
En la cola, atrás de Mercedes, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en la taquilla del Saime, ubicada en el paso fronterizo. 
Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.
“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.
Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes se alejó y más adelante logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.
En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. No solo eran los cientos represados en la primera barerra, sino al menos otro medio millar que se protegía del sol inclemente bajo un toldo, cerca del puesto de Acnur. Los empleados de Migración conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.
Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día, siempre y cuando no se levantaran de sus asientos.
Por eso es que muchos de estos emigrantes dilataron su recorrido hacia el sur, y terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.
Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.
Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no podían conseguir en su país.
Pero esa es otra historia.

Tres preguntas a… David Smolansky, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)

1) En este momento, seis países han asumido medidas para restringir el paso de emigrantes venezolanos. El último fue Ecuador. Esto coloca el mayor peso de la diáspora sobre Colombia y Brasil. ¿Qué medidas se pueden adoptar para el tratamiento de este problema?
La mejor medida que se puede tomar es que los venezolanos dejen de llamarse diáspora o migrantes. La mejor medida que puede adoptar la región es la propuesta de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes es que se nos de el estatus de refugiados, y eso se argumenta en la Declaración de Cartagena de 1984, única que expande el concepto de refugiados de Naciones Unidas, y dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, limitación de libertades…todo eso hoy aplica para el venezolano que huye de su país. Si se adopta el estatus de refugiados para los venezolanos, no solo se facilitará que cada uno tenga su documentación y acceda a la salud y a la educación públicas, un trabajo, etc. Es la solución más justa y pragmática por parte de los países receptores. Al final, a pesar de que esto es muy duro para nosotros los venezolanos, puede representar una gran oportunidad para los países receptores de América Latina y el Caribe, con gente que trabaje, emprenda y estudie, y que eso impacte positivamente en la sociedad y la economía.

2) ¿Cuál es su expectativa en cuanto al tamaño de la diáspora para finales de este año?
La proyección que nos da en la oficina de la OEA para la crisis de los emigrantes venezolanos es que si las determinantes que han causado esta migración forzosa que son la crisis humanitaria, la violencia generalizada, la violación de DDHH, el control social, el colapso económico y el de los servicios básicos se mantiene en lo que queda de 2019, pudiésemos estar hablando de 5 millones de emigrantes o refugiados venezolanos. Hoy, a este momento, hay 4,3 millones de emigrantes venezolanos. El 70% se concentra en cuatro países: 1,5 millones en Colombia, 860 mil en Perú, 330 mil en Ecuador y aproximadamente 400 mil en Chile. Y si la tiranía se prolonga hasta 2020 entonces pudiese haber de 6 a 8 millones de refugiados, lo que nos lleva a concluir que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación, que recuperemos nuestra libertad, y que haya incentivos para que el venezolano desterrado pueda volver.

3) Ud estaba investigando algunos aspectos delictuales de la diáspora. ¿Cómo están operando las redes ilícitas para el traslado de migrantes venezolanos?
Estamos en fase de investigación. Sin embargo, puedo adelantar que el refugiado venezolano es cada vez más vulnerable a que grupos irregulares lo recluten aprovechándose de la necesidad que tienen de alimentación, donde menores de edad son captados por irregulares. Les sale más económico que reclutar a un colombiano, y a cambio les dan alimentación. En segundo lugar, son vulnerables a actividades como contrabando, minería y narcotráfico. En el caso de las mujeres, son vulnerables a la esclavitud moderna, explotación sexual, a que sean abusadas. Hoy el refugiado venezolano no solo se enfrenta a lo que es desprenderse de su país y su familia, a tener que caminar miles de kilómetros para llegar a ciudades desconocidas y empezar desde cero, sino que además debe afrontar en ese trayecto a grupos armados y vinculados a actividades ilícitas. En una de las investigaciones que hicimos es que en las 288 trochas identificadas en la frontera colombo venezolana de más de 2000 kms hay puestos de control de grupos irregulares. Han crecido tanto que han colocado puntos de control en las adyacencias del puente internacional Simón Bolívar, pues la gente tenía que cruzar por el río Táchira, cuando el puente estaba bloqueado por containers, colocados por el régimen para el 23 de febrero. Los han movido ligeramente. Una estimación que hicimos es que si a un venezolano le cobran un dólar por salir o entrar, en lo que llaman migración pendular, lo que es una cifra conservadora (muchos nos han dicho que deben pagar hasta cinco dólares), y por esas vías van diez mil venezolanos, solo por extorsión estos grupos irregulares hacen diez mil dólares diarios, 300.000 dólares mensuales. Todas estas actividades ilícitas son protegidas por la dictadura.

Breves

-El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Rio de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

-El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

-El Buró Marítimo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) recopiló seis reportes de actos de piratería en costas y puertos venezolanos entre los meses de enero y junio de 2019. La cifra más elevada de toda la cuenca del Caribe para ese lapso. En todos los casos, las embarcaciones atacadas fueron tanqueros y naves de carga de uso comercial. No se toman en cuenta los casos, muy frecuentes en las costas entre Sucre, Delta Amacuro y Trinidad, en los que piratas asaltan pequeñas embarcaciones e incluso secuestran a miembros de las tripulaciones, como ha sido advertido por otros organismos. El auge de la piratería marítima en el país se evidencia al revisar las cifras correspondientes a los años anteriores. En 2017 fueron reportados seis casos, en 2018 fueron 7. De manera que para finales de este año el número de asaltos o intentos de robos en las costas o en los muelles será el más elevado. Según los registros de ICC, en cinco casos los piratas lograron abordar las naves, mientras que en otro solo hubo un intento fallido. Cada episodio alimenta una base de datos, con la que es elaborado el mapa que acompaña a esta nota.

Libros

La llamada “diáspora” venezolana cada día ocupa más atención y espacios en los medios noticiosos, en la medida en que más y más millones de personas se agolpan en las zonas limítrofes para buscar mejores destinos. Sin embargo, hasta el momento ha sido poca la investigación sistemática del impacto que esta emigración masiva está teniendo, tanto en las poblaciones que se ven impulsadas a salir del país como en aquellas que los acogen. Por una frontera garante de los derechos humanos (Bogotá, 2018) es quizá el producto del primer esfuerzo planificado por documentar lo que está sucediendo en Cúcuta y sus alrededores a propósito de este fenómeno. El trabajo de campo y documental fue desarrollado durante todo un año (agosto 2017 a julio 2018) por representantes del Servicio Jesuita a Refugiados y del Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y se enfocó en identificar lo que se denomina los “vacíos de protección” que afectan a tres grandes categorías de emigrantes: los venezolanos, los llamados “retornados”, es decir, colombianos que vivían en Venezuela y ahora huyen de la crisis, y un tercer grupo, constituido por los hijos de unos u otros, quienes corren el riesgo de quedar sin nacionalidad, o “apatridia”, por diversas circunstancias. El libro, suscrito por Wooldy Edson Louidor, Oscar Carderón Barragán, Alejandra Castellanos, Silvia Leal Guerrero y Paola Julieth Sierra, está escrito en un lenguaje denso, conceptuoso, lejano de los giros periodísticos. Pero es sin duda un documento de lectura necesaria para entender las distintas dimensiones de un proceso que tiende a agravarse. Tiene implícito, además, una crítica a las omisiones y errores del estado colombiano en el tratamiento a estas poblaciones en riesgo, originadas en la negativa a reconocer todas las aristas de una emergencia humanitaria compleja. Desde luego, poco o nada se señala respecto del Estado venezolano, con el cual aparentemente no hay nada qué hacer. 

domingo, 25 de agosto de 2019

Lo que resta en Cúcuta

-Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

@javiermayorca

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.
Ese día, los oficiales, los efectivos de tropa profesional y alistada y los agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente, con el concurso de la autoridad migratoria del vecino país.
El desalojo del hotel Acora
La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en los diez hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.
“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander, ahora en vida civil.
Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos, en su mayoría de la Guardia Nacional. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler mensual de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.
Parte del grupo que cruzó la frontera
“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un capitán.
Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino López, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.
Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.
Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.
El recuerdo de las insignias
Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y la alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares disidentes en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Poder Legislativo trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a este movimiento castrense con ocho meses de embarazo.
Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado a la iniciativa de Guaidó. Desde Venezuela, sus amigos les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.
Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos.

Breves

-En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día.

-Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

-En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) çuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

-El Instituto de Medicina Legal de Colombia reportó el homicidio de 233 venezolanos en ese país durante los primeros siete meses de 2019. Solamente en julio fueron ultimadas 40 personas de esta nacionalidad. La frecuencia de muertes supera un caso al día. La venezolana es, de hecho, la primera nacionalidad extranjera víctima de homicidio en Colombia. En la medida en que la diáspora se extiende, la violencia se incrementa. En 2014, cuando la migración masiva apenas asomaba, solo fueron doce casos. En 2018, 533. En lo que va de año, el 88% de estos homicidios tiene como víctimas a hombres. En cambio, cuando se habla de casos reportados de violencia sexual, la mayoría de las víctimas venezolanas son mujeres (83%).

-Debido al bloqueo de los pasos fronterizos en San Antonio y Ureña, algunos productores agropecuarios venezolanos han optado por intentar el traslado de insumos como semillas y pesticidas a través del puente que parte de Puerto Santander y atraviesa el rio Guarumito. Allí, sin embargo, se ha instaurado el cobro de lo que denominan un diezmo, es decir, el 10% del valor de la mercancía, tal y como aparece en las facturas de compra. La recaudación sería ejecutada por integrantes de la banda criminal de los Pelusos, que operan en ese sector con la anuencia de la Guardia Nacional. Un productor venezolano, que ha debido hacer estos pagos, indicó que los paramilitares detectan el paso de los vehículos desde el Táchira, y siguen a los conductores durante las compras que hacen en Puerto Santander. “Las tiendas de insumos agropecuarios están todas prácticamente en la misma calle, por lo que no les resulta muy difícil”, explicó. Los cobros de este impuesto informal se hacen en Venezuela, cuando se ha verificado el paso de la mercancía, a pocos metros del puesto militar.

Libros 
Humberto de la Calle ha sido uno de esos colombianos que conoce el monstruo en sus entrañas. Este abogado ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, Vicepresidente de la República y ministro de Interior, por citar solo algunos cargos. Pero lo que amerita su mención en este espacio es su última obra, referida a su experiencia como jefe negociador del gobierno colombiano durante las conversaciones en La Habana. Revelaciones al final de una guerra (Bogotá, 2019) es un extenso relato sobre el recorrido iniciado en agosto de 2012 para ponerle, como él mismo lo refiere, “punto final” al conflicto armado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un momento en que muy pocos concedían alguna probabilidad de éxito inmediato a tal empresa, aunque ya se avizoraba la “derrota estratégica” del grupo guerrillero. Estas páginas fueron escritas con independencia de criterio, una actitud que según el propio autor lo explica en sus primeros capítulos, es la consecuencia de su escaso apego a un proyecto político partidista, que lo llevó en algunos momentos a manifestar diferencias con quien entonces era un recién electo Presidente de su país. Así, con la debida distancia, De la Calle lleva al lector de la mano por todo el camino de estas negociaciones, sin la pretensión de haber dicho toda la verdad sobre un tema en el que convergieron numerosas voluntades y puntos de vista. Para un lector venezolano, este libro puede ser tomado incluso como un testimonio de lo que se debe y de lo que no se puede hacer para llegar a la paz, luego de un prolongado enfrentamiento.

domingo, 11 de agosto de 2019

A un año de los drones


-Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

@javiermayorca

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.
Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.
En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas.
Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.
A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

La última tarima de Chávez

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.
Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso.
Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.
Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.
Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.
Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

Eran cinco drones

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.
Eran, al menos, cinco de estos
En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.
El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.
La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

“Sabían lo que iba a suceder”

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.
Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.
Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.
Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.
“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.
Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.
La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.
“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.
Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.
Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

Breves

Seemann, esperando la decisión
-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Maillaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

El módulo de la discordia
-En su proceso de expansión, la Policía Nacional ha ocupado inmuebles que antiguamente eran utilizados por otras instituciones. Tal ha sido el caso en el municipio Sucre del Estado Miranda Allí, la PNB tomó el módulo de la urbanización Santa Cecilia, que anteriormente era una sede de la policía municipal. En el límite entre La California Norte y Los Cortijos ocuparon una instalación de Protección Civil. En Pan de Azúcar (Carrizal), solicitaron a la asociación de vecinos el permiso para meterse en un inmueble de uso comunitario, donde supuestamente instalarían una oficina de investigaciones. La comunidad se negó. Aun así, la FAES quiso instalarse allí a finales de julio. Los vecinos reclamaron al alcalde que no haya defendido ese espacio. Debido al revuelo, los policías se retiraron, pero no se sabe si volverán. Esto sugiere un modelo de crecimiento “capilar” muy parecido al que siguieron la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, pero que va en detrimento de los cuerpos policiales estatales y municipales. La PNB, además, es vista como un cuerpo politizado, que no goza de buen prestigio. Se debe recordar que el titular del MRI, Néstor Reverol, maneja una propuesta de reforma que centralizaría los cuerpos preventivos estatales y municipales en torno a la Policía Nacional.

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.

-El 8 de agosto se conoció la decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incorporación -por décimocuarta vez desde 2005- de Venezuela en la lista de los países más importantes en cuanto a la producción y el tránsito de drogas ilícitas. El listado de 22 países correspondiente a este año es ambiguo, pues no se sabe con certeza las razones por las que han sido incorporados. Desde este espacio se ha advertido en varias oportunidades que Venezuela ya no puede ser considerado exclusivamente un territorio de paso de drogas elaboradas en otras latitudes. Las evidencias indican que desde hace varios años los venezolanos han acudido por oleadas a zonas del departamento Norte de Santander a participar en la cosecha de coca. Ese conocimiento adquirido tiene un efecto residual, que sienta las bases para el traslado de enclaves de producción del arbusto y su procesamiento primario en el país, lo que ya ha sido encontrado en sectores como Rio de Oro, en el estado Zulia. En otras palabras, en Venezuela se cultiva y se procesa la coca, pero no en una magnitud que permita incluirla en la lista de los “mayores” productores de cocaína. Falta mucho para llegar a esos niveles. Pero la insistencia gubernamental en negar el avance de la industria ilegal en el país genera sospechas, mucho más cuando se sabe que sus afirmaciones están basadas en informes que carecen de medios de verificación independientes.

Libros


Hay una discusión sobre si las nuevas tecnologías realmente han transformado la violencia criminal. ¿Ahora se decapita y se degüella más que antes, o son simples percepciones?, pareciera ser la pregunta, formulada en los términos más crudos. Sobre este punto, desde luego, hay mucho por investigar. Sobre lo que no cabe duda alguna es que las nuevas plataformas de comunicaciones han modificado las formas como estas manifestaciones son difundidas y conocidas. Hay hechos realmente atroces que parecieran ser ejecutados con el propósito central de su divulgación. En apenas meses, las memorias de nuestros teléfonos han colapsado por la transmisión vía sistemas de mensajería, una y otra vez, de los videos de individuos que están siendo acribillados, desmembrados o ambas cosas, de grupos que muestran sus armas sin ningún recato mientras navegan por las costas orientales del país, y de otros que gastan miles de cartuchos haciendo salvas al aire mientras recorren las calles solitarias de algún poblado en el centro del país, o en la Cota 905. Son sucesos pretéritos, pero que, al llegar así ante nuestros ojos, adquieren increíble vividez. A esto lo hemos denominado “violencia 2.0”. Sin embargo, una investigación de Angélica Durán-Martínez, The politics of drug violence (Nueva York, 2018) demuestra que no se trata de procesos exclusivamente venezolanos. De hecho, a juzgar por sus hallazgos, pareciera ser que las bandas nacionales llegaron a este nivel de visibilidad con cierto rezago. La autora llevó a cabo un estudio comparativo sobre las manifestaciones de la violencia asociada a los mercados de drogas en cinco urbes, dos colombianas (Cali y Medellín) y el resto en México (Culiacán, Ciudad Juárez y Tijuana). Encontró que la comunicación de la violencia tiene cierta racionalidad, obedece patrones y a veces no es la alternativa escogida, aún si se trata de grupos criminales altamente estructurados. De hecho, indicó, hay organizaciones que son altamente violentas pero que prefieren ocultar sus hechos. La visibilidad, entonces, depende directamente de una particular relación entre los criminales y el Estado, que con sus acciones u omisiones establece o quita los incentivos para la comunicación de los actos criminales. Este, desde luego, es un resumen muy simple de un trabajo denso, que intenta abordar de forma sistemática y quizá por primera vez uno de los elementos más inquietantes de la violencia delictiva actual. Este afán por divulgar la violencia en toda su crudeza establece un espacio común entre las bandas y los grupos que pretenden imponer una agenda política mediante el terror. The politics of drug violence está disponible en Kindle.

domingo, 28 de julio de 2019

Un Estado para la rapiña

-En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos

@javiermayorca

El 10 de mayo, personas aún sin identificar ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.
La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.
Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.
Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.
El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.
Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.
Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término: niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.
Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?
Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. Incumplir con este deber sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.
Empleados de Corpoelec-Falcón, presos
En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.
En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos.
Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.
Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.
Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%.
De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.
Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.
           
Breves

-Una de las recomendaciones más terminantes del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mejor conocida como FAES. El Gobierno, sin embargo, ha emprendido un camino en contrario. La exclamación de Maduro en apoyo a este cuerpo (“¡Viva las FAES!”) ha sido acompañada con decisiones internas: 1) se avanza en la conformación de una FAES en cada estado del país; 2) cada FAES debe tener una “brigada territorial de inteligencia”, o BTI, lo que coloca a estas estructuras más allá de lo meramente táctico, con un grado de autonomía que les posibilite buscar, procesar y difundir su propia información; 3) en función de este plan de crecimiento, han comenzado a recibir contingentes de otros cuerpos policiales, el último es de cuarenta oficiales de la Policía de Caracas. Mientras tanto, el comandante nacional de la FAES, comisionado Miguel Hernández (Miguelito) ordenó a todos los comandantes de unidades de esa fuerza que estén pendientes de los dictados del presidente de la ANC Diosdado Cabello, que son divulgados a diario a través de su programa televisivo.

-Hay dos versiones sobre el incidente con la aeronave EP-3E de la Marina estadounidense, detectada el 19 de julio poco antes de las 10 am mientras sobrevolaba por la llamada “región de información de vuelo” de Venezuela. La primera, como lo sugiere el comunicado del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que desde ese aparato se llevaban a cabo labores de “inteligencia y exploración radioeléctrica” en favor de intereses distintos a los del régimen de Nicolás Maduro, lo que según este comunicado justificaría la intercepción mediante cazas Suhkoi 30. La otra versión indica que, si bien es cierto que los EP-3E emplazados en la base de operaciones de avanzada de Curazao poseen equipos de última generación para inteligencia de comunicaciones, también son utilizables para labores de salvamento. Venezuela sabía que en esa zona del Caribe se desarrollaba desde el 15 de julio la búsqueda de una embarcación tipo peñero, de nombre Pa Sa Touche, que había zarpado el 7 de ese mes del puerto Dennery de Santa Lucía con dos personas a bordo y que, al no haber llegado a su destino en Martinica, podía estar a la deriva, precisamente, en el área que sobrevolaba el avión estadounidense. La agresividad con la que reaccionó el gobierno venezolano hace suponer que EEUU no informó con suficiente antelación que se incorporaría a esta operación de rastreo. Washington, además, no ha emitido un comunicado para explicar oficialmente el propósito de la misión de esta aeronave.

-Hay diferencias entre el régimen que aplicaría actualmente el oficialismo en áreas como la Cota 905 y José Félix Ribas de Petare, y lo que se vio a partir de septiembre de 2013, a propósito de la puesta en marcha del programa de Zonas de Paz. La principal es que el experimento iniciado hace seis años establecía un área de exclusión para la actuación de policías y militares, pero en lo interno podían existir uno o más factores involucrados en el control de los espacios. Esto eventualmente ocasionaba conflictos entre los distintos grupos que intentaban imponer su yugo. Así sucedió por ejemplo en los municipios Andrés Bello y Acevedo del estado Miranda, donde las propias autoridades llegaron a identificar a seis u ocho organizaciones en pugna simultánea, y las tasas de homicidios se dispararon. Lo de ahora es personalizado. Ciertamente hay una delimitación de espacios, pero todo indica que en el interior de estas fronteras difusas hay liderazgos encargado de garantizar un control. En la Cota 905 es Coqui, y en J. F. Ribas, Wilexis. Testimonios de residentes en esas comunidades y de operadores de organizaciones que realizan trabajo social en esas áreas así lo reconocen. Otro aspecto diferenciador es que en 2013 el programa Zonas de Paz era desarrollado a través de una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, entonces a cargo del viceministro José Vicente Rangel Avalos. Ahora, todo indica que los jefes de bandas llegaron a acuerdos con determinados líderes del oficialismo, sin que exista una estructura institucional en común para garantizar su cumplimiento.

-La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a diez operadores del oficialismo ligados al programa Clap es el resultado de una prolongada investigación en la que participaron distintas agencias del gobierno estadounidense. Desde un principio, los nombres de Alex Saab y su socio Alvaro Pulido estaban en la mira de las autoridades, debido a su presunta participación en esquemas de sobornos para la importación de bienes relacionados con la construcción de viviendas, tal y como lo refleja la acusación penal que se ventila desde el 25 de julio en la corte del Distrito Sur de Florida. En ese negocio presuntamente participaban funcionarios ligados al Seniat y la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi), así como familiares de los empresarios colombianos. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2014, las cuentas de Saab y Pulido manejaron unos 350 millones de dólares destinados a tales actividades. En 2016 llegaron los Clap, y ya la estructura de corrupción estaba montada. Para 2018, los funcionarios del Tesoro habían establecido que el traslado de los alimentos desde los puntos de compra hasta la entrega en Venezuela tenía cinco etapas, y que cada una implicaba sobornos y sobreprecios. Lo más novedoso, sin embargo, fue el señalamiento formulado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al momento de incorporar a los empresarios colombianos, sus hijos, el ex superintendente del Seniat José Vielma Mora, los hijos de la primera dama Cilia Flores (Walter, Yosser y Yoswal), así como el ex Tesorero y primo de ellos, Erick Malpica Flores: que a partir de 2018 Saab supuestamente participó en la creación de una estructura para vender oro a Turquía, y depositar el producto de estas operaciones en cuentas del Banco Central de Venezuela en la banca de ese país. A cambio de esto, la empresa de Saab (Mulberry) compraría los alimentos para el Clap en ese país y lo entregaría a los distribuidores nacionales, en una operación de intermediación que también le proporcionaría enormes ganancias.

Fusiles AR-15 incautados a los ex FARC
-Antes de cerrar esta entrega llega información sobre las cuatro personas que murieron como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con unidades del Ejército, en el marco del ejercicio de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019. El tiroteo ocurrió el sábado a la 1 pm en el sector Las Palmeras del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia. De acuerdo con el parte preliminar, los irregulares se desplazaban en dos camiones, y los que iban en la retaguardia se rezagaron para enfrentar a los militares. Entre los cuatro fallecidos fue identificada la venezolana Mauredy de Jesús Azuaje Urdaneta, quien figura en una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República colombiana, fechada el 29 de mayo de 2018 como una integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que supuestamente se había acogido al programa de desmovilización. En virtud de esta decisión, desde octubre de 2017 Azuaje tenía un salvoconducto número 703009, pero con un nombre mal escrito, que luego fue rectificado. El otro fallecido en el enfrentamiento con la Fuerza Armada fue identificado como Jorge Luis Montero, mientras que los otros dos no poseían ninguna documentación.

Libros

Mientras esta columna estaba en el proceso de redacción, se dio a conocer en una corte de Nueva York la primera de lo que presumiblemente será una larga serie de condenas perpetuas contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, el líder del cartel de Sinaloa quien llegó a ser el delincuente más buscado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los seres con mayor riqueza acumulada, según el ránking de la revista Forbes. En ediciones anteriores hemos recomendado la lectura de diversas obras relacionadas con las peripecias de este traficante, debido a que sin duda tuvo una importante influencia en el auge del transporte de drogas a través de Venezuela. Ahora, el equipo de la reconocida revista Proceso de México lanza Esplendor y caída de El Chapo (México, DF. 2019) una recopilación de trabajos coordinada por el periodista del semanario Rafael Rodríguez Castañeda, que analiza cómo Guzmán surgió desde Badiraguato, un pueblito de la serranía del noroeste mexicano cuyos habitantes se mantenían gracias al cultivo de marihuana, hasta convertirse en el Señor del gran poder, gracias en parte a las alianzas que pudo entablar simultáneamente con paramilitares colombianos y guatemaltecos, así como también con elementos de la guerrilla colombiana, dedicados a la industria de las drogas ilegales. Como era de esperarse, en las páginas de este libro también hay diversas e interesantes referencias al rol de Venezuela y otros países latinoamericanos en la expansión de las actividades del cartel de Sinaloa. Una de ellas se relaciona con la presunta disputa que se desarrollaba en septiembre de 2012 por el control de la ruta venezolana entre el líder de Sinaloa y el jefe de una de las células del cartel del Norte del Valle que habían emigrado al país: Daniel Barrera, alias el Loco. Las páginas de esta obra sugieren que el colombiano fue detenido en Venezuela como parte de una jugada del Chapo para eliminar adversarios. Una teoría que se explica a sí misma por el efecto posterior de la acción policial. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 14 de julio de 2019

Extorsión, hasta en las galletas

-La quema de la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado

@javiermayorca

    El lunes 8 de julio, la fábrica de galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión.
    Para el momento de la publicación de esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.


    El caso de la fábrica de esta golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia organizada en determinados países o regiones.  La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa tranquilidad.
    La extorsión se nutre del miedo, y genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.
    Según cifras conocidas extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:


    Se debe reiterar que estos números reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aun así, llama la atención que marzo, el mes del megaapagón que afectó a prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad de casos conocidos.
    Si en algún lugar del país la crisis del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia. Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500 comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21.
    Este delito se ha mantenido como una forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las bandas dedicadas a este delito. El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror. Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada, que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.
    Los motorizados detenidos, sin embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización. Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59 años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización aún no ha sido desmantelada por completo.
    Otro lugar donde la extorsión pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.
    Y así se podría hacer un recorrido por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes, aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000; extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja, mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.
    Cuando vemos este panorama, pintado aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes estatales.

Breves

-Dos hechos reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada, cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a bordo continúan desaparecidos. El otro caso fue reportado el lunes en las costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas, según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable, tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real de la Fuerza Armada.

-En un sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue “traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena). Suárez, asociado al denominado chavismo militar, o los llamados Centauros de Chávez, fue desplazado de la cúpula castrense para dar espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto 87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”, los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de sorprender.

-El jueves, cuando salía esta columna, Maduro anunció la designación del mayor general Suárez Chourio para el Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. A pesar del nombre rimbombante, este es un cargo a la medida, que no se inserta en ninguna cadena de mando. La Comandancia en Jefe, así como suena, fue creada con motivo de una reforma que implantó en 2005 el entonces presidente Hugo Chávez, vía Habilitante. Era la expresión de una ambición personal de reinsertarse a como diera lugar en la cima de la Fuerza Armada. Posteriormente, el teniente coronel comenzó a utilizar un uniforme especial, con el grado que él mismo se había asignado. Por la Comandancia en Jefe pasaron oficiales que el mandatario quería tener a la mano, como el famoso Jacinto Pérez Arcay, a quien Chávez le asignó previamente la responsabilidad de diseñar el Poder Moral, y lo tenía de consejero. Ahora, Maduro envía a Suárez Chourio para esta oficina. Por cierto, el cargo es tan anodino que aún no se ha cumplido el mandato de la ley aprobada en 2005, según el cual era necesario fijar una reglamentación para dar un sentido de utilidad a esa instancia militar.

Tres preguntas a… el comisario general Iván Simonovis, asesor de seguridad de Juan Guaidó

1.-Hay un debate sobre la llamada “caracterización del régimen”. Algunos hablan de un gobierno rebelde, que intenta alejarse de la esfera de EEUU, y en esa medida genera conflictos. Otros, que es una cleptocracia. La salida en uno y otro caso es distinta. Una es negociada. La otra, de fuerza. ¿Por cuál se inclina Ud?
Ha sido público y comunicacional que Maduro ha pedido citas a Trump. Si ellos tuviesen la oportunidad de llegar a Washington, lo harían, para sencillamente negociar o ver cómo se sacuden las sanciones y lo que les viene. Si algo está perfectamente claro es que las sanciones son el preámbulo de lo que les tocaría, me refiero a juicios, investigaciones. El 23 de febrero, cuando estaban asustados con lo que podía pasar, empezaron a tirar puentes. Se caían a golpes por eso, militares y políticos del Gobierno. Sobre todo militares de alto rango, el generalato, empezando por Padrino López, Hernández Dala…ellos son los que intentaban negociar para salirse del paquete (…) A mi manera de ver, lo de Venezuela es como una situación de rehenes. Maduro y un grupo de militares tienen secuestrado a 27 millones de personas. Hay dos soluciones, una negociada, y la otra es la intervención. ¿Cuál se usa? La que sea necesaria. Pero una no excluye a la otra. Muchos me conocen por el caso de Cúa. Entonces, el comisario Víctor Amram negoció hasta el momento en que se ordenó la intervención. La negociación siempre estará allí, pero tiene que existir una preparación, porque en un momento las negociaciones fallan y ya no son necesarias. El delincuente tiene que darse cuenta de que existe una amenaza creíble, que es capaz de hacerse lo que sea para salvaguardar la vida de los inocentes. El presidente Guaidó ha dicho que están dispuestos a una intervención militar, si es que hay que solicitarla. Pronto se aprobará la incorporación al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Es un paso, y el Gobierno sabe que se está dando, en la vía correcta, pues tiene que existir una amenaza creíble. Y cuando se diga que va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, entrará.

2.-Recientemente, Juan Guaidó lo nombró Asesor de Seguridad. En esa capacidad, ¿qué recomienda hacer con la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES)?
El primer problema con las policías es que están dirigidas por militares, que desconocen cómo es el tema policial. No conocen las estructuras de las policías, el trabajo de investigación, patrullaje. Pregúntele a cualquier general o coronel de esos si estuvo montado en una patrulla buscando a un delincuente para llegar a general. Nunca. Pregúntele a esos directores cuántas veces estuvieron cinco días o quince en una investigación allanando para detener a un individuo que haya participado en un hecho delictivo. Ninguno. No saben de eso. En la transición, las policías van a pasar a manos de sus jefes naturales. Y cuando se elija un nuevo gobierno según lo pasos planteados, tendrá como directores de las policías uniformadas a sus jefes naturales. Los militares, incluyendo la GN, tendrán su trabajo también. La concepción de la FAES es ambigua. No sabes si es un grupo de investigaciones o de intervención. Pero eso solo lo sabe el que es policía de verdad, de carrera. Luego, el líder de eso es un delincuente. Un hombre con antecedentes que viene de un colectivo. ¿Qué se puede esperar? Lamentablemente, adentro de la FAES hay funcionarios que siguen a Miguelito. Bueno sería que se negaran a seguir sus órdenes. La concepción de esa unidad hace que algunos de sus integrantes, no todos, sean delincuentes. Frente a mi casa, los funcionarios encargados de mi custodia, en una noche se obstinaron, y se fueron por Catia en una patrulla a ver qué conseguían. Sorprendieron a un tipo con un vehículo, y lo primero que les dice el conductor es que era funcionario de la FAES. El carro y la pistola que cargaba estaban solicitadas. Los funcionarios, inexpertos y faltos de prudencia, decidieron quitárselos. Y dejaron a ese delincuente libre. Más adelante, el conductor tomó nota de la placa del Sebin, y los de la FAES llamaron al Sebin. A los funcionarios los pusieron presos, y luego los botaron. Eran un inspector y como tres detectives. Eso solo pasa en Venezuela. Yo estoy en contacto con funcionarios de la FAES, y sé lo que pasa allí. En un nuevo gobierno iremos a un proceso de reentrenamiento, y los que sean funcionarios aptos para pertenecer a una unidad táctica, estarán en unidades tácticas. Si son de investigaciones, a investigaciones, y los de patrullaje y orden público a sus respectivas unidades. Y los delincuentes no podrán estar en la policía. Nadie con antecedentes penales puede ser policía.

3.- ¿Maduro controla a la Fuerza Armada?
En la Fuerza Armada, no manda. Lo mandan a él. El generalato es el que permite que él tenga el mando. Si haces una encuesta seria en la FAN, el 99% de los integrantes está desesperado porque Maduro se vaya. ¿Quiénes ayudaron en mi fuga? Oficiales de la FAN y funcionarios activos. Así de sencillo. Cada vez que se toma una foto rodeado de militares, hay que preguntarse si alguno de ellos está armado. Por supuesto que no lo están. Y si llegaran a estarlo, los fusiles no llevan cargador.

Libros

Hace apenas unos días que finalizó la Copa América 2019. La victoria de Brasil fue precedida por una amarga declaración del jugador argentino Lionel Messi, que se negó a recibir la medalla correspondiente al tercer lugar del torneo, con el argumento de que no quería participar en la “corrupción”. Aunque para los espectadores Brasil fue justo campeón del torneo, lo que Messi aludía iba mucho más allá de algún fallo arbitral. Algo sugiere que el llamado “Deporte Rey” hace muchos años dejó de ser un mero pasatiempo, para convertirse en un factor de poder político y económico sobre el que gravitan escasos controles. En este contexto, el periodista estadounidense Ken Bensinger ha puesto en los anaqueles su última obra Tarjeta roja, el fraude más grande en la historia del deporte (México, DF. 2018). Se trata de un extenso reportaje que relata los pormenores de la investigación llevada a cabo por un grupo multiagencial que desembocó en la detención y el posterior enjuiciamiento del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) Joseph Blatter, así como también de la cúpula de las confederaciones de este deporte en Norteamérica, Centro y Suramérica, y de algunos presidentes de federaciones nacionales, entre los que se cuenta por cierto el de la venezolana, Rafael Esquivel. Bensinger relata con lujo de detalles cómo se instauró a partir de los años setentas del siglo pasado un sistema de sobornos en el que los agentes de marcas deportivas, así como de empresas de marketing deportivo ganaban los derechos para la organización y la transmisión de los eventos futbolísticos, engrosando en el camino las cuentas de quienes tomaban las decisiones, tanto en la FIFA como en las confederaciones y federaciones locales. Como en una buena novela negra, por las páginas de este libro desfilan espías, policías, diplomáticos, magnates, políticos de todas las latitudes, investigadores privados, modelos y profesionales del deporte que quizá genere más pasiones en el planeta. Un libro que explica, además, los mecanismos perversos de lobby que se pusieron en marcha para fijar la próxima justa mundial en un emirato al otro lado del mundo, sin tradición futbolística y con temperaturas que poco ayudarán a los atletas. La obra también puede ser adquirida en formato electrónico.