domingo, 24 de enero de 2021

La privatización de la seguridad

-El incremento explosivo de la extorsión en 2020 revela la creciente incapacidad del Estado para cumplir con una de sus misiones fundamentales

@javiermayorca

En la entrega anterior se adelantó que el comportamiento de la extorsión en el país durante 2020 ameritaba una consideración especial, tomando en cuenta el notable incremento en el número de denuncias recibidas y procesadas por los cuerpos de seguridad, en el contexto de la prolongada cuarentena.
La extorsión -así como la concusión- no es un delito cualquiera. Se trata, por decirlo así, de la evidencia más palpable sobre la existencia de estructuras criminales que avanzan en su proceso de organización y crecimiento. En la extorsión, estos grupos ofrecen un valor preciado, como es la seguridad, a cambio de un pago. En este sentido, cuando la extorsión llega a los niveles que hemos visto en el país, nos indica que estamos ante procesos de suplantación del Estado en su función primordial.
La principal herramienta de la extorsión es la amenaza. En su historia de la Cosa Nostra, John Dickie (2006) recuerda que los mafiosos sicilianos eran antes que todo “empresarios de la violencia”, la factual y también la que se asoma, quizá apenas con un gesto o un breve mensaje, expresado en términos elusivos. En la isla del sur italiano, abandonada por la capital, el verdadero poder lo ejercía esta estructura criminal. Y aunque parezca insólito, por mucho tiempo su fuente primordial de recursos no fue el tráfico de drogas sino el cobro por seguridad, o pizzo.
La extorsión es además un delito esencialmente discriminador. Las víctimas son aquellas personas o empresas que, a los ojos de los criminales, pueden pagar por la prolongación de su tranquilidad. Entonces, quienes no pueden hacerlo quedan a expensas de los delincuentes, puesto que en esos lugares las fuerzas de la ley son vistas como impotentes, ineficaces, cómplices o todo esto al mismo tiempo. Al pagar, ya sea por temor o conveniencia, se concreta una relación entre privados, una especie de contrato verbal, de riguroso cumplimiento.

De la PNB a Yeico Masacre

El llamado socialismo del Siglo XXI tenía entre sus propósitos la concentración de la mayor cantidad de poder en el Estado, y en específico del gobierno central. La Constitución del 99 fue un punto de partida imperfecto. Hugo Chávez lo sabía, y por eso intentó su reescritura ocho años después. Como no tuvo éxito, optó por un esquema de gradualidad, que Maduro ha continuado.
En el plano de la seguridad ciudadana, la tendencia centralizadora y estatista tuvo una primera expresión en la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, implantada mediante decreto habilitante en 2008. En su exposición de motivos, el Chávez-legislador manifestó su rechazo hacia las tendencias privatizadoras en esta materia. Pero no lo hacía por atenerse a un plan diseñado con anterioridad, sino por temor a que se formaran en Venezuela grupos paramilitares como los que proliferaron en Colombia, a la sombra de las llamadas Convivir, cooperativas de seguridad que contaron en su momento con respaldo de Bogotá.
La idea del teniente coronel, tomada luego por Maduro, fue avanzar en lo posible en la suplantación de las policías regionales y municipales -heredadas del proceso descentralizador- por un cuerpo regido desde Caracas, eliminando en el camino cualquier matiz o divergencia ideológica. El proyecto, en algún momento evaluado durante la gestión del general Reverol en Relaciones Interiores, fue plegar estos cuerpos a la PNB, para que todos fuesen “revolucionarios, socialistas y profundamente chavistas”.
La iniciativa no tuvo éxito, entre otras razones, porque ya se percibía la imposibilidad de asumir una nómina de más de 120.000 hombres, cuando en ese momento eran unos 26.000.
Las policías quedaron entonces como una carga muy pesada, y al garete. Sus agentes, abandonados a la buena de Dios, con ingresos mensuales que en promedio no llegan a los cinco dólares y sin seguridad social efectiva. Por eso, no debe extrañar el progresivo abandono de las calles por parte de los uniformados. La iniciativa anunciada por la almirante Meléndez, en cuanto a la rápida graduación de 30.000 nuevos agentes, solo confirma que el pie de fuerza de los cuerpos preventivos ha mermado como mínimo en 25%. 
En medio de este deslave policial, uno sospecha que los agentes restantes se mantienen allí gracias a ciertos incentivos: porcentajes o comisiones por multas o remolques de vehículos; el cobro de paso preferencial en estaciones de servicio; la posibilidad de “liberar” más tiempo y así poder trabajar como escoltas, armados y con chapa, y jefes que se hagan de la vista gorda cuando los subalternos trabajan como “parceleros” en las horas de cierre de automercados y panaderías, por citar solo algunos factores, presenciados directamente.
Al final, el agente de aplicación de la ley termina saliéndose de las restricciones que impone la pertenencia a un cuerpo uniformado, y en cierta forma se equipara a grupos como el de Yeico Masacre, que exigen pagos a cambio de tranquilidad.
En 2020 fueron iniciados 394 expedientes por extorsión o por concusión, un delito muy parecido al primero, en el que la solicitud de pago se hace de manera solapada, tal y como lo relató a Efecto Cocuyo un hombre que viajó desde Bolívar a Caracas, y se topó con un PNB que le pidió “colaboración” para el pan, a pesar de que ya le había entregado 400.000 bolívares en efectivo.
Estos episodios pueden formar parte de relatos periodísticos, pero rara vez son consignados en denuncias formales. La mayoría de las extorsiones queda en las llamadas cifras negras, alimentadas por el miedo que suscita la posibilidad de ser objetivo de una violencia mayor. Por todos estos factores, el incremento de 90% en la extorsión con respecto al año anterior debe ser tomado como un punto de alerta y una señal sobre el estado de inseguridad que atraviesa la ciudadanía. Y es también una prueba de la disolución progresiva del Estado.

Breves

UNA PEQUEÑA FRACCIÓN

Entre las 9050 víctimas de homicidio reportadas en 2020 en Venezuela, 174 fueron funcionarios policiales o militares -activos o jubilados-, así como escoltas o vigilantes. Según registros conocidos extraoficialmente, ninguno de ellos fue ultimado en el ejercicio de sus funciones, sino en el contexto de robos, ajustes de cuentas, riñas e incluso ataques por sicarios. Pero el motivo más frecuente fue la resistencia al robo, con 82 casos, lo que equivale al 47% de las víctimas de este selecto grupo. Las muertes en el ejercicio de las funciones fueron mucho menos frecuentes. De acuerdo con estos datos, hubo 46 funcionarios fallecidos en el cumplimiento del deber durante 2020. Sin embargo, en esta lista se confunden los nombres de aquellos que intentaron actuar en forma correcta con los que usaban el uniforme para beneficio de organizaciones criminales, tal y como sucedió el 14 de noviembre durante el rescate de una víctima de secuestro. En este caso, efectivos de la policía judicial se enfrentaron a tiros contra funcionarios de ese mismo cuerpo, en la calle principal de Lomas de Urdaneta. Sin lugar a dudas, el suceso que arrojó la mayor cantidad de uniformados caídos ocurrió en el sector La Charca de Apure, el 19 de septiembre, cuando un grupo de acciones especiales adscrito a la 92 Brigada Caribe se enfrentó con insurgentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía cautivo en ese lugar al hermano de un exgobernador del departamento colombiano de Arauca. Cuatro militares murieron en este incidente.

ENTREGA DEL TERRITORIO

El Risk Awareness Council se define como una organización sin fines de lucro basada en Florida y dedicada al estudio y la divulgación de conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad. En enero, divulgó un documento denominado Esto es Venezuela: entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución. Sus autores (Carlos Blanco, José Arocha y Alberto Ray) plantean una caracterización del régimen liderado por Nicolás Maduro como “un ensamblaje reticular y dinámico, que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”, cuyos recursos en este momento estarían destinados por completo a la preservación del poder. “Ha fraccionado el territorio dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinergia”. Según este análisis, la cesión de parcelas a tales estructuras al margen de la ley no implica la pérdida de control. Por el contrario, detrás del caos aparente, ocasionado por una feudalización del país, subyace un “esquema cooperativo” entre los que rigen en los distintos lugares (FARC en el Sur del Lago de Maracaibo, el ELN en enclaves mineros de Bolívar o Amazonas, el Tren de Aragua o la megabanda del Coqui) y la élite gobernante. Se trata de una descripción interesante, que contribuiría a explicar por qué el régimen ha mostrado tanta capacidad para eludir y recuperarse de los golpes, en medio de una crisis devastadora. Los autores, por otra parte, son poco optimistas en cuanto a la posibilidad de una salida negociada. Por el contrario, sostienen que eso estabilizaría al régimen e incrementaría el riesgo de la internacionalización de conflicto.

VIOLENCIA UNIFORMADA

El primer balance: 15 muertos
Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron a propósito de la operación policial desplegada en La Vega a partir del viernes 8 de enero. El fiscal designado por la extinta ANC Tarek William Saab, que en noviembre manifestó su asombro por el devenir de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (“Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES”) ha guardado silencio en torno a esta acción. Según Marino Alvarado de Provea hubo 23 fallecidos. Sin embargo, en un video de propaganda de la unidad élite se afirmó que fueron 15. En todo caso, la acción policial no contribuyó a mermar la violencia homicida en la parroquia. Una vez que los uniformados abandonaron el lugar, han ocurrido otros cuatro homicidios a manos de civiles (un vigilante privado y tres integrantes de una misma familia) así como otras dos muertes como consecuencia de acciones policiales. Todavía no finaliza el primer mes de 2021, y ya en La Vega han totalizado 30 muertes violentas. Como punto de comparación, se puede señalar que en todo 2020 hubo 54 fallecidos en ese sector caraqueño, 31 de ellos por “resistencia a la autoridad”. Es decir, solo en enero se ha alcanzado el 55,5% de las muertes reportadas durante todo el año anterior en la parroquia, de 120 mil habitantes.

Libros

Con la entrada del nuevo siglo, el mundo ha presenciado un cambio significativo en los medios y los modos de comunicar. La irrupción de las plataformas basadas en internet y de las redes sociales están cambiando por completo la manera como los distintos públicos obtienen la información para tomar sus decisiones. Los antiguos diarios impresos han dado paso a sus versiones digitales, y casi han desaparecido sus formatos originales. Y los dueños de radioemisoras y televisoras han visto con preocupación cómo sus públicos están migrando a los medios e “influencers” que divulgan sus mensajes a través de la web. En el plano político, esto tiene consecuencias que todavía no han sido del todo descritas. Pareciera reinar una gran confusión. Abunda la desinformación, a veces propiciada desde los propios gobiernos, ya sea como parte de estrategias de control social en lo interno, o para afectar los intereses de sus adversarios en el plano internacional. Y desde luego, las organizaciones terroristas han encontrado en internet un terreno fértil para lograr sus propósitos. Así lo advierte Antoine Andary en su obra Terrorism in the Digital Age. How Free, Quick and Easy is to Loose Everything (New York, 2020). El autor es un especialista en comunicación política, relaciones internacionales y analista de inteligencia. Este libro explora los distintos usos que han dado a los medios electrónicos y sistemas de mensajería las organizaciones que intentan cambios políticos mediante la violencia y la difusión del terror. En este sentido, el autor intenta acuñar la expresión de “terrorismo electrónico” para referirse a aquellos que usan a la web para perpetrar ataques contra las personas y las propiedades, causando “suficiente daño para esparcir el miedo y el terror”. Es así como, según la óptica de Andary, la web se ha transformado a la vez en campo de batalla y poderosa herramienta para las organizaciones que intentan llevar a cabo sabotajes contra las denominadas “infraestructuras críticas” y divulgar mensajes de odio, de una forma tan convincente que capte la atención del gran público. El analista también describe cómo internet ha sido utilizado para fomentar el reclutamiento de las organizaciones terroristas, y de los llamados “lobos solitarios” cuyas actuaciones devastadoras son cada vez más frecuentes. Esta obra pone sobre la mesa informaciones inquietantes, que una vez más plantean el debate sobre el fino equilibrio que se debe lograr entre la seguridad de la ciudadanía y las libertades de esa misma población. Una discusión que, desde luego, solo se plantea en democracia. 

Para comunicarse con el autor de esta columna, enviar informaciones, datos o relatos sobre la criminalidad del país, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o enviar mensajes director a las cuentas TW @javiermayorca e IG @crimenessincastigo.

domingo, 10 de enero de 2021

Venezuela: la adaptación del hampa

 -La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto

@javiermayorca

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.
Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye a las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.
Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de Covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60%.
Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.
La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.
Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.
En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.
Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.
Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.
Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.
Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.
Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60% con respecto a 2019.
Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil. Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90%. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.
En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciados. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.
Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Breves

DICIEMBRE EN PRISIÓN

¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de navidad y año nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas. En la Nochebuena, las puertas se abrieron para que los detenidos confraternizaran entre ellos. Hubo reuniones en celdas y pasillos, excepto para los implicados en la Operación Gedeón (60). A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.

CÁRCELES DE MUERTE

Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.  En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.

EL PEAJE UNIFORMADO

Una cosa es leer las denuncias sobre la extorsión desatada por parte de los funcionarios policiales o militares en las carreteras del país, y otra distinta cuando se conoce directamente a la persona que ha sido víctima de estas prácticas. Vivió esta experiencia en los primeros días de enero, cuando regresaba en transporte colectivo luego de pasar las navidades en un estado andino: “Nos pararon en Buena Vista, La Pastora, en un puesto de la PNB cuando tomas la Lara-Zulia, en Tintorero, en El Cardenalito, Morón, Valencia, Maracay, y en todos los sitios escuchaba a los camioneteros que si querían pasar rápido tenían que darles entre diez y veinte dólares. Si no, perderían horas mientras revisaban a los pasajeros y sus maletas. Los camioneteros pagaron como en dos alcabalas, pero luego nos dijeron que los ayudáramos a pagar, o si no tendrían que bajarse y perder horas para que nos revisaran. Y esto fue lo que decidió la mayoría. En la entrada de Tazón, el guardia le dijo a un camionetero mientras nos revisaban, a las 4 am, que tendrían que pagar entre diez y quince dólares para que los dejaran pasar. Si no, quedarían hasta las 9 am (…)”.

Tres preguntas a… Gonzalo Himiob, director del Foro Penal

1.- En 2019 y 2020 diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas emitieron informes sobre la grave situación de DDHH en Venezuela ¿Tuvieron algún impacto en el régimen?
Esto se puede responder dependiendo del nivel en que nos ubiquemos. En lo internacional, estos pronunciamientos de diferentes instancias de la ONU, la OEA y otros organismos han tenido impacto significativo. Hicieron que muchas naciones que eran amistosas o veían con simpatía al gobierno venezolano hoy sean más prudentes en sus relaciones con el poder en Venezuela, dado que los señalamientos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, o la política de violación sistemática de DDHH deslegitiman al régimen de Nicolás Maduro. Esto se ve en la actitud del poder en Venezuela hacia esta situación internacional. Han invertido muchos recursos para defenderse de estas acusaciones. Sabemos de varios viajes que diferentes representantes del Estado han hecho a La Haya para entrevistarse con la fiscal ante la Corte Penal Internacional, de las gestiones que existen para brindar una versión distinta sobre las violaciones a DDHH en Venezuela y que esta campaña internacional obedece a una necesidad del poder en Venezuela en cuanto a manejar sus relaciones de forma tal que no se deslegitime. En lo nacional, sin embargo, el impacto de estas decisiones ha sido muy bajo. No ha cesado la represión por motivos políticos, las violaciones graves a DDHH. Hubo un momento, antes del evento electoral de diciembre, en el que parecían estar más dispuestos a ceder, a hacer concesiones en cuanto a las encarcelaciones arbitrarias por motivos políticos. Sin embargo, una vez logrado el objetivo electoral del 6D eso pasó al olvido, y algunas excarcelaciones que se proyectaban para diciembre no se dieron. Esto quiere decir que en el nivel interno los pronunciamientos de los organismos internacionales tienen muy poco peso.

2.-Según las cifras del Foro Penal, 2020 finalizó con unos 350 presos por razones de conciencia en el país ¿Eso refleja alguna tendencia en cuanto a la represión política?
Los números con los que cerramos 2020, y que continúan en los primeros días de 2021 confirman lo contestado anteriormente. El promedio de personas detenidas arbitrariamente en el país no varió significativamente en todo 2020. La represión política va a continuar. No pareciera haber intención de modificarla en 2021. Por el contrario, el discurso oficial ha sido poco conciliador, criminalizante, muy peligroso y ganado a la idea de continuar la persecución a personas por el simple hecho de estar opuestas al poder y de pensar distinto. Los métodos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se vieron en 2020 pareciera ser que van a continuar. Nada indica lo contrario, y esto es muy preocupante. Sumado a esto hay una clara arremetida contra los defensores de DDHH y las ONGs. Desde el poder buscan limitarlas en sus actividades. Esto indica que al poder no le interesa que haya un monitoreo sobre cómo se comporta en materia de DDHH.

3.-¿Qué podemos esperar en 2021 en cuanto a DDHH, una vez que el Poder Legislativo ha pasado nuevamente al control del PSUV?
Es difícil predecirlo. Pero si nos guiamos por las expresiones, frases y discurso del poder desde que el PSUV retomó la AN, pareciera que el panorama no es auspicioso. Lejos de intentar una estrategia de conciliación y reconocimiento de los errores, pareciera consolidarse una de criminalización y represión por motivos políticos, y disminución o neutralización de cualquier factor que incomode al poder. Esto pareciera ser lo que se avecina.

Libros

El viaje de Toby Muse comienza en las tierras del Catatumbo colombiano, donde una tropa de venezolanos acude por lo menos tres veces por año para la cosecha de la coca. Algunos de ellos no piensan volver en el futuro inmediato. Son parte de la “diáspora”, que se quedó a sobrevivir a pocos kilómetros de la frontera. Otros regresarán. Todos enviarán algo de sus ganancias a las familias que han dejado en el país.
La siguiente parada del investigador británico-estadounidense fue La Gabarra, centro de comercio de la coca ya transformada en pasta base. Cada panela en $400. Allí, una bonanza aparente multiplicó los prostíbulos, donde las venezolanas -a menudo ex empleadas públicas- también son “mano de obra” barata, que huyó desde la violencia estatal para sumergirse en otra, protagonizada por carteles, bandas criminales y obreros del alcaloide. Por primera vez, un periodista documenta in extenso el nuevo posicionamiento de los venezolanos en la industria de la cocaína. En sus estratos mas bajos, ciertamente. Pero quién sabe si esto continuará siendo así en el futuro inmediato. Sin embargo, la obra Kilo. Inside the Deadliest Cocaine Cartels. From the Jungles to the Streets (New York, 2020) es mucho más que eso. Estas páginas son el producto de un intenso trabajo de campo, que cubre todo el proceso de siembra, transformación y comercialización de una de las sustancias ilegales más populares de Occidente (podio compartido con la marihuana) y la violencia que la acompaña. El prólogo de este relato se remonta hasta la firma de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, en 2016. Según Muse, en el escenario posterior se desarrolla una interacción permanente entre los actores que intentan enseñorearse y aquellos que sobrevivieron al antiguo orden, en un ciclo vicioso que pareciera no tener fin, alimentado por el dinero que llega a raudales. Este libro es realismo puro. Optimistas abstenerse. Puede ser adquirido en formato electrónico.

domingo, 27 de diciembre de 2020

El informe del Senado

 -La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971

@javiermayorca

El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.
Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.
Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EEUU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.
Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.
Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.
Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares. 

Colombia, México y Venezuela

Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.
En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EEUU la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.
En 8 años, los cultivos de coca se han desplazado a la frontera con Venezuela
Esto no quiere decir que EEUU abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.
El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador. 
El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EEUU a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores. 
Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.
El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.
Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.

Breves

APORTE DESDE EL EXILIO

Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa). Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto. Al indagar sobre esta irregularidad, se percataron de que los jefes de parques de armas no denunciaban las sustracciones o faltantes detectados en sus respectivas unidades, pues eso tendría un impacto negativo a la hora de los ascensos. “Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.

LAS RUTAS A TRINIDAD

Fuente: ONSA
$300 es la tarifa que, en promedio, cobran los lancheros de Güiria por el traslado de una persona hasta las playas de San Fernando, en Trinidad, según la información suministrada por tres fuentes distintas. Este precio, desde luego, solo si la embarcación va repleta de viajeros. Para llegar a esta ciudad, al sur de Puerto España, es necesario navegar durante aproximadamente tres horas, de acuerdo con un mapa divulgado en primera instancia por el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, y recogido por la Organización Nacional de Salvamento. Es el mismo tiempo que toma el recorrido desde Pedernales, en Delta Amacuro. Desde Tucupita, más al sur, los navegantes cobran alrededor de 500 dólares por persona, según lo establecido en expedientes de tráfico de emigrantes instruidos por la Guardia Nacional. En Güiria, los lancheros deben pagar un tercio de sus ganancias a los militares, es decir, cien de cada trescientos dólares quedan en poder de “los verdes”, como les dicen allá. Hasta ahora, hay siete efectivos del comando de Vigilancia Costera bajo investigación por extorsión, a propósito de la tragedia con los peñeros Mi Refugio y Mi Recuerdo, que zarparon desde la ciudad sucrense el domingo 6 de diciembre. Cuando detuvieron a los organizadores de la red de transporte, ellos señalaron que el grupo comandado por un capitán de la GN les exigió el pago de 4.500 dólares. Esta información, dada a conocer por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, no aclara si esta cantidad fue un “extra” para garantizar la impunidad, o si era por la deuda adquirida a propósito de los viajes fallidos. Es imposible pensar que esta corrupción solo ocurre en el punto de zarpe. En la llegada, también deben existir autoridades y organizaciones que se hagan de la vista gorda, o que incluso participen en la acogida, el ocultamiento y la explotación de los venezolanos que desean emigrar. Sobre este punto, todavía no ha salido una sola información en la prensa trinitaria, que durante toda esta situación ha sido complaciente con las versiones aportadas por los voceros gubernamentales de ese país. Por cierto que, a propósito de un viaje efectuado a esa isla en 2017, quedan claras dos cuestiones: 1) en Trinidad y Tobago, como en otras partes, es subestimada la magnitud de la emigración venezolana. Hace tres años, representantes de Acnur calculaban que permanecían allí unos 40.000 connacionales. Pero la cifra dada a conocer por las voces oficiales, entonces y ahora, la ubica en 16.000 personas; 2) la afinidad del gobierno trinitario con el régimen de Maduro tiene su explicación en la entrega de recursos de la industria petrolera, en planes que no han sido del todo interrumpidos por las sanciones de EEUU. Esto explica el intempestivo viaje a Puerto España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en mayo de este año.

MÁS CORRUPCIÓN EN PDVSA

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país. En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015. El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9.586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.

Tres preguntas a… Mildred Camero, ex presidenta de la Conacuid

1.-Recientemente el Senado de EEUU presentó un informe crítico hacia la política aplicada por los gobiernos de ese país en materia de drogas. ¿Habrá algún cambio?
Pienso que sí. Las situaciones han cambiado. Las drogas han proliferado, y en otras formas. Se consumen estupefacientes y psicotrópicos, además de drogas sintéticas, que están invadiendo al mundo. En EEUU han incrementado las muertes por consumo, aún en la pandemia. Sobre todo por el consumo del fentanilo, un opioide que se usa para el tratamiento de enfermedades graves. Habrá un cambio radical, porque en EEUU a menudo no distinguen entre consumidores y traficantes, sino que tienden a tratarlos a todos como traficantes, y los llevan presos (…)  Hay que modernizar la política de drogas en EEUU, verificar qué drogas son las más consumidas, y sus efectos. En fin, todo esto es muy interesante.

2.-¿Será sencillo superar la certificación, como se recomienda en el informe?
Es difícil. La certificación tiene como objetivo ayudar a que los países se comprometan más con las políticas en el campo de drogas, sobre todo en parar el tráfico. Cuando se descertifica a un país, se quita la ayuda entregada a través de la NAS (Narcotics Affairs Section), del Departamento de Estado. Quitan esa fuente de ayuda, sobre todo para los países pobres, en la lucha contra las drogas. Va a ser muy difícil quitarla. No deberían hacerlo. Es el aliciente para que los países se comprometan. A veces se hacen políticas en documentos, pero cómo las aplicas si no tienes el dinero.

3.-El informe muestra una actitud más bien comprensiva hacia países como México y Colombia. No así en el caso de Venezuela, que es objeto de numerosas críticas ¿Qué piensa al respecto?
Venezuela aparece como un ejemplo devastador del impacto generado por el crimen organizado (…) Venezuela ha tenido dos etapas. En la época de Chávez, el farquismo, por las relaciones de Chávez con las FARC. La otra parte, la he llamado elenismo, por la relación de Maduro y su régimen con el ELN. Pareciera que hay una vuelta al farquismo, pero las operaciones de drogas y oro con más con el ELN. Pero hay una relación también con los desincorporados de las FARC. Es evidente que con los acuerdos de Paz con Santos esos desincorporados y disidentes empezaron a pelear por la recuperación de tierras en el Norte de Santander, Zulia, Barinas y Apure (…) No han dejado de tener relaciones con Iván Márquez y Santrich, pero las últimas operaciones han sido más con los elenos. Eso tiene mucho que ver con el crimen organizado. Con Chávez, se les dio espacios para que ellos pudieran operar. Hicieron lo mismo con Hezbollah. Se les permitió usar tierras en Margarita. Con el ELN Maduro hizo lo mismo, permitiendo que usaran ciertas tierras. Aquí la política se convirtió en una actividad criminal, y la justicia en algo político.

Libros

Las aproximaciones a los problemas de la violencia, ya sean de origen criminal, social o político, desde una perspectiva economicista, no son nuevas. Desde el famoso ensayo de Gary Becker, en 1968, hasta estos días han sido numerosas las obras que intentan encontrar cierto orden en un fenómeno que aparece caótico, a los ojos del ciudadano común. Ya en la entrega anterior se recomendó la lectura de una obra que intenta examinar el efecto de la extorsión sobre las economías nacionales, utilizando ciertas herramientas de la teoría de la racionalidad económica. Pero Gary Shiffman fue más allá. Su último libro The Economics of Violence. How Behavioral Science Can Transform Our View of Crime, Insurgency and Terrorism (Reino Unido, 2020), este ex funcionario de los departamentos de Defensa y de Seguridad Interna de EEUU, ahora dedicado al trabajo académico en la universidad de Georgetown, no solo propone una extensiva aplicación de estas teorías, no solo con el cometido de entender las dinámicas ocultas de la violencia, sino también para establecer patrones que permitan incluso predecirlas en determinados contextos. Con esta perspectiva, el robo que finaliza en una muerte deja de ser el resultado de un impulso momentáneo para convertirse en el producto de una situación que, de acuerdo con el autor, no era deseada ni siquiera por el perpetrador, o por lo menos no era tenida como primera opción. Shiffman también se sumerge en la violencia que tiene el propósito de infundir miedo, y generar cambios políticos, o reforzar los regímenes ya existentes. Mediante el estudio de casos, como los de Joseph Koni en Uganda, Osama bin Laden en Afganistán y Estado Islámico o Daesh en el norte de Africa, el autor encuentra puntos en común que posibilitan delinear narrativas encaminadas a justificar el uso de la violencia, las cuales pronto se transformarán en baños de sangre. La Economía de la Violencia es una obra de obligada lectura para todos los que desean entender un aspecto fundamental de la vida en sociedad. Puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 13 de diciembre de 2020

Las armas del hampa

 -Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el ex guardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá. 
Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.
¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.
Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno. Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, ex integrante de la referida comisión.
Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EEUU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.
“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.
Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.
Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.
Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que éste no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1.360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2.089.
El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).
Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.
Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.
“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.
Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.
Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto a un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).
Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

Breves

¿QUIÉN ESCOGIÓ LA ESCENA?

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas. Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto al Presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

EL SECUESTRO DEL CONTRATISTA

Las investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 pm en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno. Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

ORDEN CON EL UNIFORME

El 1 de diciembre, el ministerio de la Defensa emitió una directiva con las normas sobre el uso del uniforme patriota Tiuna. El propósito de esta decisión era “unificar” los criterios para la utilización del atuendo militar. Dicho de otra forma, eliminar el desorden que se podía apreciar en cuanto a las indumentarias que portaban los profesionales de armas, tanto en los cuarteles como durante las salidas en comisión. Esto además facilitará la detección de aquellas personas que han utilizado este ropaje con la finalidad de obtener ciertas prebendas, como por ejemplo el acceso preferencial a las estaciones de servicio, e igualmente de aquellos individuos que se hacen pasar por personal de la FAN para instalar falsos puntos de control y cometer delitos tales como robos o secuestros. Un aspecto no especificado en esta directiva tiene que ver con el uso de los uniformes una vez finalizada la jornada laboral. En vista del sentimiento negativo que predomina hacia la FAN y el auge de la criminalidad, en varias oportunidades se ha ordenado a los profesionales de armas que vistan de civil al salir de los cuarteles.

Libros

En el coloquio popular de los países, tiene múltiples denominaciones. Le llaman pizzo, derecho de piso, matraca, raqueteering… y así se podría llenar el resto de esta página con sinónimos de la extorsión. En el derecho tradicional, se trata de un delito contra la propiedad, puesto que quienes la ejercen al final intentan obtener una ganancia económica. Pero los estudios llevados a cabo en este siglo en Colombia (fundación Nuevo Arcoiris) y en España (Mikel Buesa), a propósito de los grupos de distinto signo ideológico que nutrían sus arcas gracias a la capitalización del miedo, nos indican que la extorsión no puede ser analizada como la conducta ocasional de algún individuo que actúa fuera de la ley. La extorsión, nos advierte John Dickey, está en la base financiera de las organizaciones criminales. Ahora, Luis de la Calle hace un interesante aporte para el análisis de este delito. En su obra La economía de la extorsión El lastre que despoja a México (México, 2020), este economista y consultor revisa al detalle el impacto que tiene la sistematización de las amenazas como medio para la obtención de ganancias ilícitas. La extorsión, nos indica el autor, ocasiona daños de diversa índole: genera y profundiza las inequidades, derivadas de la incapacidad de los más pequeños para sobreponerse a los embates de los criminales; aleja las inversiones, tanto locales como foráneas, hacia lugares percibidos como más “seguros”; despoja al Estado de vitales impuestos para su funcionamiento, al promover la informalidad de los negocios y obligar a encaminar recursos hacia los sistemas represivos. En fin, la extorsión comporta una progresiva sustitución del Estado en su función primordial, que es ofrecer “seguridad” a sus ciudadanos. El efecto pernicioso de este delito, nos sugiere de la Calle, no se puede medir solamente a través de las cifras duras de pagos periódicos u ocasionales a las bandas criminales o a los policías corruptos. Hay un intangible, un impacto que ocurre en las sombras, en el silencio, pero que puede y debe ser medido y sumado al primero. Aunque esta investigación se centró en la realidad mexicana, aporta interesantes y novedosos elementos para el análisis de lo que ocurre en otras latitudes como la nuestra, donde se intenta obligar a los comerciantes a entregar sus ganancias a punta de granadas y disparos de fusil. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, compartir denuncias, datos y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. 

domingo, 29 de noviembre de 2020

Pasado y futuro de la FAES

 -Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

@javiermayorca

En febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.
Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.
“Según instrucciones del señor presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.
Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo "uotes", dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.
Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).
Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.
La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional. Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.
En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.
Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General. Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.
La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional. De hecho, ese año gracias a la FAES la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020, se consolidaron en esta posición.
Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.
El auge de las FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial. También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.
Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:
“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.
Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.
La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONGs como Una ventana para la libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

Breves

PROTESTAS POR HIDROCARBUROS

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales. En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

PLATAFORMA DEL TERROR

La creciente presencia de elementos de radicalismo islámico en Venezuela y Latinoamérica preocupa en la comunidad internacional, en especial cuando se habla del grupo chiíta Hezbollah, o Partido de Dios. Según el experto en terrorismo y crimen organizado Alejandro Cassaglia, la plataforma de inteligencia de esta agrupación en los países americanos está intacta desde el atentado con explosivos a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), perpetrado en Buenos Aires en julio de 1994. Como se recordará, una etapa importante de este ataque fue organizada en territorio venezolano, lo que ameritó el traslado a Caracas del juez argentino Juan José Galeano, primer instructor del expediente judicial. Cassaglia es el coordinador para Latinoamérica de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg), una organización dedicada a la investigación académica y divulgación de estos temas. Durante un seminario internacional llevado a cabo entre los días 25 y 27 de noviembre, advirtió que la presencia de este grupo, señalado como terrorista por EEUU y la Unión Europea, “se ha potenciado” durante la gestión de Nicolás Maduro. Refirió como ejemplo que elementos ligados a esta y otras organizaciones radicales han sido detectados con pasaportes emitidos en Venezuela. “Son personas que ni siquiera hablan español”, dijo. Añadió que durante una operación policial en Las Vegas (EEUU) fue incautado un lote de pasaportes colombianos, que según Cassaglia fueron falsificados en Venezuela.

GRANADAS Y UNIFORMES

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DDHH Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria. “La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, han sido iniciadas 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más de 33% el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.
PS.: luego de la publicación de esta entrega en runrun.es y talcualdigital.com, el jueves 26 de noviembre, se conoció que la alcaldesa del municipio Guaicaipuro (Los Teques) Wisely Álvarez, destituyó a su director de Seguridad, al tiempo que admitió la existencia de redes policiales que cobran por vigilar a los comercios en la capital mirandina. En las redes sociales, el público se burló de esta declaración, por considerar que se vendió como un gran hallazgo algo que prácticamente es un lugar común. No obstante, es una comprobación fehaciente del auge de la extorsión, en especial por quienes están investidos de alguna autoridad.

Libros

Los meses que precedieron a la muerte de Hugo Chávez estuvieron llenos de incertidumbre. La ausencia de información veraz y oportuna, aderezada por medias verdades y mentiras descaradas de quienes se suponía estaban allí para dar certezas solo incrementaba la angustia de la población, y transmitía la sensación de que tras bastidores se desarrollaba una intensa disputa por el poder, entre las distintas facciones del oficialismo. Aquellos días marcaron de manera definitiva el presente de los venezolanos, y sin embargo es muy poco lo que se sabe al respecto. El primer esfuerzo sincero por arrojar un poco de luz recién sale a los anaqueles, con la firma del periodista venezolano Francisco Olivares. Los últimos días de Hugo Chávez. El alucinante encubrimiento de la enfermedad y muerte del líder del socialismo del siglo XXI (Caracas, 2020) es un recuento minucioso de aquellos hechos que, para acudir a la jerga policial, tuvieron tres “sitios de suceso”: Caracas, La Habana y, brevemente, Brasil. Uno lee a Olivares y se traslada de inmediato a aquellos lugares y momentos llenos de preguntas sin respuestas, que se acumulaban sobremanera cuando el teniente coronel se ausentaba, y ponía el destino del país en las manos de Fidel y Raúl Castro. Lo que eventualmente llevó a la emisión de importantes decretos en la capital cubana, cuya validez siempre quedará bajo sospecha. Esas firmas electrónicas estampadas al pie de cada decisión en otros tiempos pudieron calificarse de “planas”. Uno se imaginaba a Chávez postrado en cama, intubado y, sin embargo, dando el dudoso visto bueno a los movimientos que le sugerían los miembros de su entorno más cercano. El libro de Olivares refleja un esfuerzo por aproximarse a otrora chavistas como Héctor Navarro y Luisa Ortega, quienes fueron marcando distancia y pagaron un precio por aquellas “traiciones”. Pero para ellos no basta colocarse en el lado opuesto: es necesario vencer la complicidad del silencio. El libro está disponible en formato electrónico.

domingo, 15 de noviembre de 2020

FAN C.A.

 -Documentos demuestran que, desde hace por lo menos cuatro años, existe un impulso institucional para convertir a los militares en empresarios, e involucrarlos aún más en el soporte político al régimen

@javiermayorca

La organización Transparencia Venezuela divulgó en octubre un estudio titulado Los militares y su rol en las empresas del Estado, en el que destaca la creciente influencia de los llamados profesionales de armas en la gestión de las más diversas actividades económicas relacionadas con el sostenimiento del régimen.
A juzgar por este trabajo, ya no se trata solamente de garantizar la defensa y la soberanía en los espacios terrestres, acuáticos y aéreos del país, lo cual es ya una responsabilidad bastante gruesa. Desde hace algún tiempo ya, en las unidades castrenses tienen que gestionar emprendimientos tan diversos como el ensamblado de vehículos (Emsoven), la fabricación y distribución de fertilizantes (Agrofanb), la banca (FanFanB) y la minería (Camimpeg), por citar solo algunos rubros.
Esto tiene un impacto directo sobre la conformación de la burocracia venezolana. Según el reporte, ocho de los treinta y tres ministros del gabinete son o han sido oficiales de la Fuerza Armada. Y muchos de ellos, a su vez, imponen en sus respectivos equipos de trabajo a individuos surgidos de los cuarteles también. Entonces, además de ser oficiales o efectivos de tropa profesional, son viceministros, directores o jefes de división.
En los gobiernos regionales y municipales ocurre algo similar. Y de celebrarse las “elecciones” el próximo seis de diciembre, se instalará en el Parlamento toda una fracción de origen castrense, con el general en jefe (Ejército) Jesús Suárez Chourio a la cabeza y un pelotón de otros quince diputados militares.
Esto plasma lo que Transparencia Venezuela ha calificado como un Estado-Cuartel.
Pero tal situación no se configuró de la noche a la mañana. Por el contrario, es el resultado de un largo devenir, que muy probablemente comenzó cuando la Constituyente de 1999 insertó, sin mayor oposición, a la “participación activa en el desarrollo nacional” entre las funciones de la Fuerza Armada. Uno podría entender que generar condiciones de seguridad y estabilidad hubiese sido suficiente aporte de los militares para impulsar el desarrollo, de manera que las fuerzas productivas del país contasen con ese “marco institucional” tantas veces anhelado. Pero en realidad el propósito era otro. La idea de fondo era hacerse cuarteles adentro con una tajada de la economía del país. Y que en ese camino proliferasen millonarios tuertos Andrades y acaudaladas enfermeras Díaz. Lo cual resultaba tanto más apremiante en cuanto se deterioraban las condiciones sociales del común de los venezolanos, y la crisis humanitaria compleja tocaba las puertas de las propia “familia castrense”, minando así la cohesión del poder armado en torno al régimen.
Entonces, no bastaba solamente con una línea perdida en el artículo 328 de la Carta Magna. Había que ser más explícitos en el mensaje. Algo que bajara por todas las cadenas de mando. Y la oportunidad para transmitir esta orden llegó con la emisión de las llamadas Guías de planeamiento. Estos son documentos en los que la cúpula castrense, encarnada en el general Padrino y el almirante Ceballos, indica dónde deberán enfocarse las energías de los oficiales y las tropas durante el año siguiente. Se pudo revisar versiones que datan desde 2016.
La correspondiente a 2017 fue quizá la más clara de todas a las que se tuvo acceso para este trabajo. En ella, Padrino acudió a la primera persona: “Quiero que concentren sus esfuerzos en: 
-Inspeccionar y contribuir al desarrollo y la eficiencia de las empresas estratégicas productivas del Estado (…)
-Impulsar el motor industrial militar y Agrofanb como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo integral y la economía (…)
-El aparato productivo militar (sic) debe disminuir la dependencia de bienes esenciales y empezar a plantearse retos de autogestión (…)
-En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”.
Desde luego, cuando el ministro de la Defensa se expresa en estos términos, las órdenes aguas abajo fueron hacer empresas a como diera lugar. Y de aquí en adelante, los jefes de unidades que no incluyeran entre sus logros la constitución de algún “proyecto productivo” no serían bien vistos a la hora de los ascensos.
Esto es llevar a la Fuerza Armada como si fuese una compañía, aunque sin las exigencias de competitividad que impone la participación en mercados abiertos. De esta manera, ya no pueden argumentar que fueron las víctimas de un régimen que los llevó a la situación actual.
Este proceso ha sido analizado de cerca por el historiador Luis Alberto Buttó, quien se ha especializado en el estudio de las particulares relaciones entre el sector civil y el militar en Venezuela.
“Cuando dejas de ser ejecutor y te conviertes en el diseñador de las políticas, te conviertes en un actor político, con todas las consecuencias que de allí derivan. Los militares son operadores del sector defensa. Cuando cruzas esa frontera, se abre la puerta para que los militares pasen al ejercicio de la política”, explicó.
Y ahora, por si fuera poco, el régimen extendió esta posibilidad de ejercer control económico desde los rubros o actividades, como pueden ser la minería o la distribución de alimentos, hasta territorios geográficos. De allí la instauración del concepto de “zona económica especial militar” en la llamada Ley Constitucional de la FANB, aprobada en enero por la Asamblea Constituyente. Estos son espacios donde los militares dirigirán “actividades productivas endógenas”, en términos casi monopólicos.
Aragua será el primero.

Breves

PLAGIOS FLEXIBILIZADOS

Otro de los delitos que estarían en auge con la “flexibilización” de la cuarentena es el secuestro. El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un conjunto residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris. Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis. Sobre este episodio, el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad. Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del sedán y llevarla a la referida camioneta. En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del hospital Pérez Carreño. En ninguno de estos casos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, y así los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar. En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente. La mayoría en el estado Miranda, pero también los hubo en Aragua, Bolívar y Sucre.

BUSCANDO AGUINALDOS

Luego de la primera edición de esta columna (publicada en runrun.es y talcualdigital.com) se tuvo información de tres secuestros en Distrito Capital. En los tres casos, hay fundadas sospechas sobre la participación de funcionarios de cuerpos policiales. El primero fue conocido el viernes, cuando la víctima ya tenía varias horas en cautiverio, pues fue interceptada el jueves en la tarde, según la información preliminar, mientras circulaba con su camioneta por Altamira. El segundo caso fue reportado en un edificio de la primera transversal de Boleíta Sur, el viernes en la noche. Un grupo que aparentaba ser de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) intentó llevarse por la fuerza a un comerciante, pero la rápida comunicación con la policía municipal y la jefatura de esa unidad especial para Petare hicieron que los agentes desistieran. El viernes en la noche también fue secuestrada una empresaria en la urbanización Las Palmas. Los captores resultaron ser efectivos de la policía judicial. La mujer fue rescatada el sábado en la madrugada durante una operación de la división Antiextorsión y Secuestros de ese mismo cuerpo frente al bloque 9 de Lomas de Urdaneta, mientras los secuestradores negociaban el cobro de un rescate de $50.000. Tradicionalmente, los secuestros y extorsiones incrementan su frecuencia durante los últimos meses del años, y tal parece que 2020 no será la excepción.

DESCONFIANZA ARRAIGADA

Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre. Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “En la ciudad o área donde Ud. vive, ¿tiene confianza en la policía local?”. En el caso venezolano, solo 22% de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados. Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios como Latinobarómetro. El trabajo de campo de Gallup fue desarrollado en 2019. Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al índice general de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43). Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del Covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles. Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90%.

CHICHITURBO Y OTRAS CHATARRAS

A la izquierda, el estándar. A la derecha, lo entregado

Desde finales de 2019, el régimen ha avanzado en la entrega de vehículos para la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad estatales y municipales. La idea no es mala. Por el contrario, atiende un clamor de los jefes de estas instituciones, que han visto mermada la calidad del servicio por la indisponibilidad de medios para la movilización. El detalle radica en que estos vehículos no cumplen con los estándares fijados por el propio Gobierno, y que fueron aprobados por el Ministerio de Relaciones Interiores hace más de diez años. En otras palabras, el régimen fija unas normas que luego incumple. En el caso de las patrullas, estos patrones pueden ser revisados en las fichas técnicas el documento Pertenencia policial, publicado en mayo de 2010. De allí fue extraída la gráfica que acompaña estas líneas. Por ejemplo, las patrullas para ciudades debían tener cinco puertas, motor 1600 cc con doble árbol de leva para mayor aceleración, aire acondicionado, puertas delanteras con blindaje III, computadora y radio, entre otros accesorios. De repente, desde el MRI y gobernaciones oficialistas empezaron a “dotar” a las policías con vehículos Chery Arauca, motor 1300 cc de poca durabilidad. Un jefe policial de Caracas consultado para esta nota dijo creer que estos automóviles inicialmente fueron adquiridos por el régimen para la Misión Transporte, puesto que los vehículos tenían adentro un dispositivo que decía Libre/Ocupado. Luego, entregaron a la PNB y a cuerpos de Lara y Aragua unas motonetas que no obedecen a ninguna ficha técnica, y que actualmente utilizan solo para el traslado de personal. Los propios agentes se burlan de estos vehículos, puesto que además no ofrecen protección y son de escasa potencia. Estas “chichiturbo” y los Arauca tienen un factor en común: son de fabricación china y, presumiblemente, tienen un mismo proveedor.

Libros

Las dinámicas del tráfico de drogas por Venezuela desde siempre han sido impactadas por numerosos factores internacionales, que a veces pasan desapercibidos para el analista local: las fluctuaciones de precios en los países de origen y destino; las operaciones policiales; las innovaciones tecnológicas y las afinidades culturales son algunas influencias. En los años ochentas del siglo pasado, al otro lado del Atlántico, ocurrió un conjunto de hechos que abrió nuevos mercados y rutas, y que aún son de obligado paso por el territorio nacional. Fue una consecuencia impensada de la conversión de los antiguos contrabandistas de tabaco en transportistas de la cocaína producida en el área andina suramericana. Pero hablamos de procesos humanos, nuevas y viejas relaciones entre personas de un lado y otro del mundo. La convergencia forjada en la prisión de Carabanchel entre la nueva generación de traficantes gallegos, duchos en el uso de lanchas rápidas para serpentear por las rías de Arousa, y los representantes de Medellín, con Ochoa Vásquez y Matta Ballesteros a la cabeza, quienes buscaban nuevos y más lucrativos destinos para el alcaloide. Tato Troncheiro dice haber presenciado todo este proceso al otro lado del océano, y lo relata en Mar de Arousa (Barcelona, 2018), con interesantes detalles sobre la vida de los jefes de los clanes gallegos, que eventualmente decidieron pasar “do fume a fariña”, es decir, del tabaco a la droga. Troncheiro cambió los nombres de los protagonistas reales de la historia, pero estos claramente quedan retratados a través de sus expresiones y modos de actuar. Este libro pinta, con un tono casi costumbrista y a vedes moralizante, las peripecias de estos individuos en su permanente disputa con la Guardia Civil, las alianzas y los desacuerdos con los políticos, sus desvaríos amorosos y el lujo ostentoso que llegó de súbito a poblaciones de humildes pescadores como Cambados y Vilagarcía, en la forma de Mercedes último modelo, ropas de marca y festines sin límites, primero financiados con la venta de los Winston etiqueta azul, y luego con el comercio de las blancas panelas. Mar de Arousa es, ante todo, un relato entretenido escrito por un arousano temeroso de que sus hijos llegaran a convertirse en “piltrafas humanas”, por el consumo de la droga que llegaba -y llega- a raudales a las rías gallegas. Este libro puede ser adquirido en formato digital.