A finales de noviembre, la Oficina Nacional
Antidrogas venezolana presentó al gobierno de Hugo Chávez un informe titulado
“Situación del tráfico aéreo de drogas ilícitas en la República Bolivariana de
Venezuela”.
En el documento de 35 láminas se señala que el país posee extensos
corredores aéreos y zonas llanas en la frontera con Colombia que propician el
almacenamiento de drogas y su posterior traslado a los mercados finales o a
puntos de trasiego secundario como son República Dominicana-Haití o los países
centroamericanos, con Honduras a la cabeza.
Las rutas con mayor frecuencia de uso
parten del sur de los estados Apure y Zulia. Un punto de convergencia es
Falcón, donde hace tres meses decomisaron 1,2 toneladas de cocaína. En el caso
de los alijos destinados al mercado europeo, los trayectos pasan sobre el Golfo
de Paria y Delta Amacuro. También se determinó la existencia de “rutas de
entrada” para los aviones que llevan de vuelta el dinero producto del comercio
ilícito. También pasan por Falcón y Delta Amacuro, y además por las costas carabobeñas.
El informe gubernamental admite la
detección de 218 vuelos sospechosos por cielos venezolanos, 102 de ellos de
salida. Si cada avioneta tuviese un promedio conservador de 600 kilos de droga,
esto indica que hasta el mes de noviembre fueron sacados a del país 61,2
toneladas utilizando este procedimiento. Para finales de año, la proyección
sería de 66 toneladas.
Este informe está siendo utilizado para
justificar un paquete de “medidas estratégicas”, que van desde la adquisición
de nuevos jets K8 de fabricación china, inicialmente destinados al
entrenamiento primario de los pilotos militares, hasta la aprobación en la
Asamblea Nacional de una legislación que permitiría derribar los vuelos
considerados sospechosos u “hostiles”. El anteproyecto de Ley de Control para
la Defensa Integral del Espacio Aéreo desde luego no habla de derribamiento
sino de “inutilización”, aunque en la práctica ambas cosas sean lo mismo.
Llama la atención que un gobierno tan
antiestadounidense como el de Hugo Chávez ceda precisamente en un aspecto en el
que los gobiernos venezolanos anteriores se habían resistido, por considerar que
se trataría de la imposición de una pena de muerte para los pilotos y
tripulantes de las aeronaves, sin juicio previo.
Falta ver qué dirán sobre esto los
promotores de las organizaciones de Derechos Humanos, que hasta ahora
desconocen los pormenores de la iniciativa adelantada desde la ONA.
Breves
A pesar del bloqueo internacional,
Venezuela compró un lote de fusiles Pietro Beretta, calibre 9 mm, con
cargadores de 17 tiros. Son usados por efectivos de la GN. Soldados indicaron
que el arma es más ligera y versátil que el AK-103, aunque tiene menor poder de
parada.
43000 bolívares mensuales es el sueldo del
presidente de la Corte Disciplinaria Judicial, Tulio Jiménez. El cargo no está
regido por la Ley de Emolumentos, lo que lo hace de los mejor pagados en la
administración pública. Además, esa instancia no ha instruido el primer caso en
2011.
