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La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y
Desarme terminó sus
funciones en diciembre sin pena ni gloria. El propio Gobierno y sus partidarios
conspiraron para que así
fuera. Más allá de la propaganda, los
hechos se han encargado de poner en evidencia esta realidad.
El principal objetivo de la institución era la aprobación de una reforma a la
Ley Desarme vigente desde agosto de 2002. La tarea parecía relativamente fácil debido al consenso
predominante en toda la sociedad sobre la necesidad de imponer controles al flujo de
armas y municiones en el país,
especialmente en el medio criminal. El propio Gobierno impidió que la nueva norma
fuese sancionada, al introducir un proyecto de ley distinto al que había elaborado la comisión parlamentaria encabezada
por miembros del Psuv. El problema de fondo era (y es) que muchos miembros del
oficialismo no estaban (ni están) de
acuerdo con el desarme.
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| Barra Bar: cierre obligado |
Cuando era evidente que la ley no sería sancionada, la Comisión promovió a través del Miniserio de
Relaciones Interiores un conjunto de resoluciones que esencialmente restringen
el comercio y el porte de armas. Gracias a ellas nos encontramos con situaciones insólitas. Por una parte,
los empresarios privados deben correr con el costo de prevenir e impedir el paso de armas en locales donde haya reuniones públicas o consumo de
bebidas alcohólicas.
Si no lo hacen se arriesgan a ser clausurados, tal y como sucedió el año pasado en los casos
de las discotecas Nikki Beach y Barra Bar. En el segundo episodio, reportado el
30 de diciembre, los hombres armados se abrieron paso a tiros desde la calle
con la intención de
matar a dos clientes presuntamente vinculados al comercio de drogas.
En todo caso, está bien que los promotores de espectáculos así como los dueños de bares y
restaurantes restrinjan el acceso de personas armadas. Pero lo realmente
absurdo es que el Gobierno no haya tomado previsiones para imponer esta misma
regulación en
sus propias instalaciones. Allí
debieron aplicar los planes piloto. Allí debían medir las dificultades antes de imponer una norma al resto del colectivo. Los liceos, por ejemplo, habrían sido excelentes para
tal fin. Con un poco de sentido común hubiesen prevenido la matanza de una estudiante de
quinto año de
bachillerato en el patio del plantel Andrés Bello, uno de los más grandes y emblemáticos de Caracas. Los
ejecutores del crimen fueron tres estudiantes, dos de ellos de apenas 15 años de edad y el otro un
año mayor, que querían saldar a tiros una
disputa pasional. Sin problemas introdujeron una pistola en la instalación educativa. En las
pesquisas, además,
trascendió que
desde hace tiempo allí operan a sus anchas
bandas armadas.
Otro fracaso más. Pero eso no importa. "El show debe
continuar"...
Breves
*Gran revuelo causó en diciembre el avistamiento en el centro comercial
Caribbean Mall de Lecherías de
un importante líder
de la organización
separatista vasca ETA José
Ignacio de Juana Chaos, quien es buscado en España desde 2008 luego de
violentar las restricciones de una medida de libertad bajo palabra. No será el primer integrante
de este grupo que se oculta en la región oriental del país. El hombre de 58 años de edad se habría asentado junto a su
compañera sentimental,
gracias al apoyo de los expatriados etarras en Anzoátegui y Sucre. Un
informe del Servicio Bolivariano de Inteligencia elaborado en octubre de 2010
señala la necesidad de
mantener la vigilancia sobre los miembros conocidos de ETA en el país para llegar a De
Juana. Muchos de los etarras acogidos en el país en 1989 luego de las
conversaciones de Argel han violentado durante el gobierno de Chávez una de las normas básicas que les impuso el
Estado venezolano: mantenerse alejados de toda actividad política. El ejemplo más patente es Arturo
Cubillas Fontán,
enlace entre los etarras y la guerrilla colombiana solicitado en extradición por la Audiencia
Nacional española.
*La semana pasada, el líder del ala chavista
del Movimiento Revolucionario Tupamaro, Alberto Carías, alias el Chino,
reiteró en
la entrevista para un semanario su disposición de hacer armas contra la oposición si desconocen el
gobierno de Chávez,
o a quienes digan gobernar en su nombre. Se
debe recordar que Carías
fue Director de Seguridad de la Alcaldía Mayor durante la gestión de Juan Barreto. El
periodista español
que escribe con el alias de Antonio Salas relata en el libro El Palestino cómo Carías era uno de los encargados
de dar logística
y entrenamiento a los grupos armados del 23 de Enero. Sus relaciones con ETA y
extremistas del Oriente Medio quedaron al descubierto gracias al trabajo de
infiltración
realizado por Salas.
*La policía judicial señala como principal autor del asesinato de dos guardias
nacionales en la vía de
Capacho, Táchira,
al líder de Los Rastrojos en
esa entidad Walter Raúl
Silva, alias Cara é
Vieja. Los militares fueron ultimados a tiros en el interior de un vehículo el 28 de
diciembre. En este caso resultó
herida una efectiva de ese componente militar. En su testimonio a los
pesquisas, señaló que sus compañeros estaban tras la
pista de Silva. Es de presumir entonces que el jefe paramilitar conocía la situación gracias a una
filtración. No
será la primera vez. En
abril de 2012 el agente de CICPC Oswaldo Francisco Rojas fue enjuiciado por
encubrir a Silva con motivo de las averiguaciones sobre un cuádruple homicidio
ocurrido tres meses antes en el barrio La Guajira de Ureña. En esa oportunidad
las víctimas fueron ultimadas
con tiros de fusil AK-47.
*Imposible terminar esta columna sin dedicar algunas líneas a la incertidumbre política generada por la prolongada ausencia del Presidente Electo. Esta situación profundiza la
crisis institucional venezolana. Ocurre actualmente una clara usurpación del Poder Ejecutivo
gracias al concurso de los otros poderes, especialmente del Judicial. Las masas
chavistas, adormecidas gracias a la inmensa propaganda, no se dan cuenta de que
defienden un régimen
por el cual no votaron. El liderazgo opositor no hace esta denuncia con claridad, a la
espera de un parte de defunción que
no llega desde Cuba. Pero no señala
lo que ya es evidente: Chávez
no volverá a
gobernar ¿Cuánto tardará el país en darse cuenta del
engaño? Aunque esta columna
no es para tratar temas políticos,
todo periodista tiene un deber ético
de oponerse a un régimen
cuya ilegitimidad se hace cada día más
evidente.
