Un año de Patria Segura

Twitter @javiermayorca

*Ante la inexistencia de una política consistente en materia criminal, el Gobierno prolonga por tiempo indefinido la militarización de las calles de todo el país

El martes 13 de mayo se cumplió el primer año del plan Patria Segura. Un aniversario discreto, casi en silencio. No hubo celebraciones pues en realidad no había nada de que alegrarse. Un dato significativo es que al respecto solo declararon el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y principal promotor de esta iniciativa, mayor general del Ejército Miguel Rodríguez Torres, y otro general, Alejandro Kerelis, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas. Lo demás fue el tradicional aluvión propagandístico de los medios del Sibci, que a los efectos es como ruido de lluvia.

Con Patria Segura, el Ejército está en la calle

Patria Segura fue la primera iniciativa concreta anunciada en 2013 por el recién investido presidente Nicolás Maduro. Pero no puede ser considerada como un plan, mucho menos como una política de Estado. En aquel entonces se aclaró que era un sucedáneo de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, destinado a paliar la emergencia planteada por el auge delictivo. En términos prácticos, Maduro asumía la responsabilidad por lo que aparecía (y aparece) en las encuestas como la principal preocupación del venezolano. En esto el mandatario se diferenció desde un comienzo de su antecesor Hugo Chávez, que poca atención prestó al asunto.

La inconstitucionalidad de Patria Segura está de bulto. La Carta Magna y la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional establecen que la seguridad ciudadana es un asunto de civiles. Esta contradicción, ahora y antes, se intenta salvar desde el Ejecutivo al sugerir la existencia de un permanente estado de necesidad consecuencia de las arremetidas del hampa. Entonces, con el pasar del tiempo, esta creciente militarización se convierte en la prueba más fehaciente del fracaso gubernamental en la materia. Curiosamente, la lógica militarista de este Gobierno lo toma como argumento para profundizar la incorporación de miembros de la FANB en esta actividad. Maduro debería leer el tratado de Norman Dixon sobre la psicología de la incompetencia militar.

Aunque la laudatoria oficialista se refiere a Patria Segura como un plan, en realidad no es más que una excusa para tener a los militares desplegados. A Toda Vida sí fue un plan. Fue estructurado en tres meses por un grupo de criminólogos que entró al gobierno de la mano de Tareck el Aissami. El documento tenía un sustento teórico y áreas de acción, objetivos más o menos claros y lapsos de ejecución. Había un antes y un después, explicado con cifras. Uno podía diferir o estar de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Lo más criticable era esa práctica de improvisar sobre la marcha. Hay que recordar que Chávez lo ordenó en respuesta a las intervenciones de diputados opositores durante la presentación de su Memoria y Cuenta en 2012. Fue, por decirlo así, producto de un momento de inspiración en su décimo tercer año de gobierno.

Maduro, en cambio, no planteó antes ni después. Patria Segura fue otra improvisación más. En la mejor tradición militar, costosa y de ejecutorias poco transparentes. Cuando los soldados comenzaron a “desplegarse” en las calles, el ministro Rodríguez Torres afirmó que esta iniciativa no duraría más de seis meses. Pasó el 13 de noviembre, y los uniformados continuaron por doquier. Han transcurrido otros seis meses, y siguen en esta operación.

Como era obvio que este dispositivo no impactaba en las cifras generales de criminalidad violenta, el MRI incorporó sobre la marcha el concepto de los “circuitos de patrullaje inteligente”. A partir de entonces, los militares ya no estarían apostados en sus alcabalas o puntos de control, sino que harían rondas permanentes en trayectos preestablecidos y supervisados. Si la actividad del hampa se había desplazado a la vecindad de al lado con el inicio del plan, ahora lo haría con más intensidad, aprovechando los lugares y las horas en los que las policías y los uniformados se repliegan, en las vías expresas, en los parques nacionales, en los callejones, en las viviendas de la gente. El homicidio y el robo de vehículos se incrementaron, según cifras extraoficiales de CICPC, mientras que el secuestro se ha visto complementado por el robo a las viviendas tras hacer rehenes a sus ocupantes. Nuevamente, sale perdiendo la mayoría de los venezolanos.

Resulta imposible para la ciudadanía evaluar Patria Segura sobre bases firmes. Desde luego, la opacidad ya es crónica en todas las actividades del Ejecutivo. En materia de seguridad ciudadana, uno de los puntos de referencia eran los informes de Memoria y Cuenta del MRI. El presentado en 2013 por el entonces titular del despacho Néstor Reverol tenía algunos datos, en medio de 350 páginas de verborrea. El primero de Rodríguez Torres ni siquiera los tiene. Sólo habla en términos relativos: reducción de homicidios en tanto por ciento, baja en los secuestros de tanto por ciento, etc, con un detalle: muchos de los porcentajes indicados para estos delitos difieren en una y en otras páginas del mismo documento.

Lo único seguro en esto es que los militares continuarán en las calles, especialmente los del Ejército y la Guardia Nacional. A estas alturas, es legítimo preguntarse si el verdadero propósito de este estado de sitio es el combate a la delincuencia o el establecimiento definitivo de un régimen de control político y social a través de los cuerpos armados.

Breves

Gagliardi: otra operación encubierta

*El Ministerio Público aún espera de su contraparte de Italia los informes sobre el decomiso de 24 kilos de cocaína a Federica Gagliardi, alias la Dama de Blanco, quien fuera asistente personal de Silvio Berlusconi durante su mandato en el gobierno de ese país. Gagliardi quedó presa tras el hallazgo en el aeropuerto de Roma. El equipaje cargado con el alcaloide supuestamente le fue entregado a la glamorosa rubia por los empleados de una cafetería ubicada en el área de tránsito del terminal internacional del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. La droga llegó hasta allí con el concurso de empleados y guardias nacionales. Italia no ha contestado a la petición, con lo que técnicamente resulta imposible constatar el delito. Aún así se han producido siete detenciones en Venezuela. Esta situación es similar a la planteada en el caso de los 1300 kilos de la misma droga que fueron hallados en el aeropuerto de París. Las autoridades europeas, simplemente, no confían en los fiscales ni en los cuerpos de investigación venezolanos. Además, no quieren admitir que han realizado operaciones encubiertas en el país sin la notificación previa a las autoridades nacionales.

*La Radio Nacional Patria Libre (Ranpal), órgano divulgativo del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, difundió a partir del 11 de mayo una entrevista con el secretario de organización del Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela Hipólito Abreu. En la conversación el activista negó que sus seguidores hayan participado en ataques a manifestantes a partir del 12 de febrero. “Dimos la orden de que ninguno de nuestros compañeros portara uniforme e insignia”, dijo. Suscribió la idea de que “estamos en un proceso de golpe de Estado, que llaman continuado”. Añadió que la militancia ha sido entrenada en todas las formas de lucha de clases. La entrevista completa puede ser escuchada en http://www.goear.com/listen/e528ced/entrevista-al-movimiento-revolucionario-tupamaro-venezuela-ranpal.

*Para el momento de redactar esta columna suman tres detenidos por el homicidio y robo del teniente coronel del Ejército Eliécer Otayza, cuyo cadáver fue hallado en un barranco de Turgua, utilizado como botadero de basura. Dos de los presos tienen 20 años de edad y el último 17 años. A pesar de las consejas de funcionarios gubernamentales, todavía no se ha constatado que el crimen fuese producto de un complot urdido desde Miami. En cambio, todo apunta a un hecho más del hampa común, que ataca a todos los venezolanos por igual. Así lo indicamos en la columna anterior, y los hechos hasta el momento lo corroboran. Este robo devenido en homicidio no fue la primera vez que el exconstituyentista y exjefe de la Disip fue victimizado por el hampa. En agosto de 2009, él mismo denunció ante la policía judicial que antisociales hurtaron varios bienes de una casa que él poseía en la terraza 11 de la urbanización Bosque Valle. De allí se llevaron cuatro pistolas calibres .32, 380 y 9mm, así como dos subametralladoras y una escopeta calibre 12.