*La eliminación de la Dirección contra Drogas de la policía judicial fue producto del escaso apoyo institucional y una creciente corrupción interna. Ahora, la investigación en esta materia es cuestión absolutamente militar
Twitter @javiermayorca
El 20 de febrero de 1958, la Junta de Gobierno presidida
por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal decretó la creación del Cuerpo Técnico
de Policía Judicial, una dependencia del Ministerio de Justicia.
La noticia publicada al día
siguiente en El Nacional señala entre
otras cosas que la nueva institución contaría con las divisiones de “Medicina
Legal, dactiloscopia, fotografía, caligrafía y balística, delitos contra las
personas, delitos contra la propiedad y tráfico ilícito de estupefacientes”.
La investigación sobre
tráfico de drogas fue, por lo tanto, una de las áreas de acción de la policía
judicial desde su creación. Tuvieron que pasar 29 años para que la Guardia Nacional (entonces
Fuerzas Armadas de Cooperación) crease un Servicio Antidrogas, posteriormente
elevado a la condición de comando en el organigrama del componente.
La policía civil, entonces, tenía
un largo camino recorrido para el momento en que a los militares les asignaron
competencias de investigación en materia de drogas ilegales. Fueron muchos los casos
que la antigua PTJ instruyó en este ámbito, generalmente en cooperación con las
agencias internacionales: Lizardo Márquez, Tranca, la conexión
Italo-Canadiense, Larry Tovar y la llamada conexión Euroamericana, por citar
algunos.
Con la Constitución de 1999,
PTJ cambió de nombre a CICPC. Pero mantuvo su nexo histórico con la policía
antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). Ambas operaron en
forma mancomunada hasta 2005, cuando el presidente Chávez cesó toda cooperación
en cuestiones de lucha antidrogas y fortalecimiento institucional con EEUU.
Era claro que el finado
Presidente le prestaba más atención a las afirmaciones de los militares que al
trabajo policial. El informe que el general de brigada Frank Morgado entregó al
jefe del Estado recordó las viejas rencillas suscitadas a propósito de la
investigación que la antigua PTJ desarrolló contra el general Ramón Guillén
Dávila (ya fallecido), a propósito de la llamada operación Norte. Como una
paradoja, Guillén fue uno de los oficiales que respaldó la protesta militar de
la plaza Altamira.
A partir de ese momento, el
trabajo antidrogas de la policía judicial entró en picada. A la ausencia de un
apoyo institucional desde el Ejecutivo se unió la acción de un grupo de
funcionarios, bautizados dentro de la propia policía como Los Magnates, que
aprovecharon sus posiciones para enriquecerse a costa de “dejar hacer, dejar
pasar”. En el Instituto Nacional de Hipódromos conocen a algunos de ellos.
Otros comienzan a ser solicitados por la justicia de Estados Unidos. En el
expediente contra Walid Makled se menciona el “tumbe” de un alijo por parte de
un grupo de CICPC, al que luego hubo que pagarle una cuantiosa suma con la
finalidad de que lo devolvieran.
Las luchas eran entre grupos
de funcionarios y con elementos de la
GN, el Ejército e Inteligencia Militar. El ambiente dentro de
la Dirección
contra Drogas se enrareció tanto que un jefe de esa dependencia me confesó en
conversación personal que mientras siguiera en ese lugar no asumiría ningún
riesgo derivado de investigaciones.
A partir de 2007 la ONA entró en un proceso de
militarización que la ha transformado en una plaza más de la Guardia Nacional.
Codiciada, además, debido a los ingentes recursos que recibe prácticamente sin
controles externos ni rendición de cuentas a través del Fondo Nacional
Antidrogas (Fona), que recoge los aportes obligatorios del empresariado. Desde
entonces, sus máximos jefes siempre han sido oficiales activos. Es un reflejo
de lo que ocurre en todos los aspectos de la seguridad ciudadana del país.
En 2010 ocurrió la cuarta
reforma a la legislación sobre drogas durante el chavismo-madurismo. El nuevo
texto confiere a la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA) el rol de “órgano rector” en la materia, con competencias que
van desde la asesoría al Ejecutivo hasta la representación del país en foros
internacionales. Asume además la facultad de investigación penal.
La Dirección contra Drogas de CICPC, mientras tanto, moría de
mengua. La directiva de la institución aprovechó la circunstancia de una
supuesta “reestructuración” ordenada por resolución ministerial desde 2011 para
eliminar de un plumazo a esa dependencia. Terminan entonces 56 años de
historia. Sin embargo, el problema de las drogas permanece.
Breves
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Alias Comba ahora canta |
*La acusación contra el
exjefe de Contrainteligencia Militar y exviceministro de lucha contra la Delincuencia
Organizada,mayor general Hugo Carvajal, fue ventilada en los
primeros meses de 2013 ante un Gran Jurado reunido en Miami. Esta figura no
existe en el sistema penal venezolano. Pero en Estados Unidos grupos de
ciudadanos son convocados para analizar en sesiones a puerta cerrada la solidez
de las pruebas que luego serán presentadas en juicios abiertos. En el caso del
oficial venezolano, uno de los testigos llamados por la Fiscalía para estas
audiencias fue el colombiano Javier Calle Serna, uno de los llamados hermanos
Comba, gatillero y traficante de drogas del cartel del Norte del Valle, con el
que Carvajal supuestamente operó durante varios años. Calle Serna se entregó a la DEA en Aruba, luego de un
ciclo de negocaciones. Ahora, se incorporó al llamado Cartel de los Sapos.
*La División contra Delitos
informáticos de la policía judicial procesa dos solicitudes de cooperación del
Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de una nueva pesquisa
internacional contra la transmisión de imágenes de contenido considerado
pornográfico, en la que participan niños. Los estadounidenses aportaron dos
direcciones de correo electrónico Hotmail que aparentemente pertenecen a la misma
persona, utilizadas como vehículo para las referidas gráficas. Quizá para el
momento en que estas líneas se den a conocer ya los detectives venezolanos
hayan precisado la dirección física del supuesto pedófilo. En otras
oportunidades la policía venezolana ha participado en averiguaciones similares
junto a cuerpos estadounidenses y españoles.
*La dirección de Auditoría
Interna del Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación
administrativa sobre la supuesta existencia de lo que podríamos calificar como
una “nómina fantasma” en la Dirección
Ejecutiva de la
Magistratura. La pesquisa abarca en total a
99 personas. Hay dos grupos. 41 recibieron beneficios por 2,11 millones de
bolívares entre septiembre de 2007 y agosto de 2008. Otros 58 cobraron jubilaciones
sin ser funcionarios de ese poder entre enero de 2006 y febrero de 2010. El
daño total al patrimonio público fue calculado inicialmente en 31 millones de
bolívares. Todo un sistema de favores instaurado dentro del Poder Judicial.
Desde luego, parte de la solidaridad implica el retardo de las medidas
punitivas. Como vemos, las primeras diligencias comenzaron a hacerse cuatro
años y medio después de constatados los ilícitos. Algunos de los investigados
fueron citados este mes mediante avisos de prensa.
*En una rueda de prensa del
18 de agosto, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor
general Miguel Rodríguez Torres, aseguró que gracias al plan Patria Segura en
el país se habría producido una merma del 52% en los secuestros si se compara
con los primeros ocho meses de 2013. Quisiéramos que eso fuese así. Pero hay
datos que nos hacen dudar. En primer término, el funcionario habló de número de
casos procesados solamente por la policía judicial. Allí no están incorporadas
las denuncias recibidas y procesadas a través de la Fiscalía ni las del Grupo
Antiextorsión y Secuestros de la GN. En
Caracas, por ejemplo, los militares iniciaron hasta julio 27 expedientes, lo
que implicaría un incremento de 50% con respecto al número procesado por CICPC.
En regiones rurales de Barinas, Portuguesa, sur de Carabobo o Guárico, la GN recibe más denuncias que la
policía judicial. Esto tampoco está en la relación aportada por el ministro.
Además, tan importante como el número de casos es la cifra de víctimas. Por
ejemplo, una investigación iniciada por CICPC tuvo 24 cautivos. Fueron
motociclistas objeto de un plagio express en El Hatillo. Pero solo fue
consignado un nombre. Como vemos, en realidad hay muy poco que celebrar. Pero
sí mucha propaganda.
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Algunas cámaras funcionaron... |
*El tráfico de 1382 kilos de
cocaína en un jet de Air France que salió desde Maiquetía a París en septiembre
del año pasado sigue dando de qué hablar. Es lógico pues se trata del mayor
alijo transportado en un vuelo con pasajeros entre ambos países, vulnerando todos
los controles del principal terminal aéreo nacional. Un auténtico problema de
seguridad que hasta ahora arroja 28 detenciones. Uno de los componentes de este
caso fue la falla del sistema de vigilancia por cámaras. Se desconoce si esto
fue producto de una conducta dolosa o si, como argumenta la defensa del
teniente coronel Eduardo Mora Carvajal (para el momento Director de Seguridad
del aeropuerto), una consecuencia de la inestabilidad del servicio eléctrico.
En todo caso, algunas cámaras sí funcionaron. Hay horas de videos en distintos
formatos. En la sección EnImágenes de este blog colocaremos los pasajes que
consideramos más importantes para comprender lo ocurrido.