El pago de los gastos funerarios es usado por el
Ejecutivo desde hace ya diez años para promover el silencio de los deudos ante
la creciente violencia que viven los venezolanos
@javiermayorca
El 19 de febrero dos estudiantes y miembros del
movimiento Resistencia (opuesto al gobierno de Nicolás Maduro) fueron sometidos
y ultimados con tiros de gracia en las cabezas. Sus cadáveres fueron
encontrados en Los Flores de Catia.
Luis Fabián García y Yamir Tovar, de 22 años y 21 años
de edad, respectivamente, vivían en el sector El Observatorio del 23 de Enero. Fueron asesinados
presumiblemente por miembros de colectivos que operan entre esa zona y el
bulevar Pérez Bonalde.
Hasta ahora, el hecho está impune. En medio del dolor
ocasionado por estos crímenes, los deudos recibieron la noticia de que los
gastos funerarios serían cancelados por el Ministerio de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz. De eso hay constancia documental y testimonios aportados a la periodista Angélica Lugo de El Nacional.
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Funerales por silencio |
El pago de más de 52.000 bolívares por una parcela en
el Cementerio del Este no debe ser interpretado como un gesto de caridad. Tampoco es parte del programa (nunca iniciado) de atención a las
víctimas de la violencia, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal
aprobado mediante la última Habilitante otorgada al entonces presidente Hugo
Chávez. De ser así, el Ejecutivo habría corrido con los gastos de las 24.980
víctimas de homicidios que hubo en Venezuela durante 2014.
Esto en realidad forma parte de una táctica
gubernamental que busca primordialmente promover actitudes de silencio por
parte de los deudos de la violencia, especialmente en casos que podrían tener
repercusión ante la opinión pública.
La primera noticia sobre el particular fue en junio de
2005, a propósito de la masacre de estudiantes de la Universidad Santa María en
el sector Kennedy de Macarao. Como se recordará, en este expediente estaban implicados
al menos 27 funcionarios de CICPC, PoliCaracas y la Dirección de Inteligencia
Militar, no sólo como autores, sino también como cómplices y encubridores pues
luego del crimen se intentó contaminar los sitios de suceso mediante la
colocación o “siembra” de armas, para simular un enfrentamiento que nunca
existió.
Durante la cobertura de este caso trascendió que la mamá de una de las víctimas trabajaba en el MRI, y que además
recibió aportes para todos los gastos funerarios en el Cementerio del Este, que
como sabemos suelen ser elevados. Simultáneamente, a los demás deudos y a las
tres víctimas del grupo estudiantil que resultaron gravemente heridas les
decían que debían guardar silencio ante la prensa, pues de lo contrario
entorpecerían las averiguaciones, y cesarían los tratamientos médicos en
instituciones oficiales.
La “compra de silencio” valiéndose de la necesidad de
los familiares de las víctimas ha continuado en mayor o menor grado, según sea la relevancia del caso. A menudo los periodistas de sucesos encuentran en la Medicatura de
Bello Monte a personas que no desean aportarles ninguna información pues el MRI, la Alcaldía de
Libertador o algún otro despacho oficial está cancelando los gastos funerarios de sus familiares arrasados por la criminalidad.
Otra forma de intervención quedó en evidencia luego de las muertes de la actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Henry
Berry, en enero de 2014. Según los periodistas María Isoliett Iglesias y Deivis
Ramírez, autores del libro Capítulo Final,
el Gobierno puso a disposición de los familiares de las víctimas un jet de Petróleos
de Venezuela para trasladarlos cuando antes desde el estado de Florida, donde
residían. Una ayuda como esa es difícil de rechazar, especialmente en momentos
de tanta necesidad. ¿Qué imagen hubiera proyectado el país si los deudos de
este matrimonio no hubiesen podido venir a Venezuela debido a la imposibilidad
de comprar un pasaje aéreo?
Uno quisiera que ayudas como estas en realidad nunca
fuesen necesarias, pero que en definitivas cuentas obedezcan a un programa que abarque a
todos por igual, sin atención a colores políticos o a la prominencia de las
personas involucradas. Por otra parte, la atención a las víctimas de la
criminalidad y a sus familiares no puede limitarse a un pago aislado. Eso es
importante, pero quizá lo sea más un conjunto orgánico de iniciativas para mitigar los daños
psicológicos y económicos ocasionados por la violencia en el mediano y largo
plazos. Algo que también es responsabilidad del Estado. Es entonces cuando
podemos apreciar a las víctimas del país en su desprotección habitual.
Al pagar por las tumbas, el Ejecutivo intenta lavarse
la cara frente al problema de la violencia en Venezuela. No ataca las causas
sino algunas manifestaciones externas; no va al cáncer sino a la fiebre. Y apenas
pasa el escándalo, todo vuelve a la “normalidad” anterior.
Breves
*Extraño silencio ha guardado la Fiscalía ante el
decomiso de un alijo de marihuana en una instalación militar del estado Apure,
la última semana de febrero. El dato aportado por fuentes de la propia FANB
indica que efectivos del Destacamento de Fronteras 356 de la Guardia Nacional
hallaron 200 kilos de la referida droga en la sede del batallón Cedeño de
Fuerte Yaruro. Por este procedimiento detuvieron al sargento primero Johan
Leonardo Ruiz García, de 25 años de edad, adscrito al Regimiento Capital de la
Guardia del Pueblo, aunque vive en Barinas. Estaba de reposo desde el 26 de
enero. Los otros detenidos son Wilson López Méndez, Orifiel Pernía, Manuel
Ovalles y José Mora Méndez, quienes también estaban desaparecidos desde enero. Las
averiguaciones del caso son coordinadas por el fiscal décimo de Barinas José
Jiménez. En principio, cuesta creer que un alijo de esa magnitud esté bajo la
exclusiva responsabilidad de un sargento.
*El 3 de marzo cerca de las 4 pm, once sujetos interceptaron en el río Apurito a Dumar
Ramiro Rodríguez Peroza, un campesino del sector Camachero de esa región. En
ese momento, el grupo irregular se encontraba en una vivienda aledaña al curso
fluvial, donde obligaron a una familia a que les diera el almuerzo. Al escuchar
el motor de la lancha usada por Rodríguez Peroza, salieron y lo sometieron con
disparos. Luego, lo llevaron amarrado río arriba. Al día siguiente, su cadáver
fue encontrado por militares vía Guayabal con un tiro de gracia en la nuca. El
caso es investigado por agentes de la delegación apureña de CICPC. Durante las
entrevistas hechas entre el momento del secuestro y el hallazgo del cadáver, uno de los testigos indicó que los antisociales se identificaron abiertamente como “miembros de la guerrilla que iban a limpiar
al sector Camachero de gente mala”.
*La Fiscalía Segunda de Delta Amacuro, a cargo de
Romelis Malpica, adelanta una averiguación sobre una red de trata de blancas
que opera entre oriente del país y la isla de Trinidad. Las pesquisas se
iniciaron en febrero de este año, tras recibirse la denuncia de la hermana de
una de las víctimas. La mujer supuestamente fue convencida por una amiga para pasar
una temporada en el referido país como ayudante de peluquería. Salió de Puerto
Ordaz a Tucupita y de allí a Trinidad. Durante todo este trayecto la víctima
mantuvo comunicación con sus familiares. Les relató que con el pasar de los
días sus acompañantes cambiaron progresivamente su actitud hacia ella,
intentando que se subordinara a sus mandatos. Los investigadores creen que la
mujer fue “vendida” en la isla a un grupo de lugareños. El pago no solo fue por
la joven sino también por el traslado nocturno en lancha desde la capital
deltana. Según el Departamento de Estado de EEUU, Venezuela es punto de origen
y de tránsito de las organizaciones dedicadas a este delito. Las islas del
Caribe como Trinidad y las Antillas Holandesas son puntos donde recalan las
víctimas, para luego ser llevadas a Europa.
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Botas negras en Portuguesa |
*Los cuerpos de inteligencia detectaron una célula de
30 miembros del Ejército de Liberación Nacional en el sector La Capilla del
estado Portuguesa. Los subversivos también son conocidos como Botas Negras, y según informes tienen presencia en la región desde 2013. Su líder es conocido con el apodo de
Miller. En agosto de ese año, cuando ya tenían varios meses amedrentando a la
población y extorsionando a los hacendados, supuestamente convocaron a la
comunidad a la plaza Bolívar del sector “para imponerles sus órdenes”. En ese
acto fue repartido un panfleto atribuido a los comandantes Gabino y Linchan, según
el cual existe una “alianza” entre el gobierno venezolano y los irregulares “para
que no exista secuestro ni extorsión en la zona”. El 4 de noviembre de 2014,
efectivos de la policía de Guanarito ultimaron en un supuesto enfrentamiento a
Arnaldo Andrés Machado, de 25 años de edad, alias Fabio Quiroz o Guerrillero,
señalado como lugarteniente de Miller. En dos procedimientos anteriores,
efectivos de la GN y del Sebin detuvieron a por lo menos siete miembros de esta
organización, dos de ellos menores de edad. No obstante, sus actividades
continúan. Recientemente se detectó la iniciativa de los Botas Negras por
reclutar a elementos de la Milicia Bolivariana, acantonados en el estado Lara. Todo esto sucede mientras, en Colombia, ya se habla de la posibilidad de iniciar conversaciones de paz con los llamados elenos.
*Una situación delicada se planteó a partir del 18 de
febrero en los sectores El Playón y salto Pará del estado Bolívar. Un
comunicado de la organización indígena de la cuenca del Caura Kuyujani relata
que ese día un teniente coronel de apellidos Giordani Leal acompañado de nueve
soldados supuestamente quemó dos viviendas de indígenas, molesto pues los
indígenas habían divulgado varias denuncias en su contra por supuestas
irregularidades con la asignación de cupos de combustible. El oficial y los
efectivos de tropa fueron retenidos por los indígenas de las etnias Yekwana y
sanemá que allí habitan. Posteriormente, se sumaron indígenas y criollos de
otros sectores, molestos por lo que consideran como constantes atropellos de
los militares. Cabe destacar que según el propio comunicado las tropas fueron
emplazadas allí a propósito de una invasión de mineros en 2006. Los militares,
sin embargo, no lograron detener este desplazamiento de garimpeiros, y ahora
tienen constantes enfrentamientos con los habitantes seculares de esas tierras,
quienes exigen el cumplimiento en el otorgamiento de los cupos de combustible
asignados por Pdvsa.
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El general agranda la brecha |
*Comenzó un distanciamiento entre el exministro de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez
Torres y el gobierno de Nicolás Maduro, al que sirvió hasta octubre del año
pasado. El oficial, lejos de tomarse las vacaciones que le encomendó el
Presidente, ha estado muy activo en reuniones en el oriente del país,
recordando su pasado como uno de los integrantes de la intentona golpista de
febrero de 1992. La resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que abre la
posibilidad de disparar y usar sustancias químicas contra manifestantes, le
puso en bandeja de plata a Rodríguez Torres la posibilidad de hacer una crítica
abierta que lo enfrente al Alto Mando encabezado por el general en jefe
Vladimir Padrino (el militar más poderoso del momento) y al mismo tiempo lo
ponga en sintonía con la tropa y las oficialidades media y subalterna,
mayoritariamente opuestas al uso de armas letales contra quienes participan en
manifestaciones callejeras. En un blog cuya autoría se le atribuye, el ex
titular del MRI calificó la norma de “innecesaria” y “provocadora”. Falta ver
si esto fue una actitud puntual o si forma parte de un proceso en el que
finalmente Rodríguez Torres se propondrá como una alternativa política para los
propios chavistas, en el entendido de que ciertos militantes de la oposición tampoco
lo verían con malos ojos para una eventual transición.
*En un “informe de inteligencia”, elaborado en febrero
por un general de brigada de la Guardia Nacional se afirma que la oposición “intenta
seguir quebrantando al Gobierno Bolivariano e insiste en el camino de la
aventura golpista”. Pero no ofrece datos concretos sobre las actividades
encaminadas hacia tal fin. Solamente refiere 16 manifestaciones llevadas a cabo
en Caracas para rechazar las detenciones de estudiantes y del dirigente
opositor Leopoldo López. Una de las primeras recomendaciones del documento fue
fortalecer el sistema de contrainteligencia, encaminado a desmantelar posibles
conspiraciones internas, y “pasar a la ofensiva interviniendo decididamente a
las ONG que hacen vida conspirativa en nuestro territorio”.
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