La Parca generosa

El pago de los gastos funerarios es usado por el Ejecutivo desde hace ya diez años para promover el silencio de los deudos ante la creciente violencia que viven los venezolanos

@javiermayorca

El 19 de febrero dos estudiantes y miembros del movimiento Resistencia (opuesto al gobierno de Nicolás Maduro) fueron sometidos y ultimados con tiros de gracia en las cabezas. Sus cadáveres fueron encontrados en Los Flores de Catia.

Luis Fabián García y Yamir Tovar, de 22 años y 21 años de edad, respectivamente, vivían en el sector El Observatorio del 23 de Enero. Fueron asesinados presumiblemente por miembros de colectivos que operan entre esa zona y el bulevar Pérez Bonalde.

Hasta ahora, el hecho está impune. En medio del dolor ocasionado por estos crímenes, los deudos recibieron la noticia de que los gastos funerarios serían cancelados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De eso hay constancia documental y testimonios aportados a la periodista Angélica Lugo de El Nacional.

Funerales por silencio

El pago de más de 52.000 bolívares por una parcela en el Cementerio del Este no debe ser interpretado como un gesto de caridad. Tampoco es parte del programa (nunca iniciado) de atención a las víctimas de la violencia, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal aprobado mediante la última Habilitante otorgada al entonces presidente Hugo Chávez. De ser así, el Ejecutivo habría corrido con los gastos de las 24.980 víctimas de homicidios que hubo en Venezuela durante 2014.

Esto en realidad forma parte de una táctica gubernamental que busca primordialmente promover actitudes de silencio por parte de los deudos de la violencia, especialmente en casos que podrían tener repercusión ante la opinión pública.

La primera noticia sobre el particular fue en junio de 2005, a propósito de la masacre de estudiantes de la Universidad Santa María en el sector Kennedy de Macarao. Como se recordará, en este expediente estaban implicados al menos 27 funcionarios de CICPC, PoliCaracas y la Dirección de Inteligencia Militar, no sólo como autores, sino también como cómplices y encubridores pues luego del crimen se intentó contaminar los sitios de suceso mediante la colocación o “siembra” de armas, para simular un enfrentamiento que nunca existió.

Durante la cobertura de este caso trascendió que la mamá de una de las víctimas trabajaba en el MRI, y que además recibió aportes para todos los gastos funerarios en el Cementerio del Este, que como sabemos suelen ser elevados. Simultáneamente, a los demás deudos y a las tres víctimas del grupo estudiantil que resultaron gravemente heridas les decían que debían guardar silencio ante la prensa, pues de lo contrario entorpecerían las averiguaciones, y cesarían los tratamientos médicos en instituciones oficiales.

La “compra de silencio” valiéndose de la necesidad de los familiares de las víctimas ha continuado en mayor o menor grado, según sea la relevancia del caso. A menudo los periodistas de sucesos encuentran en la Medicatura de Bello Monte a personas que no desean aportarles ninguna información pues el MRI, la Alcaldía de Libertador o algún otro despacho oficial está cancelando los gastos funerarios de sus familiares arrasados por la criminalidad.

Otra forma de intervención quedó en evidencia luego de las muertes de la actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry, en enero de 2014. Según los periodistas María Isoliett Iglesias y Deivis Ramírez, autores del libro Capítulo Final, el Gobierno puso a disposición de los familiares de las víctimas un jet de Petróleos de Venezuela para trasladarlos cuando antes desde el estado de Florida, donde residían. Una ayuda como esa es difícil de rechazar, especialmente en momentos de tanta necesidad. ¿Qué imagen hubiera proyectado el país si los deudos de este matrimonio no hubiesen podido venir a Venezuela debido a la imposibilidad de comprar un pasaje aéreo?

Uno quisiera que ayudas como estas en realidad nunca fuesen necesarias, pero que en definitivas cuentas obedezcan a un programa que abarque a todos por igual, sin atención a colores políticos o a la prominencia de las personas involucradas. Por otra parte, la atención a las víctimas de la criminalidad y a sus familiares no puede limitarse a un pago aislado. Eso es importante, pero quizá lo sea más un conjunto orgánico de iniciativas para mitigar los daños psicológicos y económicos ocasionados por la violencia en el mediano y largo plazos. Algo que también es responsabilidad del Estado. Es entonces cuando podemos apreciar a las víctimas del país en su desprotección habitual.

Al pagar por las tumbas, el Ejecutivo intenta lavarse la cara frente al problema de la violencia en Venezuela. No ataca las causas sino algunas manifestaciones externas; no va al cáncer sino a la fiebre. Y apenas pasa el escándalo, todo vuelve a la “normalidad” anterior.

Breves

*Extraño silencio ha guardado la Fiscalía ante el decomiso de un alijo de marihuana en una instalación militar del estado Apure, la última semana de febrero. El dato aportado por fuentes de la propia FANB indica que efectivos del Destacamento de Fronteras 356 de la Guardia Nacional hallaron 200 kilos de la referida droga en la sede del batallón Cedeño de Fuerte Yaruro. Por este procedimiento detuvieron al sargento primero Johan Leonardo Ruiz García, de 25 años de edad, adscrito al Regimiento Capital de la Guardia del Pueblo, aunque vive en Barinas. Estaba de reposo desde el 26 de enero. Los otros detenidos son Wilson López Méndez, Orifiel Pernía, Manuel Ovalles y José Mora Méndez, quienes también estaban desaparecidos desde enero. Las averiguaciones del caso son coordinadas por el fiscal décimo de Barinas José Jiménez. En principio, cuesta creer que un alijo de esa magnitud esté bajo la exclusiva responsabilidad de un sargento.

*El 3 de marzo cerca de las 4 pm, once sujetos interceptaron en el río Apurito a Dumar Ramiro Rodríguez Peroza, un campesino del sector Camachero de esa región. En ese momento, el grupo irregular se encontraba en una vivienda aledaña al curso fluvial, donde obligaron a una familia a que les diera el almuerzo. Al escuchar el motor de la lancha usada por Rodríguez Peroza, salieron y lo sometieron con disparos. Luego, lo llevaron amarrado río arriba. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado por militares vía Guayabal con un tiro de gracia en la nuca. El caso es investigado por agentes de la delegación apureña de CICPC. Durante las entrevistas hechas entre el momento del secuestro y el hallazgo del cadáver, uno de los testigos indicó que los antisociales se identificaron abiertamente como “miembros de la guerrilla que iban a limpiar al sector Camachero de gente mala”.

*La Fiscalía Segunda de Delta Amacuro, a cargo de Romelis Malpica, adelanta una averiguación sobre una red de trata de blancas que opera entre oriente del país y la isla de Trinidad. Las pesquisas se iniciaron en febrero de este año, tras recibirse la denuncia de la hermana de una de las víctimas. La mujer supuestamente fue convencida por una amiga para pasar una temporada en el referido país como ayudante de peluquería. Salió de Puerto Ordaz a Tucupita y de allí a Trinidad. Durante todo este trayecto la víctima mantuvo comunicación con sus familiares. Les relató que con el pasar de los días sus acompañantes cambiaron progresivamente su actitud hacia ella, intentando que se subordinara a sus mandatos. Los investigadores creen que la mujer fue “vendida” en la isla a un grupo de lugareños. El pago no solo fue por la joven sino también por el traslado nocturno en lancha desde la capital deltana. Según el Departamento de Estado de EEUU, Venezuela es punto de origen y de tránsito de las organizaciones dedicadas a este delito. Las islas del Caribe como Trinidad y las Antillas Holandesas son puntos donde recalan las víctimas, para luego ser llevadas a Europa.

Botas negras en Portuguesa

*Los cuerpos de inteligencia detectaron una célula de 30 miembros del Ejército de Liberación Nacional en el sector La Capilla del estado Portuguesa. Los subversivos también son conocidos como Botas Negras, y según informes tienen presencia en la región desde 2013. Su líder es conocido con el apodo de Miller. En agosto de ese año, cuando ya tenían varios meses amedrentando a la población y extorsionando a los hacendados, supuestamente convocaron a la comunidad a la plaza Bolívar del sector “para imponerles sus órdenes”. En ese acto fue repartido un panfleto atribuido a los comandantes Gabino y Linchan, según el cual existe una “alianza” entre el gobierno venezolano y los irregulares “para que no exista secuestro ni extorsión en la zona”. El 4 de noviembre de 2014, efectivos de la policía de Guanarito ultimaron en un supuesto enfrentamiento a Arnaldo Andrés Machado, de 25 años de edad, alias Fabio Quiroz o Guerrillero, señalado como lugarteniente de Miller. En dos procedimientos anteriores, efectivos de la GN y del Sebin detuvieron a por lo menos siete miembros de esta organización, dos de ellos menores de edad. No obstante, sus actividades continúan. Recientemente se detectó la iniciativa de los Botas Negras por reclutar a elementos de la Milicia Bolivariana, acantonados en el estado Lara. Todo esto sucede mientras, en Colombia, ya se habla de la posibilidad de iniciar conversaciones de paz con los llamados elenos.

*Una situación delicada se planteó a partir del 18 de febrero en los sectores El Playón y salto Pará del estado Bolívar. Un comunicado de la organización indígena de la cuenca del Caura Kuyujani relata que ese día un teniente coronel de apellidos Giordani Leal acompañado de nueve soldados supuestamente quemó dos viviendas de indígenas, molesto pues los indígenas habían divulgado varias denuncias en su contra por supuestas irregularidades con la asignación de cupos de combustible. El oficial y los efectivos de tropa fueron retenidos por los indígenas de las etnias Yekwana y sanemá que allí habitan. Posteriormente, se sumaron indígenas y criollos de otros sectores, molestos por lo que consideran como constantes atropellos de los militares. Cabe destacar que según el propio comunicado las tropas fueron emplazadas allí a propósito de una invasión de mineros en 2006. Los militares, sin embargo, no lograron detener este desplazamiento de garimpeiros, y ahora tienen constantes enfrentamientos con los habitantes seculares de esas tierras, quienes exigen el cumplimiento en el otorgamiento de los cupos de combustible asignados por Pdvsa.

El general agranda la brecha

*Comenzó un distanciamiento entre el exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres y el gobierno de Nicolás Maduro, al que sirvió hasta octubre del año pasado. El oficial, lejos de tomarse las vacaciones que le encomendó el Presidente, ha estado muy activo en reuniones en el oriente del país, recordando su pasado como uno de los integrantes de la intentona golpista de febrero de 1992. La resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que abre la posibilidad de disparar y usar sustancias químicas contra manifestantes, le puso en bandeja de plata a Rodríguez Torres la posibilidad de hacer una crítica abierta que lo enfrente al Alto Mando encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino (el militar más poderoso del momento) y al mismo tiempo lo ponga en sintonía con la tropa y las oficialidades media y subalterna, mayoritariamente opuestas al uso de armas letales contra quienes participan en manifestaciones callejeras. En un blog cuya autoría se le atribuye, el ex titular del MRI calificó la norma de “innecesaria” y “provocadora”. Falta ver si esto fue una actitud puntual o si forma parte de un proceso en el que finalmente Rodríguez Torres se propondrá como una alternativa política para los propios chavistas, en el entendido de que ciertos militantes de la oposición tampoco lo verían con malos ojos para una eventual transición.

*En un “informe de inteligencia”, elaborado en febrero por un general de brigada de la Guardia Nacional se afirma que la oposición “intenta seguir quebrantando al Gobierno Bolivariano e insiste en el camino de la aventura golpista”. Pero no ofrece datos concretos sobre las actividades encaminadas hacia tal fin. Solamente refiere 16 manifestaciones llevadas a cabo en Caracas para rechazar las detenciones de estudiantes y del dirigente opositor Leopoldo López. Una de las primeras recomendaciones del documento fue fortalecer el sistema de contrainteligencia, encaminado a desmantelar posibles conspiraciones internas, y “pasar a la ofensiva interviniendo decididamente a las ONG que hacen vida conspirativa en nuestro territorio”.