@javiermayorca
En marzo de este año, la directora de la Red de Lucha contra Crímenes
Financieros de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) Jennifer
Shasky anunció que serán emitidas un conjunto de medidas para impedir las
operaciones internacionales de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El organismo encargado de investigar la
legitimación de capitales en EEUU detectó que la BPA prestaba “servicios financieros a la medida”
para que los clientes pudiesen ocultar el origen de sus fondos, y ponerlos a
buen resguardo en el sistema financiero del principado europeo, calificado como
un “paraíso fiscal” hasta hace apenas cinco años.
La declaración indica además que a
través de la BPA
fluyeron fondos de grupos de delincuencia organizada rusa, china y venezolana.
En el último caso, se trataría de más de cuatro millardos de dólares
procedentes en su mayoría de operaciones ilícitas que involucran a la industria
petrolera y otros despachos gubernamentales.
Poco después, las autoridades de Andorra
y España se movilizaron. En el primer lugar fue intervenida la BPA (por segunda vez),
mientras que en territorio ibérico hicieron lo propio con el Banco Madrid, que
desde hace cinco años era propiedad completamente de aquélla banca, y servía
como conducto de fondos de origen ilegal.
En Venezuela, este caso ha sido tratado
como un tabú, como muchos otros relativos a la participación abierta de altos
funcionarios en el crimen organizado transnacional. De eso simplemente no se
habla, y mucho menos se profundiza desde el punto de vista institucional. Al
ser invisibilizado desde el oficialismo, que domina por completo los poderes
públicos nacionales y más del 70% de todos los medios del país, cualquier
señalamiento hecho desde el exterior cae rápidamente en la censura y el olvido.
El Parlamento como entidad anunció que
investigaría el tema. Hasta ahora solo ha sido un canto a la bandera. Esto no
sorprende. Es la misma línea tomada con respecto a otros casos de corrupción
(Bermúdez, Illaramendi, Carvajal, Pudreval, etc.). Sólo el diputado opositor
Julio Montoya ha realizado algunas indagatorias, valiéndose de lo que él
denomina “mecanismos de cooperación interparlamentaria”. De su más reciente
viaje a España queda claro que los señalamientos contra BPA surgen de dos
pesquisas realizadas por la
Guardia Civil , con cooperación de distintas agencias
estadounidenses. La más antigua, llamada Operación Crudo, fue conocida en
algunos aspectos en 2010, a
propósito de la detención en Andorra del exjefe Antidrogas de la policía
judicial venezolana, comisario general jubilado Norman Danilo Puerta. La
segunda operación, Cleotilde, reveló el supuesto lavado de dinero a través de la BPA de fondos pertenecientes a
redes de Semion Moguilevich (importante exponente del crimen organizado
euroasiático), Gao Ping (mafia china en España) y varios exviceministros del
área energética y de seguridad venezolana como Nervis Villalobos, Javier
Alvarado y Alcides Rondón, así como el exdirector de la policía política
(Disip) capitán Carlos Aguilera y empresarios del área de seguros como Omar Farías.
Muchos de ellos claramente llenan los requisitos para ser calificados de
“personas políticamente expuestas”.
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| BPA: "Servicios a la medida" |
Montoya ha optado por concentrar sus
esfuerzos en el último de los grupos. En una conversación con él hace dos
semanas, argumentó que el perfil político de los involucrados en esa estructura
es más elevado que los de la primera (Puerta y compañía). Esto es cierto a
medias. Uno entiende que la escasez de los recursos básicos para cualquier
investigación, como son el tiempo y el dinero, obligan a enfocarse solo en
algunos aspectos. Pero en lo relativo a la BPA todavía hay muchos puntos oscuros sobre sus
inicios en Venezuela, hace ya nueve años, hasta su cierre en 2011.
Casualidad o no, hay que recordar que un
año antes, en 2005, el presidente Hugo Chávez había cesado cualquier
cooperación con la Sección
para Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado (NAS, por sus siglas en
inglés), y por ende con la
Administración para el Control de Drogas (DEA). A partir de
ese momento, se conjugaron en Venezuela dos factores ideales para el
asentamiento de todo tipo de mafias. Por una parte, un creciente aislamiento
desde el punto de vista de la cooperación con policías internacionales. Algo de
eso perdura hasta estos días. Por la otra, un enorme efecto riqueza derivado de
los altos precios del petróleo.
Solo hacía falta crear algunas
estructuras con fachada legal para aprovechar estas situaciones. Si nos
atenemos a lo dicho por los representantes del Tesoro estadounidense, la BPA fue una de tales
estructuras. Hubo otras. Según el periodista inglés Jeffrey Robinson, la más
notable era el Stanford Bank. Su antigua sede en El Rosal es ahora el
Ministerio para Servicio Penitenciario.
Desde Andorra, los directivos de la BPA contrataron en 2005 a una exgerente del
Banco de Venezuela, Mariela Prieto, así como a un ejecutivo del Banco Atlántico
Salvador Lozano. Prieto era la persona de los contactos con el mundo local de
las finanzas. No se hacía publicidad abierta en los medios de comunicación
venezolanos. Bastaba la que va de boca en boca. Discreción ante todo.
Los interrogatorios llevados a cabo en
un tribunal andorrano a propósito del caso Puerta confirmaron que la oficina
venezolana no reportaba directamente a la central en el principado sino a una
subsidiaria registrada en Panamá, BPA Serveis (o Servicios). Los clientes
captados aquí no eran sometidos a los análisis rigurosos que ya entonces se
imponían a la banca internacional según los principios de “conoce a tu
cliente”. Lo más importante era el dinero, no la licitud de su origen. Pero la
presión por captarlos recaía sobre los operadores en Venezuela, que recibían
una comisión por cada euro que finalizaba en las arcas de la entidad en el
principado europeo. Esto permitió a los representantes de la BPA en Andorra culpar a los
agentes en Venezuela cuando todo quedó al descubierto con el caso Puerta. Una
coartada muy floja. Es cierto que el comisario omitió informar que era un alto
funcionario de la principal policía del país, ligado al área antidrogas. El se
presentó como un ganadero falconiano. Pero si los empleados de BPA en Venezuela
hubiesen preguntado aquí y allá, pronto habrían conocido la verdad. Era su
obligación y no la cumplieron. Tampoco se dieron cuenta de que al menos dos de
los que abrían cuentas junto a Puerta estaban ligados a casos de drogas en el
país. Se identificaron con pasaportes diplomáticos, supuestamente emitidos a
instancias del Ministerio de Finanzas. Demasiadas casualidades juntas.
Visto en perspectiva, los 1,4 millones
de dólares incautados a Puerta representan apenas una ínfima parte del dinero
que según EEUU fue lavado por funcionarios venezolanos en la BPA-Banco Madrid.
Sin embargo, su caso es el que más evidencia pública ha arrojado hasta ahora
sobre el mecanismo implantado en el país por esa entidad financiera.
En Venezuela, la BPA ofrecía el cambio de
bolívares a dólares a través de negociaciones con bonos de la República hechas en
Panamá. Los bolívares eran depositados en la cuenta de una compañía venezolana manejada
por Mariela Prieto. El equivalente en divisa estadounidense era depositado en
cuentas pertenecientes a empresas de papel, registradas en Panamá como parte
del paquete de servicios de BPA Serveis. Esas cuentas servirían simplemente
para insertar los dólares en el sistema financiero y transmitirlos a Andorra,
donde eran abiertas otras cuentas, esas sí a nombre de los clientes venezolanos.
Una vez montada la madeja de cuentas, también
era posible que los dólares fuesen llevados físicamente hasta el exterior para
depositarlos en las agencias de la entidad financiera en el principado, en
Madrid o desde cualquier otra locación donde hubiese corresponsalías de BPA,
como México, Panamá o Uruguay. En los tribunales de Andorra, Puerta declaró que
este mecanismo fue aplicado por otros de los investigados en su mismo caso.
Este sistema, con leves variantes, fue
puesto en práctica por numerosos grupos en Venezuela para eludir el control de cambios.
Algunos respondían a casas de bolsa y operadores financieros legítimos y con
tradición. Otros eran trampas para estafar a ciudadanos. Uno fue montado por
Adriano Rosetti, alias el Gordo, con conexiones en Panamá y la ciudad de Doral
(Florida). Rosetti murió en 2014 en una clínica caraqueña, donde permanecía
gracias a una medida humanitaria concedida por un juez debido a su “obesidad
mórbida”. Pero el resto de su grupo permanece intacto. El expediente instruido
por la Fiscalía
en Venezuela lo vincula a fraudes que llegan a nueve millones de dólares.
En cuanto a los dos grandes grupos
ligados a supuesto lavado de dinero a través de la BPA , la Fiscalía ha mostrado la
misma actitud reactiva. Hace diligencias cuando el escándalo ya es del dominio
público. Pero no va más allá. Puerta fue aprehendido en mayo debido a sus
propios errores en la evaluación de riesgos. Creyó que la actitud de los
fiscales sería tan complaciente como la que tuvo otra funcionaria de la misma
institución cinco años atrás. Se presentó sin siquiera tantear el terreno con
un abogado. Pero ahora el clima político exigía aunque fuese un detenido. El
facilitó la tarea oficialista de hacer “propaganda por hechos” con un actor
secundario.
Pocos días después apresaron a Richard
Cammarano, uno de los investigados junto a Puerta en el primer grupo. Tampoco
evaluó bien. Intentó salir a Lisboa por Maiquetía. Otros sujetos solicitados o
que formalmente estaban en prisión han escapado anteriormente por ese
aeropuerto, es verdad. Pero su viaje acompañado de un funcionario del Saime y
de la exmagistrada Morandy hubiese sido grotesco. Demasiado para un país que ya
es visto como amenaza para la seguridad de otras naciones.
Breves
*En
el aeropuerto El Dorado de Bogotá los empleados de Conviasa aplican un extraño
procedimiento. A las personas que adquirieron sus boletos en bolívares, les
exigen el pago en efectivo de 90.000 pesos (aproximadamente 40 dólares) por
concepto de tasa aeroportuaria, algo que supuestamente el pasajero ya canceló
cuando hizo la compra. Desde luego, las quejas de los pasajeros por esta “doble
tributación” son permanentes. A ellos les ofrecen reintegrarles en Maiquetía la
diferencia entre lo que pagaron en bolívares y en la moneda colombiana,
calculada a la tasa oficial. El problema radica en que al llegar al terminal
aéreo venezolano generalmente la oficina de la línea bandera está cerrada
(casos de madrugada), y si hay alguien allí no hacen el reintegro de manera
inmediata. Otra ilegalidad parecida ocurrió en mayo en el aeropuerto Caracas,
cuando una gerente del Inac decidió por cuenta propia cobrar impuestos por
despegue y aterrizaje en dólares a las aeronaves de matrícula nacional. La
guinda a esta torta la puso el director encargado de Seguridad del Aeropuerto
de Maiquetía Jesús Tenorio, cuando ofició a las líneas áereas para exigirles que
instalen con sus propios recursos sistemas de circuito cerrado de TV que
vigilen las áreas públicas del terminal hasta los mostradores, y las líneas de
equipaje desde los mostradores hasta la plataforma en pista.
*En
una conferencia dictada recientemente en Medellín, un investigador de la
fundación Nuevo Arcoiris reveló que el contrabando hacia Colombia de
combustibles y productos subsidiados en Venezuela ya traspasó los departamentos
fronterizos para adentrarse hasta el centro del territorio neogranadino. Los
líderes de las redes dedicadas a este delito se percataron de que las únicas
barreras para el paso de estas mercancías están en algunos puntos limítrofes. Una
vez rebasados, no hay cortapisas para establecer puntos de comercialización en
cualquier parte. En el lado venezolano, además, hay poblaciones enteras en
Zulia, Táchira y Apure que han abandonado sus labores habituales para dedicarse
al traslado de mercancías de un país a otro. Las ganancias simplemente no
tienen comparación. Cualquier intento de la fuerza pública por detener estos
transportes es rechazado cada vez con mayor virulencia. El 9 de mayo una
poblada incendió un puesto militar y atacó los vehículos del Ejército en el
sector La Cooperativa
del estado Táchira, luego de que un grupo de militares mató a Jorge Alexander
Alba, de 22 años de edad, supuestamente ligado a un grupo de contrabandistas de
combustible. De nada valió la detención de nueve uniformados. Durante varios
días, este suceso generó un vacío de autoridad convenientemente aprovechado
para dar luz verde al paso de mercancías.
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| Batalla en la Cota 905 |
*Pero
los vacíos de autoridad no sólo ocurren en la zona fronteriza con Colombia. En
Caracas son cada vez más frecuentes las áreas donde las policías y los
militares no llegan, o son rechazados con armas si intentan entrar sin permiso
de los grupos que las controlan. El primer experimento se llevó a cabo en el 23
de Enero. En 2008 las patrullas de la Policía Metropolitanala Cota
905 también. Lo sucedido el 5 de junio en este último sector, por lo tanto, no
es casual. Los grupos delictivos que operan en ese lugar son conocidos por
CICPC. Hay informes al respecto elaborados por el Grupo de Trabajo contra el
Crimen Organizado, pero no se ha hecho nada. Tal parece que se ha establecido
una suerte de convivencia entre estas organizaciones y los cuerpos de
seguridad, rota en ese lugar el fin de semana con saldo de cinco oficiales de
PoliCaracas heridos y nueve motocicletas quemadas. Habría que preguntarse por
qué brevemente cesó la pax en la
vecindad de la policía municipal.
*Los
cuerpos de seguridad lucen cada vez más disminuidos ante una delincuencia
envalentonada. En CICPC se llevó a cabo una reunión el 2 de junio con la
asistencia de directivos y jefes de los principales despachos. Se analizó una
batalla campal entre bandas de Cementerio el fin de semana anterior, que dejó
tres muertos. Durante ese enfrentamiento los cuerpos de seguridad no pudieron
acceder al sitio. Se decidió tomar medidas especiales de protección cada vez
que sea necesario practicar alguna diligencia en esa zona, así como en
Guarataro y la Cota 905. Los vehículos de los funcionarios no podrán tener
logotipos de la policía, todos los agentes de las comisiones deberán llevar
chalecos antibalas y no podrán ser de menos de tres funcionarios. Esta orden se
mantendrá hasta nuevo aviso.
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| Vélez, recibido por el titular del MRI |
*Luego
de la extradición a Venezuela de Leiver Padilla, alias Colombia, el caso
relativo a los asesinatos del diputado oficialista Robert Serra y de su
asistente María Herrera ha adquirido tintes claramente partidistas. Hasta ese
momento, las investigaciones policiales reforzaban la tesis del homicidio en el
curso de un robo, orquestado desde el núcleo de agentes que escoltaban al
parlamentario. En este escenario, el crimen obedecía a dos propósitos: un
ataque preventivo por parte del oficial de PoliCaracas Eduwin Torres para
impedir que le cobraran a él o a su familia alguna infidelidad, tal y como
había sucedido con otro custodio del parlamentario, el inspector Alexis
Barreto, asesinado en julio de 2012. El otro propósito, que servía como
atractivo a los demás participantes en el crimen, era la sustracción de grandes
cantidades de efectivo y armas que guardaba la víctima en su vivienda. Desde la
llegada de Padilla se quiere imponer la teoría de un complot urdido desde el
exterior, con la supuesta complicidad de opositores venezolanos. A la historia
se le añadió un nuevo ingrediente con la captura del exconcejal colombiano
Julio César Vélez. El martes 2 de junio en la noche, el MRI envió a todos los
cuerpos de seguridad una foto de quien fuera edil en Cúcuta por el partido de la U (liderado por el expresidente
Alvaro Uribe), y anexo un texto en el que lo identificaban solamente como
Julito Vélez, sin indicar otros detalles de importancia tales como lugar de
nacimiento, edad y otros rasgos que contribuyeran a su detección en las calles.
Aún así, el hombre fue aprehendido en el peaje ubicado en los límites entre
Yaracuy y Lara, por donde se trasladaba en un taxi a occidente. Ahora se habla
con insistencia de la supuesta complicidad de un parlamentario merideño en el
asesinato. El expediente Serra cada día se parece más al del fiscal Danilo
Anderson. Los periodistas de investigación tendrán mucho trabajo.
