En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores
@javiermayorca
*La Organización de Naciones Unidas para la
Droga y el Crimen presentó los últimos informes sobre monitoreo de cultivos
ilícitos de coca correspondientes a Bolivia, Perú y Colombia. En el primer país
hubo en 2015 una estabilización de las extensiones de los plantíos que sirven
de materia prima a la cocaína. En Perú hubo una baja de 6% equivalente a 2500
hectáreas. En Colombia, en cambio, los cultivos de coca crecieron por segundo
año consecutivo. Esta vez fue 40% para totalizar 96.000 hectáreas. Esto es el
doble de la extensión cultivada en 2013. La cifra correspondiente al año pasado
daba un potencial de producción superior a las 640 toneladas de cocaína. Buena
parte de ella pasó o está pasando por Venezuela. Además, uno de los tres
departamentos con mayor densidad de sembradíos, Norte de Santander, está en la
frontera con los estados Zulia y Táchira. Las autoridades venezolanas niegan
permanentemente la existencia de cultivos ilícitos, pero lo cierto es que esta
actividad también está ocurriendo en territorio nacional, cada vez más adentro.
No sólo en lo referido a la coca, tal y como lo muestra el mapa, sino también
amapola de opio y marihuana, que es cultivada tanto en parques nacionales como
en viviendas particulares. Esta es una de las consecuencias indeseadas para
Venezuela de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC.
*El representante del Colegio de Profesores de
Venezuela para el estado Táchira Javier Tarazona denunció que está en
desarrollo un plan para promocionar a la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en los estados fronterizos del país. A la emisora de radio que
se escucha libremente en el territorio tachirense se une ahora la sucesión de
pintas o grafittis como el que se
aprecia en la gráfica tomada en la fachada del núcleo Ureña de la Universidad
Bolivariana de Venezuela, donde se muestra la efigie del líder fundador del
grupo subversivo, el sacerdote Camilo Torres. Según Tarazona, esta campaña
cuenta con la anuencia de las autoridades regionales, y estaría unida al
desplazamiento físico de guerrilleros hacia esas ciudades fronterizas. Esto no
es descabellado si se toma en cuenta que desde mayo la Fuerza Armada monitorea
los enfrentamientos y escaramuzas entre el Ejército colombiano y frentes de
este grupo guerrillero en el departamento Norte de Santander, a pocos
kilómetros del límite con Venezuela. Lo de Táchira amerita un análisis
especial, pues allí se está produciendo una convergencia de elementos de las
guerrillas colombianas, desmovilizadas o en proceso de pacificación, y antiguos
paramilitares incorporados a bandas criminales, especializadas en la extorsión.
El paro de transportistas en San Antonio, segundo de este año, es una
demostración del poder que han adquirido estos grupos.
@javiermayorca
Luego de pasar seis días en poder de los reos,
los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a
la Penitenciaría General de Venezuela.
Los 42 trabajadores y un contratista que
llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de
la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos
hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La
Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.
El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21
días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les
prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean
regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva
administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo
desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta
circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.
En los primeros días, las víctimas permanecieron
en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes
del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.
![]() |
PGV: tierra de prames |
Al comienzo los reclusos exigieron la presencia
de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de
agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es
familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.
El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno
le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente
Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este
cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al
Despacho de la Presidencia.
En otras palabras, el secuestro en la PGV se
resolvió desde Miraflores.
Rangel, diseñador del controvertido programa de
las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los
cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa
penitenciaría.
El pramato,
por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El
director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó
que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de
San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito
Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.
La crisis de la PGV representa un giro en la
relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los
conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente,
se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar
los cobros de extorsión, conocida como causa
en la jerga penitenciaria.
El modelo de acción instaurado en la PGV ahora
es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza
de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.
Breves
*Cada día son más frecuentes los casos de
extorsión en los que participan funcionarios policiales. Antes actuaban en sus
tiempos libres y de forma clandestina. Ahora lo hacen abiertamente como parte
de sus horas laborales, uniformados y en uso de los bienes del Estado. La
Fiscalía informó sobre la detención de 7 agentes de la policía judicial que
asaltaron a un comerciante en Mérida y luego lo contactaron para devolverle su
vehículo a cambio de un pago. El 6 de agosto, en Caracas, Cicpc procesó la
denuncia de un distribuidor de alimentos que fue detenido por supuestos
funcionarios de la Policía Nacional en los alrededores del Nuevo Circo. Cuando
vieron que estaba totalmente cargado de mercancía le ordenaron que se
trasladara hasta la estación de Santa Rosalía, donde fue amenazado con una
imputación por “bachaqueo” si no pagaba Bs 100.000. Esta cantidad fue cancelada
por el dueño del vehículo, pues de lo contrario el trabajador sería procesado.
El 10 de agosto, tres oficiales del mismo cuerpo fueron detenidos cuando
supuestamente cobraban Bs 30.000 por la extorsión al dueño de una cauchera de
San Agustín. Ya antes el mismo grupo de uniformados se había apropiado de Bs
60.000 del mismo comerciante.
*A propósito de la información anterior, una
lectora escribió para relatar el “encuentro” de su pareja con oficiales motorizados
de la Policía Nacional el 27 de julio en la tarde: “El se dirigía a Maiquetía
con su hijo y la mamá del chico. Lo llevaban para abordar un vuelo a Argentina.
Los detuvieron frente a Fuerte Tiuna, donde los hicieron bajarse y los
interrogaron. Cuando supieron que iban al aeropuerto los hicieron bajar todo el
equipaje y les robaron $1300 que llevaba el muchacho, aduciendo que eso era
ilegal. Los instaron a abordar rápidamente el carro e irse”.
*El 4 de agosto la Policía Nacional de Colombia
apresó al colombiano nacionalizado venezolano Nicolás Agudelo Bejarano,
señalado como el supuesto financista de los alijos de cocaína hallados en mayo
en Ureña y en un almacén del estado Vargas, para sumar 3,2 toneladas. Fuentes
de la ONA indicaron que Agudelo sería un operador del cartel mexicano Los Zetas
para Venezuela, por lo que era conocido como Z-50. El hallazgo de droga fue
logrado gracias a trabajos de inteligencia con fuentes humanas. El alcaloide
estaba mezclado con trozos de caucho y sustancias odorizantes que impedían la
detección por los perros. Su valor en el punto de salida sería superior a los
cinco millones de dólares. Por este caso hay nueve personas procesadas en el
país. Agudelo es solicitado en extradición.

*Esta gráfica muestra a un oficial de la
Policía de Lara cuando es auxiliado por un explosivista del Sebin. Al
funcionario le robaron el arma, y para impedirle cualquier reacción le
inmovilizaron las manos con cinta adhesiva mientras sostenía una granada sin
seguro. Los expertos en explosivos cortaron la cinta y despojaron al agente de
la granada. El ataque por antisociales a
uniformados es cada día más frecuente. Pero éste, a plena luz del día, tiene
una especial carga simbólica.
![]() |
Los grafittis del ELN |
*A última hora me informan del estupor que
ocasionó en filas de la Guardia Nacional la designación del vicealmirante
Jhonny Galván García, ex comandante de la base naval de Puerto Cabello, como
nuevo jefe de la Guardia del Pueblo. Esta decisión anunciada por el presidente
Maduro el 9 de agosto. Fue divulgada en una intervención pública y difundida en
cables de la Agencia Bolivariana de Noticias. De ser cierto esto rompería con
el principio de unidad de mando pues se trata de un oficial de la Armada que
gobierna sobre efectivos de la GNB. Desde
este último componente aseguran que todo se trató de una confusión con un general
que tiene el mismo apellido. Pero los medios gubernamentales no han hecho la
debida rectificación. Entonces, los oficiales del cuerpo destinado a la
preservación del orden interno se preguntan ahora si la Guardia del Pueblo está
o no adscrita a esa institución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario