Prisiones que son guaridas

La salida de presos para delinquir y luego refugiarse en las cárceles o retenes donde debían permanecer es una nueva manifestación de las redes organizadas que involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad

@javiermayorca

El 30 de septiembre, una comisión de la Policía de Aragua ultimó en Palo Negro a cinco sujetos que supuestamente intentaban asaltar la vivienda de la familia del ex grandeliga Kelvim Escobar. La banda estaba conformada por tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y dos policías de esa misma región. En otro país, esto ya ameritaría un análisis sobre la creciente degradación de los cuerpos de seguridad. Pero en Venezuela ya se hizo normal ver a los funcionarios en “modo delictivo”.

Lo que sí sorprendió a más de uno es que cuatro de los cinco fallecidos estaban formalmente detenidos en el retén de Alayón, por estar involucrados en diversos delitos contra la propiedad.

Los guardias y policías no habían sido declarados como evadidos o fugados por las autoridades. Simplemente, salían a delinquir y luego regresaban a sus celdas a repartirse el botín.

Uno podría pensar que este fue un caso aislado de lo que llaman “desviación policial”, no de los efectivos que debían estar presos sino de quienes tenían la tarea de vigilarlos. Pero en realidad esto se ha convertido en una nueva manifestación de las redes delictivas que operan en y desde los recintos carcelarios del país.

Desde hace mucho tiempo se comentaba con insistencia que algunos presos privilegiados salían de noche a cometer delitos en las calles, y regresaban al amanecer antes de que los formaran en los patios de sus respectivos internados para el llamado “pase de número”. El primer gran escándalo ocurrió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuando se detectó que Walter del Nogal salía del retén El Junquito los fines de semana, y se dejaba ver en francachelas y discotecas de Las Mercedes. Una de esas mañanas los vapores pudieron más que él, y no regresó.

Este caso quedaría como un minúsculo antecedente al compararlo con lo que ha trascendido solamente en 2016, de manera oficial y oficiosa. El marzo, el retén El Marite del estado Zulia fue centro de un escándalo al constatarse que los detenidos robaban carros y luego los ocultaban en esa instalación, mientras negociaban el pago de un rescate.

En julio, un asaltante no esperaba que su víctima más reciente lo siguiera hasta el sitio donde solía ocultarse: un retén de la policía en Valle de la Pascua, donde estaba formalmente detenido. En este caso, como en los demás, el hampón repartía parte de sus botines entre los funcionarios que se supone debían custodiarlo.

Más recientemente, hemos tenido información sobre el ocultamiento de víctimas de secuestro en instalaciones de internados judiciales ubicados en el oriente del país. Desde allí, además, emanan las llamadas para negociar con los familiares del cautivo.

Las armas de la cárcel "pacificada"

Las informaciones que han trascendido luego de la “pacificación” de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros van en esta misma línea. Según la Fiscalía, uno de los líderes o prames de esa instalación, Franklin Hernández, ni siquiera estaba formalmente preso. El hombre supuestamente utilizaba la instalación como un refugio, del que podía entrar y salir según su conveniencia.

Al finalizar el traslado de los presos que aún quedaban allí, el sábado 29 de octubre, alias La Guaira y otros tres reclusos fueron imputados por homicidio, tráfico de armas y drogas, intimidación pública y asociación para delinquir. Entre las armas decomisadas había dos lanzacohetes antitanque. A la luz de todo esto, aún queda pendiente la investigación sobre las complicidades que este sujeto necesariamente debía tener en Servicio Penitenciario y la GN, que le permitieron llegar a tales descaros.

No las llame cárceles, llámelas guaridas.

Breves

*La policía judicial adelanta una averiguación sobre una supuesta red de tráfico de armas que opera en los estados centrales del país. La pesquisa comenzó el 30 de septiembre, cuando una comisión de ese cuerpo que participaba en un punto de control en el peaje de Guacara detuvo a tres personas que iban hacia Maracay por la autopista Regional del Centro. Al hacer el registro del automóvil que tripulaban encontraron un bolso con 400 cartuchos calibre 7.62 mm, la mitad de los cuales podía ser usado por fusiles AK103 y el resto por los viejos FAL. Al continuar las pesquisas fue detenido en la capital aragueña un agente de la policía judicial, que supuestamente iba a recibir estas municiones.

*El déficit de talentos no solo afecta a agencias de inteligencia de prestigio como el MI6 inglés o la CIA estadounidense. En Venezuela, la Dirección de Contrainteligencia Militar divulgó en octubre una convocatoria para reclutar nuevos agentes con grado de técnico superior universitario que quieran participar en la “defensa integral de la patria”. Los interesados deben descargar y llenar una planilla y anexar 18 recaudos. Llama la atención que ya no se pregunte por el credo religioso de los aspirantes, pero sí por la filiación política. Desde luego, en la actual circunstancia todo lo que no sea “revolucionario” quedará excluido del cuerpo de inteligencia con sede en Boleita, sin derecho a pataleo.

*Con la agudización de la crisis política, a partir del 24 de octubre fueron activadas todas las redes de inteligencia en la Fuerza Armada Nacional. En la Guardia Nacional, los jefes de algunas unidades instruyeron por escrito a sus subalternos para que informen vía chats sobre cualquier novedad en curso. Esto a pesar de la instrucción impartida a inicios de este año por el titular de Defensa Vladimir Padrino, en el sentido de que la utilización de tales herramientas estaba prohibida, debido a que la información transmitida en estas redes siempre termina en los teléfonos de personas que no están con el régimen.

*La ausencia de policías preventivos en las calles de las principales ciudades del país se ha agudizado durante los últimos meses. Varios factores se han unido para ocasionar esta situación. No sólo se han incrementado las renuncias por razones socioeconómicas. También ocurre que los agentes carecen de recursos para movilizarse, y deben permanecer en sus estaciones. Hay policías en Distrito Capital que sólo disponen de un tercio de la flota de motos y camionetas, con respecto a lo que tenían en 2013. En la Policía Nacional ya es práctica común que los agentes rasos paguen con sus propios recursos las reparaciones y el mantenimiento de las motos que les asignaron. Ahora, en esa misma institución advierten que durante los meses de noviembre y diciembre saldrían de vacaciones grandes contingentes de oficiales, debido al cumplimiento de sus ciclos anuales. Esto obligará al gobierno central a acudir nuevamente a la Guardia Nacional y a restar policías de servicios y zonas que considera menos prioritarios, para enviarlos al municipio Libertador. Los residentes de Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo padecerán las consecuencias.