Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de
Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la
recopilación de inteligencia en materia criminal
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de
las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente
tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación
Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó
a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se realizó la primera OLP
en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron
cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de
la ley. En la del pasado 23 de enero hubo tres fallecidos. Claro está, entre
ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905.
Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde
enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos
más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la
¨neutralización” de determinados individuos o conglomerados que operan en esos
sectores, ya sea por la muerte o por la detención de sus integrantes. En la
Policía Nacional las llaman ¨operaciones de saturación¨, puesto que las calles
de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar
a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.
Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las
experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de
un interés deliberado por engañar a la gente. Entre unas y otras hay parecidos.
En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron
operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en
Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho,
por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía
Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los
criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y
reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y a
la vez son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde
luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas,
lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio. Por lo
tanto la finalidad de las operaciones en otras partes del mundo no es la
eliminación física de los líderes o miembros de las bandas sino la retoma del territorio
por parte del Estado.
Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.
La reformulación de estas operaciones fue decidida ante
las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que
advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la ¨base de
sustentación política¨ del chavismo-madurismo.
Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado
relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en
2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general
Miguel Rodríguez Torres, quien luego incorporó un sistema de patrullajes por
circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.
El gran problema con este sistema, según me comentó el
actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en
Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este
déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el
total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un ¨estado mayor¨.
Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los
circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y
motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están
inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La
situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de
su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido
ya que algunos vehículos sean ¨canibalizados¨, es decir, despojados de las
piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.
También está el problema del llamado ¨pie de fuerza¨ de
los cuerpos de seguridad. En la Gran Caracas solamente son necesarios unos 36.000
policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes
que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en
comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de
detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus
cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como
parceleros o custodios de pequeños comercios, léase abastos o panaderías.
Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria
Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la
incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000
nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada
Nacional; 3) el Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que
actúen como ¨patriotas cooperantes¨ y apoyen en determinadas operaciones.
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Patria Segura II: más politización |
Sobre el último punto hay que señalar que la
participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya
venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana. Para esto se tomaban en consideración las
disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos
Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida,
Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos
colectivos de ¨inteligencia popular¨ participan en operativos de control a
transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales
del año pasado.
Todas estas decisiones acentuarán la politización de la
actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena
parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población
en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la
ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos
profundamente ideologizados.
Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria
Segura.
Breves
*La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el
9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible
denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio
del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se
produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del
destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido
imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía
disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en
libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue
el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias
balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos
desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un
oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de
brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.
*La Policía Nacional adelanta un plan para el ¨rescate de
la imagen¨ de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso
sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que
la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las
evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con
mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos
y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia
las comunidades. En el primero se intentará incrementar el ¨sentido de
pertenencia¨ y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas
historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un
comité escogerá al ¨héroe del mes¨. Hacia afuera la cuestión es más complicada.
El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de
efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un
monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general
opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que ¨los
funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución¨.
*El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a
cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país,
que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital.
Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido
afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto
genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún
familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso
julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad
violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de
28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así
como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues
la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo
tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país
debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por
el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión
Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función
Policial.
*En la medida en que avanza la disolución del Estado
venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por
agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes
bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de
beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de
Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de
dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y
para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El
primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden
hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del
kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió
con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de
garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los
aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto
encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números
telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades. Pero los robos continuaron y el colectivo no
dio respuesta, así que la removieron.
*El diputado Guillermo Palacios consignó una serie de documentos
ante la subcomisión especial del Parlamento que investiga el caso de Franqui
Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los sobrinos de la Primera Dama Cilia
Flores condenados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para
traficar drogas a los Estados Unidos. Según
el parlamentario, los documentos se refieren a las contrataciones que supuestamente
ha obtenido la compañía Coinspectra, propietaria del jet que llevó a los sobrinos
a la cita en Puerto Príncipe (Haití), en septiembre de 2015, cuando fueron
detenidos por la policía local y entregados a agentes de la Administración para
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Palacios indicó que esta
constructora ha sido la beneficiaria de numerosos contratos para la
reconstrucción de internados judiciales en el país, supuestamente entregados
por decisión de la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela. El
diputado dijo que el jet fue recuperado luego de un embargo, y que por esta razón
fue puesto a nombre de una empresa homónima de la venezolana, inscrita en
Norteamérica. Para Palacios no es casual que esa aeronave haya llevado a los
sobrinos hasta la isla, en la que ultimarían detalles sobre el traslado de un
alijo de 800 kilos de cocaína, pues al parecer existe un nudo de relaciones entre
los propietarios de la empresa y el entorno presidencial. “Estos jóvenes no actuaban
solos. Gozaban de apoyo para obtener prebendas”, dijo en referencia a Flores y
Campo. Los documentos correspondientes fueron entregados al diputado José Luis
Pirela, quien preside el grupo parlamentario que investiga este caso.
*Esta semana fue presentado ante un tribunal militar de
control en Caracas el general de brigada retirado de la Guardia Nacional Ramón Lozada
Saavedra. Le imputaron instigación a la rebelión militar, entre otros delitos.
Su detención fue practicada por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia
Militar poco después del nuevo encarcelamiento del exministro de la Defensa
general en jefe Raúl Baduel. Entre ambos oficiales existe una vieja amistad.
Lozada es el mismo militar que fue víctima de un extraño secuestro en noviembre
de 2013. En aquella oportunidad fue interceptado cuando circulaba en su vehículo
particular por Montalbán. El oficial retirado de 57 años de edad apareció ileso
en Apure dos semanas después. Sus familiares aseguraron entonces que no pagaron
rescate.
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