Un año de masacres

Si algo distinguió a la violencia de 2016 fue la sucesión de hechos con múltiples víctimas, en algunos casos a manos de funcionarios de cuerpos policiales o militares

@javiermayorca

En Venezuela no existe una definición legal de masacre. Sin embargo, cuando uno revisa lo sucedido en 2016 se percata de que fueron reiterativas las muertes de personas en conglomerados en diversas partes del país.

El Manual de clasificación de delitos (1995) del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, es decir, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros. Esto no quiere decir que todas las víctimas tienen que estar reunidas en un mismo sitio de suceso. Pero al menos deben existir proximidades temporal y geográfica entre los fallecidos. Según esta categorización, existen las masacres clásicas, las familiares y los llamados asesinatos en sucesión, en los que una persona o grupo van matando en una o más locaciones.

Venezuela recorre desde hace tiempo por un proceso de colectivización de la criminalidad violenta. Primero fueron los asaltos masivos, en transportes colectivos como buses o vagones del Metro, en salas de cine o viviendas (incluso varios apartamentos de una misma edificación), y los robos de varios vehículos en un mismo estacionamiento. Luego vinieron los secuestros llamados carrousel, una marca registrada en 2005 por la banda Los Invisibles que posteriormente se extendió a otras organizaciones criminales hasta el día de hoy. Y desde luego tarde o temprano llegarían los homicidios de grupos enteros.

Antes las masacres eran esporádicas y ocasionaban escándalo público. Por ejemplo, la de El Amparo en el estado Apure, en la que catorce personas murieron debido a la acción de funcionarios adscritos al extinto Comando Específico José Antonio Páez (octubre de 1988), ameritó una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en un caso de estudio.

Aunque la definición de masacre ya referida no lo indica de manera explícita, se supone que en todo hecho de esta naturaleza las víctimas están en condición de minusvalía con respecto a sus victimarios. No están armadas o fueron reducidas antes de que fuesen ultimadas. De no ser así, entraríamos en casos de muertes por legítima defensa. Como vemos, una de las condiciones necesarias para determinar la existencia de una masacre es la ilegalidad de la acción de los victimarios.

Tumeremo: el escándalo rompió el silencio

En 2016 contamos tres grandes masacres: la de Tumeremo (Bolívar), la de Cariaco (Sucre) y la de Barlovento (Miranda). Estos tres sucesos totalizaron 31 muertes, aunque todavía se dice que el número de víctimas en los casos de Bolívar y Miranda podría ser mayor.

En los dos últimos casos, los perpetradores eran funcionarios activos de componentes militares incorporados por decisión explícita del Ejecutivo a los planes de seguridad. En el caso de Barlovento, la matanza se desarrolló en el marco de una operación Liberación del Pueblo. Este es un aspecto que eventualmente podría llamar la atención de los organismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.

En los tres casos, además, intervinieron las bandas criminales como una justificación o una causa eficiente de las matanzas. Ya en este mismo espacio habíamos advertido que estas estructuras delictivas se habían instalado como parte del panorama de seguridad ciudadana, esencialmente por las decisiones erráticas y a menudo contradictorias tomadas por el Ejecutivo a partir de 2013, con el inicio del programa de las “zonas de paz”.

Pero también alertamos que en muchas oportunidades las acciones y mensajes atribuidos a estas bandas serían tomados como pretexto para emprender tácticas de “mano dura”, que a la postre han convertido a los cuerpos de seguridad en importantes factores de la violencia criminal en todo el país.

El Observatorio Venezolano de la Violencia señaló que durante 2016 ocurrieron en promedio 22 masacres mensuales en todo el país. Pero la institución dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León elaboró este cálculo sobre la base de las muertes de 3 o más personas reportadas a las distintas universidades que participan en la evaluación periódica de los homicidios. Si se toma como referencia la definición del FBI y se cruza con datos del Ministerio de Relaciones Interiores conocidos extraoficialmente el promedio mensual de masacres en el país fue siete. El último caso conocido ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando un supuesto “cambio de gobierno” en el seno de una banda criminal que opera en el sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy dejó seis muertos. Sobre este caso, por cierto, no se ha producido ningún anuncio de la Fiscalía.

Un aspecto interesante es que las instituciones del Estado parecieran tener hacia las masacres la misma actitud omisiva y negligente que muestran con respecto a las muertes individuales. Evidencia de esto es que dos de los tres casos más sonados de 2016 (Tumeremo y Barlovento) fueron investigados una vez que los deudos hicieron pronunciamientos que sensibilizaron a la opinión pública. Aun así, en el caso de Bolívar se debe recordar que hasta último momento el Gobernador de la entidad intentó desvirtuar las denuncias, colocando la carga de la prueba sobre los individuos y no sobre los cuerpos del Estado que debían iniciar las pesquisas. Esto abrió un lapso que fue aprovechado por los perpetradores para ocultar evidencias y abandonar el sitio del suceso.

Breves

*El ciberespacio será uno de los ámbitos de conflicto entre los periodistas independientes y el actual régimen venezolano. Hay en el Gobierno la convicción de que se deben ejercer mayores controles sobre lo que se divulga a través de internet, así como también incrementar los riesgos legales derivados de la divulgación de informaciones incorrectas o falsas. Y es que, ante la censura que prevalece en los medios convencionales, el público ha migrado en masa hacia los medios web. Esto incluye también a los oficialistas. Para incrementar las presiones no será necesaria la elaboración de nuevas leyes sino una aplicación de las disposiciones sobre terrorismo existentes en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Ya el director general de Conatel Andrés Eloy Méndez así como otros voceros del régimen han adelantado los escenarios. También se ha ensayado con la inducción al error mediante la divulgación de informaciones falsas a través de redes de mensajería, con la finalidad de que sean avaladas y difundidas por algún medio, para luego aplicar sanciones ejemplarizantes. Mucho de esto se ha intentado en el ámbito de los sucesos. El último consistió en la “filtración” de una foto que supuestamente era de un grupo de comerciantes chinos que, según el chisme, fueron víctimas fatales de las hordas que saquearon Ciudad Bolívar. La gráfica en realidad fue tomada durante una protesta contra la inseguridad en Brasil.

*Las extorsiones cometidas por agentes de cuerpos de seguridad llegaron en diciembre a niveles insospechados. Hubo denuncias de todo tipo: desde comerciantes que fueron emboscados por agentes de la Policía Nacional cuando se disponían a cerrar la venta de algún bien ofrecido a través de páginas web hasta funcionarios que se presentaron en consultorios para exigir cuantiosos pagos a cambio de no instruir expedientes por mal praxis médica. Esto sucede en medio de un proceso de supuesta refundación de la institución pionera del “nuevo modelo policial”. Un proceso que hasta ahora no ha rendido los frutos previstos y que aparentemente se hundirá en el mar de la burocracia, tal y como sucedió con la “revolución policial” que alguna vez fue asignada por Maduro al entonces diputado Freddy Bernal.

*El 16 de diciembre, el International Crisis Group publicó un reporte en el que advierte, como han hecho otras entidades, sobre la delicada situación política y de orden público que atravesará Venezuela en 2017. Un extracto: “Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el Gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.”

*Uno de los delitos que mayor repunte tuvo en el país fue el secuestro. Para el momento de escribir esta entrega todavía los cuerpos de seguridad no tenían una cifra consolidada sobre los casos reportados en todo el país. Pero definitivamente Aragua fue una de las regiones donde las bandas arremetieron con más fuerza, demostrando además un creciente nivel de organización. En noviembre, por ejemplo, un estudiante de 20 años de edad fue plagiado en San Mateo, y una vez cancelado el rescate fue liberado en Plaza Venezuela. Esto sugiere incluso que las organizaciones de la capital pudieron entablar acuerdos o alianzas con elementos que operan en el centro del país. Cuando faltaban diez días para finalizar 2016 los secuestros en Aragua se habían incrementado en 71% con respecto a todo el período anterior.

*El Ejecutivo y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de un proyecto para ejercer un mayor control sobre la información relativa a la criminalidad del país. La iniciativa es denominada Sistema de Consulta de Datos. Hay aspectos loables, como por ejemplo abrir las posibilidades de un intercambio de datos más fluido entre los componentes civiles y militares que participan en tareas de policía, con la Fiscalía como eje pivotante de la información. De otra parte, las filtraciones de información serán tratadas como delitos de “traición a la patria”. Los analistas y operadores del sistema deberán firmar una caución en la que se comprometen a guardar la confidencialidad sobre los datos manejados aún después de haber cesado en esas funciones.