Si algo distinguió a la
violencia de 2016 fue la sucesión de hechos con múltiples víctimas, en algunos
casos a manos de funcionarios de cuerpos policiales o militares
@javiermayorca
En Venezuela no existe una
definición legal de masacre. Sin embargo, cuando uno revisa lo sucedido en 2016
se percata de que fueron reiterativas las muertes de personas en conglomerados
en diversas partes del país.
El Manual de clasificación de delitos (1995) del Buró Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como
homicidios masivos, es decir, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas
por las acciones ilegales de terceros. Esto no quiere decir que todas las
víctimas tienen que estar reunidas en un mismo sitio de suceso. Pero al menos
deben existir proximidades temporal y geográfica entre los fallecidos. Según
esta categorización, existen las masacres clásicas, las familiares y los
llamados asesinatos en sucesión, en los que una persona o grupo van matando en una
o más locaciones.
Venezuela recorre desde hace
tiempo por un proceso de colectivización de la criminalidad violenta. Primero
fueron los asaltos masivos, en transportes colectivos como buses o vagones del Metro,
en salas de cine o viviendas (incluso varios apartamentos de una misma
edificación), y los robos de varios vehículos en un mismo estacionamiento.
Luego vinieron los secuestros llamados carrousel,
una marca registrada en 2005 por la banda Los Invisibles que posteriormente
se extendió a otras organizaciones criminales hasta el día de hoy. Y desde
luego tarde o temprano llegarían los homicidios de grupos enteros.
Antes las masacres eran
esporádicas y ocasionaban escándalo público. Por ejemplo, la de El Amparo en el
estado Apure, en la que catorce personas murieron debido a la acción de
funcionarios adscritos al extinto Comando Específico José Antonio Páez (octubre
de 1988), ameritó una condena al Estado venezolano por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en un caso de estudio.
Aunque la definición de masacre
ya referida no lo indica de manera explícita, se supone que en todo hecho de
esta naturaleza las víctimas están en condición de minusvalía con respecto a
sus victimarios. No están armadas o fueron reducidas antes de que fuesen
ultimadas. De no ser así, entraríamos en casos de muertes por legítima defensa.
Como vemos, una de las condiciones necesarias para determinar la existencia de
una masacre es la ilegalidad de la acción de los victimarios.
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Tumeremo: el escándalo rompió el silencio |
En 2016 contamos tres grandes
masacres: la de Tumeremo (Bolívar), la de Cariaco (Sucre) y la de Barlovento
(Miranda). Estos tres sucesos totalizaron 31 muertes, aunque todavía se dice
que el número de víctimas en los casos de Bolívar y Miranda podría ser mayor.
En los dos últimos casos, los
perpetradores eran funcionarios activos de componentes militares incorporados
por decisión explícita del Ejecutivo a los planes de seguridad. En el caso de
Barlovento, la matanza se desarrolló en el marco de una operación Liberación
del Pueblo. Este es un aspecto que eventualmente podría llamar la atención de
los organismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
En los tres casos, además,
intervinieron las bandas criminales como una justificación o una causa
eficiente de las matanzas. Ya en este mismo espacio habíamos advertido que
estas estructuras delictivas se habían instalado como parte del panorama de
seguridad ciudadana, esencialmente por las decisiones erráticas y a menudo
contradictorias tomadas por el Ejecutivo a partir de 2013, con el inicio del
programa de las “zonas de paz”.
Pero también alertamos que en
muchas oportunidades las acciones y mensajes atribuidos a estas bandas serían
tomados como pretexto para emprender tácticas de “mano dura”, que a la postre han
convertido a los cuerpos de seguridad en importantes factores de la violencia
criminal en todo el país.
El Observatorio Venezolano de
la Violencia señaló que durante 2016 ocurrieron en promedio 22 masacres
mensuales en todo el país. Pero la institución dirigida por el sociólogo
Roberto Briceño León elaboró este cálculo sobre la base de las muertes de 3 o
más personas reportadas a las distintas universidades que participan en la
evaluación periódica de los homicidios. Si se toma como referencia la definición
del FBI y se cruza con datos del Ministerio de Relaciones Interiores conocidos
extraoficialmente el promedio mensual de masacres en el país fue siete. El
último caso conocido ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada
del 1 de enero, cuando un supuesto “cambio de gobierno” en el seno de una banda
criminal que opera en el sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy dejó seis
muertos. Sobre este caso, por cierto, no se ha producido ningún anuncio de la Fiscalía.
Un aspecto interesante es que
las instituciones del Estado parecieran tener hacia las masacres la misma
actitud omisiva y negligente que muestran con respecto a las muertes
individuales. Evidencia de esto es que dos de los tres casos más sonados de
2016 (Tumeremo y Barlovento) fueron investigados una vez que los deudos
hicieron pronunciamientos que sensibilizaron a la opinión pública. Aun así, en
el caso de Bolívar se debe recordar que hasta último momento el Gobernador de
la entidad intentó desvirtuar las denuncias, colocando la carga de la prueba
sobre los individuos y no sobre los cuerpos del Estado que debían iniciar las
pesquisas. Esto abrió un lapso que fue aprovechado por los perpetradores para
ocultar evidencias y abandonar el sitio del suceso.
Breves
*El ciberespacio será uno de
los ámbitos de conflicto entre los periodistas independientes y el actual
régimen venezolano. Hay en el Gobierno la convicción de que se deben ejercer
mayores controles sobre lo que se divulga a través de internet, así como
también incrementar los riesgos legales derivados de la divulgación de
informaciones incorrectas o falsas. Y es que, ante la censura que prevalece en
los medios convencionales, el público ha migrado en masa hacia los medios web.
Esto incluye también a los oficialistas. Para incrementar las presiones no será
necesaria la elaboración de nuevas leyes sino una aplicación de las
disposiciones sobre terrorismo existentes en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Ya el director general de
Conatel Andrés Eloy Méndez así como otros voceros del régimen han adelantado los
escenarios. También se ha ensayado con la inducción al error mediante la
divulgación de informaciones falsas a través de redes de mensajería, con la
finalidad de que sean avaladas y difundidas por algún medio, para luego aplicar
sanciones ejemplarizantes. Mucho de esto se ha intentado en el ámbito de los
sucesos. El último consistió en la “filtración” de una foto que supuestamente
era de un grupo de comerciantes chinos que, según el chisme, fueron víctimas fatales
de las hordas que saquearon Ciudad Bolívar. La gráfica en realidad fue tomada
durante una protesta contra la inseguridad en Brasil.
*Las extorsiones cometidas por
agentes de cuerpos de seguridad llegaron en diciembre a niveles insospechados.
Hubo denuncias de todo tipo: desde comerciantes que fueron emboscados por
agentes de la Policía Nacional cuando se disponían a cerrar la venta de algún
bien ofrecido a través de páginas web hasta funcionarios que se presentaron en
consultorios para exigir cuantiosos pagos a cambio de no instruir expedientes
por mal praxis médica. Esto sucede en medio de un proceso de supuesta
refundación de la institución pionera del “nuevo modelo policial”. Un proceso
que hasta ahora no ha rendido los frutos previstos y que aparentemente se
hundirá en el mar de la burocracia, tal y como sucedió con la “revolución
policial” que alguna vez fue asignada por Maduro al entonces diputado Freddy
Bernal.
*El 16 de diciembre, el
International Crisis Group publicó un reporte en el que advierte, como han
hecho otras entidades, sobre la delicada situación política y de orden público
que atravesará Venezuela en 2017. Un extracto: “Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender
elecciones, el Gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque
ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo
ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por
medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su
democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con
mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto
de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible,
podría provocar una grave inestabilidad y violencia.”
*Uno
de los delitos que mayor repunte tuvo en el país fue el secuestro. Para el momento de escribir esta entrega todavía los
cuerpos de seguridad no tenían una cifra consolidada sobre los casos reportados
en todo el país. Pero definitivamente Aragua
fue una de las regiones donde las bandas arremetieron con más fuerza, demostrando además un creciente nivel de organización. En noviembre, por ejemplo, un estudiante de 20 años de edad fue plagiado en San
Mateo, y una vez cancelado el rescate fue liberado en Plaza
Venezuela. Esto sugiere incluso que las organizaciones de la capital pudieron
entablar acuerdos o alianzas con elementos que operan en el centro del país. Cuando faltaban diez días para finalizar 2016 los
secuestros en Aragua se habían incrementado en 71% con respecto a todo el
período anterior.
*El
Ejecutivo y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de un proyecto para
ejercer un mayor control sobre la información relativa a la criminalidad del país. La iniciativa es denominada Sistema de Consulta de Datos. Hay aspectos loables, como por ejemplo abrir las posibilidades de un
intercambio de datos más fluido entre los componentes civiles y militares que
participan en tareas de policía, con la
Fiscalía como eje pivotante de la información.
De otra parte, las filtraciones de información serán tratadas como
delitos de “traición a la patria”. Los analistas y operadores del sistema
deberán firmar una caución en la que se comprometen a guardar la
confidencialidad sobre los datos manejados aún después de haber cesado en esas funciones.
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