Los últimos anuncios presidenciales, unidos a
otros datos no tan conocidos, ponen de manifiesto la realidad de un Gobierno
que ya no cuenta con la institución militar
@javiermayorca
El lunes 17 de abril, el presidente Nicolás
Maduro anunció en un acto con integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana
que entregaría medio millón de fusiles con la finalidad de que los soldados de
ese componente puedan “defender su barrio, su estado, las
costas, los ríos, la selva y las ciudades”, de lo que describió como “las
agresiones imperialistas”.
La realidad está
allí: a dos días de la marcha opositora del miércoles 19 de abril, el jefe del
Estado se vio obligado a poner la vista en las filas de unas turbas con nulo
entrenamiento, sin convicción ni disciplina, armadas con fusiles FN
descontinuados para que salgan a las calles a defender a su gobierno.
Es el mismo
Presidente que una semana atrás tuvo que salir de emergencia del estado
Bolívar, cubierto por el paraguas de la Guardia de Honor para protegerse de una lluvia de
huevos, tomates e insultos.
La figura de un
mandatario disminuido y con claros visos autoritarios también es desaprobada
por la mayoría de las fuerzas militares regulares. Por eso Maduro se ve
obligado a exigir la lealtad de los milicianos, definidos precisamente como
“pueblo en armas”.
En el Ejecutivo hay
la sospecha de que, a la hora de las chiquitas, las tropas profesionales y la
oficialidad le darán la espalda a Maduro. Ya lo sugirió el general retirado
Clíver Alcalá en una entrevista para el rotativo español ABC.
Es posible que
amanezca el jueves y Maduro siga en el poder. Sin embargo, ese día el
mandatario deberá afrontar la realidad de una institución militar menguada y
poco ganada para sus propósitos.
Esta no es una
situación nueva. Pero no es del conocimiento general. El primer indicio al
respecto surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el
generalato la Guía de Planeamiento del año 2017. En el
lineamiento 12, el titular de Defensa instruyó a los jefes de unidades para que
cumplan con las cuotas de selección de personal, diseñen políticas “para
incentivar la permanencia en la
FANB y la MB ,
atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del
personal militar”. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos
disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas
a efectivos de tropa profesional.
Posteriormente han
surgido nuevas pistas del deslave en la FAN.
El 11 de abril, la Región Estratégicas
de Defensa Integral de Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la
ejecución del plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y
preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden
público. La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería
insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende
habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército,
así como sus equivalentes en la
Armada y la
Aviación.
Y todavía esto no
es suficiente. Las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel”
por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. Ya ni siquiera
salen a buscarlos. Simplemente se hace una notificación administrativa y otra judicial.
Hay unidades en Vargas, por ejemplo, que ven mermadas sus filas hasta en 40%
como consecuencia de esta situación.
Para evitar sorpresas,
el lunes 17 de abril enviaron a grupos de orden público de la GN la notificación sobre la
restricción de los permisos “y mantener el máximo personal disponible”. Esta
fuerza eventualmente tendría que incorporarse en apoyo “a labores de
inteligencia”.
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Los tenientes del Ejército se pronuncian |
Lo que hay en la FAN no es suficiente para el
Gobierno. Y cada vez con más frecuencia va contra los propósitos de la
“revolución”. Hay que poner atención en los expedientes que está instruyendo la Dirección de
Contrainteligencia Militar. Desde marzo están siendo ventilados ante los
juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales
activos del Ejército, la fuerza clave en el soporte al actual proceso político.
Ya no son generales o coroneles, como se decía en los días del llamado Golpe
Azul. Ahora son oficiales subalternos. El último caso involucra a más de
veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión
militar y traición a la
Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado
el general de brigada retirado Angel Vivas. Tres de los señalados habrían
desertado, e incluso se investiga si salieron a Colombia. Los demás permanecen
recluidos en la cárcel de Ramo Verde.
PS: luego de la publicación de las primeras
versiones de esta columna, en Tal Cual y Runrunes, trascendió el ataque a tiros
contra la residencia presidencial La Viñeta, que involucra a tres oficiales
subalternos de la Armada. Sobre este caso hay dos hipótesis. La primera,
filtrada de manera oficiosa, es que estos militares se emborracharon y no
encontraron mejor forma de canalizar sus frustraciones que emprendiéndola a
tiros contra la referida instalación. La otra es que esto se trata de un aviso
al Ejecutivo. Como quiera que sea, ambas versiones dicen mucho sobre el
deterioro de la imagen presidencial en el seno de la FANB.
Breves
*Luego de la “madre de las marchas”, el 19 de
abril, las protestas continuaron en distintas partes del país. En la avenida
Perimetral de San Antonio de los Altos hubo un tiroteo en el que mataron al
sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Neomar San Clemente Barrios
e hirieron al jefe de Estado Mayor de la Área de Defensa Integral 444 de
Miranda, coronel (GN) Juan Carlos Arias. Del cadáver de San Clemente fue
extraído un proyectil. La comparación balística mediante programas informáticos efectuada por la
policía judicial determinó que había salido de un arma que aparecía decomisada por agentes de la Policía del Municipio Sucre durante un
procedimiento llevado a cabo el 9 de marzo de 2016. Es una pistola Steyr calibre
9 mm serial 022629. El registro correspondiente como arma incriminada fue hecho
por Cicpc el 31 de marzo de ese mismo año. El 7 de junio, la pistola fue
remitida con constancia escrita a la Zona de Defensa Integral Miranda, donde se
supone que la FAN debía custodiarla y tenerla a las órdenes del Ministerio Público, pues
se trata de un arma señalada en un expediente penal. Ahora, la
pistola está de nuevo en la calle, y sus primeras víctimas son precisamente los
militares.
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Los blindados del Conas |
*El director del Comando Nacional Antiextorsión
y Secuestros de la Guardia Nacional general de brigada Ramón Pimentel Avilán prohibió a
los efectivos de esa unidad el uso de vehículos VN4 para el traslado de los
efectivos de esa unidad militar a los sitios donde deban participar en operaciones
para el restablecimiento del orden interno. Los integrantes del Conas han
tenido que desviar sus esfuerzos de la lucha antisecuestros para hacer “inteligencia”
sobre las manifestaciones, y remitir informes sobre quiénes son sus líderes y
las personas que los apoyan. Los VN4, tal y como se ve en la foto, son
blindados para uso táctico, y en el caso del Conas no están configurados para
afrontar manifestaciones, por lo que el riesgo de perderlos es muy elevado.
*El Ministerio de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz adelanta la adquisición de 22 aeronaves no tripuladas o drones
con la supuesta finalidad de complementar los trabajos de vigilancia en
seguridad ciudadana para el Distrito Capital. La planificación correspondiente
indica que estos aparatos solo serán usados en el municipio Liberador, a razón
de uno por cada parroquia. Cada dron deberá tener en tierra un personal
especializado en su manejo, así como también en la lectura de las imágenes que
arrojen las cámaras y, desde luego, en el mantenimiento. Los municipios
mirandinos de la capital (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) quedaron
excluidos de esta planificación.
*Ante el incremento de la conflictividad
política, el jefe del Estado activó en Miraflores un Puesto de Comando
Presidencial. Allí convergen delegados o representantes de la Fuerza Armada Nacional, el MRI,
el Sebin y demás cuerpos de seguridad oficialistas, incluida la dirección de
Tránsito de la Policía Nacional.
La coordinación de este dispositivo es responsabilidad del titular de Defensa y
del Ceofanb Vladimir Padrino. La idea es lograr mayor fluidez y rapidez en la
transmisión y cumplimiento de las órdenes.
*La desmovilización de las FARC y la ocupación
de los espacios que antes dominaba este grupo por elementos del ELN y nuevas
bandas criminales (algunas compuestas por guerrilleros que se negaron a
entregar sus armas) sería uno de los factores que incide en el alza de los
homicidios en el estado Apure. En los primeros tres meses del año estos
crímenes han repuntado 70% con respecto al mismo período de 2016. También se
han incrementado las muertes por “resistencia a la autoridad” en 14%. Esto hace que Apure sea, en términos de
incremento porcentual, el estado más violento de Venezuela en la actualidad. Un
representante de los ganaderos de la zona indicó que a los antiguos miembros de
las FARC les pagaron una especie de liquidación. Ahora, al no tener el paraguas
de la guerrilla colombiana, supuestamente han formado nuevos grupos o se han
aliado a los elenos. Además, Apure sigue siendo el punto de despegue preferido
para los vuelos clandestinos que salen hacia los países de Centroamérica y el
Caribe, cargados con drogas. Los municipios más violentos han sido San
Fernando, Achaguas, Biruaca y Páez.
*La Policía
Nacional Bolivariana continúa en franco deterioro. El cuerpo
civil armado más importante del país da todos los días pruebas de la
incorporación de sus agentes al delito. Antes eran oficiales rasos, y los
expertos atribuían sus “desviaciones” a la escasa formación y problemas de
supervisión derivados del incremento explosivo en el pie de fuerza de la
institución. Ahora se ve a funcionarios del nivel más alto de la jerarquía de
ese cuerpo implicados en casos que indican a todas luces la existencia de
poderosas redes criminales. Los últimos ejemplos son claros: en Apure una
comisión del Ejército apresó el 6 de abril a diez oficiales de la PNB , 2 de Poliaragua, un
empleado de MinSalud y 2 civiles por estar incursos en el supuesto tráfico de
298 panelas de marihuana. Entre los implicados figura una supervisora agregada
y dos oficiales jefes. El lunes 17 de abril la GN apresó en Lara a cinco agentes que
supuestamente exigían Bs 1 millón a un comerciante para no implicarlo en un
expediente penal. Entre los detenidos está un supervisor agregado de 44 años de
edad. La reestructuración de este cuerpo, anunciada por el presidente Maduro,
hasta ahora no es más que un canto a la bandera.
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