Ya las tendencias están
claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se
incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o
salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones
@javiermayorca
Venezuela es en la actualidad
–por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto
político en la delincuencia.
Según la organización no
gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia
popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto
durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración,
poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las
diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido
el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta
nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas
ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto
político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El
doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado
en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales,
militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje
crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el
impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y
como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo
(Barinas).
Pero al margen de esta
situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles
e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una
circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas
prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la
integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las
manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los
lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente
probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de
seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se
incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de
las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por
trayectos más largos.
Por ende, hay más personas
con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para
los delincuentes.
Los principales escenarios de
las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos
cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras,
conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las
protestas hasta el 30 de abril.
En Chacao, principal
escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un
aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar,
aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la
última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara
vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia,
Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto
de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir
ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado
a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes,
hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son
un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe
ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los
riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones.
También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la
acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas
que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los
jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como
en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.
Breves
*La convocatoria a una
“constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta
asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la
Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación
para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de
una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo
en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de
la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución
vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada
y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría
“constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al
organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general
en jefe Alberto Muller Rojas.
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| Así lo vieron durante la búsqueda |
*Continúa el proceso de
remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de
diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota
faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien
fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo
entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el
suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que
también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros
murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento
ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de
carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero
perdió potencia y se fue a pique.
*En la carta dirigida por un
grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA
Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución
castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados
en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición
maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de
ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de
combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de
productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor
de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un
comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de
suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la
confección de los alimentos del personal militar y civil”.
*La imposición de sanciones a
ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento
del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba
en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de
sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese
país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los
Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos
suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista
OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en
Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck
El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el
caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el
mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes
de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se
pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La
respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados
en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados
quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no
podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto
de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista
OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las
posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.
*¿Cómo se pierden los
medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del
ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría
ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en
Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un
faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de
esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde
la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado
en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en
envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y
Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en
actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que
se asegura la carga no había sido violentado.
