Los peores temores del Gobierno se están concretando: la conflictividad se
adueña del Distrito Capital con protestas “endógenas”. El Ministerio de la
Defensa lo sabe y lo advierte
@javiermayorca
El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador
ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen
de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los
poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en
Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando
no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía
conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no
se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una
avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para
mantener una aparente “normalidad”.
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| La "normalidad" se rompió en Caracas |
La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que
dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió
tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de
grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del
día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al
Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te
dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre,
callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones
artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es
mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso
al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en
promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha
sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las
protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a
más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han
contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este
sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter
predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los
enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de
heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los
fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en
otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas,
fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana
detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a
participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se
lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de
junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la
región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales
aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho
castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo
reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes
humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en
cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la
sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.
Breves
*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el
incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos
establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de
guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En
2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de
zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente las
órdenes del general en jefe Vladimir Padrino no han sido cumplidas a cabalidad.
Por esta razón, se emitió una directriz para la conformación de equipos de
inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y
Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos
componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas
puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes
de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito
del Ejército a finales de 2016.
*El mayor general retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que
recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por
estar en desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente, forma parte de la
promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general
Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El
mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir
Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico
Operacional, que se graduó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han
sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional
Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de
Carabobo y posible candidato a la Constituyente, y el ex director de la
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López
Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y
comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo
enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía
de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber
plantado cara oportunamente ante el deterioro de la FANB.
*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios
Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el
principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes
militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en
especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo
de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por
cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado
Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016
sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no
tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de
transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los
antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los
guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército
de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos
predios.
*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún
cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición.
La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa
región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo
las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía
regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han
incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%),
las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje
militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder
de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada
localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general
(GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que
tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual
desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una
fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de
descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de
manejar cuerpos policiales.
*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio
Benavides Torres, ordenó esta semana que los efectivos de esa institución que
cumplan funciones de estafetas, es decir, mensajeros, tendrán que circular por
las calles del país vestidos de civil. Benavides está consciente del deterioro
de la imagen de la institución militar en general y de la GN en particular, y
teme que la población pueda emprender represalias contra los funcionarios que
lleven o traigan mensajes entre las unidades del componente castrense. Con el
incremento de la conflictividad política, otras unidades de la FANB han tomado
medidas similares, que regulaban el uso del uniforme cuando los oficiales y
tropas estaban francos de servicio, es decir, cuando recién finalizaban sus
labores o iban a recibir sus guardias. Ahora, incluso, se impide el uso del
uniforme en ciertas funciones inherentes al trabajo militar.
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| La droga sale del oriente venezolano |
*El 12 de junio, el Ministerio Público informó sobre la detención en el
estado Anzoátegui del colombiano Aison Manuel Blanco Berrio por supuestos
vínculos con el alijo de 1,2 toneladas de cocaína decomisado en una embarcación
de bandera venezolana, a 800 millas de Gran Canaria, el 4 de junio. Con el
hallazgo del alijo en el pesquero Petra fueron detenidos seis venezolanos. El nexo
entre los transportistas de la droga y Blanco Berrío supuestamente se
estableció luego de analizar los trámites relativos a la embarcación, que
anteriormente tenía otro nombre. Lo que llama la atención es que Blanco había
sido detenido junto a otra persona en mayo de 2016, en virtud de una
investigación llevada a cabo por la policía judicial en Anzoátegui, sobre el
uso de “materiales estratégicos” de la Misión Bario Nuevo Barrio Tricolor en la
construcción de dos galpones privados en Barcelona. Se desconoce cómo hizo
Blanco para salir bien librado de una pesquisa por el primer delito. Pero esto
sugiere la existencia de nexos entre uno de los supuestos orquestadores de este
alijo y el programa gubernamental. Según las autoridades españolas, además,
estos 1200 kilos de alcaloide fueron manejados por la misma organización que
envió 2,4 toneladas de droga en otra embarcación, incautada en costas de
Martinica y llevada a España en mayo.
