El ascenso de 140 oficiales al generalato
venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una
sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se
dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco
indio
@javiermayorca
En medio del desbarajuste ocasionado por las
protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140
oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la
Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de
conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de
la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido
por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido
profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de
Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público
en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos
durante las acciones de represión contra quienes han participado en
manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje,
tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su
disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales,
incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país.
Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual
gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda
de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro
de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este
proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de
generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares
que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del
punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera
(1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite
del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces
por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este
promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años
parecieran indicar otra cosa. Veamos.
Maduro definitivamente devaluó los grados más
importantes de la FANB. Cuando comenzó la era democrática, las fuerzas armadas
venezolanas solo tenían un general en jefe, Eleazar López Contreras. Un grado
concedido de forma honorífica a un oficial que fue presidente del país y
contribuyó a la transición hacia la democracia. La antigua legislación militar
establecía que este grado solo podía ser conferido por el Jefe del Estado,
previa aprobación mediante mayoría calificada del Poder Legislativo, a aquellos
profesionales de armas que hayan tenido “hechos de armas distinguidos” en
tiempo de guerra, y en tiempo de paz en “recompensa a méritos excepcionales y
especiales servicios a la Patria”.
En los últimos 18 años han otorgado el máximo
grado de la FAN a oficiales investigados por tráfico de drogas y corrupción, e
igualmente como simple retribución a la lealtad política. Chávez y Maduro
ascendían a esta posición a los militares que designaban para el Ministerio de
la Defensa.
De allí hacia abajo, la más absoluta
discrecionalidad en medio de una ausencia total de controles externos. Ahora, los
generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. En el caso de
Maduro, esto puede guardar relación con un interés de ganarse favores en la
cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura
con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales
favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la
década. Con respecto a 2016, este año fueron ascendidos a la cúspide militar
25% menos oficiales.
El exceso de generales ha fomentado la
militarización de la administración pública, en ámbitos como la gestión
económica, la salud y la educación. El último nombramiento que va en esta línea
fue el del general de división (GNB) José Pinto Gutiérrez para la rectoría de
la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se forman los
policías civiles de prevención e investigación.
Es posible que el presupuesto militar ya no dé
para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados
tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.
Breves
*1090 personas permanecen detenidas en locales
de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones,
muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El
cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas
administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio
que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía
antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo
custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público”
y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar
contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las
sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos
por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la
fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada
caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se
afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido
al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario
para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463
detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que
386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en
estos lugares.
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| Lamas también vendía perros |
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia
a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón.
Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016,
en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es
señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína.
Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales
activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de
extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios
de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre
abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que
sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto
para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para
evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo
venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado
gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air
que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental
norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos:
trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición
de perros, por los que tenía tanta afición que había inscrito una empresa para venderlos en el exterior. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir
al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una
reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será
enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.
*En 2016 el Gobierno no publicó cifras
definitivas sobre los decomisos de drogas. Ya en los años anteriores habían
omitido la divulgación detallada de tales cifras en la web de la Oficina
Nacional Antidrogas y en los informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahora fueron un paso más allá, y no
entregaron las estadísticas oficiales a los enlaces policiales y representantes
de organismos multilaterales que adelantaban algunos convenios de cooperación
en materia de prevención e interdicción contra las drogas ilegales. La falta de
transparencia llevada a este plano impide la continuidad de tales iniciativas,
pues no hay manera de medir si tienen éxito o si fueron cumplidas las metas
fijadas con antelación. Pero la cosa va más allá. El riesgo, indicó un enlace
policial, es que desde los despachos del propio Ejecutivo estén traficando con
los alijos que se supone han sido decomisados. El enfrentamiento con el
Ministerio Público deja a sus anchas a los cuerpos policiales dependientes del
Ejecutivo.
*Un informe elaborado por el American
Enterprise Institute, llamado Capos y
corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo
sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de
desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios
del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte,
hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse
al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en
especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental,
fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia
guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó
a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias
John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma
directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso
venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en
capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace
indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.
*Una de las localidades venezolanas que quizá
esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios
anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado
Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada.
Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana,
especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por
venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha
convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de
las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente
en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser
otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será
superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.
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| El jet se desintegró |
*Al momento de escribirse esta columna han
pasado doce días desde que se estrelló a unas 30 millas de Margarita el jet Gulfstream
siglas YV2896 adscrito al Sata y que era usado por personeros del Ejecutivo. A
pesar de la propaganda, lo cierto es que otra vez quedó en evidencia la
ausencia de operatividad del Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR). Hasta ahora
solo han sido recuperados dos cadáveres, y algunos trozos del avión que
quedaron flotando la tarde del 4 de julio. Días después ubicaron la llamada “caja
negra”, pero no la han recuperado. Los restos humanos, por cierto, fueron recuperados por pescadores que
llegaron rápidamente a las aguas donde flotaban, y los entregaron a los
militares que llegaron posteriormente. Faltan todavía siete cuerpos por encontrar. El siniestro fue presenciado por pilotos
de una línea comercial, quienes indicaron las coordenadas donde debían estar
las partes. Todo en medio de la mayor improvisación por parte de las autoridades, que militarizaron una actividad eminentemente civil. Esto hace recordar el
prolongado retardo en el hallazgo de los restos del helicóptero 0796 del
Ejército que cayó en Amazonas a finales del año pasado.
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