Cuando queda menos de un mes
para la elección de gobernadores, algunos candidatos podrían caer en la
tentación de abordar el tema de la delincuencia. La merma que reflejan las
estadísticas en robos y homicidios tienen una explicación: cuatro meses de
protestas
@javiermayorca
Falta menos de un mes para la
elección de gobernadores. En el breve lapso de campaña, es probable que algún
candidato quiera utilizar el tema de la criminalidad como punto de debate, ya
sea para criticar al gobierno central por lo que hizo o dejó de hacer, o
también para evaluar los resultados de alguna gestión regional.
El primer problema al
analizar este asunto es que el Gobierno puede mostrar cifras en baja en casi todas
las partes del país. La tentación propagandística está a la vuelta de la
esquina. Pero no estamos ante el logro de alguna política mágica. Este es
claramente uno de los resultados de las protestas que se llevaron a cabo entre
abril y julio.
Las manifestaciones
antigubernamentales actuaron en varios sentidos para ocasionar una merma en las
estadísticas oficiales de criminalidad. Por una parte, los bloqueos de calles, trancazos e incluso las acciones de
represión desmedida que se llevaron a cabo especialmente en las grandes
ciudades del país restaron oportunidades para tres de los delitos que el
Ejecutivo toma en cuenta en sus evaluaciones: el robo y el hurto de vehículos,
y el secuestro. Con una comunidad movilizada, una policía desplegada día y
noche y las calles y avenidas obstaculizadas se hacía muy complicado para los
delincuentes llegar o salir de los lugares donde podría encontrar a sus
víctimas.
![]() |
Las protestas mermaron la delincuencia |
En cuanto a los robos y
hurtos genéricos, en el primer trimestre del año la tendencia apuntaba a la superación
del número de casos denunciados en 2016. Pero luego sucedió algo interesante,
por lo menos en la capital: los robos aumentaban en los lugares donde ocurrían
las manifestaciones y disminuían levemente donde no las había. Además, uno
suponía que los asaltos denunciados ante la policía eran apenas una pequeña
fracción de la cifra real, puesto que las víctimas eran generalmente personas
desafectas al Gobierno, y por lo tanto no querían acudir a Cicpc –una
dependencia de Relaciones Interiores- para formular sus denuncias. Esta
desconfianza hacia los cuerpos policiales va en crecimiento.
Con el cese de las protestas,
los delitos retomaron el ritmo que se vio durante el primer trimestre del año.
En varios estados, los homicidios están repuntando de manera preocupante,
aunque todavía el total general no supere el de 2016. Aragua, por ejemplo,
ameritaría una reflexión especial. Pero es como si destaparan repentinamente
una olla de presión. Además, los policías y los militares han vuelto a matar
con la misma o mayor frecuencia que la del año anterior. La semana pasada hubo
35 homicidios en Libertador (12 de ellos a manos de funcionarios), mientras que
durante la precedente a esa hubo 28.
Como van las cosas, las
curvas se cruzarán nuevamente en cualquier momento, y 2017 cerrará con tantos o
más asaltos, homicidios y robos de vehículos que el año pasado. Y ya sabemos
cuál será la respuesta gubernamental.
Breves
*Luego de la penúltima prueba
misilística del régimen norcoreano de Kim Jong Un, el gobierno mexicano expulsó
a toda la representación diplomática del referido país. Posteriormente, el
embajador del régimen de Pyongiang en Lima, Perú, fue declarado persona no
grata, y sus días en la nación suramericana están contados. Es probable que
para el momento en que esta columna sea publicada ya el diplomático haya
abandonado ese territorio. Quedarán entonces solo tres representaciones
norcoreanas en las américas y el Caribe: Cuba, Brasil y Venezuela. Lo que el
gobierno de Nicolás Maduro pueda ganar en esta circunstancia al dar cobijo a la
diplomacia norcoreana es muy dudoso. Del otro lado, para los diplomáticos
pauperizados del país asiático estar aquí representa por lo menos una ventaja.
Desde 2015 se ha reportado en Perú y Brasil los decomisos ocasionales de cargamentos
de habanos que supuestamente son trasladados por personal diplomático
norcoreano para su venta posterior en los países donde trabajan. Los dólares
generados por este comercio son entregados a los embajadores para luego
contribuir en la financiación del régimen. Desde luego, algún incentivo se
queda en el camino para las mulas de los habanos. Ahora con seguridad pasarán
más seguido por Maiquetía.
*Las denuncias sobre
extorsiones y concusiones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar sugieren
que el problema se le escapó de las manos al Gobierno. Funcionarios de todas
las instituciones de alguna forma buscan sacar provecho de su posición en el
principal terminal aéreo del país. Empezaron con pequeñas cosas. Hace dos años
tuve la oportunidad de presenciar a un empleado de Migración que le pidió a un
pasajero el “favor” de que le comprara una botella de licor en las tiendas
libres de impuesto ubicadas en el área donde se retiran las maletas. Los hurtos
de equipajes, que según la propaganda gubernamental habían sido controlados gracias
a una pesquisa llevada a cabo por Cicpc en el terminal nacional, ahora son
moneda común tanto en esa parte como en el área de llegada de los vuelos
foráneos. Pero hay otros detalles que quizá no sean suficientemente conocidos.
Una de las razones por las que Avianca decidió cesar sus operaciones en
Venezuela –además de los asaltos al personal- tenía que ver con la calidad del
combustible que se estaba suministrando a los jets. Así lo indica la minuta de
una reunión en la que participaron representantes de la empresa y del Inac.
Esto también fue tomado en cuenta por los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas.
*Hay preocupación en la
Fuerza Armada por el alto índice de tropas que no desean permanecer en las
filas militares. Este problema había sido identificado en la Guía de
Planeamiento para 2017 emitida en enero por el titular de Defensa Vladimir Padrino.
Pero los jefes castrenses no han sido capaces de impedir este deslave. Un
informe elaborado por la Dirección de Personal de la Guardia Nacional revela
que durante la primera mitad de este año casi la mitad (49%) de la tropa
alistada ha solicitado la baja de forma extemporánea, lo que merma notablemente
la capacidad de la institución para cumplir con sus tareas. Este déficit se une
al desorden en el manejo del personal a ese nivel. Los efectivos son
transferidos, por ejemplo, para desempeñar trabajos de escolta sin que se haga
una notificación escrita a la superioridad de la zona. En virtud de esta
situación fueron suspendidos todos los licenciamientos, pues de lo contrario
será muy complicado cumplir con las actividades de la Operación República correspondientes
a la elección de gobernadores.
*Una de las tantas órdenes
impartidas por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y que no han sido
acatadas del todo, tiene que ver con la supervisión y el control de los parques
de armas en las unidades militares. Esta semana, nuevamente, el titular de
Fuerte Tiuna remitió a las distintas dependencias castrenses un recordatorio
sobre las medidas que deben ser aplicadas para el mejor control de estas
instalaciones. En julio, apenas días antes de la elección para la Asamblea
Constituyente, un oficial y dos sargentos de la Guardia Nacional fueron
aprehendidos cuando se detectó un supuesto desvío de las armas de la unidad
donde estaban emplazados, en el estado Apure. En agosto ocurrió el asalto a la
41 brigada blindada en Carabobo. En ambos casos, hubo participación activa de
los efectivos asignados al cuido de las armas.
*En sus informes internos, el
Gobierno admite lo que niega o invisibiliza ante la ciudadanía. En julio, por
ejemplo, el ministerio de Relaciones Interiores comenzó a evaluar un protocolo
de actuación para situaciones de secuestros. La justificación dada para
elaborar ese documento fue “el desmedido crecimiento de la delincuencia”. En el
caso específico de los secuestros, se reconoce que “afecta a diversos sectores
de la sociedad venezolana, incidiendo negativamente en la seguridad ciudadana,
la economía, el turismo y la construcción”. El diagnóstico preliminar establece
que Miranda ha sido el estado más impactado por esta actividad de delito
organizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario