Los hubo en Táchira, Amazonas y Bolívar. La propaganda oficialista
ensalzó a los cuerpos de seguridad que hicieron la “limpieza”. Pero luego no
los incorporaron a las estadísticas. Son muertos sin nombre, usados para elevar
el perfil del Ejecutivo en seguridad ciudadana
@javiermayorca
El 16 de agosto, un grupo militar y policial irrumpió en las instalaciones
del único retén de Puerto Ayacucho, en Amazonas. Según el director del Observatorio
Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, 37 reclusos fueron sometidos,
maniatados y llevado a una platabanda en la parte superior de la instalación.
Allí “los fusilaron”.
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| El retén de Puerto Ayacucho, hoy cerrado |
Desde entonces hasta ahora, el Gobierno no ha asumido que estas personas
fueron ultimadas por la acción de los cuerpos de seguridad. En Amazonas,
oficialmente, solo han muerto seis individuos por lo que llaman “resistencia a
la autoridad” durante todo el año. Si tomaran en cuenta este episodio, Amazonas
sería en la actualidad el estado con la tasa de homicidios más elevada del
país, superior a 85 por cada 100.000 habitantes.
Pensé que este detalle, indicado hace varias semanas por una fuente
ministerial, podría tratarse de un error. Pero casi simultáneamente era
reportado el deceso de otro grupo de personas en un nuevo enfrentamiento. Esta
vez, con efectivos del Ejército en un sector del municipio El Callao, estado
Bolívar. Según el Ministerio Público fueron ocho fallecidos, aunque la prensa
independiente llegó a señalar que fueron once. Todos ellos de una banda
liderada por alias Toto.
Pero estos muertos tampoco fueron incorporados a los partes
ministeriales. Simplemente fueron invisibilizados. Lo mismo sucedió con otros
seis fallecidos a manos del mismo componente militar en el municipio Ayacucho
del estado Táchira. La propaganda gubernamental aseguró que se trataba de
supuestos integrantes de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Pero esos
cadáveres, si alguna vez existieron, nunca fueron plenamente identificados ante
la comunidad. Mucho menos subieron a las estadísticas de violencia.
Así se han despachado por lo menos 53 muertes.
Para el Gobierno, el problema no es la violencia en sí misma, sino que
la gente la vea. Que pueda ser evaluada sobre la base de indicadores levantados
de manera transparente. Por el contrario, todos sus esfuerzos durante los
últimos meses han sido encaminados hacia dos objetivos: 1) sacar el tema del
debate público, y traerlo a colación solamente cuando pueda ser aprovechado
desde el punto de vista propagandístico, y 2) evitar la conexión entre los
reporteros que no están afiliados a ningún medio estatal y las víctimas o sus
allegados.
Este era un viejo objetivo del oficialismo. En 2006, cuando el capitán
retirado Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores, se planteó por
primera vez de manera abierta que el Gobierno tenía que modificar la
“percepción” pública sobre la inseguridad. En la lógica oficialista, eso desde
luego pasaba por impedir o regular de alguna forma el acceso a la información
sobre los delitos.
Desde entonces, fueron avanzando en ese objetivo. Quizá mucha gente no
lo sepa en la actualidad, pero este es uno de los propósitos de la
diversificación de las morgues en Distrito Capital. A Bello Monte solo está
llegando una pequeña porción de las víctimas de la violencia. Ahora, a una
persona la pueden asesinar en una urbanización del este de Caracas, y su caso
permanecerá en el más profundo silencio, a menos que haya una filtración desde
la policía o un esfuerzo de los deudos para lograr atención.
Los grandes perdedores con todo esto no son los periodistas sino la
ciudadanía en general, que progresivamente se ha visto despojada de una
herramienta esencial para tomar decisiones, como es la información.
Breves
*El cálculo inicial de sobornos supuestamente pagados por la
Constructora Odebrecht a funcionarios y operadores políticos venezolanos era de
98 millones de dólares. Esto colocaba a Venezuela en el segundo puesto en el
ránking de receptores de coimas de la referida empresa brasileña, solo superado
por el país donde la corporación nació y tiene su base central. Pero esta
situación podría cambiar si se confirman los cálculos de Transparencia
Venezuela. Según la directora de ese capítulo, Mercedes de Freitas, la cifra
real podría ser superior a los 600 millones de dólares. Según de Freitas,
Odebrecht llegó a operar como una empresa criminal, en el sentido de que
incorporó a su organigrama una oficina destinada exclusivamente a manejar los
pagos de sobornos a funcionarios clave en la asignación de contratos en el
exterior. La Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que antes de su destitución por
la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, ella logró sacar del país cúmulos
de información relacionados con este caso. La trama Odebrecht será con
seguridad uno de los expedientes a analizar por Ortega y los magistrados del
Tribunal Supremo que huyeron al exterior debido a la persecución policial.
*En medio de la ceguera colectiva, inducida desde el Ejecutivo, una
cadena transmitida por WhatsApp ocasionó pánico entre los propietarios de
inmuebles y temporadistas que acuden regularmente a las playas del municipio
Páez del estado Miranda. El texto anónimo decía que hay un promedio de cinco
secuestros diarios en esa zona y que prácticamente toda la población de la
capital Rio Chico se ha visto empujada al delito, debido al deterioro de la
situación económica. Realmente, en Rio Chico y sus alrededores los secuestros
han tenido un importante incremento (+130%), de acuerdo con fuentes policiales.
En los primeros nueve meses de 2016 fueron reportadas seis víctimas, mientras
que este año van catorce. Esto es lo denunciado a las autoridades, lo que hace
suponer que la cifra real debe ser mucho mayor, pero no tanto como para señalar
la frecuencia de cinco víctimas por día. Lo curioso, según me indican, es que
ninguno de los otros delitos violentos ha tenido aumentos. Esto hace suponer
que en ese sector de Barlovento están operando bandas de otros lugares, que van
para allá a capturar a sus víctimas. Otro municipio muy afectado por el embate
de las bandas es San José de Barlovento, donde ocurrió un ataque armado a la
estación de la policía judicial, precisamente, con la finalidad de liberar al
líder de una banda dedicada a los secuestros.
*El deterioro de los servicios públicos tiene en el imaginario
gubernamental un solo origen: los hurtos del llamado “material estratégico”. La
falta de actualización tecnológica y de mantenimiento no figuran entre las
causas de los altibajos en el servicio eléctrico y los apagones, las llamadas
“fallas masivas” en los servicios de internet, teléfono y televisión por cable.
Ciertamente, cada vez se reporta con más frecuencia la detención de personas
dedicadas al hurto de cableados de todo tipo, pero estos delincuentes siempre
han existido. Es decir, sus actividades no son suficientes para explicar en
profundidad el acelerado deterioro de los servicios. En todo caso, el Ejecutivo
–para variar- ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional la persecución de todas
aquellas personas que sean detectadas portando lo que se considere “material
estratégico”. En octubre se plantea ir un poco más allá, e iniciarán procesos
de fiscalización a las empresas chatarreras y a todo aquel que traslade algún
tipo de material ferroso.
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| El caso Air France: preguntas pendientes |
*La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia emitida
por la juez cuarta de juicio del mismo estado en torno al caso de tráfico de
1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. El 5 de octubre quedaron
definitivamente en libertad dieciséis de los veintisiete implicados, entre
ellos el teniente coronel Ernesto Mora, jefe de seguridad del aeropuerto de
Maiquetía para el momento en que se produjo la salida del alijo hacia París, en
septiembre de 2013. También quedó en esta misma condición Juan Chirinos,
gerente adjunto de la línea. La sentencia es la consecuencia directa de una
deficiente investigación por parte de los militares del Comando Antidrogas de
la Guardia Nacional y de tres fiscales del Ministerio Público, que solo dieron
elementos de juicio para sentenciar a los que hicieron el “trabajo sucio” en el
principal terminal aéreo del país. La Fiscalía –entonces comandada por Luisa
Ortega- no mostró interés real en llegar a la verdad profunda del mayor
escándalo por tráfico de drogas de los últimos años. En consecuencia, todavía quedan
gravitando las mismas preguntas que se hacían entonces: ¿cómo llegó este alijo
al aeropuerto? ¿quién lo financió? ¿cuáles eran los militares en lo más alto de
la cadena de mando que permitieron la participación, activa y omisiva, en este
tráfico? ¿por qué se comisionó a la Guardia Nacional para investigar este
escándalo, cuando era evidente desde el principio que su propia gente estaba
involucrada? ¿se investigó la desaparición en el país de un italiano en los
días posteriores al decomiso? ¿quiénes son los operadores de la camorra y la
mafia calabresa que cuadraron este envío en Venezuela? ¿quién los ofreció la “ruta
segura” a través de Maiquetía? Muchas de las respuestas que se buscan reposan
en el expediente judicial en Francia, pero no fueron remitidas a Venezuela pues
entonces, como ahora, no había confianza en el Ministerio Público y los
tribunales.
*Escribe un lector para alertar sobre un procedimiento aplicado para
asaltar a los viajeros internacionales del aeropuerto de Maiquetía. Se trata de
un procedimiento en el que los hampones aprovechan la ausencia de vigilancia en
las madrugadas, así como el desorden de ciertas líneas nacionales que ofrecen
vuelos a Miami. En este caso, las víctimas fueron pasajeros que se quedaron
varados, pues el vuelo cerró sin que ellos pudiesen hacer el chequeo. Esto les pasó
luego: “Se acercaron unos individuos con un carnet en el cuello, que siempre
tuvieron guardado. No se sabía quiénes
eran, pero daba la impresión que se hacían pasar por funcionarios de la
aerolínea. Algunos de los pasajeros bajados del vuelo se acercaron a conversar
con ellos, a ver cuál era su oferta. Entre ellos, un individuo que también
estaba en la cola del vuelo, con maleta y todo. En realidad, éste era cómplice
de los delincuentes y se hacía pasar por pasajero, presto para participar en el
teatro y estafa preparado por estos individuos (…) Luego se promesas de
conseguir cupo primero en ese vuelo, y luego en el de las 10:00 am de ese día,
llegó al terminal un individuo con una pinta muy extraña, y celular en mano
preguntó quienes estaban interesados en resolver su problema. Accedimos varios,
incluyendo al falso pasajero. Luego de hacer varias llamadas ficticias con
supuestos funcionarios de la línea, al final quedamos dos más el falso
pasajero, dispuestos a transarnos por una solución. Los tipos exigían $150 para
montarnos en el vuelo. El falso pasajero fue quien accedió primero. Yo también
me plegué. Nos pidió que entráramos al baño, porque en el terminal había muchas
cámaras, y entramos tres con el individuo. El falso pasajero abrió su cartera y
le entregó $150, el segundo pasajero accedió y yo al ver que era un vulgar
robo, opté por retirarme. A los pocos segundos desaparecieron todos y el
pasajero que pagó los $150 fue estafado”.
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