La Banca Privada de Andorra operó
como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como
Rusia, China y, desde luego, Venezuela
@javiermayorca
En torno a la Banca Privada de
Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito
de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el
gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.
El primer caso se hizo del
conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el
principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman
Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000
dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades
ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante
27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División
Antidrogas y luego director de Criminalística.
Puerta declaró en varias
oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra.
Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio
de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese
sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener
información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.
Ya entonces la Fiscalía señalaba
que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos,
Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro,
un año antes.
Todos los demás eran descritos
como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en
Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de
la sucursal que operaba en el país centroamericano.
A Puerta lo asociaron en ese
momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de
drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de
representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un
pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio
de Finanzas.
En el mismo grupo, otro con
antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un
pasaporte diplomático con la misma función que Gil.
Estos documentos fueron
consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y
enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas
venezolana.
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Un magneto para capitales sucios |
Pero las pesquisas fueron
engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a
cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción
con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar
fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei
Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces,
desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas
acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al
comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.
Días después aprehendieron en el
aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la
extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia
Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.
Nada más pudieron hacer los
fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente
de Andorra se habían esfumado.
En junio de este año, el juzgado
17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento
ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero
que inicialmente le atribuían.
Desde su prisión, el ex
funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un
lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas.
Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no
este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro
del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio
y la impunidad.
Breves
*El día de la publicación de esta
columna (14 de diciembre) está pautada la imposición de sentencia a los
sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores,
juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La
discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por
cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen
antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en
el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control
de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones
reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en
especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para
el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá
la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a
Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde
ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de
Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de
escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los
hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de
quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de
cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos
suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso
similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue
condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido
a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más
elevada.
*Nota para la edición del blog
(17 de diciembre): finalmente, el juez Paul Crotty impuso una pena de 18 años y
medio de prisión para los sobrinos de la pareja presidencial, sin posibilidad
de obtener libertad bajo palabra. Tal y como se adelantó aquí, el letrado
indicó que la ausencia de antecedentes fue uno de los criterios para decidir
este lapso tras las rejas. En algunos círculos esto ha sido interpretado como
que los ahora condenados no podrán apelar de esta sentencia. Eso es una
equivocación. En la justicia de EEUU todas estas decisiones son apelables,
hasta que llegan a la Corte Suprema. Desde luego, el ejercicio de este derecho
es potestad de los reos. Eso tendrá un costo para ellos y para el empresario
petrolero Wilmer Ruperti, que reconoció ser el financista de la costosa
defensa. En EEUU, además, los lapsos de prisión se han constituido en un serio
problema financiero. Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde los presos
son tratados como ciudadanos de un inframundo, en ese país el Estado y las
organizaciones de derechos humanos toman muy en serio las condiciones de sus detenidos,
en todos los niveles de gobierno. Esto ha ocasionado un crecimiento de
aproximadamente 30% en el gasto público hacia las prisiones durante la última
década. Un estudio de la organización InsideGov,
además, estableció que las cárceles federales de Nueva York son las más
costosas, con un gasto anual por detenido de 60.076 dólares (más de 59 dólares
diarios). Eso quiere decir que los dos años de Flores y Campo en el retén
federal de Manhattan costaron en total más de 240.000 dólares. Ahora, los
condenados irán a una penitenciaría de Florida, un estado donde el gasto anual
por detenido no es de los más altos de la unión. De allí saldrán dentro de 16
años, toda vez que el tiempo de detención durante el juicio también se les
computará como pena cumplida.
*Un reporte interno del
Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses
de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión
del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el
resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia
carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se
desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales,
estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es
consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para
Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a
represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de
libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística
gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el
retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real
de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos
registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el
feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los
meses de enero a septiembre.
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Aquí hallaron 71 kilos |
*El lunes 4 de diciembre, el
Ministerio Público anunció que imputaría al inspector jefe del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Daniel Villegas Herrera (División contra
Terrorismo) y al técnico explosivista Daniel Orlando Santéliz por el tráfico de
un alijo de cocaína de alta pureza, que eran llevado en vehículos rotulados con
el logo del cuerpo de seguridad, en el kilómetro 25 de la carretera a Perijá. Este
procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional el 1 de diciembre, y en su
desarrollo murió otro funcionario de la policía política, Aigel Eduardo
Barrios, cuando volcó uno de los vehículos en los que intentaban huir los
agentes. Otros dos civiles fueron aprehendidos: Cesar Tulio Sinaje y César
Sinaje Semprún. Las averiguaciones internas hablan de hechos de suma gravedad,
que no podían ejecutarse sin el conocimiento de estratos superiores de la
jerarquía en ese cuerpo, adscrito a la vicepresidencia de la República. Dos
aspectos hablan por sí solos: los involucrados hasta ahora estaban adscritos a
unidades distintas con sede en Caracas, y utilizaron vehículos orgánicos de la
institución. Por otro lado, el hallazgo de la droga no fue producto de una
casualidad. Según documentación disponible, ese viernes la Guardia Nacional
manejaba información privilegiada sobre lo que iba a suceder, y buscó apoyo
para la vigilancia de las carreteras en la Policía del Estado Zulia. Estos
relatos indican además que el convoy con drogas, que salía de un fundo en el
sector Santa Rosa, estaba conformado por tres vehículos rústico y no dos, como
dijo la Fiscalía. Por cierto, en el primer pesaje del cargamento, que iba
distribuido en los dos vehículos detenidos (uno escapó) había 530 panelas del
alcaloide, para un peso de 588,4 kilos. Es de presumirse entonces que el alijo
tenía un tamaño aún mayor. En el sitio del suceso se presentó el jefe de Estado
Mayor del comando de zona de la GN número 11, coronel Hernán Rincón, quien
luego notificó a la superioridad. A partir de allí, el caso quedó entubado para
asegurar un control de daños. Ese mismo día, un poco después, ocurrió otro
hecho significativo. En la hacienda El Carmen del sector Rio Abajo, fue
reportado un prolongado enfrentamiento entre integrantes de grupos
paramilitares y de la guerrilla, presumiblemente el Ejército de Liberación
Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos y un herido. Este hombre fue el único
identificado de todos ellos. Era Leandro Gutiérrez, de 29 años de edad, impactado
por proyectiles de fusil y esquirlas de granada. Las investigaciones
determinaron que las primeras escaramuzas entre los dos bandos comenzaron el 30
de noviembre. Se desconoce si este suceso está ligado al hallazgo de la droga,
pero llama la atención la coincidencia temporal entre este decomiso y la
pequeña batalla.
*La extorsión ha llegado a
niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas
ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera
y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para
entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales
conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de
protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen
conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes.
Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio.
Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero
ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.
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En la búsqueda del cambuche |
*El sábado 16 de diciembre se
hizo del conocimiento público el hallazgo de los cadáveres casi putrefactos de Juvenal Bravo
Sánchez y de su hermano Nolberto, así como también de Kelvin de Jesús Peña,
alias Bombillo, y de una mujer que no había sido identificada para el momento
de la redacción de esta entrega. Los restos de la fémina fueron hallados en
estado de descomposición junto a los del líder de lo que fue una de las bandas
más importantes en secuestros y extorsiones en todo el centro del país, en
especial en el sur de Aragua y la troncal 13 que cruza Guárico. Se debe
recordar que en 2015 las actividades de este grupo contra directores de
empresas estatales chinas suscitaron una queja formal del gobierno de Pekín. A
pesar de esto, Bravo logró eludir la persecución de los cuerpos de seguridad –gracias
a un bien aceitado mecanismo de “alerta temprana”- pero no las intrigas
suscitadas en su propio grupo delictivo. Su muerte, por lo tanto, no debe ser
motivo de alivio sino más bien de preocupación, pues los remanentes de su
organización comenzarán a disputar los espacios perdidos a manos de por lo
menos otras dos bandas, cuyos líderes han sido plenamente identificados por los
cuerpos de seguridad.
*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com,
para relatar lo que le ocurrió en la agencia del Banco Mercantil, centro
comercial Líder, el viernes 15 de diciembre: a los beneficiarios de la pensión
de los Seguros Sociales les pagaron en billetes de Bs 100 o menor denominación.
En el caso conocido directamente, la persona no retiró los Bs 170.000 que le
correspondían, sino solo Bs 50.000. Le dieron cinco paquetes de la referida
denominación, cada uno agrupado con apretadas ligas, pero sin sello de papel.
Desde luego, quienes están cobrando no se quedarán frente al cajero contando la
plata, pues la cola es larga y hay presión para atender a todos los que están.
Cuando la persona llega a su vivienda, se percata de que uno de los paquetes
está incompleto: “Le faltaban Bs 2.700, imagínese eso mismo aplicado a todos
los viejitos que estábamos allí”, indicó.
*Para comunicarse con el autor,
puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o llenar un
formulario que aparece en el margen derecho del blog. A través de esta vía
también puede transmitir las informaciones sobre sus vivencias con el hampa del
país.
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