-Los centros de detención y
los retenes de la Fuerza Armada padecen el impacto de la Operación Zamora, y
cada día se parecen más al resto de las instalaciones penitenciarias del país
@javiermayorca
La organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad presentó un informe sobre la situación
de derechos humanos en los centros de reclusión dependientes de la Fuerza
Armada Nacional. El documento tiende una mirada no solo a las cárceles y anexos
militares, como son Ramo Verde (Miranda), La Pica (Monagas) y Santa Ana
(Táchira), sino también a las celdas de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar.
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| La Operación Zamora llenó Ramo Verde |
El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de
septiembre a noviembre de 2017, cuando esas instalaciones continuaban
impactadas por la ola de detenciones registrada apenas meses atrás en todo el
país, como consecuencia de la puesta en marcha de la operación Zamora, y la
militarización de los juicios a quienes manifestaron contra el Gobierno.
La primera y más evidente consecuencia fue el colapso de
los centros para procesados militares y de la sección de calabozos de la Dgcim.
En esta última instalación, ubicada en la zona industrial Boleíta Norte, los
presos llegaron a estar en los pasillos de las zonas D y E de celdas, donde de
acuerdo con testimonios pasaban todo el día de pie, esposados y de espaldas al
área de paso, puesto que no había espacio en las celdas.
En la Dgcim, al igual que en el Sebin, las detenciones
sin orden judicial y sin estar en condiciones de flagrancia son una práctica
usual. El trabajo también documentó casos en los que se negaba a los familiares
y abogados la presencia de detenidos en los calabozos. Esto fue aplicado no
solo a civiles aprehendidos durante las manifestaciones, sino también a
oficiales en retiro como el ex ministro de la Defensa, general en jefe Raúl
Baduel.
Una característica de la Dgcim es que sus funcionarios no
respetan los grados de los oficiales procesados o bajo pesquisa, algo que es
mandatorio en el resto de la institución militar. Los agentes de
Contrainteligencia Militar se creen y actúan como si estuviesen por encima de
las leyes. Entonces, a un general de brigada activo, preso por la investigación
a propósito de un comentario, lo tenían en sudadera, en una celda a
temperaturas cercanas a los diez grados centígrados.
El trabajo, además, documentó casos de tortura en el
curso de interrogatorios a individuos detenidos por manifestar. No solo se
trataba de la exposición al polvillo de granada lacrimógena (casi una marca
registrada de la Dgcim), tal y como le hicieron al capitán Juan Carlos
Caguaripano y al teniente Jefferson dos Ramos. También se aplican
procedimientos tales como sofocar a la persona durante los interrogatorios,
colocándole un saco en la cabeza, a veces impregnado con insecticida; golpear
al detenido mientras le llueven preguntas en un local cerrado, o introducirle
tachuelas debajo de las uñas.
La Dgcim nació al final del gobierno de Hugo Chávez, pero
se podría decir que se formó y creció a imagen y semejanza de su heredero. Este
despacho se erigió en una especie de policía interna de la Fuerza Armada, que a
propósito de la militarización de la justicia ordinaria cada día proyecta su
accionar más allá de los cuarteles. No
es casualidad, entonces, que el acento se ponga en la contrainteligencia, es
decir, en la detección y “neutralización” de las amenazas –reales o ficticias-
al régimen de Maduro.
Ola de presos
Según este reporte, la conflictividad política ocasionó
un auténtico tsunami de presos a lo
interno de la Fuerza Armada. Ya no eran solamente los oficiales y tropas
descontentos con el Gobierno, sino los civiles detenidos por participar en
protestas.
La Dgcim, desde luego, se hizo insuficiente. El trabajo
de la ONG logró documentar que para inicios de 2017 permanecían más de 2.800
personas en calabozos de unidades militares. Cada comando de zona de la Guardia
Nacional albergó detenidos tanto por razones políticas como por cometer algún
delito, y a menudo permanecían mezclados en las mismas celdas o espacios de
reclusión.
Lo mismo ocurrió en la Brigada de Policía Militar José de
San Martín, en Fuerte Tiuna, antaño un lugar destinado a lo que llamaban
“presos VIP” (Chávez estuvo allí en abril de 2002), que en 2017 llegó a situaciones
de hacinamiento hasta del 50%.
Breves
*Cinco sargentos fueron
puestos a las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a
propósito de la queja colectiva que protagonizaron el 10 de enero en el
destacamento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. Los uniformados, como se
recordará, divulgaron a través de YouTube un video en el cual se comunicaban
con la jerarquía castrense con la finalidad de expresar las precarias
condiciones en las que les tocaba trabajar, y el hambre que estaban pasando. Al
tratarse de una queja colectiva, el incidente fue abordado como una falta a la
autoridad, que incluso podría ameritar la apertura de expedientes en el fuero
castrense. El tema es que la situación de precariedad al interior de los
cuarteles resulta inocultable. Poco después de esto, a través de las redes
sociales se divulgó las características de la ración que estaba recibiendo un
capitán activo, y que consistía en pasta y agua. El factor hambre también está
afectando a la oficialidad, y definitivamente está minando la moral de las
tropas, las mismas que permanentemente son llamadas por Maduro y el Alto Mando
para que den la cara en defensa del proceso político.
*El director de la policía
judicial, comisario general Douglas Rico, introdujo un nuevo control para la
manipulación de los registros del Sistema Integrado de Información Policial
(Siipol). En una circular interna, dispuso que los operadores debían llevar
también un cuaderno manuscrito con los datos sobre las personas que estaban
haciendo las solicitudes de información, así como las fechas, horas y demás
detalles. Ya en 2016 habían comenzado las restricciones para las búsquedas a
través de este sistema, pues era claro que la información manejada posee un
valor muy elevado, en virtud de los antecedentes penales de muchos de los altos
representantes del régimen. Esta nueva circular fue divulgada en los despachos
policiales en momentos en que se desarrolla una investigación contra tres
funcionarios del cuerpo detectivesco en el estado Táchira, señalados de haber
participado en una búsqueda de antecedentes del constituyentista Diosdado
Cabello, así como otros altos funcionarios.
*El clima institucional en la
policía judicial está muy enrarecido. A la directiva, encabezada por el
comisario general Douglas Rico, se le reclama la falta de solidaridad en el
proceso que finalizó el 15 de enero con la matanza del inspector jefe de ese organismo
Oscar Pérez. En los foros policiales se recordó que el comisario se involucró
directamente en las negociaciones para la resolución de una situación de
rehenes protagonizada por Claudio Giménez Gómez, un secuestrador radicado en la
Cota 905 conocido como Buñuelo, en febrero de 2016. En cambio, nada hizo para
salvar la vida del instructor, acorralado junto a otras seis personas en una
vivienda de la urbanización El Araguaney, que había manifestado su intención de
entregarse. Rico se dejó atrapar por el discurso polarizante del Gobierno, que
pretendía colocar al inspector Pérez en el mismo plano que los miembros de los
grupos fundamentalistas. Luego, para colmo, permitió que sus agentes fuesen
vejados y asaltados por miembros de colectivos armados en la avenida Urdaneta.
Tantos hechos y tan seguidos solo contribuyen a minar aún más la moral y la
efectividad de una institución de rango constitucional, creada en democracia
para la investigación y la represión de la actividad criminal.
*Cada vez son más frecuentes
las informaciones extraoficiales sobre la inminente reactivación de la
industria de los juegos de azar en el país. Dos fuentes independientes han
advertido que los casinos, salas de apuestas y de máquinas traganíqueles se
unirían al creciente número de centros de juegos on line o bookings que ya
existen. Esta medida iría a contracorriente con la tendencia mostrada desde el
Ejecutivo a partir de 2011, cuando allanaron y cerraron estos locales, que
hasta entonces operaban en la capital y el interior del país. La razón indicada
es la necesidad del fisco de obtener recursos a como dé lugar. Uno de los
principales operadores de la industria del juego en Venezuela, Domingo
Goncalves, fue detenido hace seis años por averiguaciones sobre un presunto
lavado de dinero y defraudación al fisco, pero obtuvo una medida cautelar en
2016, y logró salir de las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar
donde permaneció desde las primeras de cambio.
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| El Petro: aún muchas dudas |
*Otra operación que ha traído
mucha suspicacia es el lanzamiento, precisamente en estos momentos, de la criptomoneda
virtual conocida como Petro. Al respecto circuló en la Fuerza Armada un papel
de trabajo en el que se explican algunas ventajas y desventajas de este
mecanismo. Entre las primeras, figura la posibilidad de eludir las sanciones
impuestas por el gobierno estadounidense a través del Departamento del Tesoro,
siempre y cuando los “socios” o aliados de Venezuela, como China, Irán y Rusia,
accedan a utilizarlo. Otro aspecto positivo sería la posibilidad de atraer
nuevos capitales, incluso desde el interior de Venezuela. Entre las
desventajas, en cambio, está que otros países con economías más sólidas como
Rusia y Estonia están en procesos para sacar sus propias criptomonedas, lo que atraería
más capitales hacia esos países que hacia el suramericano. Para el abogado
Fernando Fernández, el Petro es un mecanismo “más bien de orden bursátil, en el
plano de emisión de deuda, que sería cancelada no en dólares sino en euros,
pero que a su vez tiene un valor representativo en barriles de petróleo”. Pero
lo más grave es que el Petro sea utilizado para ocultar el origen de dinero
sucio. “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el
lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras se mantenga la
confidencialidad”. Fernández reconoció que las otras criptomonedas mantienen
trazabilidad a través del mecanismo conocido como blockchain. Por lo tanto, lo recomendable es investigar bien
quiénes son los que pretenden transar los petros, e igualmente cómo se
constituye su red de clientes.
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