-Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la
sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza
de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la
Policía de Carabobo
@javiermayorca
@javiermayorca
1) El oro a escondidas
Mucho revuelo
ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban
almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras
que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los
tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros
manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles
adicionales.
En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a
por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene
alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el
transporte del metal se hizo de madrugada.
En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave
fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la
rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón
Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares
comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco
Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal,
que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de
carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes
Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte),
de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29
de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las
actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación
entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el
domingo siguiente, 1 de abril, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80
millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las
rampas del sector este del aeropuerto.
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El oro fue llevado a Dubai en este jet |
El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se
tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en
el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que
permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos.
Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza
mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15
de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB
disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe
de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco
Central de Venezuela.
2) Los muertos que no
quieren contar
Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una
semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo.
El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que
supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas
personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y la exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían
heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.
Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar
indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de
la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una
reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir
de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado
de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron
una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como
iniciador de las llamas.
La presencia de féminas en el lugar era la consecuencia de un sistema de
sobornos a los funcionarios policiales, que fue puesto de relieve por los familiares
de los reclusos.
Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.
Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.
La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política
de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide
el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido
presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela
traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las
gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia
Nacional.
Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no
encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras
por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén
de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el
punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer
trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales
o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto,
según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo,
hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres
murieron a cuchilladas.
De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce
ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera
que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que
no es responsable.
Breves
*Una nueva ola de extorsiones telefónicas se registra en los estados
centrales del país. De acuerdo con víctimas que han escrito al correo crimenessincastigo@gmail.com, las llamadas
amenazantes son atribuidas a miembros del Tren de Aragua, quizá la mayor
megabanda del país en la actualidad, no solo por el número de miembros sino
también por las fuertes evidencias de su enganche con factores de la política
regional y nacional. Por citar una: en diciembre de 2016, la ministra para
Servicio Penitenciario Maria Iris Varela prometió que el
internado judicial de Aragua entraría en su particular noción del “régimen
penitenciario”. Todavía se espera que cumpla lo dicho. Mientras tanto, el
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional intenta
aprovechar la situación. Recientemente, fue distribuida una encuesta entre los
jefes de las unidades regionales, en las que se les exhorta a responder que
están de manos atadas frente a la catarata de extorsiones, porque supuestamente
no disponen de los recursos humanos ni la tecnología para afrontar esta tarea.
El mensaje al Ministerio de la Defensa, desde luego, es que necesitan más
dinero. Veremos qué contestan desde Caracas.
*Desde el ministerio de Relaciones Interiores indican que, al cerrar el
primer trimestre de 2018, los cuerpos policiales han ultimado a 1.413 personas
en el curso de 1.550 casos de supuestas resistencias a la autoridad. Esto
representa un tercio de todos los homicidios reportados durante este lapso
(4.686). Esta cifra no toma en cuenta los fallecidos durante motines en los
retenes policiales e internados judiciales, ya referida más arriba. Tampoco
incorpora el número creciente de “averiguaciones/muerte”, o casos en los que no
se ha determinado con claridad la causa del fallecimiento. Desde enero hasta
marzo, el total de muertos a manos de policías y militares no ha cesado de
aumentar, desde 423 en el primer mes hasta 607 en el tercero. En la actualidad,
todos los días mueren en promedio 16 personas a manos de agentes de los
distintos cuerpos de seguridad. Las
lógicas de represión y “mano dura” operan tanto en el Gobierno como en la
oposición. Muy pocos quieren observar este asunto, y caracterizarlo como
problema. Creen que actualmente la eliminación física de las personas que
delinquen es la única solución efectiva para la inseguridad, ante el evidente
colapso de las instituciones, entre ellas las encargadas de impartir justicia.
*El lunes 2 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
recibió una carta firmada por los abogados Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo
Antonio Alvarez y Gonzalo José Oliveros, quienes tuvieron que huir de Venezuela
luego de ser juramentados por la Asamblea Nacional como magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, y permanecen en ese país en calidad de refugiados.
El documento se describe como un “derecho de petición” formulado ante el
despacho de Maria Holguin, pero realmente es una declaración en la que los
remitentes dicen ser “no intervinientes y no participantes” en el antejuicio de
mérito al presidente Nicolás Maduro. La carta tiene seis páginas, y desde luego
aquí no serán transcritas. Solo uno de los últimos párrafos que condensa la
idea principal: que “se tenga a los peticionantes, a los efectos de la
República de Colombia y la protección como refugiados que nos ha otorgado, como
no participantes ni interesados del evento”, que finalmente se llevó a cabo el
martes 3 en instalaciones del Congreso colombiano. Como se recordará, ese día
la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega
solicitó a los magistrados del llamado TSJ Legítimo la admisión de las pruebas
sobre supuestos sobornos al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por
parte de la Constructora Odebrecht, y que en consecuencia sea emitida una orden
de captura internacional en su contra. La posición de los tres magistrados tomó por sorpresa a algunos que sí participan en el proceso judicial contra el Jefe del Estado. "Es una locura", exclamó uno, al ser consultado sobre la misiva. Luego, advirtió que esta decisión pudo obedecer a la presión de factores políticos que favorecen un entendimiento con el Gobierno. Mientras tanto, el hijo de uno de los magistrados argumentó que ellos no se sienten parte del grupo que motoriza el antejuicio de mérito:"(Esos magistrados) empezaron a hacer sentencias en las que por ejemplo no se citan a las partes, lo cual viola el debido proceso, y es lo que criticamos del actual modelo que impera desde hace 18 años (...) Lo que se hizo en Bogotá no solo menoscabó el debido proceso sino que también creó enormes expectativas, que desafortunadamente no van a cumplirse".
Para comunicarse con el autor de este blog, hacer denuncias o enviar algún dato de interés sobre el problema de la criminalidad en Venezuela puede escribirme a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.
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