La acusación ventilada en Texas contra cinco ex importantes operadores de la industria petrolera revela mucho más que actos de corrupción
@javiermayorca
Hace dos meses, el gobierno estadounidense dio a conocer el contenido de
una acusación presentada en agosto de 2017 ante un Gran Jurado constituido en
el Distrito Sur del estado de Texas, en contra de cinco venezolanos que hasta
hace muy poco tiempo fueron importantes operadores de la industria petrolera
venezolana.
Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos; el ex
director de Finanzas de la Electricidad de Caracas Luis de León Pérez; César
David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven; Alejandro Iztúriz Chiesa, ex
asistente de la presidencia de la misma filial, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz,
alias Nadal, quien llegó a ser
gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal petrolera durante la
gestión del ex ministro de Energía y ex embajador ante la ONU Rafael Ramírez.
Este grupo fue solicitado en extradición a España, país donde
disfrutaban de las fortunas que supuestamente fueron amasadas gracias a un
sistema de sobornos para el otorgamiento de contratos a terceros, así como de
tráfico de influencias.
Villalobos y sus presuntos cómplices fueron detenidos por autoridades
españolas en octubre de 2017. Ya para ese momento, habían transcurrido por lo
menos cinco años de investigaciones a sus actividades y las de otros
integrantes del entorno de Ramírez, como su primo Diego Salazar.
El primer indicio fueron las irregularidades detectadas en 2011 en la
Banca Privada de Andorra. Estas operaciones de presunto lavado de más de dos
millardos de dólares llevaron al gobierno estadounidense a emitir una alerta
internacional, que en mayo de 2015 desencadenó la intervención de esa entidad,
filial del Banco Madrid. Villalobos también aparece ligado directamente al
expediente del principado europeo.
Pero los estadounidenses acumularon tal cantidad de información sobre
este grupo que la acusación presentada ante el juzgado de Texas solo toca
algunas transacciones que fueron conducidas a través de un entramado de
empresas y cuentas afiliadas en Curazao y Suiza. Estas corporaciones pertenecen
a dos empresarios, juzgados y sentenciados en ese estado por delitos similares:
Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El documento de acusación deja en claro que Rincón, Shiera, Villalobos y
los otros cuatro forman parte de un esquema que involucra a muchas más
personas, perseguibles de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Prácticas
Corruptas en el Exterior. De allí que algunos sean caracterizados, para los
efectos del proceso penal, como individuos de “interés doméstico” (caso de Luis
de León) y otros como “oficiales foráneos”. En esta última categoría entran Alejandro
Istúriz y Rafael Reiter.
Nadal, de 39 años de
edad, tenía a su cargo la dependencia conocida comúnmente como la “policía
interna” en la estatal petrolera. Su función principal era impedir la
ocurrencia de hechos que atentaran contra la integridad del patrimonio de la
institución. Por ende, contar con su complicidad era vital para la permanencia
del esquema corrupto. Hay testimonios que ligan a Reiter con el grupo de Shiera
desde hace por lo menos cuatro años, cuando estaba en marcha un proceso para
negociar la refinería de Pdvsa en Aruba.
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Reiter: lujos a expensas de Pdvsa |
Pero Reiter se cuidaba. Solía actuar a través de terceros. Las pesquisas
detectaron, por ejemplo, que “ordenaba que parte del dinero que le debían en
conexión con el esquema fuese usado para comprar un condominio a nombre de una
compañía controlada por un familiar”. Esta transacción implicó transferencias
por más de 860 mil dólares. El inmueble está en el Four Seasons de Miami. Otro
millón y medio de dólares supuestamente fue solicitado por Reiter para
financiar la filmación de una película, a través de una productora cuyo nombre
no ha sido divulgado por los acusadores.
Otras formas de pago incluían fines de semana a todo dar en hoteles de
Aruba, la adquisición de vehículos blindados en una fábrica de Texas, compras
de bolsos de marca por 10 mil dólares e, incluso, el pago de cursos de inglés
para allegados. Todo a expensas de Rincón y Shiera.
Sin embargo, una comparación con los señalamientos que se hacen a Reiter
y los formulados a los otros integrantes del mismo grupo de acusados permite
concluir que estaría abierta la posibilidad de una negociación entre Nadal y las autoridades estadounidenses.
Pdvsa, donde Reiter trabajó por años, fue vital para la conformación de grupos
armados (los “colectivos de La Campiña”) y el financiamiento de actividades
políticas en Venezuela y otros países, como por ejemplo la Argentina de los
Kirchner.
El caso de Reiter, por lo tanto, podría tener un curso distinto al del
resto de los acusados por el esquema de sobornos de Pdvsa.
Breves
*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico,
notificó en una circular distribuida en todas las unidades que la caja de
ahorros “temporalmente se encuentra inactiva” en lo relativo a suscripción de
documentos y a transacciones financieras. Esto ocurre en días inmediatamente
posteriores a la elección de una nueva junta directiva entidad. El comisario
general jubilado Vicente Márquez, que participó en una de las planchas durante
este reciente proceso, afirmó que existen indicios sobre presuntas
irregularidades en la administración saliente. “El dinero que entraba no se
revertía debidamente a los funcionarios, y la caja ya no prestaba fondos como
antes lo hacía”, recordó. Añadió que se retardó la construcción de un complejo
turístico con fondos de la entidad en el estado Falcón, pues solo se ha
concluido una de las dos torres del proyecto original. En la referida circular,
el director de Cicpc ofreció que el supermercado de la caja retomaría sus
actividades, lo que confirma además que este comercio estaba en plan de cierre.
Según Márquez, la caja recibe aportes de hasta 10% del salario de unos 25.000
miembros (funcionarios de policía judicial, activos y jubilados) e igual
cantidad por aporte del patrono, lo que sumaría unos Bs 25 millardos mensuales.
En la actualidad, la directiva entrante lleva a cabo las gestiones de
protocolización de firmas, pero aún no se ha presentado formalmente el informe
de gestión de la directiva saliente.
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Trato suave a Urdaneta |
*Manuel Enrique Urdaneta Pino, hijo del exdirector de la Disip, teniente
coronel retirado del Ejército Jesús Urdaneta Hernández, se evadió de la vivienda
en la que permanecía recluido en virtud de las averiguaciones por el homicidio
del taxista César Ibarra. Este profesional del volante, de 47 años de edad, fue
ultimado con un tiro en la nuca el lunes 26 de febrero en la calle El Manguito
de La Unión. Urdaneta era el único detenido por este crimen. Según fuentes
policiales, lo identificaron como la última persona que pidió los servicios de
la víctima, luego de comprar un helado en el Farmatodo de La Lagunita. Los
registros de cámaras de vigilancia, ubicadas en ese local y en otros lugares en el trayecto recorrido por el taxista, permitieron establecer un nexo entre la víctima y el victimario, así como también una correspondencia con las horas en las que se cometió el homicidio.
Urdaneta Pino fue aprehendido en marzo por una comisión mixta de Cicpc y la Policía
de El Hatillo. Su papá, oficial retirado y uno de los líderes del golpe del
4 de febrero de 1992, intentó mediar con los agentes. Pero al presentársele la orden
de captura tuvo que entregarlo. El 20 de abril, la juez octava de control Diana
Marcano Lira ordenó que Urdaneta Pino tuviese casa por cárcel, sin apostamiento
policial. El argumento era que este abogado de 30 años de edad padecía
problemas de hipertensión. Los agentes solo debían hacer dos verificaciones
diarias sobre la presencia del detenido en el inmueble. El viernes, a las 11
am, los uniformados tocaron a la puerta de la casa 5-68 de la urbanización El
Halcón. Nadie atendió. Llamaron a la mamá del imputado. Ella dijo que no estaba
allí, que insistieran pues seguramente el hombre se encontraba en el baño. Volvieron a tocar y no hubo
respuesta. Ella regresó al inmueble a las 4 pm, y al abrir los policías confirmaron la
sospecha. Urdaneta Pino había sido detenido bajo cargos de homicidio calificado por
motivos fútiles. Cuando le hicieron la prueba de análisis de trazas de disparo
(ATD), en la policía judicial, dio positivo. El arma homicida, sin embargo,
nunca fue recuperada, aunque sí dos cajas de cartuchos 9 mm, que tenía
guardadas en la misma vivienda de la cual escapó.
*El ministerio de Relaciones Interiores evalúa un plan integral de
seguridad para el parque nacional El Avila, también llamado Waraira Repano. La
iniciativa fue planteada por la Guardia Nacional en atención a las quejas cada
vez más frecuentes sobre la actividad de delincuentes en distintas áreas de
este pulmón vegetal. Esencialmente, se pretende trasladar el sistema de los
cuadrantes de patrullaje a las trochas y veredas del cerro, en sus costados sur
y norte. Tres cuadrantes serían atendidos por 186 militares y los restantes
quedarían bajo la responsabilidad de 120 oficiales de la Policía Nacional. Serían
en total 306 uniformados para cubrir unas 85.000 hectáreas. En el caso de la
PNB, las áreas que deberán vigilar son Humboldt, Mecedores y Lagunazo
(cuadrante 3) y San Francisco, El Guamito y Manzanares (cuadrante 2). La
coordinación de la vigilancia correría por cuenta del Escuadrón Montado de la
GN.
*La Fuerza Armada y la policía judicial ordenaron en forma simultánea
una revisión detallada de todos los parques de armas y de las armas consignadas
en las salas de evidencia, como consecuencia de procedimientos penales. En
menos de dos semanas, fueron reportados casos en Carabobo y Falcón en los que
estallaron granadas mientras eran manipuladas de manera inadecuada por civiles.
En el último episodio, reportado en una vivienda frente a la plaza Libertad de
Coro, un hombre murió y otras tres personas fueron heridas por las esquirlas.
Tal parece que luego de una etapa de relativo control, han resurgido con fuerza
las transferencias ilegales de armas y municiones a bandas criminales.
*En los días previos a la elección presidencial, hay un ambiente de
crispación en la Fuerza Armada. En unidades de la Aviación se ordenan
acuartelamientos inesperados y sin aparente razón. El espionaje a las redes de
mensajería se hizo casi rutinario en todos los componentes, hasta el punto en
que han ordenado que los militares entreguen la información correspondiente al
código IMEI de sus teléfonos celulares. En la Guardia Nacional, luego de varios
meses en los que habían represado los otorgamientos de bajas, se resolvió sacar
de la fuerza a más de 1770 efectivos de tropa. El deslave en la oficialidad de
la institución también es de pronóstico. En medio de este ambiente, hay
unidades del interior del país que han ordenado estado de alerta máximo en los
días que vienen. Los comandantes de zonas militares exigieron a los jefes de
estas instalaciones la presentación inmediata de “planes de desconcentración”,
que permitan relocalizar con rapidez las tropas y sus armamentos, cuando se
detecte un ataque inminente. Mientras tanto, exigen que los oficiales y las
tropas salgan a votar para la reelección del actual mandatario. De lo
contrario, no habrá carnet de la patria, ni bonos, ni vivienda barata ni Clap.
Si desea comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. También puede registrarse en el formulario correspondiente ubicado en el margen derecho de este blog, y desde allí expresar su opinión. Su mensaje tendrá oportuna respuesta.
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