0800-Extorsión

-Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la Guardia Nacional dicen que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden contar con apoyo en las calles

@javiermayorca

La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.

Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.

“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.

El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.

Extorsionan en nombre de causas "justas"

Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.

Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.

Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.

Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna. Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente justa.

A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago “yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.

Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales. Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.

Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.

En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.

Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).

Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora trabajan en grupos.

“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay gente en las calles que los ayudan”, indicó.

Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y, efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.

Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.

“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”, sentenció.

El engaño del premio

Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien Equipada o la Misión Vivienda.

Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la información.

Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.

“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.

Breves

*El ascenso de Pedro Sánchez al cargo de Primer Ministro en España tendrá un impacto inmediato y debilitador sobre la coalición internacional que intenta propiciar un cambio de gobierno en Venezuela, mediante medidas compulsivas como las sanciones impuestas por EEUU y países como Canadá y Suiza.  Ya el nuevo canciller Josep Borrell declaró el 16 de julio que cesaría el apoyo a la “línea dura”, que caracterizó la posición española durante la gestión de Mariano Rajoy. La postura del anterior gobierno era tan pugnaz hacia Maduro que, según indican fuentes diplomáticas, fue el país que solicitó sanciones contra el mayor número de funcionarios y representantes del oficialismo venezolano. La última lista de sancionados por la Unión Europea incluyó once nombres. Este fue el resultado de una consulta de varios meses en la que todas las naciones que integran ese cuerpo dieron sus respectivas opiniones, basados en los informes de sus servicios exteriores. La petición inicial indicaba que el número debía estar alrededor de los diez. El país que menos “sancionables” dio fue Austria, con cuatro. España, en cambio, dio cincuenta.

Más censura en policías

*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de la censura.

*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes, que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de 2018, y no 6581.

Este juicio se las trae

*El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el producto de una investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La pesquisa, conocida con el nombre código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de Venezuela. Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández Frieri y Krull. Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso, que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja. Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”). Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.

*Continúa el deslave en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.

Ascensos y descensos en la FAN

Luego del 5 de julio, queda claro que la llave Maduro-Padrino consolida su poder en la Fuerza Armada, o en lo que queda de ella, y mantiene la línea de reducción progresiva de la cúpula castrense

@javiermayorca

            Luego de los ascensos y de la recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la Fuerza Armada Nacional:

1)    Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar su poder. El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de la Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del Gobierno con el que todavía se puede negociar, a pesar de sus declaraciones públicas en las que se rasga las vestiduras por la “revolución”. Quizá esta sea la razón por la que el gobierno estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes del gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la Defensa durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma cartera, general de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta forma Maduro intenta estabilizar el entorno militar. El único precedente que encuentra en la historia nacional es el del general de división Ramón Florencio Gómez, que ejerció ese ministerio durante todo el gobierno de Raúl Leoni. En el exterior han ocurrido varias situaciones similares, pero la más cercana –por diversas razones- es la de Cuba durante la época de los hermanos Castro, donde la prolongación en el poder de las armas facilitó la formación de una “gerontocracia militar”.

2)    Cabello se desdibuja. Aunque nadie niega el poder del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es claro que Diosdado Cabello cada vez tiene menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es casualidad. Desde 2017, Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los oficiales graduados en 1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos Martínez Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia. Sin embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados ese año se colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las conclusiones.

3)    El balance de las fuerzas. Luego de los últimos cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Ceofanb), la Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia Nacional. Al revisar los comandos de fuerza, los más antiguos son los del Ejército y la GN (los MG Jesús Suárez y Richard López, graduados en 1986), mientras que los de la Aviación y la Armada tienen un año menos de carrera, y por ende tienen menos ascendiente en la toma de decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987. En las regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El poder del Ejército en estos niveles es claro.

4)    Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto celebrado ex profeso en un recinto cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127 oficiales a los grados de generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada. Posteriormente, elevó al grado de mayor general y almirante a otros ocho oficiales, entre ellos figura el actual director de la Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Iván Hernández Dala. Son entonces 135 ascendidos a las distintas posiciones del generalato venezolano. Si se compara con los estándares seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra puede parecer escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo, ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este ha sido de hecho el año de la administración Maduro en que menos generales fueron ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados por Chávez entre 2010 y 2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o quitar oficiales de la cúpula castrense eran básicamente las necesidades de la institución y la disponibilidad de plazas, debido a los pases a retiro y a las promociones de oficiales a otros cargos o posiciones. A partir de 1999, con la nueva Constitución, se inició una era de autogobierno militar. Los ascensos partían y finalizaban en la FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy difícil saber cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año a 229 oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas alocuciones, la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más importante, por ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la sujeción a las normas vigentes.

Fuente: FANB/elaboración propia

5)    Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la manzana, representada en la triplicación de los ingresos mensuales para los profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por enfermeras y educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a precios de baratija y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el garrote, encarnado en una Dgcim comandada por el recién ascendido Hernández Dala, cuyos funcionarios no tienen el menor reparo en decirle a los detenidos de cualquier grado y condición que la Constitución llega hasta la puerta de la instalación, y que adentro las leyes son las que ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los beneficios, y en consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el aprecio de la sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas por miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí la necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los últimos ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta han logrado desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres meses, y tal parece que por el momento estos grupos han sido neutralizados. Pero eso no quiere decir que la crisis militar haya sido superada.

           

Breves

*El maquillaje de estadísticas sobre criminalidad en el Gobierno llega al punto en que ni siquiera toman en cuenta hechos tan públicos y notorios como la masacre de 68 detenidos en el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio de Relaciones Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los centros de detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad del año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las celdas de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144 homicidios, en lugares que se supone custodiados por los cuerpos del Estado. Por cierto, lo mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el retén de Puerto Ayacucho, a manos de funcionarios gubernamentales. Luego de Carabobo, Anzoátegui es el estado en el que más detenidos han muerto entre enero y junio de este año, con 33. El lugar más peligroso es el retén de la Policía Nacional en el sector Tronconal de Barcelona, donde las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento de diez personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.

*El Gobierno evalúa la creación de un Cuerpo Nacional contra el Terrorismo. El punto de cuenta con el correspondiente decreto ya está listo para ser presentado al Presidente. El órgano estaría adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Junto a este documento, también le presentarán a Maduro un Plan Nacional contra el Terrorismo 2018-2019. Hasta ahora, el análisis y la investigación de los casos relacionados con esta materia eran desarrollados por la división correspondiente de la policía judicial, o en su defecto por el Sebin. La institución de un cuerpo especial para investigar el terrorismo es llamativa si se toma en cuenta la fragilidad institucional del país y la tendencia mostrada hasta el momento por la Fiscalía y los órganos de instrucción penal en cuanto a calificar como terrorismo las iniciativas antigubernamentales de la oposición y de la sociedad civil, y no la exhibición de poder armado y las amenazas –abiertas y veladas- contra los opositores por parte de los grupos paramilitares que defienden al régimen.

*La policía judicial tiene adelantadas las pesquisas sobre el asesinato del activista político e ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre de 33 años de edad salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo vieron con vida. Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector El Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles. Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro. Pero, de acuerdo con información conocida de fuente policial, durante una de las últimas comunicaciones telefónicas con su familia, admitió que tenía una deuda de 50 mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se ha precisado es el origen de esa deuda, aunque para el momento de escribir esta nota una de las teorías se refería a negocios con moneda virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la posibilidad de un plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto de un sicariato.

El paso, un día de 2018 (Foto: M. Rendón)

*Los relatos sobre los obstáculos que deben superar las personas que salen del país vía San Antonio son asombrosos. Edgar explicó con toda crudeza las cosas que vio y las que tuvo que hacer para llegar a Cúcuta, donde tomaría un vuelo a Brasil. “Es algo para locos. A los taxis los paraban en la carretera cualquier alcabala de la Guardia Nacional o el Ejército, y bajaban a la gente. Nosotros pasábamos en un carro particular, y veíamos cómo les sacaban hasta el último trapito de la maleta, les quitaban la ropa, cualquier dólar que apareciera lo robaban. Luego, aparecían en San Antonio llorando, los chamos a los que les quitaron la plata (…) una tragedia. Luego, en la Plaza de las Dos Naciones, donde está el Saime (…) allí nos agarraron unos gestores. Había como tres mil personas en una cola, y nos cobraron 30 mil pesos para ponernos de primeros. De la mano del gestor, nos coleamos, y de repente llegaron funcionarios del Saime y del Ejército amenazando que nos iban a quitar el pasaporte, porque cómo era posible que nos coleáramos. Al parecer, los gestores no hicieron bien su trabajo y nos metieron en un zaperoco. Nos devolvieron al final de la cola, y eran miles de personas (…) Me encomendé a Dios. Me le pegué a un guardia y le dije que tenía la tensión muy baja, que ni voz tenía. Me sentía muy mal. Pregunté a quién tenía que pagarle para pasar al otro lado a ver a un médico. Le conté lo del gestor y los 30 mil pesos. El tipo decía que eso no era posible, dio media vuelta y se fue. A los diez minutos, cuando estaba a punto de colapsar, se me pegó un tipo y me dijo que tenía dos opciones: darle el pasaporte con 50 mil pesos y confiar en él, o quedarme ahí. Pensé que volvería con el guardia a decirle que me habían quitado el pasaporte. Resulta que el tipo había ido de parte del guardia. Se fue y a los cinco minutos salieron el guardia y el tipo, me dio media vuelta y me dijo que fuera a comprarle una malta, que me costó el equivalente a dos millones de bolívares. Yo me tomé una también. Allí me dio mi pasaporte, sellado (ríe). Sí (…) Pasamos para el lado colombiano y allí súper amables, siga no más, siga no más. El guardia echó el pitazo para que me pasaran. Llegamos a otra cola como de 500 personas, donde estaba la gente de Cáritas y médicos argentinos que me tomaron la tensión y me dieron agua. Eso sí, tuve que hacer mi cola. Y me sellaron mi pasaporte (…) Si no hubiese traído dólares no llego. Era el infierno. La GN repartiendo cachazos a los clandestinos que iban por el rio. Sientes que las autoridades del lado venezolano están ahí para robarte y violar tus derechos. Y las del lado colombiano para evitar que pases, y proteger su país”.

*El deterioro de la seguridad en la vía hacia oriente comienza poco después de Guarenas y se extiende, por lo menos, hasta Clarines. El fin de semana, tres funcionarios de cuerpos de seguridad padecieron en carne propia el accionar de las bandas. Dos de ellos fueron despojados a punta de pistola de sus vehículos cuando regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento segundo de la Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto de control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales, aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado del Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo vías locales que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar que los conductores las transiten y sean víctimas del “hampa desbordada”. Más allá, entre Clarines y Puerto Píritu, está el área en la que más vehículos de carga han sido saqueados durante el primer trimestre de 2018, según lo afirmado por el presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge Hernández. Buena parte de esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental de las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales sectores.

*Tres veces han detenido en 2018 a la estudiante de medicina Ariana Granadillo. Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, todo es consecuencia del parentesco que ella guarda con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Romero explicó que en virtud de esa relación ella residió durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal, mientras adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado segundo militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida como Armagedón, en la que también han implicado a la principal dirigente de Vente Venezuela Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban tras las rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones castrenses. El abogado afirmó que en las últimas semanas ha disminuido el número de detenidos por razones de conciencia. Pero indicó que ese puede ser el prólogo a una nueva ola de represión selectiva, en la que saldrán afectados dirigentes políticos, militares y periodistas.

¿Qué está pasando con los secuestros?

-Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de los cuerpos de seguridad en zonas periféricas

@javiermayorca

El fin de semana, las redes sociales dieron cuenta del video en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.
Posteriormente, la información procesada en cuerpos policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado poco después de las 9 am.
Este caso no figura en las estadísticas oficiales.
En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una voz ahogada por el llanto.

Cámaras captan los secuestros

Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.
En la primera semana de abril, un grupo que opera en Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58 años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la intervención del gobierno colombiano.
Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.
Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado Portuguesa.
Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes exigieron el pago de 50 mil dólares.
Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.
El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad que omite el discurso oficial.
Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un experto en negociación de secuestros.
A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente. Algo de esa desconfianza perdura.
Las estadísticas muestran una realidad deformada a conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.
Por otra parte, el secuestro está solapándose con los asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en Colinas de Carrizal.
A menudo, los afectados directamente o sus parientes denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.
Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas. En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente, está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas.
El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si ven que eso les representará una mayor ganancia.
Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales, por ahora.

Breves

Uno de los detenidos

*El 12 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la captura de dos hombres de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de una avioneta identificada con siglas falsas estadounidenses N3995W, que aterrizó de emergencia en la finca Mis Amores, municipio Baralt del estado Zulia. Curiosamente, el funcionario nunca aportó los nombres de los aprehendidos por este caso. Gracias a los pasaportes que llevaban se pudo conocer que se trata de Héctor Jabes Rincón Torres, copiloto de 32 años de edad, y Andrés Vargas Flores, piloto de 40 años. El primero de Xalapa y el otro de Mérida (Yucatán). Ambos están actualmente en manos de autoridades militares zulianas. Habían despegado de tierras aztecas en una Beechcraft 90 y se cree que luego de cargar drogas volarían hasta algún país centroamericano, probablemente Costa Rica, que en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los carteles mexicanos. Pero los aviadores no llegaron a la cita. Aunque las autoridades venezolanas asociaron a Rincón y a Vargas directamente con el cartel de Sinaloa (organización liderada por Juan José Esparragoza, alias el Azul, luego de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán), fuentes mexicanas indicaron que actualmente los pilotos operan de manera independiente, como si fuesen contratistas externos, a cambio de un pago por cada viaje. Un trabajo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá precisó que durante todo 2017 fueron detectados 177 vuelos sospechosos que iban o venían por cielo venezolano. La Fuerza Aérea Colombiana se blindó mediante la incorporación de 62 expertos en la detección de estas aeronaves, y ahora los pilotos de la droga están usando con mayor frecuencia las rutas que pasan por Venezuela, rumbo al Caribe. En menos de seis meses se han detectado 200 vuelos ilegales, más de uno en promedio diario, por el espacio aéreo nacional.

*La victoria de Iván Duque en las pasadas elecciones colombianas traerá diversas consecuencias en materia de seguridad para Venezuela. Una de ellas será la intensificación de las actividades de las bandas derivadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que poseen una especie de santuario en el estado Amazonas. Esto no es nuevo. No se olvide que el Boyaco José María Corredor (enlace entre las FARC y los brokers nacionales como Walid Makled) fingía ser un venezolano nacido en esa región del país, con el nombre de Andrés Yanave. Y por allí pasaba buena parte de la cocaína elaborada bajo la tutela de los líderes de los bloques Sur y Oriental del grupo guerrillero. Ahora, con Duque en el poder, se espera una mayor presión policial y militar sobre estas rutas. Las alternativas para ellos son desplazarse al estado Bolívar para incorporarse a la explotación del Arco Minero (cosa que ya han comenzado a hacer), o reagruparse utilizando la “marca” de la antigua organización subversiva, o usando otra. El problema con el Arco Minero, indican fuentes, es que la relación entre el trabajo y la ganancia no les satisface. Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, en ese estado llegaron a permanecer unos cuatro mil guerrilleros colombianos.

*La historia del último complot contra el presidente Maduro da para todo. En la medida en que ocurren las detenciones se conocen nuevos ingredientes del supuesto plan, bautizado por la Contrainteligencia Militar como Armagedón, una referencia al pasaje bíblico del Apocalipsis, sobre “la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, en la que ocurrían terremotos y tsunamis, además de “un enorme granizo”. Para darle alguna consistencia a esto, los investigadores militares supuestamente advirtieron al Gobierno que una parte de la conspiración consistía en la toma de un cazabombardero Sukhoi 30, emplazado en la base Luis del Valle García de Barcelona, que luego de atacar Miraflores u otro objetivo de importancia huiría hacia la isla de Aruba. Más allá de esto, las aprehensiones han continuado con la estudiante de medicina Arianna Granadillo, de 21 años de edad, quien al momento de la redacción de esta nota no había sido presentada aún ante el juzgado segundo militar en Caracas. En cambio, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien hasta mayo fue segundo comandante de la Brigada de Comandos del Mar con sede en Turiamo, sí fue impuesto de los cargos por instigación a la rebelión y traición a la patria. En el acto estuvo asesorado por un abogado asignado de oficio. Las detenciones probablemente continuarán, pues la Dgcim ha convencido al Gobierno de que Armagedón contaba con la participación de por lo menos siete unidades operativas de la Fuerza Armada: tres de la Guardia Nacional, dos del Ejército, una de la Aviación y la restante de la Armada. Hasta ahora, salvo dos generales sin tropas, la Guardia Nacional no ha sido tocada. En el sector policial, según la Dgcim, este complot contaba con el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales de Cicpc.

*Una comisión de investigaciones contra el terrorismo intenta identificar a los autores de la voladura del busto de Ernesto Ché Guevara en la avenida Bolívar. El explosivo de fabricación artesanal fue detonado el 21 de junio a las 9 pm, de tal forma que solo ocasionó la destrucción de la estatua, sin que hubiese personas lesionadas. Un día antes, en Carabobo, también fue destruida a golpes la estatua en homenaje al padre José María Rivolta, fundador de Hogares Crea. Se podría pensar que ambos hechos son aislados, que no guardan relación. Sin embargo, llama la atención la escogencia de ambos objetivos, y lo que ellos puedan representar en el plano simbólico: uno como ícono de la iglesia católica, y el otro de las revoluciones en Latinoamérica, exaltadas por el oficialismo. Mientras tanto fue reforzada momentáneamente la vigilancia a las estatuas de Hugo Chávez en diversas partes del país. En Margarita, por ejemplo, militares velan por el monumento día y noche. En marzo, una turba intentó quemar la erigida en Sabaneta de Barinas. Según el Foro Penal, por este hecho fueron detenidas cuatro personas.

*La escasez de dinero efectivo no impide a los funcionarios de cuerpos de seguridad continuar con sus extorsiones. Ahora, utilizan los diversos medios electrónicos para llevar a cabo transferencias, generalmente a favor de terceros que operan como cómplices. El 28 de junio, cuatro efectivos de la Guardia Nacional emplazados en el mercado Los Centauros de San Fernando de Apure fueron detenidos luego de procesarse la denuncia sobre el robo de una motocicleta a un civil. La víctima fue despojada de su teléfono celular, y desde allí fue contactada casi de inmediato para que hiciera una transferencia de 200 millones de bolívares, utilizando para ello una tableta suministrada por los propios uniformados. En Caracas, un hombre que había comprado diversos artículos de  charcutería al mayor fue detenido en El Calvario por los oficiales de un punto de control de la Policía Nacional, y lo obligaron a pagar diez millones de bolívares utilizando el punto de venta de una frutería ubicada en las adyacencias, cuyo encargado del momento también participaba del esquema delictivo. En el último caso, la divulgación de un audio a través de las redes sociales dio pie para una averiguación por parte de la Inspectoría de la PNB.