-Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en
nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la Guardia Nacional dicen
que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden contar con apoyo en las
calles
@javiermayorca
La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un
hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas
allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra
su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.
Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen
de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su
energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese
estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la
mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas
oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella
rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.
“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando
para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato” , añadió, no
lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y
sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.
El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A
veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas
exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso,
cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en
efectivo en un lugar predeterminado.
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Extorsionan en nombre de causas "justas" |
Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo
armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al
hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90%
del territorio caraqueño.
Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para
engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario
para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que
intentan atender el caso de una niña desahuciada.
Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al
fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia
por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había
bajado a 50 millones de bolívares.
Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión
telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro
casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los
extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un
colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las
extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante
transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto
antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna.
Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente
justa.
A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago
“yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.
Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar
este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de
las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales.
Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.
Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad
contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501
han sido por extorsiones.
En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras,
conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por
extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por
mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por
extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.
Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el
Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben
despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a
colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los
penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).
Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía
judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora
trabajan en grupos.
“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay
gente en las calles que los ayudan”, indicó.
Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un
barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el
penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está
frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y,
efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.
Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el
chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.
“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”,
sentenció.
El engaño del premio
Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener
información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la
coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien
Equipada o la Misión Vivienda.
Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo
un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la
conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas
viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la
información.
Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.
“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario
general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.
Breves
*El ascenso de Pedro Sánchez al cargo de Primer Ministro en España tendrá
un impacto inmediato y debilitador sobre la coalición internacional que intenta
propiciar un cambio de gobierno en Venezuela, mediante medidas compulsivas como
las sanciones impuestas por EEUU y países como Canadá y Suiza. Ya el nuevo canciller Josep Borrell declaró el
16 de julio que cesaría el apoyo a la “línea dura”, que caracterizó la posición
española durante la gestión de Mariano Rajoy. La postura del anterior gobierno
era tan pugnaz hacia Maduro que, según indican fuentes diplomáticas, fue el
país que solicitó sanciones contra el mayor número de funcionarios y
representantes del oficialismo venezolano. La última lista de sancionados por
la Unión Europea incluyó once nombres. Este fue el resultado de una consulta de
varios meses en la que todas las naciones que integran ese cuerpo dieron sus
respectivas opiniones, basados en los informes de sus servicios exteriores. La
petición inicial indicaba que el número debía estar alrededor de los diez. El
país que menos “sancionables” dio fue Austria, con cuatro. España, en cambio,
dio cincuenta.
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Más censura en policías |
*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general
Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la
difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos
resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el
propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas
correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con
esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de
la censura.
*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el
primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En
primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya
sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes,
que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en
cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón,
de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos
casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el
fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de
responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud
de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o
de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de
2018, y no 6581.
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Este juicio se las trae |
*El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida
contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico
de bolichicos, es el producto de una
investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos. La pesquisa, conocida con el nombre
código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al
entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de
legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de
Venezuela. Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados
Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador
de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca
a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación
telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco
Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador
de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio
de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de
Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el
portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el
uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández
Frieri y Krull. Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso,
que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia
estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido
divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial
cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en
bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja.
Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en
EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos
involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero
Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que
permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de
pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa
petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante
señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante
la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal
petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”).
Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este
último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de
Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer
con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.
*Continúa el deslave
en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército,
mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de
tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no
tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también
hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las
filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos
militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son
deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que
actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias
políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense
colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la
insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera
militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en
jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los
integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de
viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin
embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.