-Hay fuertes indicios para concluir que el Ejecutivo sospechaba que algo
ocurriría durante el acto celebrado en la avenida Bolívar el 4 de agosto. Y,
sin embargo, dejó que continuara el complot
@javiermayorca
Todo indica que el alto gobierno tenía información previa sobre la
inminencia de un atentado contra el Presidente durante la celebración del acto
con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional. Aun así, Maduro y su
entorno decidieron asumir el riesgo, con la intención de conocer la verdadera
profundidad del complot.
Sobre este punto es necesario llevar a cabo una reflexión. Pero antes
que la opinión, como siembre, es necesario ponderar los hechos conocidos hasta el
momento. De allí surgen los indicios que permiten trazar teorías en torno a un
episodio inédito en la historia del país.
Los elementos de convicción más fuertes para asumir la premisa indicada
en el primer párrafo son los siguientes:
1) El cambio del escenario. Como se dijo en la entrega
anterior (Fénix en Cenizas) el acto
aniversario del componente castrense generalmente se llevaba a cabo en Los
Próceres y Fuerte Tiuna. La decisión sobre el cambio de lugar donde se llevaría
a cabo la parada militar fue tomada en Miraflores la semana previa al sábado 4
de agosto. El lunes se hizo la notificación correspondiente, de manera que el
martes se iniciaron –con mucha discreción- los trabajos para la puesta en
escena. ¿Por qué escogieron las tres cuadras de la avenida Bolívar, que van
desde Parque Carabobo hasta el cruce con la avenida Sur 5? Una fuente militar
indicó que allí prevalecieron las consideraciones de seguridad. El mandatario
tenía que estar en un ambiente altamente controlado, para mitigar al máximo las
amenazas previstas. El toldo donde colocaron la tarima para Maduro y su alto
mando estaba cercado por francotiradores. El grupo principal fue apostado en el
tope del edificio sede del Poder Judicial. Allí, según testimonios, colocaron
un puesto de observación con largavistas y dos fusileros. Testigos indicaron
además que el convoy presidencial estaba compuesto por tres camionetas, que
fueron estacionadas en el costado norte de la tarima, y orientadas hacia el
oeste. De esta forma, ante cualquier eventualidad –como la que en efecto se
presentó- el Presidente huiría del lugar vía Miraflores lo más rápido posible.
Finalmente, los militares que participarían en el evento (todos de la Guardia
Nacional) fueron mantenidos, en el caso más extremo, a unos veinte metros de
distancia con respecto a la pareja presidencial. Se evitaba así un escenario
como el que posibilitó el asesinato del presidente egipcio Anwar el Sadat en
1981.
2) Rapidez en las imputaciones. El 4 de agosto,
poco antes de las 9 pm, es decir, a tres horas de los sucesos en el centro de
Caracas, Maduro anunciaba que habían sido plenamente identificados tanto los
autores materiales e intelectuales de lo que calificó como un “atentado” en su
contra. Precisó además que los financistas de esta acción se encontraban en
Florida, Estados Unidos. Para ese momento, aún continuaban los trabajos de
búsqueda y colección de posibles evidencias en los dos sitios de suceso. Hubo,
además, una acción policial en la que detuvieron a dos de los presuntos autores
materiales del estallido de uno de los drones, el que cayó en la fachada norte
de las residencias Don Rafael. Pero es poco probable que dos elementos
encargados de la autoría material del complot estuviesen al tanto de toda la
estructura que los respaldaba, hasta llegar a los proveedores de los recursos
financieros. Este es, entonces, un nuevo indicio de la “información
privilegiada” que poseía el Ejecutivo sobre lo que venía. Se podría pensar,
incluso, en la posibilidad de que la propia operación hubiese sido infiltrada
en su fase de ejecución. Hay testimonios según los cuales la camioneta Orlando
negra tenía cuatro personas y no dos, como indicó el parte posterior difundido
por el fiscal designado por la ANC, Tarek William.
3) No hubo acuartelamiento. El 4 de agosto ocurrió un
hecho sin precedentes en cuanto a su audacia, magnitud, alcance e incluso
creatividad. Fusionó la característica de simultaneidad, vista por primera vez
en los ataques de Al Qaeda contra embajadas estadounidenses en países africanos
(Nairobi y Dar es Salaam, 1998), y reproducida luego en Nueva York (2001),
Madrid (2004) y Londres (2005), por citar algunos, con la oportunidad que
suponía la entrada al mercado civil de las aeronaves no tripuladas y manejadas
a control remoto, mejor conocidas como drones. A pesar de esto, el Ministerio de
la Defensa no ordenó el inmediato acuartelamiento de las tropas, ni siquiera
como mera medida de precaución, tomando en cuenta que todo esto sucedió en un
entorno netamente castrense. Esa noche, Maduro habló de “máxima alerta”, pero
eso no es acuartelamiento. Esto quiere decir que el Gobierno ya tenía –o creía
tener- una idea clara en cuanto a las dimensiones del grupo que ejecutó esta
acción. En otras palabras, sabía de antemano que luego de lo ocurrido durante
el acto de la avenida Bolívar no habría ningún movimiento adicional, cuarteles
adentro.
4) Información filtrada. La inminencia de un ataque contra el Presidente era conocida por periodistas y opositores radicales asentados en Estados Unidos desde la propia semana. No fue solo Jaime Bayly, a quien le anunciaron durante una reunión: “El sábado vamos a matar a Maduro”. Otros profesionales también fueron contactados en varias oportunidades, y se les advirtió que apenas ejecutadas las acciones se divulgaría un comunicado para explicar el propósito que tenía este grupo. Ese documento de cuatro páginas comenzó a ser entregado luego de las 6 pm del 4 de agosto. Sin embargo, la difusión al público inició dos horas después. Allí se habla, por primera vez, de la llamada Operación Fénix. Por su extensión, es claro que la redacción de esos párrafos se desarrolló durante horas o días de antelación.
4) Información filtrada. La inminencia de un ataque contra el Presidente era conocida por periodistas y opositores radicales asentados en Estados Unidos desde la propia semana. No fue solo Jaime Bayly, a quien le anunciaron durante una reunión: “El sábado vamos a matar a Maduro”. Otros profesionales también fueron contactados en varias oportunidades, y se les advirtió que apenas ejecutadas las acciones se divulgaría un comunicado para explicar el propósito que tenía este grupo. Ese documento de cuatro páginas comenzó a ser entregado luego de las 6 pm del 4 de agosto. Sin embargo, la difusión al público inició dos horas después. Allí se habla, por primera vez, de la llamada Operación Fénix. Por su extensión, es claro que la redacción de esos párrafos se desarrolló durante horas o días de antelación.
Es posible que el Gobierno desconociera algunos detalles en cuanto al tipo de acción que sería ejecutada el 4 de agosto. Pero no cabe duda que se manejaba sobre la firme convicción de que algo sucedería. Igualmente, con el pasar del tiempo luego de esa fecha fue decantando sus señalamientos. Por ejemplo, no ha insistido en que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están implicados en los estallidos. Y hasta el momento de la redacción de esta columna el nombre del supuesto financista del complot, Osman Delgado Tabosky, copropietario de una clínica y de un canal de televisión en Valencia, no aparece en la lista de notificaciones rojas de Interpol.
Como punto final, llama la atención que hasta el presente el “pueblo” no
haya salido en masa a defender a su mandatario. Las dos movilizaciones que
convocaron desde el oficialismo a tal efecto fueron fracasos. Maduro ni
siquiera les habló. Desde entonces, no ha vuelto a participar en actos
callejeros. Es un Presidente en confinamiento.
Breves
*Está en marcha una operación policial internacional para impedir el
accionar de las redes de trata de personas desde Venezuela. Esta pesquisa
comenzó el mes de junio, y es coordinada a través de Interpol. Aunque el
deterioro de la situación económica amplía la magnitud de los grupos
vulnerables hasta abarcar a casi todo el país, se ha determinado que estas
redes están especialmente activas en los estados Bolívar, Sucre y Táchira,
además del eje Distrito Capital-Vargas-Miranda. Como parte de esta investigación
se pudo identificar y localizar a un grupo de evadidos de una cárcel del estado
brasileño de Roraima, que viajó a Ciudad Guayana para intentar la captación de
jóvenes que luego serían prostituidas. La Guardia Nacional también ha
participado en cursos de instrucción sobre este delito. El viernes, efectivos
de este componente aprehendieron a dos hombres en la ciudad vacacional Los
Caracas, donde supuestamente habían instalado un campamento para reclutar menores
de edad y luego incorporarlos a grupos de prostitución en otros países. El caso
fue notificado a la fiscal octava del estado Vargas, Yaniska Ramos.
*El 15 de agosto, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia divulgó el testimonio de un ex líder
estudiantil, Hasler Iglesias, cuya mamá fue asaltada el 20 de julio en El
Cementerio. Luego de este suceso la víctima, en compañía del ex presidente de
la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela
(FCU-UCV), intentó consignar la denuncia correspondiente en dos sedes del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y fueron
tantas las barreras colocadas por los jefes policiales y el tiempo perdido que
al final la mujer desistió. Esta es una prueba más de lo que se ha reiterado en
este espacio: la criminalidad en Venezuela no está en baja, como sostienen los
voceros del Gobierno. Lo que ha disminuido es el número de denuncias admitidas
y procesadas. Y eso es así debido a que cada día el ciudadano/víctima encuentra
mayor número de trabas para notificar lo que ha sucedido. Lo vemos en el
tratamiento a los delitos de mayor impacto. En el caso de los robos, en Cicpc
piden hasta facturas de los bienes que el hampa se llevó. Si hablamos de
secuestros, las denuncias tienen que ser formuladas por familiares directos,
pues de lo contrario no las reciben, tal y como sucedió en una subdelegación
del oeste caraqueño en 2017. En cuanto a los hurtos de partes de vehículos,
como por ejemplo pueden ser las baterías, los agentes no consignan las denuncias,
sino que elaboran una constancia para que el propietario pueda adquirir el
repuesto nuevo. En los casos de extorsiones telefónicas, tampoco se levanta el
acta con las formalidades de ley una vez que la víctima se ha presentado ante
la oficina policial. Simplemente, toman nota y despachan eso así. Todo esto
tiene una finalidad: disminuir de manera artificiosa el número de denuncias
recibidas, para que al final los representantes del Ejecutivo intenten hacernos
creer que la criminalidad disminuyó.
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Las rutas del venezolano |
*Era previsible que el incremento de la migración venezolana hacia los
países de la región iba a ocasionar reacciones de los distintos gobiernos.
Hasta el momento, las posiciones adoptadas con respecto a este proceso que ya involucra a unos 2,3 millones de venezolanos (cifras de ONU) podrían englobarse en tres grandes
grupos: 1) contención: estos gobiernos parten del principio que de no se puede
permitir el paso indiscriminado de los emigrantes venezolanos, en especial los
de las nuevas olas, que son generalmente personas sin recursos ni habilidades
especiales, e implantan sistemas de visado o endurecen los criterios para el
otorgamiento y la renovación de tales permisos. En este grupo se inscriben
Canadá, Estados Unidos y Panamá, por ejemplo; 2) acogida: los gobiernos de
estos países ven a los emigrantes venezolanos como personas en situación de
vulnerabilidad, que requieren atención inmediata y, posteriormente, pueden ser
insertadas en la sociedad debido a que conocen algún oficio, o simplemente
porque tienen ese derecho. Aquí están Brasil, Argentina, Colombia y, en menor
medida, Chile, Perú y Ecuador; y 3) rechazo abierto: estos gobiernos no están
dispuestos a asumir la responsabilidad de recibir a los emigrantes venezolanos,
y plantan barreras casi infranqueables. El mejor ejemplo lo ha dado Trinidad y
Tobago, cuyo primer ministro Keith Rowley cree que el archipiélago podría
convertirse en un “campo de refugiados” venezolanos. De allí que su gobierno
haya endurecido la política de deportaciones. Rowley, por cierto, es un aliado
de Maduro en la explotación gasífera de la Faja del Orinoco.
*El 13 de agosto, el director de la policía judicial, comisario Douglas
Rico, notificó a todas las oficinas regionales y subdelegaciones de ese cuerpo
sobre el resultado de un cruce de la data sobre los funcionarios de cada
despacho manejada respectivamente por la Coordinación Nacional de Recursos
Humanos y la enviada por las distintas oficinas. Se detectó una disparidad de
424 efectivos, que mayoritariamente tienen el grado de detective. Sin embargo,
el listado incluye a personal de todos los niveles. Hay por ejemplo cuatro
supuestos funcionarios que han llegado a comisarios y comisarios jefe, en
Barinas, Lara, Portuguesa y Caracas. Es posible que algunos de ellos hubiesen
fallecido recientemente, y que tales defunciones no hubiesen sido incorporadas
a las bases de datos de las nóminas respectivas. Una circular interna indica que
fueron suspendidos los sueldos y pagos de cesta tickets a todos ellos, hasta
que el jefe de cada unidad envíe un informe que aclare la situación de cada
uno.
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