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domingo, 26 de agosto de 2018

El Gobierno lo sabía


-Hay fuertes indicios para concluir que el Ejecutivo sospechaba que algo ocurriría durante el acto celebrado en la avenida Bolívar el 4 de agosto. Y, sin embargo, dejó que continuara el complot

@javiermayorca

Todo indica que el alto gobierno tenía información previa sobre la inminencia de un atentado contra el Presidente durante la celebración del acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional. Aun así, Maduro y su entorno decidieron asumir el riesgo, con la intención de conocer la verdadera profundidad del complot.
Sobre este punto es necesario llevar a cabo una reflexión. Pero antes que la opinión, como siembre, es necesario ponderar los hechos conocidos hasta el momento. De allí surgen los indicios que permiten trazar teorías en torno a un episodio inédito en la historia del país.
Los elementos de convicción más fuertes para asumir la premisa indicada en el primer párrafo son los siguientes:

1)      El cambio del escenario. Como se dijo en la entrega anterior (Fénix en Cenizas) el acto aniversario del componente castrense generalmente se llevaba a cabo en Los Próceres y Fuerte Tiuna. La decisión sobre el cambio de lugar donde se llevaría a cabo la parada militar fue tomada en Miraflores la semana previa al sábado 4 de agosto. El lunes se hizo la notificación correspondiente, de manera que el martes se iniciaron –con mucha discreción- los trabajos para la puesta en escena. ¿Por qué escogieron las tres cuadras de la avenida Bolívar, que van desde Parque Carabobo hasta el cruce con la avenida Sur 5? Una fuente militar indicó que allí prevalecieron las consideraciones de seguridad. El mandatario tenía que estar en un ambiente altamente controlado, para mitigar al máximo las amenazas previstas. El toldo donde colocaron la tarima para Maduro y su alto mando estaba cercado por francotiradores. El grupo principal fue apostado en el tope del edificio sede del Poder Judicial. Allí, según testimonios, colocaron un puesto de observación con largavistas y dos fusileros. Testigos indicaron además que el convoy presidencial estaba compuesto por tres camionetas, que fueron estacionadas en el costado norte de la tarima, y orientadas hacia el oeste. De esta forma, ante cualquier eventualidad –como la que en efecto se presentó- el Presidente huiría del lugar vía Miraflores lo más rápido posible. Finalmente, los militares que participarían en el evento (todos de la Guardia Nacional) fueron mantenidos, en el caso más extremo, a unos veinte metros de distancia con respecto a la pareja presidencial. Se evitaba así un escenario como el que posibilitó el asesinato del presidente egipcio Anwar el Sadat en 1981.
2)      Rapidez en las imputaciones. El 4 de agosto, poco antes de las 9 pm, es decir, a tres horas de los sucesos en el centro de Caracas, Maduro anunciaba que habían sido plenamente identificados tanto los autores materiales e intelectuales de lo que calificó como un “atentado” en su contra. Precisó además que los financistas de esta acción se encontraban en Florida, Estados Unidos. Para ese momento, aún continuaban los trabajos de búsqueda y colección de posibles evidencias en los dos sitios de suceso. Hubo, además, una acción policial en la que detuvieron a dos de los presuntos autores materiales del estallido de uno de los drones, el que cayó en la fachada norte de las residencias Don Rafael. Pero es poco probable que dos elementos encargados de la autoría material del complot estuviesen al tanto de toda la estructura que los respaldaba, hasta llegar a los proveedores de los recursos financieros. Este es, entonces, un nuevo indicio de la “información privilegiada” que poseía el Ejecutivo sobre lo que venía. Se podría pensar, incluso, en la posibilidad de que la propia operación hubiese sido infiltrada en su fase de ejecución. Hay testimonios según los cuales la camioneta Orlando negra tenía cuatro personas y no dos, como indicó el parte posterior difundido por el fiscal designado por la ANC, Tarek William.
3)      No hubo acuartelamiento. El 4 de agosto ocurrió un hecho sin precedentes en cuanto a su audacia, magnitud, alcance e incluso creatividad. Fusionó la característica de simultaneidad, vista por primera vez en los ataques de Al Qaeda contra embajadas estadounidenses en países africanos (Nairobi y Dar es Salaam, 1998), y reproducida luego en Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres (2005), por citar algunos, con la oportunidad que suponía la entrada al mercado civil de las aeronaves no tripuladas y manejadas a control remoto, mejor conocidas como drones. A pesar de esto, el Ministerio de la Defensa no ordenó el inmediato acuartelamiento de las tropas, ni siquiera como mera medida de precaución, tomando en cuenta que todo esto sucedió en un entorno netamente castrense. Esa noche, Maduro habló de “máxima alerta”, pero eso no es acuartelamiento. Esto quiere decir que el Gobierno ya tenía –o creía tener- una idea clara en cuanto a las dimensiones del grupo que ejecutó esta acción. En otras palabras, sabía de antemano que luego de lo ocurrido durante el acto de la avenida Bolívar no habría ningún movimiento adicional, cuarteles adentro.
4)      Información filtrada. La inminencia de un ataque contra el Presidente era conocida por periodistas y opositores radicales asentados en Estados Unidos desde la propia semana. No fue solo Jaime Bayly, a quien le anunciaron durante una reunión: “El sábado vamos a matar a Maduro”. Otros profesionales también fueron contactados en varias oportunidades, y se les advirtió que apenas ejecutadas las acciones se divulgaría un comunicado para explicar el propósito que tenía este grupo. Ese documento de cuatro páginas comenzó a ser entregado luego de las 6 pm del 4 de agosto. Sin embargo, la difusión al público inició dos horas después. Allí se habla, por primera vez, de la llamada Operación Fénix. Por su extensión, es claro que la redacción de esos párrafos se desarrolló durante horas o días de antelación.



Es posible que el Gobierno desconociera algunos detalles en cuanto al tipo de acción que sería ejecutada el 4 de agosto. Pero no cabe duda que se manejaba sobre la firme convicción de que algo sucedería. Igualmente, con el pasar del tiempo luego de esa fecha fue decantando sus señalamientos. Por ejemplo, no ha insistido en que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están implicados en los estallidos. Y hasta el momento de la redacción de esta columna el nombre del supuesto financista del complot, Osman Delgado Tabosky, copropietario de una clínica y de un canal de televisión en Valencia, no aparece en la lista de notificaciones rojas de Interpol.
Como punto final, llama la atención que hasta el presente el “pueblo” no haya salido en masa a defender a su mandatario. Las dos movilizaciones que convocaron desde el oficialismo a tal efecto fueron fracasos. Maduro ni siquiera les habló. Desde entonces, no ha vuelto a participar en actos callejeros. Es un Presidente en confinamiento.

Breves

*Está en marcha una operación policial internacional para impedir el accionar de las redes de trata de personas desde Venezuela. Esta pesquisa comenzó el mes de junio, y es coordinada a través de Interpol. Aunque el deterioro de la situación económica amplía la magnitud de los grupos vulnerables hasta abarcar a casi todo el país, se ha determinado que estas redes están especialmente activas en los estados Bolívar, Sucre y Táchira, además del eje Distrito Capital-Vargas-Miranda. Como parte de esta investigación se pudo identificar y localizar a un grupo de evadidos de una cárcel del estado brasileño de Roraima, que viajó a Ciudad Guayana para intentar la captación de jóvenes que luego serían prostituidas. La Guardia Nacional también ha participado en cursos de instrucción sobre este delito. El viernes, efectivos de este componente aprehendieron a dos hombres en la ciudad vacacional Los Caracas, donde supuestamente habían instalado un campamento para reclutar menores de edad y luego incorporarlos a grupos de prostitución en otros países. El caso fue notificado a la fiscal octava del estado Vargas, Yaniska Ramos.

*El 15 de agosto, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia divulgó el testimonio de un ex líder estudiantil, Hasler Iglesias, cuya mamá fue asaltada el 20 de julio en El Cementerio. Luego de este suceso la víctima, en compañía del ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), intentó consignar la denuncia correspondiente en dos sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y fueron tantas las barreras colocadas por los jefes policiales y el tiempo perdido que al final la mujer desistió. Esta es una prueba más de lo que se ha reiterado en este espacio: la criminalidad en Venezuela no está en baja, como sostienen los voceros del Gobierno. Lo que ha disminuido es el número de denuncias admitidas y procesadas. Y eso es así debido a que cada día el ciudadano/víctima encuentra mayor número de trabas para notificar lo que ha sucedido. Lo vemos en el tratamiento a los delitos de mayor impacto. En el caso de los robos, en Cicpc piden hasta facturas de los bienes que el hampa se llevó. Si hablamos de secuestros, las denuncias tienen que ser formuladas por familiares directos, pues de lo contrario no las reciben, tal y como sucedió en una subdelegación del oeste caraqueño en 2017. En cuanto a los hurtos de partes de vehículos, como por ejemplo pueden ser las baterías, los agentes no consignan las denuncias, sino que elaboran una constancia para que el propietario pueda adquirir el repuesto nuevo. En los casos de extorsiones telefónicas, tampoco se levanta el acta con las formalidades de ley una vez que la víctima se ha presentado ante la oficina policial. Simplemente, toman nota y despachan eso así. Todo esto tiene una finalidad: disminuir de manera artificiosa el número de denuncias recibidas, para que al final los representantes del Ejecutivo intenten hacernos creer que la criminalidad disminuyó.

Las rutas del venezolano
*Era previsible que el incremento de la migración venezolana hacia los países de la región iba a ocasionar reacciones de los distintos gobiernos. Hasta el momento, las posiciones adoptadas con respecto a este proceso que ya involucra a unos 2,3 millones de venezolanos (cifras de ONU) podrían englobarse en tres grandes grupos: 1) contención: estos gobiernos parten del principio que de no se puede permitir el paso indiscriminado de los emigrantes venezolanos, en especial los de las nuevas olas, que son generalmente personas sin recursos ni habilidades especiales, e implantan sistemas de visado o endurecen los criterios para el otorgamiento y la renovación de tales permisos. En este grupo se inscriben Canadá, Estados Unidos y Panamá, por ejemplo; 2) acogida: los gobiernos de estos países ven a los emigrantes venezolanos como personas en situación de vulnerabilidad, que requieren atención inmediata y, posteriormente, pueden ser insertadas en la sociedad debido a que conocen algún oficio, o simplemente porque tienen ese derecho. Aquí están Brasil, Argentina, Colombia y, en menor medida, Chile, Perú y Ecuador; y 3) rechazo abierto: estos gobiernos no están dispuestos a asumir la responsabilidad de recibir a los emigrantes venezolanos, y plantan barreras casi infranqueables. El mejor ejemplo lo ha dado Trinidad y Tobago, cuyo primer ministro Keith Rowley cree que el archipiélago podría convertirse en un “campo de refugiados” venezolanos. De allí que su gobierno haya endurecido la política de deportaciones. Rowley, por cierto, es un aliado de Maduro en la explotación gasífera de la Faja del Orinoco.

*El 13 de agosto, el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, notificó a todas las oficinas regionales y subdelegaciones de ese cuerpo sobre el resultado de un cruce de la data sobre los funcionarios de cada despacho manejada respectivamente por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y la enviada por las distintas oficinas. Se detectó una disparidad de 424 efectivos, que mayoritariamente tienen el grado de detective. Sin embargo, el listado incluye a personal de todos los niveles. Hay por ejemplo cuatro supuestos funcionarios que han llegado a comisarios y comisarios jefe, en Barinas, Lara, Portuguesa y Caracas. Es posible que algunos de ellos hubiesen fallecido recientemente, y que tales defunciones no hubiesen sido incorporadas a las bases de datos de las nóminas respectivas. Una circular interna indica que fueron suspendidos los sueldos y pagos de cesta tickets a todos ellos, hasta que el jefe de cada unidad envíe un informe que aclare la situación de cada uno.

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