-El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las
principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los
delincuentes continúan imponiendo su ley
La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido
en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el
Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus
principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.
Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta
troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten
sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de
semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la
advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.
El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada
del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del
colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a
detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo
armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.
Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales
del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector,
Oswaldo Rafael Silva.
Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente.
Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha
llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado
a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus
empleados y gerentes por esa vía.
Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento
de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos
puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma
familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida
en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado
como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto
Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su
paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por
testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a
oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.
Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de
manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados
cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el
trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el
municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en
cada ocasión.
Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año
pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere
decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido
casi inalterada.
En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6%
en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi
siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.
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La Troncal 9, intransitable de noche y madrugada |
La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para
identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera
extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que
operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.
Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las
han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en
el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos
caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de
esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha
logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos
de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.
Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio
Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada
por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces,
esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita,
otro sector del mismo municipio barloventeño.
El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue
eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían
tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.
Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une
a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es
conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos
con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia
en la zona, al igual que el resto de las policías.
Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se
movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad
de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en
2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.
Breves
*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema
tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene
que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal
ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez,
porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante
el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le
tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo,
a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado
del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto
protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el
tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la
población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional,
anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo
sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo
delató. Poco después, tuvo que salir del país.
*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad
elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos
iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la
actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado
lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la
determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles
responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo
50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012
son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios
policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes
necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de
identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en
el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la
criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del
Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una
iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio
Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar
otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas
cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia
de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros
medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de
investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún
permanecen intactos.
*El Gobierno está preparando su propia interpretación sobre la
conflictividad social en el país. El 5 de septiembre, el viceministerio de
Prevención y Seguridad de Relaciones Interiores ofició a todos los directores
de policías municipales del país con la finalidad de que remitieran a ese
despacho lo antes posible la data completa de las manifestaciones que hayan
sido reportadas en cada jurisdicción a partir de 2013. Junto a esas cifras se
requirió la información sobre el motivo de la acción callejera, la
clasificación tomando en cuenta si era a favor o en contra del gobierno central,
los reportes sobre funcionarios y civiles lesionados o muertos, número de
detenciones y las denuncias que hayan sido formuladas por abusos en el control
de estas manifestaciones. Ya en semanas anteriores, la Guardia Nacional y la Policía
Nacional distribuyeron entre sus unidades unos formatos que serán utilizados de
ahora en adelante para el monitoreo de las protestas callejeras. Se intenta de
esta forma unificar criterios según la particular forma de ver las cosas que
existe desde el gobierno central.
*La llamada Declaración de Quito, en la que once gobiernos americanos
expresan su interés por “acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en
situación de movilidad humana” tendrá un efecto inmediato sobre el mercado
negro de pasaportes en Venezuela. El punto VI de la referida declaración,
suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, indica que estos países
tomarán “los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los
ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Esto da a entender que los
pasaportes de los emigrantes venezolanos serán tenidos como válidos por las
autoridades migratorias de estas naciones aún si han caducado. Este es un golpe
directo a las redes que en Venezuela han montado un mercado negro con la emisión
de tales documentos. En un trabajo publicado en el Spectator de Gran Bretaña la primera semana de septiembre, titulado
Venezuela’s great socialist experiment
has brought a country to its knees (El gran experimento socialista
venezolano ha puesto al país de rodillas) el periodista Jason Mitchell señala
que los pasaportes son otorgados previo pago de sobornos por 1.500 dólares. Al
dejar de ser indispensables para ir a otras latitudes, el valor del documento
descenderá irremediablemente.
Bloopers del poder
En esta entrega, se hace una sección especial sobre las pifias públicas
y notorias que hemos tenido que presenciar en la voz de importantes operadores
del sistema de seguridad y justicia del país. Aquí van las primeras tres:
1)
Barrabasada in fraganti. Luego del incidente
con los drones en la avenida Bolívar, el Fiscal General designado por la
Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, intentó justificar en una
entrevista televisada con Vladimir Villegas el procedimiento aplicado para
detener al diputado en ejercicio Juan Requesens. Dijo: “Mira (…) recuerda que
en el derecho penal existe un tipo que se llama la flagrancia. Un tipo penal. Y
ese tipo penal se asocia a lo realizado por el mencionado diputado”. ¿La
flagrancia es un tipo penal? Según el profesor de derecho Fernando Fernández,
el fiscal incurrió en un “error inexcusable”. La flagrancia, antes que un tipo
penal, es una “circunstancia en la que se puede dar un delito”. La gente suele
expresar esta situación cuando dice que a alguien lo detuvieron “con las manos
en la masa”. Según Fernández, esa “masa” es lo que en términos técnicos se llama
el “cuerpo del delito”. “Pero la flagrancia no es ningún tipo penal”, aclaró.
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El "clamor" como delito |
2)
¿Preso por “clamor”? El 2 de
septiembre, la prensa se hizo eco de una información publicada por el director
de Cicpc, comisario general Douglas Rico, según la cual un detective agregado
de ese mismo cuerpo, que trabajaba en el estado Zulia, fue apresado en
Maracaibo “tras causarle lesiones a una víctima en la región cefálica”,
presuntamente utilizando la cacha de su pistola. La información iba acompañada
con la foto de reseña del mentado agente. En la parte inferior, donde se debe
especificar el delito, los funcionarios colocaron “clamor público”. El clamor
público, continúa explicando Fernández, no es un delito sino “una circunstancia
muy débil para calificar un hecho”. Ocurre cuando la gente señala a una
persona, a menudo a gritos, por la comisión de un acto al margen de la ley.
Según el especialista en derecho penal, el clamor público no justifica una
detención, pues “la posibilidad de error es muy alta”.
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Es "coctelera" |
3)
Patrullas con “cautelera”. En la policía
judicial son evidentes las resistencias a participar en los llamados circuitos
de patrullaje, como si se tratara de un cuerpo preventivo más. Desde luego, no
está entre sus funciones. La investigación criminal es una tarea lo
suficientemente gruesa como para añadirle también la de las policías
municipales y estatales. Quizá sea por eso que el director de ese organismo,
Douglas Rico, no reparó en los términos de una orden emanada en la última
semana de agosto, según la cual toda unidad de ese cuerpo que salga a las
calles luego de las 6 pm “debe llevar encendida la cautelera”. No es la primera
vez que usan este término para reemplazar la tradicional coctelera. El manual de estándares para patrullas del Consejo General
de Policía lo describe como “luz de barra o torreta rojo, azul y blanco”, que
además tiene dispositivos de perifoneo. La “cautelera” de la que habla esta
orden de la dirección de Cicpc es probablemente una traslación –no traducción- directa
del portugués.
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