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domingo, 21 de octubre de 2018

Reforma en silencio

-En el nuevo proceso de reacomodo de las fuerzas policiales emprendido por el Gobierno, el gran perdedor es Cicpc

@javiermayorca

El Gobierno avanza en una nueva reforma policial. Contrario a lo sucedido en la época de la Conarepol (2006), cuando se hicieron discusiones y mesas de trabajo entre expertos, con cierto grado de amplitud y apertura política, lo que estamos viendo ahora es una novela por capítulos, que lenta e inexorablemente intenta modelar el sistema de seguridad ciudadana hasta llevarlo a la medida de las necesidades del régimen.
Se debe aclarar que estamos ante un proceso en desarrollo, que podría tener giros inesperados en el camino. Sin embargo, sus tendencias más importantes son las siguientes:
1.-Centralización.
Desde la puesta en vigencia de la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2010), el ministerio de Relaciones Interiores se autoerigió en “órgano rector” de todos los cuerpos destinados a velar por la seguridad ciudadana. Desde entonces, tanto las policías preventivas como los bomberos y Protección Civil han ido perdiendo sus características regionales y locales, para convertirse en ejecutores de los designios fijados desde Caracas.
Pero esto no es suficiente. Ya el general Néstor Reverol ha adelantado algunas pinceladas de lo que vendría en materia policial si se aprueba la Carta Magna elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, y cuyo primer borrador es del conocimiento público. Un aspecto importante es que los gobernadores y los alcaldes ya no podrán crear cuerpos policiales –en ejercicio de una competencia concurrente con el gobierno central-, sino que se convertirían en meros administradores de capítulos regionales y locales de la Policía Nacional.
De hecho, en la actualidad la autonomía de los mandatarios estatales y municipales en materia de seguridad está bastante cuestionada. Por ejemplo, para designar a los directores de estos organismos tienen que elevar una terna al MRI, y es entonces cuando el nombramiento podrá hacerse.
No son spetsnaz, son PNB
2.-Pérdida del carácter civil.
Aunque la Constitución vigente –y el proyecto que está en discusión- reivindican que los cuerpos de seguridad ciudadana tienen carácter civil y deben ser conducidos por civiles, en la práctica casi todos los órganos preventivos son dirigidos por militares, activos o retirados. Empezando por la Policía Nacional, descrita como el “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial, que está bajo la égida de un general de división. Además, existe un tutelaje castrense sobre las policías uniformadas que se ha venido configurando a través de resoluciones ministeriales. Una reciente, por ejemplo, establece que los puntos de control callejeros deberán ser supervisados por militares de las correspondientes áreas de defensa integral.
Este proceso no se restringe solo a la cuestión meramente jerárquica. En la Policía Nacional poco a poco han sustraído toda la simbología que apuntaba hacia un cuerpo preventivo de proximidad con las comunidades, para acercarlos más a la Fuerza Armada. Allí están como evidencias el nuevo uniforme de camuflado gris, que reemplazó al caqui, y la participación -por primera vez- de cuadros de este cuerpo en el desfile militar del pasado 5 de julio.
3.-Pérdida de especificidad.
En el modelo vigente, las labores de prevención del delito son potestad de los cuerpos municipales y regionales, así como también de la Policía Nacional, que complementa a los primeros. La PNB también tiene asignadas potestades de investigación en delitos específicos, como por ejemplo la extorsión y el secuestro, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el trabajo más relevante, según los propios legisladores, debe ser complementar los trabajos de policía ostensiva.
Un primer paso hacia el “nuevo modelo” lo vimos en una resolución de Relaciones Interiores, publicada en Gaceta Oficial el 27 de septiembre, en la que se “habilita” a siete policías municipales para llevar a cabo trabajos de investigación e instrucción de expedientes en delitos catalogados como “menores”, es decir, que tienen penas máximas de hasta ocho años de prisión. Una medida similar fue emitida para los capítulos de la Policía Nacional en Zulia, Lara, Carabobo y Anzoátegui. En otras palabras, las policías preventivas asumen funciones de la policía de investigación.
Esto implica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas formalmente perdió el monopolio de la pesquisa en materia penal. Uno podría suponer que esta circunstancia obligará a los directivos de Cicpc a concentrar los escasos recursos disponibles en la investigación de los delitos catalogados como “más graves”, comenzando por los homicidios. Y sin embargo vemos que se distraen importantes porcentajes de horas-hombre cuando se destina a funcionarios de las divisiones contra Robos y Bandas para recorridos en circuitos de patrullaje inteligente, o cuando los ponen a vigilar jornadas de ventas de alimentos. Entonces, la policía judicial también queda desvirtuada.
4.-Defensa de una parcialidad política.
Cuando el entonces presidente Chávez ordenó alterar la ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para incorporar en su título el adjetivo “Bolivariana”, en diciembre de 2009, le daba una estocada a uno de los objetivos planteados inicialmente con la reforma policial, que era la preservación de un espíritu de imparcialidad política, independientemente de la militancia que pudieran profesar sus individualidades. Al catalogar a la Policía Nacional como Bolivariana, el principal cuerpo armado civil del país (con unos 26.000 hombres en la actualidad) se alineaba con una ideología. Por ende, marginaba a todos los que no comulgaran con ella. Esto lo observó en su momento uno de los principales exponentes de la Comisión para la Reforma Policial, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón. Desde luego, no le hicieron caso.
En el preesente, todas las policías bajo mando centralizado (incluida Cicpc) dicen ser “revolucionarias” e incorporan en sus documentos viejos y nuevos eslóganes, tales como “El sol nace en el Esequibo” o “Chávez vive...”, que por cierto no guardan ninguna relación con el objetivo fundamental de un sistema policial en régimen democrático.
Y aquí va la última y quizá más preocupante tendencia.
5.-Giro autoritario.
Las policías, y en especial la Policía Nacional con su Fuerza de Acciones Especiales, se han constituido en el principal factor de violencia en Venezuela, junto a las bandas organizadas. Para 2017, las acciones de los funcionarios policiales y militares (en actos policiales) representaron el 27% de todos los homicidios. Al momento de la redacción de este trabajo, esa cifra había subido a 31%. Esto dice mucho de la incapacidad de abordar los problemas de criminalidad mediante medios no letales. Y visto en términos más amplios, sobre la forma imperante para resolver los conflictos, que es mediante la eliminación física del contrario, del que sea considerado delincuente.
Las tácticas de “mano dura” reciben elogios, abiertos y solapados, desde muchos sectores de la población, incluidos algunos que no están con el Gobierno, pero que coinciden con los oficialistas en ese sentimiento de impotencia ante tanta ilegalidad. Desde ese punto de vista, la eliminación física del delincuente viene a ser la salida más expedita. Por eso las OLP han continuado, aunque despojadas de ese nombre.
La última encuesta mundial Gallup sobre ley y orden revela que los venezolanos tienen uno de los niveles más elevados de desconfianza en sus cuerpos policiales. Estas medidas que están adoptándose solo contribuirán a incrementarlos, y obligarán al ciudadano a trajinar caminos no institucionales en la búsqueda de justicia.

Breves

-¿Están dadas las condiciones para la exhumación del cadáver del concejal Fernando Albán? La teoría enseñada en las escuelas de policía venezolanas hasta la primera década de este siglo indicaba que, en casos de investigación penal, este procedimiento podía ser autorizado por un juez, a petición del Ministerio Público, ante la existencia de dudas debidamente documentadas sobre la verdadera causa de muerte de uno o varios individuos, cuando se presume que el procedimiento de autopsia pudo estar viciado, o cuando el cadáver fue inhumado sin efectuarle la autopsia de ley. Curiosamente, la última versión del Código Orgánico Procesal Penal solo contempla esta última razón (entierro sin autopsia) en su artículo 203. Sin embargo, en un artículo divulgado por la propia Fiscalía, el doctor Boris Bossio Barceló –una autoridad en la materia, que llegó a ser director de Asesoría Técnica e Investigaciones del Ministerio Público- establece que este procedimiento puede ser autorizado “cuando la evaluación del inhumado pueda suministrar valiosos aportes en la investigación judicial, y de ella se puedan obtener valiosos indicios de interés criminalístico y médico legales que coadyuven la investigación”. Más adelante, el experto resume que la exhumación se puede practicar cuando la autopsia no aportó “resultados convincentes”. Entonces, desde un punto de vista estrictamente técnico legal, en el caso del edil hay sobradas razones para llevar a cabo una exhumación. Las dudas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió este deceso están más que fundadas. Por ejemplo, en el acta de defunción filtrada a la opinión pública, están vacías las casillas referidas a la fecha y hora del fallecimiento. El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, tampoco dio mayor precisión al respecto, al señalar que esto sucedió “a la hora del almuerzo”, como si en el Sebin aplicaran la usanza de los bomberos, que van al comedor cuando suena la sirena. Luego, el mismo documento indica que la muerte fue producto de una “caída de altura”, que ocasionó lesiones de distinto orden en el cuerpo de la víctima. En este caso, las dudas surgen ante la evidencia clara y documentada en informes previos sobre malos tratos y torturas en las instalaciones de la policía política. Sin embargo, al margen de estas razones netamente técnicas y legales, es claro que el entorno institucional no es favorable para llevar a cabo, y ni siquiera solicitar, la exhumación en un caso tan polémico como este. No hay contrapesos ni balances de poderes que pudiesen servir como aliados en la búsqueda de la verdad. De manera que, en el caso del concejal, solo toca cuidar que los restos no sean alterados mientras permanecen en su sepultura.

-La detención de tres de los oficiales implicados en el llamado Golpe Azul, cuando ni siquiera tenían 24 horas de haber sido liberados por una orden tribunalicia, es un hecho sin precedentes que amerita análisis. Los tres militares de la Aviación fueron buscados en sus propias viviendas por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que luce altamente contradictorio e introduce dudas sobre el acatamiento del principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta sería una evidencia más sobre la fractura existente en el sector militar. Los tribunales castrenses, dominados por el ministro de la Defensa, emitieron las correspondientes órdenes de excarcelación, y el aparato de inteligencia, comandado por generales afectos al presidente de la Constituyente Diosdado Cabello, vuelven a jugarse la carta radical, y envían así mensajes a los sectores del oficialismo que intentan algún tipo de entendimiento.

-La criminalidad no solo se ha extendido por tierra firme en los estados orientales del país. También azota a los navegantes. Dos recientes reportajes de la prensa extranjera han puesto el foco en el auge de la piratería en las costas frente a Delta Amacuro y Sucre. Pero el problema ha continuado avanzando hacia el oeste, afectando incluso a la industria petrolera. En la madrugada del lunes 15 de octubre, un grupo armado que se desplazaba en una lancha abordó el buque de bandera china Shi Zi Shan, mientras permanecía fondeado en los muelles de Jose. Luego de someter a la tripulación, los antisociales se llevaron el dinero y los teléfonos celulares. Al parecer, los piratas iban uniformados como funcionarios y dijeron al capital del buque que harían “una inspección”. Luego de este incidente, fuentes ligadas a la industria comentaron que el modus operandi ha sido aplicado este año en otras oportunidades.

Libros

Los primeros trabajos de la economista y periodista italiana Loretta Napoleoni abordaban un tema intrincado, pero de creciente interés durante los últimos años, como es el manejo que se le da a los recursos originados por grupos criminales y las redes terroristas. Pero en esta obra, Traficantes de personas (Paidós, 2016), la investigadora profundiza en la utilización del secuestro y la trata de personas como medio para el financiamiento de los grupos que han participado en el conflicto armado en el centro y el norte de África. Primero, Al Qaeda para el Magreb Islámico, y luego su más connotado sucesor, Estado Islámico o Isis. De repente, cuando uno recorre estas páginas, encuentra referencias claras a la realidad venezolana. ¿Cómo conectan los terroristas que matan y secuestran en las latitudes africanas, en Irak y Siria, con un país en el norte de Suramérica? Muy simple: a través del gran negocio que es el tráfico de drogas. La búsqueda de nuevas rutas para llevar la cocaína fabricada en los países andinos hacia el mercado europeo produjo de manera casi natural una alianza entre las organizaciones criminales colombianas y venezolanas con los terroristas del Magreb Islámico, que serían capaces de asegurar el traslado de los alijos hasta Turquía, Italia y España, dejando en cada paso recursos para enriquecer las cuentas de los jefes de estos clanes, e igualmente para la compra de armas con las que continuarían la guerra. Según Napoleoni, estas alianzas no se limitan al mero negocio de los estupefacientes. Pero, probablemente debido a que se trata de procesos relativamente recientes, no avanza en cómo sería ese reflujo hacia Suramérica. Traficantes de personas es un libro inquietante, aún para los lectores de este lado del mundo.

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