-Hay una evidente intención desde sectores oficiales por ocultar la
grave situación de violencia criminal en los estados orientales del país. Los
casos de Caripito (Monagas) y San Juan de las Galdonas (Sucre) son llamados de
atención sobre lo que allí sucede todos los días
@javiermayorca
El 9 de septiembre, un grupo de funcionarios ligados al alcalde del
municipio Bolívar de Monagas, Nelson López, la emprendió a golpes contra dos
hermanos que se trasladaban en moto, Hugo y Oswil Centeno.
Era el día de la Virgen del Valle, y en Caripito (donde ocurrió este
incidente) había celebraciones. En ese contexto, Hugo Centeno tuvo un altercado
con uno de los funcionarios cercanos al burgomaestre. Esta rencilla quedó
latente, y los sujetos esperaron a que los hermanos circularan solos por las
calles del pueblo.
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En Caripito exigieron justicia |
Este segundo enfrentamiento también ocurrió en la vía pública. La
gente salió de sus casas para exigir que dejaran en paz a los hermanos. Pero
los funcionarios los trasladaron en una camioneta hasta otro lugar, donde
continuaron golpeándolos. Hugo Centeno no resistió.
En los días siguientes, la población indignada tomó las calles para
exigir justicia. Los perpetradores intentaron simular un linchamiento a dos
supuestos ladrones de celulares. Desde 2017, Monagas lleva la delantera en todo
el país en lo referido a esta forma de “justicia popular”. Pero en este caso,
hubo tantos testigos que la coartada no sirvió. Hubo que esperar dieciocho días
para que ocurriesen las primeras detenciones. Fueron privados de libertad el
director de Servicios Generales de la alcaldía Jean Kart Acosta; Jesús
Amarista, director del Mercado Municipal y Patricia Wilson. Dos días después,
fue aplicada la misma medida contra el alcalde Nelson López.
En el oficialismo local exigían “lealtad” hacia los funcionarios
señalados de participar directamente en el homicidio y las lesiones gravísimas,
respectivamente, a Hugo y Oswil Centeno.¿Un alcalde y sus funcionarios ejecutando un homicidio y su posterior encubrimiento con la fachada de un linchamiento? Este caso era suficientemente grave como para que las autoridades en Caracas se pronunciaran. Pero en el imaginario del Fiscal General esto no pasó.
En el lapso en que se desarrollaban estas detenciones, y a unos ochenta
kilómetros al noreste de Caripito, se desataba una batalla campal entre dos
bandas que pugnaban por el control de un punto estratégico para la piratería
marítima y para la salida de drogas hacia el Caribe oriental: San Juan de las
Galdonas.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores, por este
conflicto entre bandas hubo un saldo final de cuatro muertos: tres de forma
inmediata y uno reportado horas después. No hubo fallecidos por enfrentamientos
con policías o militares, tradicionalmente conocidos como “resistencia a la
autoridad”. Este dato es consistente con lo relatado por residentes de esa
población, quienes afirmaron que la Guardia Nacional y el Sebin llegaron al
lugar el miércoles 29 de septiembre, cuando los delincuentes ya no estaban allí.
Los agentes registraron algunos inmuebles, y abandonaron el lugar.
El viernes, la banda de San Juan de Unare volvió para destruir lo que
quedaba de las viviendas de los líderes del grupo rival, ante la vista aterrada
del resto de la población. Luego, una compañía del Ejército tomó las calles.
En Caracas, sin embargo, el director de la policía judicial Douglas Rico
aseguraba que lo de San Juan de las Galdonas fue más bien un escándalo formado
a través de las redes sociales. El funcionario aprovechaba la evidente
exageración de las informaciones iniciales (reproducidas por tuiteros desde el
exterior) que señalaban un saldo de treinta fallecidos.
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San Juan de las Galdonas: a dos horas en lancha de Trinidad |
Estos dos casos, poco reportados en la capital del país, evidencian que
el Gobierno perdió el control de la seguridad en el oriente del país. Un
control que desde 2017 intentó ejercer exclusivamente a través de las tácticas
de “mano dura”, a falta de instituciones que puedan impartir justicia y
garantizar la paz. En el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, por ejemplo,
han reportado 45 muertes a manos de policías este año, y 34 homicidios
perpetrados por civiles. En otras palabras, en Puerto la Cruz y sus alrededores
la “autoridad” mata más que las personas ajenas a estas instituciones. De
hecho, las cifras generales indican que en todo Anzoátegui ya fue rebasado el
registro de muertes en supuestos enfrentamientos que hubo para 2017.
Y aun así, la criminalidad en ese estado se mantiene en niveles
similares a los del año pasado, con tendencia al alza.
En el estado Sucre, la matanza en San Juan de las Galdonas sumada a
otras ocho muertes en apenas una semana, hizo que las cifras de homicidios para
2018 ya sean superiores a las de 2017, cuando faltan tres meses para finalizar
el año. Otro tanto pasa en Nueva Esparta y en Monagas, donde las curvas de
homicidios de 2018 y 2017 ya se cruzaron.
Es posible que a partir de ahora los jefes policiales comiencen a
reportar nuevos casos de “efectividad” en la lucha contra el crimen, mediante
la eliminación física de las bandas que operan en la península de Paria y en
resto del oriente del país. Mientras tanto, lo ocurrido en el norte de Paria ha
tenido un efecto expansivo. Los integrantes de las bandas y sus familiares se
han dispersado. Algunos han aparecido en Carúpano.
Pero San Juan de las Galdonas, ubicada apenas a dos horas en lancha con
respecto a Trinidad, resulta una plaza muy codiciada para el transporte de
drogas. Poco a poco, el pueblo se vacía de ciudadanos, a pesar de las promesas
de los militares de regalarles pescado y cajas Clap de Rio Caribe. Están
seguros de que, cuando se vaya el Ejército –lo que sucederá tarde o temprano-,
las bandas regresarán a recuperar el territorio.
Breves
*El último detenido del que se tenga noticia en el caso de los drones
que estallaron el 6 de agosto en el centro de Caracas fue un técnico de sonido
del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), Francisco Lusinchi
Rondón, de 47 años de edad. Este hombre fue privado de libertad no por haber
participado en este supuesto complot llamado Operación Fénix, sino por haber
presumido a través de un chat de whatsapp de su proximidad con el Jefe del
Estado. Al parecer, el contenido de uno de los mensajes fue delatado a la Casa
Militar, y pocos días después el hombre era detenido por agentes de
Contrainteligencia Militar. Ahora, debido a esa imprudencia, el nombre de este
técnico figura en el expediente militar junto a los de los generales Pérez
Gámez y Hernández da Costa.
*En la segunda semana de septiembre, el fiscal general designado por la
Constituyente Tarek William Saab aseguró que había sido desmantelada una red de
trata de personas luego de un allanamiento llevado a cabo por la Policía del
estado Miranda en una quinta de Colinas del Tamanaco, justo cuando un grupo de
hombres y mujeres llevaba a cabo un performance
sexual, transmitido a través de internet. Las informaciones manejadas por la
policía judicial indican que este grupo inicialmente operó en Mérida, pero sus
integrantes tuvieron que moverse a Punto Fijo a finales de 2017 luego de un
procedimiento de la Guardia Nacional en el que apresaron a doce personas en un
hotel de la ciudad andina. Los miembros de esta red son usados para propaganda
oficial de una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, pero lo cierto
es que al poco tiempo quedan en libertad y continúan en el negocio, que
consiste básicamente en la venta de contenidos sexuales a través de páginas web
como Stripchat y Chaturbate. Tienen tanta demanda que algunas han debido
moverse a Cúcuta y decir que son colombianas, pues así pueden desviar la
atención de los cuerpos policiales.
*El 26 de septiembre, el juzgado séptimo de control del Area
Metropolitana de Caracas ordenó la inmediata excarcelación de los funcionarios
de la policía de Chacao Fred Armando Mavares y Reggie Jackson Andrade, quienes
eran procesados por el homicidio del ex comandante de la Milicia, mayor general
del Ejército Félix Velásquez, reportado en Santa Mónica en mayo de 2016. La
detención de estos agentes fue utilizada como pretexto para que el Gobierno
interviniese al cuerpo de seguridad municipal. Ya en agosto de 2016 un tribunal
había ordenado excarcelar a Mavares y Andrade. No había pruebas para
inculparlos. Pero los alguaciles ni siquiera podían entregar el oficio
correspondiente en las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin), pues no les permitían el paso. Luego del motín en las celdas del
Helicoide, en julio, los policías fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en
San Juan de los Morros. Cuando se intentó transmitir (¡vía fax!) la nueva orden
tribunalicia, en la cárcel decían que no había luz. Pero esto era una excusa
para no dar cumplimiento al mandato. Al momento de la redacción de estas
líneas, Mavares y Andrade continúan recluidos.
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