-El
ataque al convoy de la Guardia Nacional en Amazonas, y los eventos posteriores,
pusieron en evidencia el deterioro de la Fuerza Armada Nacional
@javiermayorca
El ataque
al convoy militar en el sector Picatonal del estado Amazonas, y la posterior
reacción de la jerarquía castrense, pusieron en evidencia las deficiencias que
aquejan a la Fuerza Armada Nacional, y que le impiden cumplir a cabalidad sus
tareas primordiales.
El
enfrentamiento con una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó
un saldo de tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y otros once
efectivos heridos, de acuerdo con los partes que fueron conocidos
extraoficialmente, en la medida en que avanzaban las horas del domingo 4 de
noviembre.
La
primera deficiencia es producto de conductas que son arrastradas desde mucho
antes que Hugo Chávez asumiera la Presidencia. Estamos ante una Fuerza Armada
incapaz de hacer una comunicación efectiva sobre los hechos que realmente
interesan a la sociedad. Uno se asoma a los órganos divulgativos del estamento
castrense, desde el twitter hasta una pomposa televisora, y se percata de que
solo son vehículos para una propaganda en la que nadie cree.
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| Militares documentaron la matanza |
Esto
contrasta con el silencio oficial durante las horas clave que corrieron durante
la mañana de ese domingo hasta la tarde. El vocero por excelencia de la Fuerza
Armada, que es el ministro de la Defensa, estaba más pendiente de adelantar las
navidades. Los civiles nos dimos cuenta de esa situación, pero primero lo
hicieron los militares. Evidencia clara de esto es que, en medio de la crisis
originada en el ambulatorio de Puerto Ayacucho ante la llegada de los cuerpos
ensangrentados, la información sobre lo ocurrido comenzó a fluir, con minutas y
fotos incluidas, a través de canales irregulares y extraoficiales, con una
proximidad a los hechos que solo era posible si se viste un uniforme.
Un lector
crítico podría pensar que estas líneas las escribe un periodista deseoso de
lograr noticias. Y es verdad. Pero esto no exime a la FAN de cumplir con los
parámetros mínimos en la divulgación de los hechos relevantes, en la segunda
década del siglo XXI, cuando las guerras incluso son transmitidas en directo.
Es que ni
siquiera lo hacen para cumplir con los protocolos internos. Luego del asalto a
la 41 brigada blindada en Valencia, en agosto de 2017, uno de los aspectos
revisados con mayor detenimiento fue la tardanza en la aplicación de los
llamados “planes de reacción”, que implican la ejecución de una serie de
medidas luego de que se ha verificado un hecho de tal naturaleza. Luego,
corrieron radiogramas por todas las unidades, revelando lo inocultable.
Quince
meses después de este asalto, nos damos cuenta de que la lección no fue
aprendida. Los correctivos no fueron aplicados. La orden de reforzar la
vigilancia perimetral e interna a las otras instalaciones castrenses de
Amazonas fue transmitida por la jerarquía militar casi al mediodía, es decir,
más de cinco horas después del ataque de los elenos. La cosa no fue peor, básicamente, porque los guerrilleros
se contentaron con la emboscada.
Uno
conversa sobre este tema con militares retirados y las respuestas son
generalmente miradas gachas y gestos de negación. Como dando la cosa por
perdida. Creen que esta Fuerza Armada tiene pocas posibilidades de mejoría en
lo inmediato. La conducta errática del titular de Defensa en los días
posteriores al enfrentamiento armado pareciera confirmar esta impresión: de
hablar casi en tono comprensivo de unos “muchachos con prendas militares” pasó
48 horas después a una alocución histriónica donde aseguraba a gritos que irían
contra todos los irregulares que ya sentaron plaza en el país. Aun así, fue
incapaz de singularizar al grupo que protagonizó la matanza, cosa que ya
sabíamos gracias al comunicado oficial de la cancillería colombiana.
En este
contexto, nos enteramos del contenido de la última Guía de planeamiento distribuida en los componentes castrenses a
través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Lo que uno ve a allí
también desnuda a la Fuerza Armada: una pirámide que en su base pasa hambre y
enfermedades, como la hepatitis que diezma a los estudiantes de la GN, y que en
su tope ordena a todas sus capas constituir empresas, de cualquier naturaleza,
puesto que para los de arriba la guerra que vale es la económica, y no la que
se manifiesta con la presencia activa de grupos irregulares en buena parte del
país.
Mientras
las cosas sigan como van, veremos muchas más cartas como la del capitán de
corbeta Miguel Angel León, obstinado por el “cáncer” que ve cuarteles adentro.
Breves
*Siete de
los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro
Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele
ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de
inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por
cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un
verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos
de la Fuerza Armada, para quienes los elenos
son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber
propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes
de esta situación.
*Desde el
mes de octubre, una ola de secuestros sacude al estado Anzoátegui. Esto ha
tenido incluso un impacto en las cifras manejadas por el Gobierno. Los
despachos policiales admiten que el número de casos denunciados se ha elevado
en 150% con respecto a 2017. Pero esto es apenas un pálido reflejo de lo que
ocurre en las calles, donde la mayoría de los plagios no es informada a los
cuerpos de seguridad. En octubre, por ejemplo, cinco sujetos armados y en
motocicletas interceptaron a un hombre cuando salía de una marina en Lecherías.
Simulaban un procedimiento policial. Le dijeron que conducía una camioneta
robada, y que tendría que ir con ellos a una comisaría para comprobar la
legalidad del vehículo. Pero no fueron a ninguna instalación gubernamental sino
a una casa particular. Allí le informaron que sabían que él tenía una cuenta en
la banca estadounidense, y que no lo dejarían en libertad hasta que
transfiriera a otra cuenta en el exterior la cantidad de diez mil dólares. La
víctima argumentó que no tenía a disposición los medios para cumplir con tales
demandas. Luego le dieron un teléfono y le indicaron que instruyera a su esposa
para hacer la transferencia. Poco después, el hombre fue liberado. Ya no se
encuentra en el país.
*Con la
entrada del nuevo director, general de división (Ejército) Manuel Christopher
Figuera, comenzaron algunos intentos de corregir irregularidades en el Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Hay un nuevo jefe en Investigaciones
Estratégicas, que según fuentes internas es un comisario de carrera en la
institución. Allí el trabajo apenas comienza. En las regiones se ordenó
suspender las “operaciones negras”, en las que utilizaban personas y vehículos
sin ningún tipo de identificación, frecuentemente con el propósito de robar,
secuestrar y extorsionar. De igual forma, como ocurre cuando hay cambios de
mando en este tipo de organizaciones, está planteada la suspensión y renovación
de las credenciales ad honorem. Por
cierto, durante los últimos días también se han detectado irregularidades con
tales carnets en Cicpc y la Policía Nacional, donde incluso detuvieron a seis
personas tras el hallazgo de un mercado de chapas de la Fuerza de Acciones
Especiales (FAES). Usaban computadoras e impresoras de alta gama y entregaban
los documentos a cambio de pagos en dólares.
*Una
lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com
para relatar un hecho que cada día se hace más frecuente. Sus palabras lo
describen con precisión: “Paré mi carro en un estacionamiento privado, y
resulta que cuando salgo me percato de que no tengo el caucho de repuesto. El
estacionamiento no se quiere hacer responsable”. El aparcadero queda en la
esquina Perico de la avenida Universidad, en Caracas. Ante la indiferencia por
los reclamos al hurto del caucho de su Chery Arauca, la víctima optó por
formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El hurto de
partes y piezas de los vehículos de todo tipo en locales públicos y privados obliga
a tomar algunas precauciones, como por ejemplo la constatación previa y
posterior de la existencia del caucho de repuesto y las herramientas para su
recambio en la maletera del vehículo, es decir, antes y después de
estacionarlo. Estas empresas, además, argumentan que solo disponen de seguros
de responsabilidad civil y que, por ende, no pueden hacerse responsables por
este tipo de pérdidas. En última instancia, los ciudadanos salimos con la peor
parte: si estacionamos el vehículo en la calle, lo más probable es que se lo
lleve el hampa o lo deje inservible. Si confiamos en un estacionamiento
privado, la molestia será doble.
Tres preguntas a…William
Jiménez (ex coordinador de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría del
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamecf)
-Explique las irregularidades más
frecuentes que encontró durante su gestión en el Senamecf
Entre las
irregularidades más relevantes detectadas durante mi gestión destacan las
siguientes: en una supervisión realizada en la sede del Senamecf en el estado
Zulia se observó que durante la gestión del Dr F.R. se efectuaron unas 1000
inhumaciones (sepulturas) de cuerpos sin la identificación de registro para el
órgano forense. Las identidades de estos cadáveres fueron utilizadas para la
compra de vehículos, bienes raíces, aeronaves, yates, entre otros. Este Dr es
hermano de una expresidenta del circuito judicial del estado Zulia, Ismelda
Rincón, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón. El
informe fue presentado por el Inspector
General del Senamecf al despacho del ministro (Néstor) Reverol (…) se acordó
solo la destitución del citado funcionario, y fue sustituido por el Dr Vivas
Landino.
Otra
irregularidad observada fue en el cementerio de Chirica, estado Bolívar, donde
localizaron diecisiete cuerpos humanos, en diferentes estados, algunos con
perforaciones en cráneos, de lo cual se presume que han sido ajusticiados por
órganos de seguridad del Estado (…) Se encontraban apilados en una estructura
tipo habitación, que suelen llamar La
Morguesita, y que conforme a la Ley de Cementerios es obligación de cada
municipio proveer de un espacio para las autopsias de cadáveres en avanzado
estado de descomposición. Pero en el caso que nos ocupa muchos de los cuerpos
localizados eran casi esqueletos. Esto todavía no ha sido publicado en
Venezuela.
-¿Su salida de Venezuela tiene que ver con
su gestión en este cargo?
El 15 de
enero de 2018, en compañía del coronel Domingo García Pérez, director del
Senamecf para el momento, estuve de guardia en la morgue ubicada en Colinas de
Bello Monte. En horas de la tarde recibí el cuerpo del ex policía Oscar Alberto
Pérez. En días siguientes mi jefa me extiende una comunicación para efectuar un
informe detallado de ese caso, dado lo delicado del registro de cada una de las
novedades asentadas en el citado instrumento, y en virtud de haberlo suscrito,
y cuyo contenido comprometía a altos funcionarios del Estado, algunos que me
conocían y sabían que una vez que el ministro Reverol tuviera conocimiento,
esto podría traerme consecuencias, incluso en contra de mi integridad física.
Mi salida de Venezuela se materializó el 14 de mayo. Aproximadamente a las
10:45 am atravesé el puente Simón Bolívar escoltado por un oficial superior de
la FAN, y otros adscritos a la Dgcim, algunos activos y parte de la resistencia
(…) En Colombia fue recibido por el jefe de Control Migratorio del lugar, y
funcionarios de la Policía Nacional. Me solicitaron que les hablara con la
verdad en relación con lo sucedido con el ajusticiamiento extrajudicial del ex
policía Oscar Pérez. Luego proseguí hasta la frontera en Rumichaca, donde
proseguí mi ruta pasando por Ecuador hasta Lima, donde fui recibido por el
doctor Patricio Rubio, jefe de la Oficina de Refugiados adscrita a la Cancillería.
-En el caso del concejal Fernando Albán, Ud
ha desmentido la versión oficial de muerte por “caída de altura”. Pero el
fiscal designado por la ANC asegura que la autopsia fue grabada. ¿Ud se
retracta?
Ninguna
autopsia puede ser grabada. Ni siquiera la de un caso tan emblemático como lo
fue el de Oscar Pérez. Nada de grabación. Lo único que puede hacerse es fijar
con fotos antes de cualquier autopsia. Y es algo normal. Lo hacen en cualquier
parte del mundo. En cuanto al Fiscal General, fíjese que ni siquiera ha opinado
sobre mí. No ha refutado mi versión de los hechos. Tanto es así que a pesar de
que el Ministerio Público sustenta su tesis del suicidio y hace ver que el Dr
Arnoldo Pérez practicó la autopsia. En su aparición pública de fecha 10 de
octubre de 2018 no pudo ocultar la presencia de la Dra Yaunacelis Cruz,
diciendo que ella estuvo presente. Y esta médico si fue quien la practicó, pero
siguiendo las instrucciones del ministro Reverol decidió cambiar la versión
real del examen y demás observaciones hechas al cadáver, para dejar en su
contenido otra cosa distinta a lo que observó en esa autopsia, procediendo a
dictarle la versión simulada al doctor Pérez.
Libros
Tradicionalmente,
los libros sobre el tema de las drogas enfocan su atención en los actos de los
carteles o grupos de traficantes y sus líderes, los antihéroes de la historia.
También hay un número importante de obras que refiere la historia de las drogas
prohibidas y el impacto geopolítico que han tenido los conflictos asociados al
control de sus respectivos comercios, desde las guerras del opio en China hasta
la guerra general contra las drogas decretada en mal momento por el entonces
presidente estadounidense Richard Nixon. Hacía falta, sin embargo, la
perspectiva de un periodista especializado en economía. El producto ha sido Narconomics. Cómo administrar un cártel de
drogas (Barcelona, 2016). Un título
retador para una obra brillante, en la que Tom Wainwright aplica los principios
básicos de la ciencia económica para encontrar algún tipo de racionalidad en
las acciones emprendidas por los distintos estados para reprimir una industria
que genera, según cálculos de Naciones Unidas, más de trescientos millardos de
dólares en ganancias todos los años. La obra surge en un momento en que las
tendencias liberalizantes han logrado la legalización o, en todo caso, la
despenalización del consumo de la marihuana en Uruguay y en varios estados de
la unión americana. Tales experiencias apenas están siendo documentadas. Por
ende, sus efectos aún no son conocidos a cabalidad. Sin embargo, las páginas de
Wainwright pueden ser tomadas como punto de partida en un debate que aún está
por darse.
