-En
un período de hiperinflación y destrucción institucional, los cambios en el
entorno de seguridad para Venezuela también afectan a los países de la
subregión, en múltiples formas
@javiermayorca
Durante
el año que está por finalizar, el país cambió de forma acelerada. Las
alteraciones ocurrieron en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como
privada, en sentidos y con magnitudes que quizá no conocemos todavía de manera
racional, pero que ya sentimos a diario como una profunda angustia.
Estos
cambios también se han manifestado en el plano de la seguridad ciudadana. La
descripción detallada de cada uno de los aspectos tomaría mucho tiempo. Además,
se correría el riesgo de incurrir en imprecisiones, en virtud de la violencia
con la que suceden una tras otra las nuevas realidades.
En
esta entrega, se plantean cuatro grandes tendencias que, debido a sus
características de inevitabilidad en el actual estado de cosas, probablemente
veremos con mayor fuerza en los meses por venir.
1) El costo de
la seguridad excedió la capacidad del Estado. En un contexto de incremento acelerado de todos los precios, un
gobierno manejado en términos más o menos racionales se concentraría en sus
labores básicas, y dejaría lo demás a la iniciativa privada. En Venezuela, esto
no es así. En consecuencia, estamos ante un régimen que incumple con sus
deberes mínimos, entre ellos el de proveer seguridad a sus ciudadanos. Antes,
podía ocultar esta deficiencia con una propaganda que destacaba las
adquisiciones y gastos en asuntos meramente accesorios, pero que servían para
dar la impresión de que algo se hacía. Cámaras por aquí, patrullas por allá,
globos aerostáticos que nunca sirvieron, tecnología chatarra… Ahora, el costo
de la seguridad es trasladado como nunca a los ciudadanos y lo que resta de
empresariado, lo que representa un fenómeno de doble y hasta triple
tributación. En Falcón, por ejemplo, el departamento de seguridad de un hotel
costeó la reparación completa de dos motos para que la Policía Nacional pueda
cumplir con la ficción de los circuitos de patrullaje, pero especialmente para
que acuda al hotel cuando se le llama. En Caracas y Nueva Esparta, se puede ver
a los policías “preventivos” metidos en panaderías y joyerías durante las horas
de cierre, haciendo el trabajo de “parceleros” de manera totalmente ostensiva.
Esto no es gratis, ni se paga solo con los impuestos.
2)El Gobierno
se consolidó como factor de violencia.
Cuando se analiza las cifras de homicidios, conocidas de manera extraoficial,
el eufemismo de los “ajustes de cuentas” sigue siendo el principal móvil. No
existe un protocolo para definir esta expresión. Sin embargo, uno supone que la
mayoría de estas muertes obedece a disputas por el control de los territorios
donde se lleva a cabo algún comercio ilegal, ya sea de drogas, algún mineral
precioso o mercancías subsidiadas por el Gobierno.
Inmediatamente después de los “ajustes de cuentas”,
encontramos que la segunda causa de homicidios en el país ocurre en contextos
de supuestos enfrentamientos con agentes policiales o militares, llamados
“resistencia a la autoridad”. Si se revisa los registros sobre este tipo de
muertes durante los últimos tres años, encontraremos que el número de
fallecidos por cada expediente es cada vez mayor. En 2018 hubo prácticamente un
fallecido por cada caso de “resistencia a la autoridad” reportado en el país.
Esto podría definirse como letalidad
policial.
Esto tiene implicaciones en cuestiones que van más
allá del tema de seguridad ciudadana. Una de las razones para la instauración
del “nuevo modelo policial” fue precisamente la percepción de que los cuerpos
policiales tenían una alta propensión a resolver los conflictos mediante la
fuerza letal, lo cual de hecho los convertía en un combustible para esos
conflictos. Ocho años después de instaurado ese nuevo modelo, la situación ha
empeorado, lo que sugiere la existencia de un estamento político que utiliza a
estas instituciones como herramienta para consolidarse en el poder. De allí que
la mayoría de estos casos quede impune.
3)Delincuencia
desplazada. Las tácticas de “mano
dura” aplicadas desde el Gobierno, en un ambiente de escasa o nula
institucionalidad unido a la crisis económica, han estimulado desplazamientos
también entre los delincuentes. Los primeros destellos de lo que se vive en la
actualidad fueron advertidos en este mismo espacio en abril
de 2016. Solo que ahora esto ha adquirido dimensiones mucho más
preocupantes.
La llamada “diáspora” no es solo de personas de bien.
Este año vimos a elementos de la megabanda Tren de Aragua capturados en Lima,
luego de participar en robos a comercios. Cuando se le preguntó a uno de estos
detenidos por qué había viajado hasta la capital peruana, él afirmó que fue una
reacción a las amenazas de muerte por parte de elementos de la Policía
Nacional. Esto podría ser una simple justificación. Pero se han visto fenómenos
similares en otros países. En Cúcuta, por ejemplo, hay sectores donde bandas
venezolanas han desplazado a las locales con la finalidad de traficar drogas.
En Barranquilla, han detectado a venezolanos incorporados a bandas de
extorsionadores. En Panamá, México y Costa Rica las redes de prostitución y
trata de personas cuentan con la participación de venezolanos. En Orlando y
Miami operan grupos de delincuentes venezolanos, dedicados al hurto de piezas
de vehículos y asaltos a viviendas.
El fenómeno de desplazamiento de la delincuencia no
solo ocurre hacia el exterior. También sucede en distintos lugares del
territorio nacional. Y esto se puede apreciar en los incrementos de ciertos
delitos como homicidios y robos de vehículos en determinadas localidades. Una
de ellas, ubicada al sur del país, amerita especial atención.
4)Bolívar, panal
de miel. Para la primera semana de
diciembre, los homicidios en Tumeremo tenían un incremento de 8% con respecto a
2017, año en el que también hubo aumentos en esa parroquia del municipio
Sifontes del estado Bolívar, epicentro de una intensa actividad minera. El robo
y el hurto de vehículos también aumentaron 17%. Este dato es muy significativo,
pues va en contra de la tendencia nacional, que es consecuencia de una
dramática disminución del parque automotor -y no de una mayor efectividad
policial-. Estos son apenas indicadores de un deterioro profundo del entorno de
seguridad, que ha sido advertido por operadores políticos y por la prensa
independiente. Al momento de escribir estas líneas, Bolívar es el estado con la
tasa de homicidios más elevada (48 casos por cada 100.000 habitantes, según los
cálculos gubernamentales). Supera incluso a Aragua. Esto sin contar con más de
300 muertes a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad, muchas de las
cuales no son consignadas en los registros oficiales, pero sí son reportadas
por los medios no oficialistas.
La presencia documentada de grupos armados como el ELN
es otro indicador de que la violencia en esa región del país continuará
aumentando.
Finalmente,
se debe reflexionar sobre la incorporación cada vez más activa de Venezuela (y
de los venezolanos) y elementos de otros países en las redes de producción y
tráfico de drogas, en conjunción con la explotación minera en el sur del país.
Estos son factores que podrían estimular el escalamiento de los conflictos ya
existentes. Los ingresos que generan son de tal magnitud que difícilmente
pueden ser abandonados por tales estructuras. La literatura sobre las guerras
civiles luego de la caída del Muro de Berlín indica que el control sobre los
recursos naturales ha sido un objetivo fundamental de los bandos en pugna,
desde Sierra Leona hasta Irak. La fragilidad del Estado y sus instituciones, y
la voracidad de la élite gobernante, solo estimulará la violencia en un
contexto de cambios acelerados como el que se vive en Venezuela.
Breves
-Por
segunda vez en este lustro, estamos ante un año que cerrará con más de cien
casos de homicidios bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por
encargo. El récord fue reportado en 2017, cuando hubo por lo menos un caso todos
los días. A juzgar por las cifras recogidas hasta el mes de septiembre, 2018
finalizaría con al menos 120 víctimas. Suman más de 550 casos durante los
últimos tres años. Esto sugiere la existencia de una industria, cuyo propósito
sería matar personas a cambio de dinero. El asunto ha llegado hasta el punto en
que agentes de la policía judicial se ven involucrados en crímenes de este
tipo, en calidad de coautores o cómplices. Tal fue el asesinato del comerciante
Juan Carlos Urdaneta, acribillado en el sector Caño Muerto del estado Zulia el
14 de diciembre. Las investigaciones determinaron que tres agentes de
investigaciones de Homicidios de la subdelegación San Carlos de ese estado
supuestamente aportaron a través de una cuenta Instagram los datos sobre la ubicación
precisa de la víctima, para que fuese ejecutada de inmediato por miembros de la
megabanda de los Meleán. Zulia es, por cierto, el estado del país donde más
personas son ultimadas por contrato de terceros.
-¿Se
prepara la Milicia para asumir de lleno labores de auxiliar de policía? Este
parece ser uno de los mensajes que se pueden extraer del más reciente ejercicio
militar Venezuela Libre y Soberana. El único aspecto público de esta
movilización fue el ofrecimiento del presidente Maduro a los milicianos en
cuanto a la entrega de un bono, durante una parada llevada a cabo en el patio
de las academias militares en Fuerte Tiuna. Sin embargo, los documentos
distribuidos en unidades militares del país con detalles de esta actividad
indican que, durante un conflicto interno o externo, estos señores uniformados
de caqui y con vetustos fusiles FAL calibre 7.62 mm serían emplazados en todo
el país para complementar las labores de las policías leales al Gobierno, en
combinación con lo que llaman “organizaciones sociales y populares”, es decir,
colectivos y miembros de algunos consejos comunales. Además, los milicianos ya
comenzaron a recibir algún entrenamiento en este sentido, cuando les han
asignado ocasionalmente la vigilancia de instalaciones gubernamentales y
recreativas, como son el Metro de Caracas y el parque del Este. También hacen
lo propio alrededor de Miraflores, en un particular circuito de patrullaje
punto a pie.
Tres preguntas a… Mercedes de Freitas
(directora de Transparencia Venezuela)
-Las encuestas realizadas por
Transparencia Internacional arrojan evaluaciones cada día menos auspiciosas
para el país en materia de corrupción. ¿Es un problema cultural, o bastaría
simplemente con un cambio de gobierno?
-Ni
una cosa ni la otra. No creo que nuestra cultura sea responsable del nivel de
corrupción que tenemos en el país. Sí creo que se ha convertido en un hábito
institucional. En las instituciones es un hábito aprovecharse personalmente de
lo público, a todo nivel. Eso ocurre porque no hay castigo ni sistema judicial.
No creo que un cambio radical de gobierno vaya a ser suficiente para acabar con
este estado de corrupción e indefensión de los ciudadanos. Se requerirá de un trabajo
gigantesco, con una real revolución de la justicia en Venezuela. Y hace falta
incorporar sistemas de contraloría independiente y autónoma; capacitar a gente
que haga las cosas distintas del ejecutor y supervisor. Ese es un proceso muy
largo. Habrá que incorporar presión de los ciudadanos, de los medios, de las
convenciones internacionales. Por esto estamos en la discusión interna, y sacándola
a lo externo, de contar con un mecanismo heterodoxo de justicia como el que hay
en Guatemala, con las Naciones Unidas, que está sobre la justicia y la fiscalía
guatemalteca para casos de corrupción e impunidad. O como la Maccih (Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad) en Honduras, que tiene la tarea de
apoyar en la capacitación de fiscales y jueces. ¿Cómo pensar en acabar en la
impunidad con el mismo cuerpo de fiscales, defensores y jueces que tenemos en
Venezuela? Sabemos que muchos están presionados, una tarea muy terrible. Pero
muchos han callado y se han hecho de la vista gorda. Entonces, si llegara a
ocurrir un cambio de cualquier tipo haría falta iniciar con un diseño de
protección de lo público y de justicia, que movería a este país hasta sus
cimientos. Pero no hay manera de cambiar al país sin este sistema anticorrupción
que debe iniciarse. Eso significa, en efecto, un cambio de hábitos importante.
-Cada vez que surge una denuncia de
corrupción que involucra a venezolanos (Pdvsa, Andrade, etc.) la Fiscalía (designada
por la ANC) anuncia una investigación sobre el mismo hecho. ¿Qué sentido ve a
tales anuncios?
-No
hemos visto a la fiscalía actuando completamente sobre los casos de corrupción.
Por ejemplo, en Pdvsa hay una larga lista de denuncias públicas en los que la
Fiscalía ha hecho mutis. Se ha referido casi siempre a casos en los que está
involucrado el equipo anterior, la Pdvsa de Chávez, no la de Maduro. También
vemos que los diferentes casos, como Tocoma y Odebrecht, la Fiscalía no ha
dicho nada ni ha hecho nada. Pudimos confirmar con los fiscales de Lava Jato (nombre del expediente sobre corrupción
a través de Odebrecht en Brasil) que la Fiscalía no ha firmado el convenio que
firmó el resto de países para recibir la información de las delaciones. Eso por
decir los casos grandes, gigantes. Con respecto a los Clap, por ejemplo, la
Procuraduría mexicana prohibió a las empresas de alimentos vender directa o
indirectamente a Venezuela alimentos para las cajas Clap. Además, puso una
multa de más de tres millones de dólares a estas empresas por vender con
sobreprecio. Bueno, Cuspal o Casa fueron las que pagaron estos sobreprecios,
según la Procuraduría mexicana. El Fiscal (Tarek William Saab) no ha dicho nada
sobre esto. Y así podríamos mencionar otros casos, donde la actuación ha sido
tangencial, al bordecito, y sobre lo que tiene que ver no con los poderosos del
país.
-¿Qué condiciones deberían darse en el
país para que sean recuperados los fondos congelados por otros estados en
investigaciones por corrupción de funcionarios venezolanos?
-No
tengo buenas noticias. Hemos investigado, y hemos sabido que la recuperación de
activos es lenta y de montos muy bajos. Los casos en los que se ha logrado, se
ha recuperado porcentajes muy bajos del dinero recuperado o incautado a
delincuentes de diferente tipo. EEUU lo que devuelve es mínimo. Europa ha
devuelto cifras mínimas a países africanos. Si estamos pensando en reconstruir
y ver de dónde sacamos el dinero para salir de la crisis, lo mejor no es pensar
en la recuperación de activos producto de la corrupción. Lo que hemos visto es
la posibilidad de que ese dinero congelado se use para la compra de productos
que puedan ayudar a superar la emergencia humanitaria. Pero la información que
tenemos no es muy optimista. Y aunque lo fuera, tardarían muchos años en
devolver ese dinero. Lo que hemos escuchado directamente de autoridades de
otros países es que no estarían dispuestos a devolver el dinero a este gobierno
que no ha hecho nada contra la corrupción, y no sabrían qué podrían hacer con
más dinero en medio de esta crisis.
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