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lunes, 21 de octubre de 2019

El lado oscuro de las sanciones

-En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores

@javiermayorca

      En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.
      Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.
      Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.
      La medida tiene una dimensión tal que resultan muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.
      Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.
      Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.
      La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.
      Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
      Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.
      Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.
      Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.
      De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.

Breves

-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.

-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.

-Una de las razones por las que una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezada por alias Iván Márquez, anunció su retorno a las armas tiene que ver con la control de importantes rutas para el tráfico de drogas. Una primera evidencia fue la acusación consignada en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra Seuxis Paucis Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, mano derecha de Márquez, quien figura en ese expediente como co conspirador para llevar un cargamento de 10 toneladas cocaína a Estados Unidos junto a Marlon Marín, Armando Gómez, alias el Doctor, y Fabio Simón Younes. Los hechos investigados abarcan un lapso que inicia en junio de 2017 hasta abril de 2018, es decir, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en La Habana. Según el escrito acusatorio, Santrich aseguró que para ese momento podía disponer de la droga fabricada en laboratorios, al igual que aeronaves registradas en EEUU para su traslado al sitio convenido. Esa droga probablemente proviene de un área del Putumayo, en la frontera colombo ecuatoriana, donde las FARC mantienen el control, tal y como lo ha revelado un reciente reporte del rotativo alemán Der Spiegel.

Libros


La historia que dio origen a Perdimos (Buenos Aires, 2019) sería risible, a no ser porque trata una parte muy importante de la tragedia que hoy viven los países latinoamericanos: los autores de este proyecto editorial, Martín Caparrós y Diego Fonseca, plantearon a un grupo de periodistas, cada uno de nacionalidad distinta, qué país ganaría la Copa América de la corrupción. Las respuestas fueron diecinueve trabajos en los que cada uno de ellos abordó el tema, con la esperanza de convencer al resto de que, efectivamente, en su país hicieron "méritos" (si puede decirse así) para figurar en la cúspide por el saqueo a los fondos públicos. Claro está, al tratarse un asunto como éste, y en un momento como el actual, resultaba imposible sustraerse a lo que el propio Fonseca llamó “la revolución bolivariana de Odebrecht”, en referencia a la famosa constructora que operó como empresa criminal en prácticamente toda la región. Sin embargo, uno de los méritos de este libro es que, luego de su lectura, llegaremos fácilmente a la conclusión de que la transnacional brasileña, si bien es cierto que llevó la corrupción a niveles casi globalizados, no fue el primer caso escandaloso de manejos turbios con fondos de los estados, y por desgracia tampoco será el último. Odebrecht perfectamente pudo inspirar los capítulos correspondientes a por lo menos seis países latinoamericanos, incluido Venezuela. Pero la corrupción es mucho más que lo reflejado en la pesquisa Lava Jato, relatada en una sabrosa crónica de Carol Pires. De hecho, en el caso venezolano, donde la multinacional hizo de las suyas, la periodista Milagros Socorro prefirió apuntar a uno de esos casos en los que el dispendio del dinero mal habido llegó a niveles de hipérbole. Se trata de Diego Salazar, el empresario que amasó una fortuna, aun sin tasar, gracias a los favores recibidos de su primo Rafael Ramírez, quien lo colocó al frente del negocio de asegurar y reasegurar los activos de Petróleos de Venezuela. En su apogeo, Salazar destruía a martillazos los relojes de los invitados a sus famosos saraos, para luego entregarles otros de marcas mucho más lujosas. Perdimos, además, puede ser leída siguiendo la secuencia propuesta por los compiladores, o brincando de un lugar a otro, adonde se oriente el interés en ese momento. En todo caso, es una obra que vale la pena de principio a fin.

domingo, 6 de octubre de 2019

Costosos engaños


-Las estafas mediante el uso de las redes sociales y de los sistemas de mensajería se han convertido en un delito de moda, en el que los delincuentes se hacen pasar por amigos de toda la vida

@javiermayorca

Una noche de agosto, Cristina recibió un mensaje a través del sistema de mensajería de su cuenta de Instagram. Era un viejo amigo, que había emigrado a Estados Unidos y, aparentemente, regresaría a Venezuela en los próximos días.
“Me extrañó, porque tenía como tres meses de ausencia, sin poner nada en el Instagram”, recordó ella.
En el chateo por la red social, la convenció para que lo ayudara a obtener algunos fondos en bolívares, mediante el cambio de algunas divisas que él luego le entregaría.
La primera operación sería por $200. Pero Cristina no tenía los fondos para hacer la transferencia, así que buscó entre sus contactos a alguien interesado en comprar los dólares.
“Me transfirieron casi tres millones de bolívares. Pero yo no podía entregarle a él todo ese dinero de una vez, porque el banco me bloquearía la cuenta, así que solo pude transferir un millón y medio”, relató.
Para ese momento, el “viejo amigo” ya había regresado al país, a juzgar por la línea Movistar que utilizaba. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el momento en que el hombre iba a trasladarse al lugar donde ella trabajaba, para entregar los billetes estadounidenses con la cara de Franklin. Entonces la llamó para decirle que estaba perdido. Ella volvió a especificar su dirección de trabajo, en el este de Caracas.
“El tipo apagó el teléfono, y no volví a saber nada de él (…) Fui víctima de una estafa por una persona conocida”, reflexionó.
Ahora convertida en víctima, Cristina denunció lo ocurrido ante la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial. En medio de la emergencia, además, tuvo que endeudarse para poder cubrir los dólares que no había podido entregar a la persona que se los había comprado en primera instancia.
Las estafas mediante el uso de las redes sociales y los sistemas de mensajería se han convertido en uno de los delitos de moda en Venezuela. Cuando Cristina formuló la denuncia, un agente policial le confió que todos los meses la institución procesa unas 500 denuncias similares a las que ella hizo en agosto.
El funcionario se quedó corto: durante los primeros seis meses de 2019, los cuerpos de seguridad han iniciado 3.632 expedientes por estafa. El promedio mensual es de 520.
Fuente: MRI
Las estadísticas sobre este delito, conocidas extraoficialmente, revelan un crecimiento sostenido en las estafas a partir del mes de marzo. Ya para junio, el total fue de 754 denuncias, y a juzgar por los casos conocidos esta práctica delictiva se encuentra en permanente incremento.
Los estados donde los timadores actúan con mayor frecuencia son Miranda, Carabobo, Distrito Capital (Libertador), Lara y Zulia. Anteriormente, Zulia era preferida debido a la posibilidad de acceder a recursos de la renta petrolera. Pero esto cambió radicalmente en 2019, debido a la devastación ocasionada por los apagones y los saqueos.
Así como le sucedió a Cristina, en la mayoría de los casos el estafador es una persona conocida. O por lo menos eso cree la víctima. Esto quiere decir que el delincuente puede suplantar la identidad de otra persona mediante el hackeo de sus cuentas en las redes sociales, y desde allí iniciar la caza de sus posibles víctimas.
El éxodo masivo de personas al exterior también genera condiciones para los engaños. Un hombre que emigró a Sevilla desde San Juan de los Morros relató que estuvo a punto de ser estafado por una persona que había suplantado la identidad de una amiga, con la que iba a negociar la entrega de fondos para sus familiares en Venezuela. Se salvó a última hora gracias a su intuición. Optó por pasar de las redes sociales y el Whatsapp a intentar una conversación directa. Ante las evasivas para hablar, desistió de la operación.
En el 25% de los casos procesados este año por la policía judicial, la estafa se produce en operaciones de cambio de monedas, generalmente dólares o euros. En el resto de los casos, también es posible que se produzcan pérdidas en divisas para las víctimas. Pero el engaño ocurre en el curso de ventas de bienes escasos, como pueden ser repuestos para vehículos, alimentos, plantas generadoras de electricidad e incluso puntos de venta. Todo lo que en un momento determinado pueda exigir el mercado.
Esta es una de las consecuencias indeseadas de lo que el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, denominó la “dolarización informal” de la economía venezolana. En un alerta emitido recientemente, el ex funcionario recomendó llevar a cabo estas transacciones “con empresas, comercios y personas conocidas, de confianza, con comprobables antecedentes legales, morales y éticos”.
Sin embargo, los timadores intentan llevar a cabo sus engaños aprovechando ciertas condiciones de apuro, ya sean reales o generadas por ellos mismos. Y en una economía afectada por la hiperinflación, lo que prevalece es la premura: el precio del dólar hoy seguramente será menor que el de mañana; el caucho nuevo costará más, así como el teléfono celular y el cargamento de carne. Por ende, se dificultan los procesos de verificación de los antecedentes. La víctima se aturde, y termina perdiendo su dinero.

Breves

-La Policía Nacional lleva a cabo en este momento un plan para incrementar su pie de fuerza mediante la reincorporación de funcionarios que habían sido excluidos de ese y de otros cuerpos de seguridad por distintas razones. Esta iniciativa había sido anunciada en mayo, luego de la remoción del general de división Carlos Pérez Ampueda, ante las sospechas de que había respaldado el alzamiento del 30 de abril, y su reemplazo por el general de brigada Elio Estrada Paredes. Los reincorporados forman parte de un grupo llamado “ingresos extraordinarios”. Según listados a los que se tuvo acceso, provienen de las policías de Caracas, Miranda, Baruta, Eulalia Buroz, Independencia y Sucre, por citar algunas. Pero la mayoría de estos reinsertados habían salido de la propia PNB, por razones que no han sido especificadas. Desde 2017, el contingente de la Policía Nacional se estancó en poco más de 26 mil efectivos, de los cuales 6.000 son mujeres. El pie de fuerza no se ha incrementado, y sin embargo son crecientes las exigencias del Gobierno, en especial en cuanto a extender la presencia policial a todos los estados del país, y reforzar ciertos servicios, como por ejemplo el de vigilancia al Metro de Caracas, al cuerpo diplomático o las vías expresas. La alternativa, entonces, ha sido la reinserción de estos funcionarios. También se abrirá la posibilidad de que se incorporen guardias nacionales que estén de baja. El riesgo que han reconocido los propios jerarcas de la institución en reuniones internas es que se abra las puertas a individuos excluidos por medidas disciplinarias o por haber participado en delitos.

-El ministerio de Relaciones Interiores inició una investigación al constatarse la distribución mediante correos electrónicos de mensajes que supuestamente tienen la finalidad exacerbar el descontento en las filas de ciertos cuerpos policiales en Distrito Capital. Uno de tales mensajes hace un explícito llamado al alzamiento en armas de los uniformados, para que “Venezuela sea libre”. En el texto, igualmente, se indica que los policías incorporados a este movimiento pueden convertirse en parte de la historia nacional, siempre y cuando hagan un esfuerzo por “neutralizar a las ratas”.  Lo cierto es que los policías, como el resto de la población, parecen más enfocados en asegurar un sustento diario, trabajando como escoltas en sus tiempos libres o como parceleros de panaderías, que por organizarse para propiciar un cambio político.

-A partir de junio de este año se ha tenido noticia sobre la activación de unidades que, sin pertenecer directamente a los organigramas de ningún cuerpo policial habilitado formalmente por el ministerio de Relaciones Interiores, intervienen en labores de seguridad ciudadana. El primer organismo está adscrito al propio despacho encabezado por el general Reverol. Se trata de la Brigada Especial contra las Actuaciones de Grupos Generadores de Violencia (BEGV). Aunque esta unidad se gestó inicialmente en 2014, cuando Miguel Rodríguez Torres era el titular del MRI, su actividad fue prácticamente nula. Pero en junio de este año, fue designado José Daniel Hernández Valdez para encabezar esta agrupación, por decisión del Presidente. Otro ejemplo está en el Zulia. Allí, la Secretaría General de Gobierno maneja una Dirección de Investigaciones, con agentes que presumiblemente fueron enviados en comisión de servicio desde la policía regional, y que operan en vehículos de ese cuerpo policial. El 4 de octubre, los funcionarios de esta unidad especial ultimaron a dos personas no identificadas en el barrio Fuerza Bolivariana, y a otro hombre en el barrio Puntica de Piedra del municipio San Francisco, identificada como Jorge Luis Luzardo, de 40 años de edad. Los reportes sobre este grupo especial son conocidos desde septiembre.

-En atención a la última entrega de Crímenes sin Castigo (titulada La venganza de Cristóbal), el mayor general retirado del Ejército y ex jefe de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, envió al correo crimenessincastigo@gmail.com una réplica sobre ciertos aspectos del referido texto. La misiva con fecha 2 de octubre es publicada a continuación, íntegra y sin alteración alguna:
“Con ocasión a una noticia publicada en el medio que Usted dirige, en fecha 22 de septiembre del 2019, firmada por el periodista Javier Ignacio Mayorca, titulado “La venganza de Cristóbal” y en que una parte afirma refiriéndose a mi persona: “Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano”. (Cita textual)
“Debo aclararle lo siguiente:
“La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres honorables magistrados, ha denegado la solicitud de extradición hecha por EEUU. En resumen, los argumentos jurídicos que fundamentan la decisión son:
“1. No existe un relato de hechos concreto que describa la conducta del reclamado en cuanto a lo que se le acusa; y que determine, al menos, lugar y fecha en que fueron cometidos los supuestos delitos.
“2. Los supuestos delitos son considerados delitos militares según la legislación española.
“3. La reclamación se fundamenta en una motivación política.
“Fuera de estos tres puntos que sustentan la sentencia de la Audiencia Nacional, no existe ninguna otra consideración objetiva que avale la interpretación hecha en el artículo mencionado. Por lo cual, cae en un ejercicio sofisticado de especulación periodística basada en conjeturas y supuestos de difícil comprobación que, lejos están de ayudar a esclarecer la verdad del tema, suma a una matriz de opinión perversa que ha lesionado mi reputación por casi una década.
“Debo ratificarle, lo que ya he hecho público por diferentes vías de comunicación:
“Los EE.UU. solicita mi extradición basándose en una narrativa de hechos de una supuesta actividad delictiva que ocurrió entre 1999 y 2019. Después de 20 años de una supuesta investigación, la fiscalía estadounidense debería ser capaz de decir ante la justicia española y ante el mundo, qué fue lo que supuestamente hice, dónde y cuándo. Además de soportarlo con pruebas. Hasta el momento, la fiscalía de EEUU. no ha explicado qué fue lo que supuestamente hice, ni ha presentado una sola prueba.
“Este entramado de mentiras que fue fabricado en mi contra desde hace más de diez años en Venezuela, y del cual no había podido defenderme efectivamente, no solo me hace víctima a mí, a mi familia, a mi entorno, sino también al propio gobierno de EEUU. Funcionarios del gobierno venezolano involucrados en narcotráfico elaboraron informes falsos donde me incriminaban con el fin de cubrir sus delitos y de procurar que el presidente Chávez me retirara su confianza. Estas falsas informaciones fueron recabadas por la DEA, quienes la presentaron a fiscales que, sin mayor cuestionamiento ni investigación, las tomaron como ciertas y decidieron acusarme.
“El contexto de lo que ocurría y sigue aconteciendo en Venezuela en materia de narcotráfico y terrorismo, ayudaba a creer que lo que se decía sobre mí, por el cargo que ocupaba, también debía ser cierto. Pero conmigo cometieron un error que el tiempo y la justicia corregirá.
“Con humildad y firmeza quiero hacer valer lo que la justicia española ha determinado en primera instancia. Y es que la motivación detrás de los señalamientos hechos por la fiscalía de EE.UU. es política. La persecución en mi contra se lleva a cabo desde los tiempos en que trabajé al lado de Hugo Chávez, a quién obedecí de manera directa como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente constitucional de la República, en el marco de mis funciones y con estricto apego a la ley.
“Vine a España con el firme propósito de colaborar en el restablecimiento de la democracia en mi país. Esto no ha cambiado, ni cambiará bajo ninguna circunstancia. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para deponer a la tiranía criminal de Nicolás Maduro.
“Le agradezco revisar el mencionado artículo y atender a este Derecho de réplica a través del medio que dirige y sus redes sociales en el plazo establecido por la Ley, toda vez que las primeras reglas en el ejercicio responsable del periodismo, es contrastar las fuentes en las que se apoya la noticia y actuar con estricta sujeción a la verdad. Solicito sea publicado este escrito y realizar las aclaratorias pertinentes en honor a la verdad y a la justicia.”

Libros

¿Qué lecciones pueden extraer los venezolanos y en general los latinoamericanos del conflicto armado que padeció Colombia durante la última mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo? ¿Qué deja para el futuro inmediato la paz acordada en La Habana con la cúpula de las FARC, y el aparente desmantelamiento del Ejército de Liberación Nacional? ¿En qué se transformaron exactamente los grupos que anteriormente eran calificados como “paramilitares”? Las respuestas a estas y otras interrogantes pueden ser encontradas en el último trabajo del subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Fernando Ávila, titulado Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá, 2019), que ya llega a su tercera edición. Se trata de una extensa investigación, que recopiló y sistematizó unos 14 millones de datos, obtenidos de informes de los cuerpos policiales y militares, entrevistas presenciales y reportes de los medios de prensa sobre el conflicto armado en el vecino país, desde la primera mitad de la década de los ochentas del siglo pasado. Ávila va llevando al lector por el sinuoso camino que han recorrido las dos guerrillas más importantes de Colombia, y las estructuras que terminaron agrupadas bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada una con diferentes agendas y objetivos, aunque a la postre unidas en la producción y el tráfico de drogas. No solo se analiza las características de cada factor de violencia, sino también su particular relación con el Estado y las fuerzas militares. La investigación finalizada en 2018 ya permitía sugerir la reconfiguración de las FARC en lo que el autor denominó una “nueva guerrilla”, e igualmente entrega evidencias sobre el desplazamiento del conflicto hacia los sectores periféricos, donde florecen las economías ilegales. Entre esos sectores, desde luego, está la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN ha mantenido la mayor intensidad de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas. Aunque sumamente extensa, esta obra deja la impresión de que Ávila continuará su proceso investigativo, a la luz de las nuevas realidades que ya se desarrollan en Colombia, y que repercuten casi de inmediato en los países vecinos.

domingo, 22 de septiembre de 2019

La venganza de Cristóbal

-El juicio de extradición en España contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar trajo al presente un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA en Venezuela. En el centro de la historia, está un agente encubierto

@javiermayorca

La decisión de la Audiencia Nacional de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.
Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.
Carvajal convenció a los letrados
Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.
Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolo de drogas, y obteniendo de paso recursos para financiar el proyecto político venezolano.
Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.
El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.
Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.
En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.
El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.
Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó a Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.
Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.
Lo más probable es que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas en una celda de la penitenciaría de Georgia operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

Breves

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-La organización Transparencia Venezuela publicó su primer reporte relacionado con las denuncias publicadas por el diario PanAmPost en torno a la administración de los recursos asignados a la llamada “ayuda humanitaria” y a la manutención de los militares y policías que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa liderada por Juan Guaidó, a partir de febrero de este año. En el centro de estas denuncias se encuentran Rossana Edith Barrera y Kevin Daniel Rojas, quienes fueron nombrados por el presidente del Poder Legislativo para que administraran los recursos aportados por distintas fuentes y atendieran las necesidades de los cientos de funcionarios que abandonaron sus puestos en Venezuela. Una primera conclusión del documento, de 21 páginas, es que los fondos administrados por Rojas y Barrera (equivalente a unos 35.288 dólares) formaban parte del patrimonio público, aún si se trataba de donaciones de particulares. En segundo lugar, se descarta cualquier responsabilidad de ambos en cuanto al tema de la ayuda humanitaria, pues eso no estaba en las competencias que les asignó Guaidó. Para ellos, solo cuenta el tema de la manutención de los militares y policías.  Al respecto, Transparencia Venezuela aclaró que en este primer avance no se puede determinar si hubo malversación o desvío de fondos, pues no se tuvo acceso a información bancaria que permita corroborarlo. Pero sí arroja indicios sobre presuntas irregularidades, en virtud de datos suministrados por el embajador designado por Guaidó para Colombia, Humberto Calderón, según los cuales fueron recopiladas facturas de gastos duplicados, transferencias entre cuentas bancarias que no especifican los titulares, facturas de hoteles no incorporadas a las relaciones de gastos y facturas ininteligibles. Todo esto incorporado “para crear confusión”. Barrera y Rojas reportaban directamente a Roberto Marrero (jefe del despacho de Guaidó), quien fue detenido por agentes del Sebin en Caracas, el 21 de marzo. Por ende, a partir de ese momento no había una instancia a quién reportar sobre estos gastos. La pareja indicó a la comisión de veeduría que nunca se reunió con Calderón, ni coordinaban acciones con Acnur, pues esta organización dependiente de Naciones Unidas no ha reconocido a Guaidó. Entonces, solo se comunicaban con funcionarios de la Cancillería y de la Unidad de Gestión de Riesgos. Barrera, indica el reporte, nunca notificó formalmente la existencia de un conflicto de interés al ser designada para esta función siendo cuñada del diputado Sergio Vergara (VP), mano derecha de Guaidó.

-El 13 de septiembre, la comandancia general de la Armada notificó mediante un “mensaje naval” la decisión tomada por el ministerio de la Defensa en cuanto a la separación “por medidas disciplinarias” de 219 oficiales de ese componente. De acuerdo con la resolución, todos estos oficiales se ausentaron de sus unidades castrenses “sin autorización”. Esto sugiere que todos habrían desertado. En realidad, algunos de ellos cruzaron la frontera para incorporarse a las filas de Juan Guaidó. Otros fueron involucrados en movimientos conspirativos, y tuvieron que abandonar el país o fueron detenidos, y otros simplemente abandonaron sus puestos, decepcionados por la politización y el deterioro de las condiciones laborales. En la lista figuran dos capitanes de corbeta (Miguel Angel León y Carlos Federico Barrios), 19 tenientes de navío, 76 tenientes de fragata, y el resto alféreces de navío. En cada caso fue redactado un informe que sustenta la decisión. En el correspondiente al capitán Miguel León, la superioridad castrense reaccionó negativamente ante una carta enviada al Comandante General del cuerpo, el 7 de noviembre de 2018, donde decía que los efectivos castrenses “pasamos de ser custodios y guardianes de las armas de la República para defender los derechos de todos los ciudadanos sin excepción para convertirnos en una especie de milicia populista dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. 

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

Tres preguntas a… Gustavo Tarre Briceño, embajador designado por Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

1.-El ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se califica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de adefesio y reminiscencia de la Guerra Fría. ¿Desde su perspectiva cuál es el sentido de revivir este mecanismo en la circunstancia actual?
El TIAR tiene unos setenta años. Ha sido invocado veinte veces. Su finalidad es que cuando se produce una agresión en contra de un país, los demás del Hemisferio están obligados a acudir en su defensa. La novedad que hay en el caso que estamos viviendo es que la agresión se comete desde adentro fundamentalmente. La destrucción de Venezuela no es producto de una guerra, de bombardeos o fenómenos naturales, sino de una combinación de ideología mal diseñada, mal entendida y perversa con una incapacidad total desde el punto de vista de la gerencia, y unos niveles de corrupción que son los más altos de la historia. Si lo que se busca es proteger a un país amenazado, creo que en Venezuela la amenaza se cumplió. Somos víctimas de un delito continuo de destrucción por parte de una banda que ha tomado el poder. Que esté obsoleto y sea un adefesio o reminiscencia de la Guerra Fría…bueno. Posiblemente para el ministro de la Defensa la materia jurídica sea totalmente ajena. El derecho es una ciencia viva, que evoluciona. Hoy en día puede vincularse la asistencia recíproca con la responsabilidad de proteger, que es un concepto mucho más nuevo, que apareció en conflictos recientes. Cuando se presenta una violación masiva de derechos humanos, existe una responsabilidad de los países de proteger a quienes sean víctimas de esa situación. Y si alguien tiene dudas de que ese sea el caso de Venezuela, sería harina de otro costal.

2.-El proceso de reincorporación al TIAR y la llamada opción militar ha ocasionado fisuras incluso en el Grupo de Lima. ¿Vale la pena asumir ese costo, si ni siquiera representará una amenaza creíble para el régimen?
El Grupo de Lima no es algo estático. Nació y es de inmensa utilidad para el rescate de la democracia venezolana. Puede haber en este grupo diferencias de opinión.  Son todos países democráticos. No es el ALBA, con países que obedecen dictados de una potencia extranjera, que le hacen caso a un jefe, como lo era Fidel Castro en los países del ALBA. Aquí cada quien tiene su soberanía y aprecia las circunstancias según su mejor entendimiento. Que existan diferencias en la forma de ver la situación venezolana es normal. Que vamos a lograr superarlas, estoy seguro. Toda la preparación de esta primera reunión del TIAR que se llevará a cabo en Nueva York intenta lograr entendimientos y acuerdos. Para eso es la negociación diplomática y en eso estamos.

3.-¿Cuáles serán los siguientes pasos en este proceso y qué perspectivas ve de aglutinar a más países en esta ruta?
Como le decía, los pasos son los que estamos siguiendo. No quiero adelantar si hay acuerdos para la toma de decisiones. Eso corresponderá a los cancilleres, una vez que se reúnan en Nueva York. Pero sí puedo decir que soy razonablemente optimista.

Libros

Llegó a los anaqueles una obra con un título inquietante y hasta cierto punto paradójico: La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente (Bogotá, 2019). Su autor es sir Lawrence Freedman, un laureado investigador y docente en Estudios Bélicos del King’s College de Londres. Esta investigación, cuya edición originaria en inglés fue lanzada en 2017, aborda el tema de las confrontaciones armadas desde ingeniosas perspectivas. En lo que respecta al pasado de la guerra, Freedman hace una comparación entre realidad y ficción, para determinar hasta qué punto la literatura fue capaz de avizorar las características que tendrían las conflagraciones. En la segunda sección, hay un análisis sobre aspectos clave de los conflictos armados que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y en especial los que presenciamos tras la caída del Telón de Acero, en 1989. Aquí encontramos una interesante evaluación de las intervenciones militares por razones humanitarias o de restablecimiento de la paz, y cómo las experiencias de la extinta Yugoslavia, Irak I y otras subsiguientes llevaron a la comunidad internacional a revisar el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado, a la luz de una nueva teoría, denominada “responsabilidad de proteger”, o R2P. Sobre este punto, aclara Freedman, todavía no se ha llegado a un consenso. Además, los resultados de las incursiones militares no han sido siempre exitosos. Sin embargo, desde la perspectiva de los países que participan en tales acciones, tiene mucho peso un conjunto de “criterios pragmáticos” a la hora de tomar una decisión: “los países que se plantearan atajar un conflicto ajeno debían tener plena confianza en la legitimidad de la acción, tenían que haber agotado las vías diplomáticas, haber diseñado un conjunto de opciones militares plausibles, debían estar dispuestos a sostener el esfuerzo de forma prolongada y tenían que considerar que la cuestión incidía en el interés nacional de sus respectivos estados”. Estas páginas están llenas de pistas que contribuyen a la discusión sobre la convulsa realidad de la Venezuela actual. Lo mismo que las referidas a la última sección, sobre el porvenir de los conflictos bélicos. En las guerras futuras, sostiene Freedman, la tecnología de punta en materia armamentística será un factor de extremada importancia, pero no el único. Podrían comenzar como disputas locales, e incluso privadas, que parezcan asociadas a la delincuencia o a tensiones sociales latentes. Conflictos relativamente menores, que no fueron atajados a tiempo, podrán escalar hasta involucrar a otros factores que le den la característica de una conflagración. Es por esto que, desde una perspectiva pacifista, las cruentas disputas en el África Subsahariana contienen tantas claves como los últimos adelantos en la inteligencia artificial.

domingo, 8 de septiembre de 2019

Huyendo de Venezuela

-Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

@javiermayorca

En el sector La Parada de Cúcuta, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.
Muchos de los que estaban allí habían apurado la salida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.
Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.
“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, era la expresión que más se escuchaba en ese espacio. Eran grupos de gestores venezolanos que se ofrecían para aligerar la espera. Si usted iba bien vestido, la tarifa subía automáticamente, un 20%.
Como en toda gestoría, lo importante en este caso eran las conexiones que estos sujetos pudieran tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contactaba, ellos de inmediato lo ponían a hablar con el verdadero líder del grupo, que estaba merodeando por allí cerca.
Pero no todos tenían verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valían de engaños o artificios. El más usual era entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fijara en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.
Los agentes suelen detectar con rapidez la burla con los pasajes de autobús.
“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.
Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrecía luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parecía ser la mejor opción, si se tomaba en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica estaba una VAN de la Policía Nacional. Además, algunos funcionarios se escondían para tomar fotos de quienes intentaran esta vía.
“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, decía este gestor venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.
Desde luego, en la medida en que no funcionaba ninguna de las soluciones, el tiempo pasaba y la desesperación aumentaba. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementaba. Cada vez que abrían el paso en la primera barrera sucedía una hecatombe de gritos y empujones, que obligaba a los policías a proferir amenazas.
Luego de la primera barrera. Atrás, una multitud angustiada
“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.
Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.
Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y a otros que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.
La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.
Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.
“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.
En la cola, atrás de Mercedes, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en la taquilla del Saime, ubicada en el paso fronterizo. 
Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.
“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.
Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes se alejó y más adelante logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.
En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. No solo eran los cientos represados en la primera barerra, sino al menos otro medio millar que se protegía del sol inclemente bajo un toldo, cerca del puesto de Acnur. Los empleados de Migración conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.
Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día, siempre y cuando no se levantaran de sus asientos.
Por eso es que muchos de estos emigrantes dilataron su recorrido hacia el sur, y terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.
Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.
Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no podían conseguir en su país.
Pero esa es otra historia.

Tres preguntas a… David Smolansky, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)

1) En este momento, seis países han asumido medidas para restringir el paso de emigrantes venezolanos. El último fue Ecuador. Esto coloca el mayor peso de la diáspora sobre Colombia y Brasil. ¿Qué medidas se pueden adoptar para el tratamiento de este problema?
La mejor medida que se puede tomar es que los venezolanos dejen de llamarse diáspora o migrantes. La mejor medida que puede adoptar la región es la propuesta de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes es que se nos de el estatus de refugiados, y eso se argumenta en la Declaración de Cartagena de 1984, única que expande el concepto de refugiados de Naciones Unidas, y dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, limitación de libertades…todo eso hoy aplica para el venezolano que huye de su país. Si se adopta el estatus de refugiados para los venezolanos, no solo se facilitará que cada uno tenga su documentación y acceda a la salud y a la educación públicas, un trabajo, etc. Es la solución más justa y pragmática por parte de los países receptores. Al final, a pesar de que esto es muy duro para nosotros los venezolanos, puede representar una gran oportunidad para los países receptores de América Latina y el Caribe, con gente que trabaje, emprenda y estudie, y que eso impacte positivamente en la sociedad y la economía.

2) ¿Cuál es su expectativa en cuanto al tamaño de la diáspora para finales de este año?
La proyección que nos da en la oficina de la OEA para la crisis de los emigrantes venezolanos es que si las determinantes que han causado esta migración forzosa que son la crisis humanitaria, la violencia generalizada, la violación de DDHH, el control social, el colapso económico y el de los servicios básicos se mantiene en lo que queda de 2019, pudiésemos estar hablando de 5 millones de emigrantes o refugiados venezolanos. Hoy, a este momento, hay 4,3 millones de emigrantes venezolanos. El 70% se concentra en cuatro países: 1,5 millones en Colombia, 860 mil en Perú, 330 mil en Ecuador y aproximadamente 400 mil en Chile. Y si la tiranía se prolonga hasta 2020 entonces pudiese haber de 6 a 8 millones de refugiados, lo que nos lleva a concluir que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación, que recuperemos nuestra libertad, y que haya incentivos para que el venezolano desterrado pueda volver.

3) Ud estaba investigando algunos aspectos delictuales de la diáspora. ¿Cómo están operando las redes ilícitas para el traslado de migrantes venezolanos?
Estamos en fase de investigación. Sin embargo, puedo adelantar que el refugiado venezolano es cada vez más vulnerable a que grupos irregulares lo recluten aprovechándose de la necesidad que tienen de alimentación, donde menores de edad son captados por irregulares. Les sale más económico que reclutar a un colombiano, y a cambio les dan alimentación. En segundo lugar, son vulnerables a actividades como contrabando, minería y narcotráfico. En el caso de las mujeres, son vulnerables a la esclavitud moderna, explotación sexual, a que sean abusadas. Hoy el refugiado venezolano no solo se enfrenta a lo que es desprenderse de su país y su familia, a tener que caminar miles de kilómetros para llegar a ciudades desconocidas y empezar desde cero, sino que además debe afrontar en ese trayecto a grupos armados y vinculados a actividades ilícitas. En una de las investigaciones que hicimos es que en las 288 trochas identificadas en la frontera colombo venezolana de más de 2000 kms hay puestos de control de grupos irregulares. Han crecido tanto que han colocado puntos de control en las adyacencias del puente internacional Simón Bolívar, pues la gente tenía que cruzar por el río Táchira, cuando el puente estaba bloqueado por containers, colocados por el régimen para el 23 de febrero. Los han movido ligeramente. Una estimación que hicimos es que si a un venezolano le cobran un dólar por salir o entrar, en lo que llaman migración pendular, lo que es una cifra conservadora (muchos nos han dicho que deben pagar hasta cinco dólares), y por esas vías van diez mil venezolanos, solo por extorsión estos grupos irregulares hacen diez mil dólares diarios, 300.000 dólares mensuales. Todas estas actividades ilícitas son protegidas por la dictadura.

Breves

-El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Rio de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

-El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

-El Buró Marítimo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) recopiló seis reportes de actos de piratería en costas y puertos venezolanos entre los meses de enero y junio de 2019. La cifra más elevada de toda la cuenca del Caribe para ese lapso. En todos los casos, las embarcaciones atacadas fueron tanqueros y naves de carga de uso comercial. No se toman en cuenta los casos, muy frecuentes en las costas entre Sucre, Delta Amacuro y Trinidad, en los que piratas asaltan pequeñas embarcaciones e incluso secuestran a miembros de las tripulaciones, como ha sido advertido por otros organismos. El auge de la piratería marítima en el país se evidencia al revisar las cifras correspondientes a los años anteriores. En 2017 fueron reportados seis casos, en 2018 fueron 7. De manera que para finales de este año el número de asaltos o intentos de robos en las costas o en los muelles será el más elevado. Según los registros de ICC, en cinco casos los piratas lograron abordar las naves, mientras que en otro solo hubo un intento fallido. Cada episodio alimenta una base de datos, con la que es elaborado el mapa que acompaña a esta nota.

Libros

La llamada “diáspora” venezolana cada día ocupa más atención y espacios en los medios noticiosos, en la medida en que más y más millones de personas se agolpan en las zonas limítrofes para buscar mejores destinos. Sin embargo, hasta el momento ha sido poca la investigación sistemática del impacto que esta emigración masiva está teniendo, tanto en las poblaciones que se ven impulsadas a salir del país como en aquellas que los acogen. Por una frontera garante de los derechos humanos (Bogotá, 2018) es quizá el producto del primer esfuerzo planificado por documentar lo que está sucediendo en Cúcuta y sus alrededores a propósito de este fenómeno. El trabajo de campo y documental fue desarrollado durante todo un año (agosto 2017 a julio 2018) por representantes del Servicio Jesuita a Refugiados y del Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y se enfocó en identificar lo que se denomina los “vacíos de protección” que afectan a tres grandes categorías de emigrantes: los venezolanos, los llamados “retornados”, es decir, colombianos que vivían en Venezuela y ahora huyen de la crisis, y un tercer grupo, constituido por los hijos de unos u otros, quienes corren el riesgo de quedar sin nacionalidad, o “apatridia”, por diversas circunstancias. El libro, suscrito por Wooldy Edson Louidor, Oscar Carderón Barragán, Alejandra Castellanos, Silvia Leal Guerrero y Paola Julieth Sierra, está escrito en un lenguaje denso, conceptuoso, lejano de los giros periodísticos. Pero es sin duda un documento de lectura necesaria para entender las distintas dimensiones de un proceso que tiende a agravarse. Tiene implícito, además, una crítica a las omisiones y errores del estado colombiano en el tratamiento a estas poblaciones en riesgo, originadas en la negativa a reconocer todas las aristas de una emergencia humanitaria compleja. Desde luego, poco o nada se señala respecto del Estado venezolano, con el cual aparentemente no hay nada qué hacer. 

domingo, 25 de agosto de 2019

Lo que resta en Cúcuta

-Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

@javiermayorca

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.
Ese día, los oficiales, los efectivos de tropa profesional y alistada y los agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente, con el concurso de la autoridad migratoria del vecino país.
El desalojo del hotel Acora
La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en los diez hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.
“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander, ahora en vida civil.
Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos, en su mayoría de la Guardia Nacional. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler mensual de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.
Parte del grupo que cruzó la frontera
“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un capitán.
Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino López, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.
Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.
Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.
El recuerdo de las insignias
Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y la alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares disidentes en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Poder Legislativo trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a este movimiento castrense con ocho meses de embarazo.
Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado a la iniciativa de Guaidó. Desde Venezuela, sus amigos les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.
Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos.

Breves

-En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día.

-Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

-En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) çuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

-El Instituto de Medicina Legal de Colombia reportó el homicidio de 233 venezolanos en ese país durante los primeros siete meses de 2019. Solamente en julio fueron ultimadas 40 personas de esta nacionalidad. La frecuencia de muertes supera un caso al día. La venezolana es, de hecho, la primera nacionalidad extranjera víctima de homicidio en Colombia. En la medida en que la diáspora se extiende, la violencia se incrementa. En 2014, cuando la migración masiva apenas asomaba, solo fueron doce casos. En 2018, 533. En lo que va de año, el 88% de estos homicidios tiene como víctimas a hombres. En cambio, cuando se habla de casos reportados de violencia sexual, la mayoría de las víctimas venezolanas son mujeres (83%).

-Debido al bloqueo de los pasos fronterizos en San Antonio y Ureña, algunos productores agropecuarios venezolanos han optado por intentar el traslado de insumos como semillas y pesticidas a través del puente que parte de Puerto Santander y atraviesa el rio Guarumito. Allí, sin embargo, se ha instaurado el cobro de lo que denominan un diezmo, es decir, el 10% del valor de la mercancía, tal y como aparece en las facturas de compra. La recaudación sería ejecutada por integrantes de la banda criminal de los Pelusos, que operan en ese sector con la anuencia de la Guardia Nacional. Un productor venezolano, que ha debido hacer estos pagos, indicó que los paramilitares detectan el paso de los vehículos desde el Táchira, y siguen a los conductores durante las compras que hacen en Puerto Santander. “Las tiendas de insumos agropecuarios están todas prácticamente en la misma calle, por lo que no les resulta muy difícil”, explicó. Los cobros de este impuesto informal se hacen en Venezuela, cuando se ha verificado el paso de la mercancía, a pocos metros del puesto militar.

Libros 
Humberto de la Calle ha sido uno de esos colombianos que conoce el monstruo en sus entrañas. Este abogado ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, Vicepresidente de la República y ministro de Interior, por citar solo algunos cargos. Pero lo que amerita su mención en este espacio es su última obra, referida a su experiencia como jefe negociador del gobierno colombiano durante las conversaciones en La Habana. Revelaciones al final de una guerra (Bogotá, 2019) es un extenso relato sobre el recorrido iniciado en agosto de 2012 para ponerle, como él mismo lo refiere, “punto final” al conflicto armado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un momento en que muy pocos concedían alguna probabilidad de éxito inmediato a tal empresa, aunque ya se avizoraba la “derrota estratégica” del grupo guerrillero. Estas páginas fueron escritas con independencia de criterio, una actitud que según el propio autor lo explica en sus primeros capítulos, es la consecuencia de su escaso apego a un proyecto político partidista, que lo llevó en algunos momentos a manifestar diferencias con quien entonces era un recién electo Presidente de su país. Así, con la debida distancia, De la Calle lleva al lector de la mano por todo el camino de estas negociaciones, sin la pretensión de haber dicho toda la verdad sobre un tema en el que convergieron numerosas voluntades y puntos de vista. Para un lector venezolano, este libro puede ser tomado incluso como un testimonio de lo que se debe y de lo que no se puede hacer para llegar a la paz, luego de un prolongado enfrentamiento.