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domingo, 11 de agosto de 2019

A un año de los drones


-Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

@javiermayorca

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.
Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.
En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas.
Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.
A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

La última tarima de Chávez

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.
Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso.
Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.
Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.
Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.
Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

Eran cinco drones

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.
Eran, al menos, cinco de estos
En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.
El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.
La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

“Sabían lo que iba a suceder”

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.
Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.
Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.
Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.
“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.
Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.
La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.
“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.
Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.
Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

Breves

Seemann, esperando la decisión
-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Maillaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

El módulo de la discordia
-En su proceso de expansión, la Policía Nacional ha ocupado inmuebles que antiguamente eran utilizados por otras instituciones. Tal ha sido el caso en el municipio Sucre del Estado Miranda Allí, la PNB tomó el módulo de la urbanización Santa Cecilia, que anteriormente era una sede de la policía municipal. En el límite entre La California Norte y Los Cortijos ocuparon una instalación de Protección Civil. En Pan de Azúcar (Carrizal), solicitaron a la asociación de vecinos el permiso para meterse en un inmueble de uso comunitario, donde supuestamente instalarían una oficina de investigaciones. La comunidad se negó. Aun así, la FAES quiso instalarse allí a finales de julio. Los vecinos reclamaron al alcalde que no haya defendido ese espacio. Debido al revuelo, los policías se retiraron, pero no se sabe si volverán. Esto sugiere un modelo de crecimiento “capilar” muy parecido al que siguieron la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, pero que va en detrimento de los cuerpos policiales estatales y municipales. La PNB, además, es vista como un cuerpo politizado, que no goza de buen prestigio. Se debe recordar que el titular del MRI, Néstor Reverol, maneja una propuesta de reforma que centralizaría los cuerpos preventivos estatales y municipales en torno a la Policía Nacional.

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.

-El 8 de agosto se conoció la decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incorporación -por décimocuarta vez desde 2005- de Venezuela en la lista de los países más importantes en cuanto a la producción y el tránsito de drogas ilícitas. El listado de 22 países correspondiente a este año es ambiguo, pues no se sabe con certeza las razones por las que han sido incorporados. Desde este espacio se ha advertido en varias oportunidades que Venezuela ya no puede ser considerado exclusivamente un territorio de paso de drogas elaboradas en otras latitudes. Las evidencias indican que desde hace varios años los venezolanos han acudido por oleadas a zonas del departamento Norte de Santander a participar en la cosecha de coca. Ese conocimiento adquirido tiene un efecto residual, que sienta las bases para el traslado de enclaves de producción del arbusto y su procesamiento primario en el país, lo que ya ha sido encontrado en sectores como Rio de Oro, en el estado Zulia. En otras palabras, en Venezuela se cultiva y se procesa la coca, pero no en una magnitud que permita incluirla en la lista de los “mayores” productores de cocaína. Falta mucho para llegar a esos niveles. Pero la insistencia gubernamental en negar el avance de la industria ilegal en el país genera sospechas, mucho más cuando se sabe que sus afirmaciones están basadas en informes que carecen de medios de verificación independientes.

Libros


Hay una discusión sobre si las nuevas tecnologías realmente han transformado la violencia criminal. ¿Ahora se decapita y se degüella más que antes, o son simples percepciones?, pareciera ser la pregunta, formulada en los términos más crudos. Sobre este punto, desde luego, hay mucho por investigar. Sobre lo que no cabe duda alguna es que las nuevas plataformas de comunicaciones han modificado las formas como estas manifestaciones son difundidas y conocidas. Hay hechos realmente atroces que parecieran ser ejecutados con el propósito central de su divulgación. En apenas meses, las memorias de nuestros teléfonos han colapsado por la transmisión vía sistemas de mensajería, una y otra vez, de los videos de individuos que están siendo acribillados, desmembrados o ambas cosas, de grupos que muestran sus armas sin ningún recato mientras navegan por las costas orientales del país, y de otros que gastan miles de cartuchos haciendo salvas al aire mientras recorren las calles solitarias de algún poblado en el centro del país, o en la Cota 905. Son sucesos pretéritos, pero que, al llegar así ante nuestros ojos, adquieren increíble vividez. A esto lo hemos denominado “violencia 2.0”. Sin embargo, una investigación de Angélica Durán-Martínez, The politics of drug violence (Nueva York, 2018) demuestra que no se trata de procesos exclusivamente venezolanos. De hecho, a juzgar por sus hallazgos, pareciera ser que las bandas nacionales llegaron a este nivel de visibilidad con cierto rezago. La autora llevó a cabo un estudio comparativo sobre las manifestaciones de la violencia asociada a los mercados de drogas en cinco urbes, dos colombianas (Cali y Medellín) y el resto en México (Culiacán, Ciudad Juárez y Tijuana). Encontró que la comunicación de la violencia tiene cierta racionalidad, obedece patrones y a veces no es la alternativa escogida, aún si se trata de grupos criminales altamente estructurados. De hecho, indicó, hay organizaciones que son altamente violentas pero que prefieren ocultar sus hechos. La visibilidad, entonces, depende directamente de una particular relación entre los criminales y el Estado, que con sus acciones u omisiones establece o quita los incentivos para la comunicación de los actos criminales. Este, desde luego, es un resumen muy simple de un trabajo denso, que intenta abordar de forma sistemática y quizá por primera vez uno de los elementos más inquietantes de la violencia delictiva actual. Este afán por divulgar la violencia en toda su crudeza establece un espacio común entre las bandas y los grupos que pretenden imponer una agenda política mediante el terror. The politics of drug violence está disponible en Kindle.

domingo, 28 de julio de 2019

Un Estado para la rapiña

-En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos

@javiermayorca

El 10 de mayo, personas aún sin identificar ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.
La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.
Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.
Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.
El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.
Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.
Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término: niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.
Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?
Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. Incumplir con este deber sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.
Empleados de Corpoelec-Falcón, presos
En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.
En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos.
Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.
Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.
Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%.
De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.
Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.
           
Breves

-Una de las recomendaciones más terminantes del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mejor conocida como FAES. El Gobierno, sin embargo, ha emprendido un camino en contrario. La exclamación de Maduro en apoyo a este cuerpo (“¡Viva las FAES!”) ha sido acompañada con decisiones internas: 1) se avanza en la conformación de una FAES en cada estado del país; 2) cada FAES debe tener una “brigada territorial de inteligencia”, o BTI, lo que coloca a estas estructuras más allá de lo meramente táctico, con un grado de autonomía que les posibilite buscar, procesar y difundir su propia información; 3) en función de este plan de crecimiento, han comenzado a recibir contingentes de otros cuerpos policiales, el último es de cuarenta oficiales de la Policía de Caracas. Mientras tanto, el comandante nacional de la FAES, comisionado Miguel Hernández (Miguelito) ordenó a todos los comandantes de unidades de esa fuerza que estén pendientes de los dictados del presidente de la ANC Diosdado Cabello, que son divulgados a diario a través de su programa televisivo.

-Hay dos versiones sobre el incidente con la aeronave EP-3E de la Marina estadounidense, detectada el 19 de julio poco antes de las 10 am mientras sobrevolaba por la llamada “región de información de vuelo” de Venezuela. La primera, como lo sugiere el comunicado del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que desde ese aparato se llevaban a cabo labores de “inteligencia y exploración radioeléctrica” en favor de intereses distintos a los del régimen de Nicolás Maduro, lo que según este comunicado justificaría la intercepción mediante cazas Suhkoi 30. La otra versión indica que, si bien es cierto que los EP-3E emplazados en la base de operaciones de avanzada de Curazao poseen equipos de última generación para inteligencia de comunicaciones, también son utilizables para labores de salvamento. Venezuela sabía que en esa zona del Caribe se desarrollaba desde el 15 de julio la búsqueda de una embarcación tipo peñero, de nombre Pa Sa Touche, que había zarpado el 7 de ese mes del puerto Dennery de Santa Lucía con dos personas a bordo y que, al no haber llegado a su destino en Martinica, podía estar a la deriva, precisamente, en el área que sobrevolaba el avión estadounidense. La agresividad con la que reaccionó el gobierno venezolano hace suponer que EEUU no informó con suficiente antelación que se incorporaría a esta operación de rastreo. Washington, además, no ha emitido un comunicado para explicar oficialmente el propósito de la misión de esta aeronave.

-Hay diferencias entre el régimen que aplicaría actualmente el oficialismo en áreas como la Cota 905 y José Félix Ribas de Petare, y lo que se vio a partir de septiembre de 2013, a propósito de la puesta en marcha del programa de Zonas de Paz. La principal es que el experimento iniciado hace seis años establecía un área de exclusión para la actuación de policías y militares, pero en lo interno podían existir uno o más factores involucrados en el control de los espacios. Esto eventualmente ocasionaba conflictos entre los distintos grupos que intentaban imponer su yugo. Así sucedió por ejemplo en los municipios Andrés Bello y Acevedo del estado Miranda, donde las propias autoridades llegaron a identificar a seis u ocho organizaciones en pugna simultánea, y las tasas de homicidios se dispararon. Lo de ahora es personalizado. Ciertamente hay una delimitación de espacios, pero todo indica que en el interior de estas fronteras difusas hay liderazgos encargado de garantizar un control. En la Cota 905 es Coqui, y en J. F. Ribas, Wilexis. Testimonios de residentes en esas comunidades y de operadores de organizaciones que realizan trabajo social en esas áreas así lo reconocen. Otro aspecto diferenciador es que en 2013 el programa Zonas de Paz era desarrollado a través de una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, entonces a cargo del viceministro José Vicente Rangel Avalos. Ahora, todo indica que los jefes de bandas llegaron a acuerdos con determinados líderes del oficialismo, sin que exista una estructura institucional en común para garantizar su cumplimiento.

-La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a diez operadores del oficialismo ligados al programa Clap es el resultado de una prolongada investigación en la que participaron distintas agencias del gobierno estadounidense. Desde un principio, los nombres de Alex Saab y su socio Alvaro Pulido estaban en la mira de las autoridades, debido a su presunta participación en esquemas de sobornos para la importación de bienes relacionados con la construcción de viviendas, tal y como lo refleja la acusación penal que se ventila desde el 25 de julio en la corte del Distrito Sur de Florida. En ese negocio presuntamente participaban funcionarios ligados al Seniat y la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi), así como familiares de los empresarios colombianos. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2014, las cuentas de Saab y Pulido manejaron unos 350 millones de dólares destinados a tales actividades. En 2016 llegaron los Clap, y ya la estructura de corrupción estaba montada. Para 2018, los funcionarios del Tesoro habían establecido que el traslado de los alimentos desde los puntos de compra hasta la entrega en Venezuela tenía cinco etapas, y que cada una implicaba sobornos y sobreprecios. Lo más novedoso, sin embargo, fue el señalamiento formulado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al momento de incorporar a los empresarios colombianos, sus hijos, el ex superintendente del Seniat José Vielma Mora, los hijos de la primera dama Cilia Flores (Walter, Yosser y Yoswal), así como el ex Tesorero y primo de ellos, Erick Malpica Flores: que a partir de 2018 Saab supuestamente participó en la creación de una estructura para vender oro a Turquía, y depositar el producto de estas operaciones en cuentas del Banco Central de Venezuela en la banca de ese país. A cambio de esto, la empresa de Saab (Mulberry) compraría los alimentos para el Clap en ese país y lo entregaría a los distribuidores nacionales, en una operación de intermediación que también le proporcionaría enormes ganancias.

Fusiles AR-15 incautados a los ex FARC
-Antes de cerrar esta entrega llega información sobre las cuatro personas que murieron como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con unidades del Ejército, en el marco del ejercicio de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019. El tiroteo ocurrió el sábado a la 1 pm en el sector Las Palmeras del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia. De acuerdo con el parte preliminar, los irregulares se desplazaban en dos camiones, y los que iban en la retaguardia se rezagaron para enfrentar a los militares. Entre los cuatro fallecidos fue identificada la venezolana Mauredy de Jesús Azuaje Urdaneta, quien figura en una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República colombiana, fechada el 29 de mayo de 2018 como una integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que supuestamente se había acogido al programa de desmovilización. En virtud de esta decisión, desde octubre de 2017 Azuaje tenía un salvoconducto número 703009, pero con un nombre mal escrito, que luego fue rectificado. El otro fallecido en el enfrentamiento con la Fuerza Armada fue identificado como Jorge Luis Montero, mientras que los otros dos no poseían ninguna documentación.

Libros

Mientras esta columna estaba en el proceso de redacción, se dio a conocer en una corte de Nueva York la primera de lo que presumiblemente será una larga serie de condenas perpetuas contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, el líder del cartel de Sinaloa quien llegó a ser el delincuente más buscado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los seres con mayor riqueza acumulada, según el ránking de la revista Forbes. En ediciones anteriores hemos recomendado la lectura de diversas obras relacionadas con las peripecias de este traficante, debido a que sin duda tuvo una importante influencia en el auge del transporte de drogas a través de Venezuela. Ahora, el equipo de la reconocida revista Proceso de México lanza Esplendor y caída de El Chapo (México, DF. 2019) una recopilación de trabajos coordinada por el periodista del semanario Rafael Rodríguez Castañeda, que analiza cómo Guzmán surgió desde Badiraguato, un pueblito de la serranía del noroeste mexicano cuyos habitantes se mantenían gracias al cultivo de marihuana, hasta convertirse en el Señor del gran poder, gracias en parte a las alianzas que pudo entablar simultáneamente con paramilitares colombianos y guatemaltecos, así como también con elementos de la guerrilla colombiana, dedicados a la industria de las drogas ilegales. Como era de esperarse, en las páginas de este libro también hay diversas e interesantes referencias al rol de Venezuela y otros países latinoamericanos en la expansión de las actividades del cartel de Sinaloa. Una de ellas se relaciona con la presunta disputa que se desarrollaba en septiembre de 2012 por el control de la ruta venezolana entre el líder de Sinaloa y el jefe de una de las células del cartel del Norte del Valle que habían emigrado al país: Daniel Barrera, alias el Loco. Las páginas de esta obra sugieren que el colombiano fue detenido en Venezuela como parte de una jugada del Chapo para eliminar adversarios. Una teoría que se explica a sí misma por el efecto posterior de la acción policial. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 14 de julio de 2019

Extorsión, hasta en las galletas

-La quema de la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado

@javiermayorca

    El lunes 8 de julio, la fábrica de galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión.
    Para el momento de la publicación de esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.


    El caso de la fábrica de esta golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia organizada en determinados países o regiones.  La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa tranquilidad.
    La extorsión se nutre del miedo, y genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.
    Según cifras conocidas extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:


    Se debe reiterar que estos números reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aun así, llama la atención que marzo, el mes del megaapagón que afectó a prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad de casos conocidos.
    Si en algún lugar del país la crisis del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia. Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500 comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21.
    Este delito se ha mantenido como una forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las bandas dedicadas a este delito. El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror. Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada, que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.
    Los motorizados detenidos, sin embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización. Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59 años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización aún no ha sido desmantelada por completo.
    Otro lugar donde la extorsión pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.
    Y así se podría hacer un recorrido por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes, aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000; extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja, mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.
    Cuando vemos este panorama, pintado aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes estatales.

Breves

-Dos hechos reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada, cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a bordo continúan desaparecidos. El otro caso fue reportado el lunes en las costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas, según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable, tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real de la Fuerza Armada.

-En un sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue “traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena). Suárez, asociado al denominado chavismo militar, o los llamados Centauros de Chávez, fue desplazado de la cúpula castrense para dar espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto 87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”, los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de sorprender.

-El jueves, cuando salía esta columna, Maduro anunció la designación del mayor general Suárez Chourio para el Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. A pesar del nombre rimbombante, este es un cargo a la medida, que no se inserta en ninguna cadena de mando. La Comandancia en Jefe, así como suena, fue creada con motivo de una reforma que implantó en 2005 el entonces presidente Hugo Chávez, vía Habilitante. Era la expresión de una ambición personal de reinsertarse a como diera lugar en la cima de la Fuerza Armada. Posteriormente, el teniente coronel comenzó a utilizar un uniforme especial, con el grado que él mismo se había asignado. Por la Comandancia en Jefe pasaron oficiales que el mandatario quería tener a la mano, como el famoso Jacinto Pérez Arcay, a quien Chávez le asignó previamente la responsabilidad de diseñar el Poder Moral, y lo tenía de consejero. Ahora, Maduro envía a Suárez Chourio para esta oficina. Por cierto, el cargo es tan anodino que aún no se ha cumplido el mandato de la ley aprobada en 2005, según el cual era necesario fijar una reglamentación para dar un sentido de utilidad a esa instancia militar.

Tres preguntas a… el comisario general Iván Simonovis, asesor de seguridad de Juan Guaidó

1.-Hay un debate sobre la llamada “caracterización del régimen”. Algunos hablan de un gobierno rebelde, que intenta alejarse de la esfera de EEUU, y en esa medida genera conflictos. Otros, que es una cleptocracia. La salida en uno y otro caso es distinta. Una es negociada. La otra, de fuerza. ¿Por cuál se inclina Ud?
Ha sido público y comunicacional que Maduro ha pedido citas a Trump. Si ellos tuviesen la oportunidad de llegar a Washington, lo harían, para sencillamente negociar o ver cómo se sacuden las sanciones y lo que les viene. Si algo está perfectamente claro es que las sanciones son el preámbulo de lo que les tocaría, me refiero a juicios, investigaciones. El 23 de febrero, cuando estaban asustados con lo que podía pasar, empezaron a tirar puentes. Se caían a golpes por eso, militares y políticos del Gobierno. Sobre todo militares de alto rango, el generalato, empezando por Padrino López, Hernández Dala…ellos son los que intentaban negociar para salirse del paquete (…) A mi manera de ver, lo de Venezuela es como una situación de rehenes. Maduro y un grupo de militares tienen secuestrado a 27 millones de personas. Hay dos soluciones, una negociada, y la otra es la intervención. ¿Cuál se usa? La que sea necesaria. Pero una no excluye a la otra. Muchos me conocen por el caso de Cúa. Entonces, el comisario Víctor Amram negoció hasta el momento en que se ordenó la intervención. La negociación siempre estará allí, pero tiene que existir una preparación, porque en un momento las negociaciones fallan y ya no son necesarias. El delincuente tiene que darse cuenta de que existe una amenaza creíble, que es capaz de hacerse lo que sea para salvaguardar la vida de los inocentes. El presidente Guaidó ha dicho que están dispuestos a una intervención militar, si es que hay que solicitarla. Pronto se aprobará la incorporación al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Es un paso, y el Gobierno sabe que se está dando, en la vía correcta, pues tiene que existir una amenaza creíble. Y cuando se diga que va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, entrará.

2.-Recientemente, Juan Guaidó lo nombró Asesor de Seguridad. En esa capacidad, ¿qué recomienda hacer con la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES)?
El primer problema con las policías es que están dirigidas por militares, que desconocen cómo es el tema policial. No conocen las estructuras de las policías, el trabajo de investigación, patrullaje. Pregúntele a cualquier general o coronel de esos si estuvo montado en una patrulla buscando a un delincuente para llegar a general. Nunca. Pregúntele a esos directores cuántas veces estuvieron cinco días o quince en una investigación allanando para detener a un individuo que haya participado en un hecho delictivo. Ninguno. No saben de eso. En la transición, las policías van a pasar a manos de sus jefes naturales. Y cuando se elija un nuevo gobierno según lo pasos planteados, tendrá como directores de las policías uniformadas a sus jefes naturales. Los militares, incluyendo la GN, tendrán su trabajo también. La concepción de la FAES es ambigua. No sabes si es un grupo de investigaciones o de intervención. Pero eso solo lo sabe el que es policía de verdad, de carrera. Luego, el líder de eso es un delincuente. Un hombre con antecedentes que viene de un colectivo. ¿Qué se puede esperar? Lamentablemente, adentro de la FAES hay funcionarios que siguen a Miguelito. Bueno sería que se negaran a seguir sus órdenes. La concepción de esa unidad hace que algunos de sus integrantes, no todos, sean delincuentes. Frente a mi casa, los funcionarios encargados de mi custodia, en una noche se obstinaron, y se fueron por Catia en una patrulla a ver qué conseguían. Sorprendieron a un tipo con un vehículo, y lo primero que les dice el conductor es que era funcionario de la FAES. El carro y la pistola que cargaba estaban solicitadas. Los funcionarios, inexpertos y faltos de prudencia, decidieron quitárselos. Y dejaron a ese delincuente libre. Más adelante, el conductor tomó nota de la placa del Sebin, y los de la FAES llamaron al Sebin. A los funcionarios los pusieron presos, y luego los botaron. Eran un inspector y como tres detectives. Eso solo pasa en Venezuela. Yo estoy en contacto con funcionarios de la FAES, y sé lo que pasa allí. En un nuevo gobierno iremos a un proceso de reentrenamiento, y los que sean funcionarios aptos para pertenecer a una unidad táctica, estarán en unidades tácticas. Si son de investigaciones, a investigaciones, y los de patrullaje y orden público a sus respectivas unidades. Y los delincuentes no podrán estar en la policía. Nadie con antecedentes penales puede ser policía.

3.- ¿Maduro controla a la Fuerza Armada?
En la Fuerza Armada, no manda. Lo mandan a él. El generalato es el que permite que él tenga el mando. Si haces una encuesta seria en la FAN, el 99% de los integrantes está desesperado porque Maduro se vaya. ¿Quiénes ayudaron en mi fuga? Oficiales de la FAN y funcionarios activos. Así de sencillo. Cada vez que se toma una foto rodeado de militares, hay que preguntarse si alguno de ellos está armado. Por supuesto que no lo están. Y si llegaran a estarlo, los fusiles no llevan cargador.

Libros

Hace apenas unos días que finalizó la Copa América 2019. La victoria de Brasil fue precedida por una amarga declaración del jugador argentino Lionel Messi, que se negó a recibir la medalla correspondiente al tercer lugar del torneo, con el argumento de que no quería participar en la “corrupción”. Aunque para los espectadores Brasil fue justo campeón del torneo, lo que Messi aludía iba mucho más allá de algún fallo arbitral. Algo sugiere que el llamado “Deporte Rey” hace muchos años dejó de ser un mero pasatiempo, para convertirse en un factor de poder político y económico sobre el que gravitan escasos controles. En este contexto, el periodista estadounidense Ken Bensinger ha puesto en los anaqueles su última obra Tarjeta roja, el fraude más grande en la historia del deporte (México, DF. 2018). Se trata de un extenso reportaje que relata los pormenores de la investigación llevada a cabo por un grupo multiagencial que desembocó en la detención y el posterior enjuiciamiento del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) Joseph Blatter, así como también de la cúpula de las confederaciones de este deporte en Norteamérica, Centro y Suramérica, y de algunos presidentes de federaciones nacionales, entre los que se cuenta por cierto el de la venezolana, Rafael Esquivel. Bensinger relata con lujo de detalles cómo se instauró a partir de los años setentas del siglo pasado un sistema de sobornos en el que los agentes de marcas deportivas, así como de empresas de marketing deportivo ganaban los derechos para la organización y la transmisión de los eventos futbolísticos, engrosando en el camino las cuentas de quienes tomaban las decisiones, tanto en la FIFA como en las confederaciones y federaciones locales. Como en una buena novela negra, por las páginas de este libro desfilan espías, policías, diplomáticos, magnates, políticos de todas las latitudes, investigadores privados, modelos y profesionales del deporte que quizá genere más pasiones en el planeta. Un libro que explica, además, los mecanismos perversos de lobby que se pusieron en marcha para fijar la próxima justa mundial en un emirato al otro lado del mundo, sin tradición futbolística y con temperaturas que poco ayudarán a los atletas. La obra también puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 30 de junio de 2019

Algunas tendencias de seguridad en Latinoamérica y el Caribe

-La militarización del servicio policial, el uso de nuevas tecnologías por redes transnacionales y los problemas de soberanía son apenas algunos de los factores que elevan las tasas de violencia en la región

@javiermayorca

La semana pasada se celebró en Ciudad de México una nueva reunión del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática en América Latina y el Caribe, una entidad que surgió hace diez años por iniciativa de la Fundación Friederich Ebert, y que desde entonces ha permitido el intercambio de ideas e informaciones sobre los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a todos los países del área.
La sesión final consistió en un panel abierto, que contó con la exposición central de Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública del ministerio de Interior de Chile y actual Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. Vergara se define como un “cientista político” de filiación socialdemócrata o, como gustan autodenominarse, “progresista”.
La intervención fue titulada “Cómplices del populismo de la mano dura…”, lo que ya sugiere una postura crítica en torno a una de las principales características de las políticas de seguridad que se vieron en los países latinoamericanos y del Caribe durante los primeros lustros del siglo XXI.
En esta entrega, serán revisados -a título enunciativo- algunos puntos en común que han tenido las políticas o planes de seguridad ciudadana en estos países. Nos daremos cuenta de que muchas de tales medidas han trascendido los encasillamientos que suelen hacerse en términos de izquierdas o derechas, progresistas o conservadores. para aproximarse más a la necesidad de lograr resultados concretos y en lapsos breves, en términos que sean políticamente aprovechables.

*La bota inevitable: mientras estas líneas son redactadas, el gobierno de Guatemala hace preparativos para recibir un contingente de efectivos de la Marina estadounidense, con la finalidad oficial de llevar a cabo un ejercicio conjunto de asistencia humanitaria. La misma fuerza de tarea se desplegará en Belice, El Salvador y Honduras. Uno podría pensar que esta es la lógica de gobiernos conservadores como el de Jimmy Morales. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno “progresista” de Andrés López Obrador anuncia la gestación de una Guardia Nacional para trabajar asuntos de seguridad pública. Aunque este cuerpo no pertenece formalmente a las fuerzas armadas mexicanas, su contingente inicial y sus mandos tendrán un claro predominio castrense.
En la Venezuela “revolucionaria” de Maduro, los militares también están posicionados en todo el aparato de seguridad ciudadana, en contravención a las normas de la Constitución y de la Ley del Servicio de Policía. Y la carencia ya crónica de un pie de fuerza en los cuerpos uniformados civiles para siquiera cumplir con los estándares internacionales de encuadramiento (3,6 policías por cada mil habitantes), unida a una profunda fragilidad institucional, hace pensar que los militares permanecerán en labores de policía, sea cual sea el signo del gobierno que esté de turno en Miraflores.

*Populismo punitivo: en los gobiernos de todos los signos, hay la noción de que la seguridad ciudadana, o mejor dicho, los indicadores de criminalidad pueden mejorar sacando de las calles -con o sin vida- a las personas cuyas conductas sean consideradas reñidas con las leyes. Esto pasa por calificar como delictuales ciertos comportamientos que anteriormente no lo eran, y que probablemente eran considerados simples faltas. El tema de las drogas se presta mucho para esta discusión. En Colombia, por ejemplo, está en desarrollo un debate que intenta alterar los estándares fijados para la determinación de las dosis mínimas de marihuana, que pueden ser tomadas como mero consumo personal y no para el comercio. Esa controversia no pasaría de ser un mero ejercicio académico a no ser porque es promovida desde la propia Presidencia del país, con el argumento de la protección a la salubridad pública, y la creencia no documentada de que hay un nexo causal entre el consumo de esta hierba y las altas en la criminalidad.
Un ejemplo si se quiere caricaturesco del populismo punitivo es la sanción ya evaluada en Argentina y Nueva York para aquellas personas que envíen mensajes de texto mientras caminan por las calles. Actualmente, se considera que estos transeúntes podrían ser obligados a pagar una multa. Como esto no funcionará, pronto veremos un endurecimiento de las sanciones que podrían consistir en arrestos. Y así, poco a poco, se difuminan las libertades.
En la Venezuela de Chávez/Maduro, esta tendencia tiene numerosos ejemplos, que van desde los endurecimientos a las penas por portar armas o el robo y el hurto de vehículos, hasta todo un “menú” de amenazas de prisión contra la disidencia política o aquel que manifieste algún disenso incómodo para el poder. Las estadísticas demuestran que, en ninguno de estos casos, han mermado las conductas que se pretendía mitigar. En lo relativo a los robos y hurtos de vehículos y los portes de armas, fueron implantadas reformas legales que no tuvieron el efecto deseado, a pesar de que implicaban severos endurecimientos en las penas de prisión. Las aparentes disminuciones en los números netos de expedientes procesados por la policía judicial durante por estos delitos los últimos meses tienen más que ver con razones de mercado: los vehículos son cada vez más escasos y deteriorados, y las armas y municiones han elevado sus costos a tales extremos que incluso los delincuentes comunes piensan dos veces antes de usarlas. Si un cartucho 9 mm cuesta un dólar en el mercado informal, una cacerina se llevaría aproximadamente tres sueldos mínimos.

*Emigrantes, los eternos culpables: progresistas o no, a los gobernantes latinoamericanos les resulta muy complicado justificar ante sus propios electores -a menudo ávidos de más y mejores trabajos- cualquier política que implique la acogida de emigrantes. Esta dificultad se incrementa cuando tales personas llegan a las fronteras nacionales por oleadas, como está ocurriendo con la llamada “diáspora” venezolana, que según las cifras conservadoras de Acnur ya sobrepasa los cuatro millones de personas, algo así como el 13% de la población del país.
       Los emigrantes no solo son vistos como individuos que restan empleos a las poblaciones de los países anfitriones, sino también como posibles participantes en alzas de criminalidad. En uno y otro casos, las conclusiones se basan en información sesgada. Quien esto escribe ha visto cómo en México, Colombia, Trinidad y Panamá, por citar algunas partes, los venezolanos han asumido los trabajos que desechan los residentes locales, e incluso también las personas que han emigrado años atrás y que ya han obtenido una posición de mayor bienestar.
      En Perú, últimamente se han magnificado las noticias sobre casos de asaltos y homicidios que efectivamente involucran a venezolanos. Aunque son dignos de análisis, por lo que pueden indicar sobre el posicionamiento de redes incipientes, y algunos han sido extremadamente cruentos, no existe una sola evidencia estadística que confirme que los venezolanos son protagonistas principales del delito. Como tampoco la existía cuando el ministro Reverol, y antes que él González López atribuyeron a los colombianos el auge del hampa en el municipio Sucre y en Táchira.
En su obra Mafias on the move, Federico Varese lo explica con claridad: los criminales que desean asentarse en un territorio ajeno, ya sea solos o en grupos estructurados, necesitan la aquiescencia de un anfitrión, alguien que domine el patio con antelación. Desde luego, este difícilmente aparecerá en los partes policiales. Las fotos de las noticias solo tendrán a los peones.

El ELN, en expansión transnacional
*Soberanías versus redes transnacionales: este dilema no es nuevo, pero algunos actores han cobrado mayor relevancia. En Centroamérica, las maras y los carteles mexicanos han ampliado su radio de acción hasta abarcar a varios países y múltiples actividades de crimen organizado, que van desde los secuestros y la trata de personas hasta el tráfico de armas. En esto, las nuevas tecnologías y plataformas para la comunicación son herramientas fundamentales. En Venezuela, hay redes de prostitución transnacional que convocan a mujeres y hombres por facebook, y les pagan estadías y “honorarios” por servicios durante fines de semana o temporadas completas en ciudades de Colombia y las antillas holandesas.
     Pero los conceptos de soberanía, anclados en nociones que comenzaron a formarse hace tres siglos, impiden a los estados una acción eficaz contra estos grupos. Si los poderes ejecutivos de tales estados no gozan de alguna afinidad política, o simplemente están enfrentados, como ocurre actualmente con Venezuela y Colombia, o con Venezuela y Brasil, se beneficiarán las redes criminales que anteriormente veían a estas fronteras como áreas de contención. No es de extrañar entonces que grupos como los Urabeños o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesen en la actualidad fases de expansión en sus territorios y actividades.
      En México, López Obrador se percató de este riesgo, y entendió que le convenía llegar a mínimos acuerdos con su par estadounidense, pues de lo contrario la gobernabilidad fronteras adentro se vería comprometida casi de inmediato.

     Los países latinoamericanos y algunos del Caribe son, desde la década pasada y en términos generales, los territorios con las tasas más elevadas de homicidios por armas de fuego de todo el mundo, sin que exista en ellos alguna conflagración armada. Esto ocurrió en una época en la que las llamadas izquierdas llegaron a tener una clara mayoría (12 de 19 gobiernos latinoamericanos para 2009). Los gobiernos de este signo se embarcaron en reformas policiales e incluso institucionales, al promover constituyentes con mayor o menor grado de éxito político. Pero en lo atinente a seguridad ciudadana el fracaso fue una constante. Es por esto que Vergara finalizó su exposición con un mea culpa: “El progresismo ha demostrado tener un gran complejo con la seguridad”. En su descargo, y tomando en cuenta la realidad nada auspiciosa de los países cuyos gobiernos no podrían ser calificados de “progresistas”, hay que concluir que el problema no es promover una determinada ideología. El problema se presenta cuando esos discursos impiden llegar a diagnósticos acertados de las realidades, y tomar a tiempo las decisiones que sean pertinentes. Esto a menudo implica la formación de consensos con factores que no siempre comparten una misma visión sobre la política.  

Breves

-Algo muy sospechoso se esconde detrás del artificioso agrandamiento de las cifras sobre el número de milicianos en el país. Los discursos oficiales chocan con las cifras manejadas por la propia FAN. En noviembre de 2018, por ejemplo, mientras los voceros del Gobierno afirmaban que este cuerpo tiene 3 millones de integrantes, a lo interno de los cuarteles se indicaba que eran 1,3 millones de personas registradas, es decir, que figuran en una hoja mediante nombre, apellido y cédula de identidad. Pero se advertía que esto no asegura que estarán allí cuando sean llamados a filas con motivo de alguna situación de emergencia. El 24 de junio, Maduro afirmó que para 2021 era necesario contar con cuatro millones de milicianos. Una meta que sin duda resultará imposible de alcanzar en términos reales de tropas disponibles, aunque sí podrá servir para justificar eventuales gastos en alimentación e intendencia. Una vieja fórmula aplicada en los cuarteles para el enriquecimiento de los jefes militares.

-Venezuela se habría convertido en un refugio para los ex funcionarios de países que alguna vez fueron aliados del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Este sería el caso del ex secretario de Comunicaciones de Ecuador, Fernando Alvarado, investigado por presuntos hechos de  corrupción en la organización y puesta en escena de las ruedas de prensa que solía hacer Rafael Correa en distintos puntos de su país los días sábado. “Tenemos casi la certeza de que se encuentra en Venezuela”, afirmó un funcionario con conocimiento directo de la investigación. En el expediente también se hace mención a Vinicio Alvarado, hermano de Fernando y ex secretario de la Presidencia ecuatoriana. Desde octubre de 2018, se emitió una notificación azul a través de Interpol para recabar información sobre el paradero del ex encargado de las Comunicaciones y el montaje de las “sabatinas”. Pero son pocas las esperanzas de que los gobernantes venezolanos contesten a la petición de manera oficial, en virtud de la afinidad que hubo entre Correa y el régimen. El intercambio de inteligencia, sin embargo, ha permitido precisar que Fernando Alvarado estaría en el país desde enero, bajo resguardo.

-Varios detalles son indicadores del clima interno de la Fuerza Armada Nacional, a propósito de los actos conmemorativos de la Batalla de Carabobo. En primer lugar, el Gobierno optó por abstenerse de dar cualquier información sobre lo que sería la dinámica de esta celebración. No hubo convocatoria abierta, para que el pueblo se acercara a la explanada ubicada al sur de Valencia, como era tradicional. En segundo término, no hubo transmisión en vivo y directo por televisión. La cadena correspondiente comenzó poco antes de las 8 am, cuando ya el acto había terminado. Los locutores e incluso el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, se cuidaron de hacer cualquier referencia a la hora real. Pero el reflejo del sol que despuntaba y encandilaba a los presentes revelador. Además, al iniciar su alocución, Maduro se refirió a “este amanecer (...) 6:30-7 am”, y con eso despejó cualquier duda. Es claro que ante las informaciones sobre un nuevo complot contra el gobernante, encabezado supuestamente por un general de brigada la Aviación, y el recuerdo de los drones que estallaron en agosto de 2018, durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar, había que tomar todo tipo de medidas de seguridad. Al mismo tiempo, se esforzaron en transmitir una imagen de “normalidad”, en abierta disonancia con lo que sucede en las calles del país. Tan desafinada como el trompetista de la banda marcial en el acto de Campo Carabobo.

Acosta, torturado
-El sábado 29 de junio, el abogado Alonso Medina Roa confirmó la denuncia formulada horas antes por el general de brigada retirado Antonio Rivero y la activista de derechos humanos Tamara Sujú, en torno a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, presumiblemente como consecuencia de las torturas recibidas luego de su detención, el 21 de junio. Acosta fue involucrado por voceros del régimen como Jorge Rodríguez y el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, en un supuesto complot para matar a Nicolás Maduro, precisamente durante los actos de celebración del Día del Ejército. La muerte del oficial fue admitida por el régimen en un comunicado divulgado el sábado. Contrario a lo ocurrido en otras oportunidades, este fallecimiento no podrá ser ocultado detrás de la figura del suicidio, puesto que Acosta fue visto en un deplorable estado durante el acto de presentación ante el juez tercero de control militar de Caracas, capitán Máikel Amézquita, con lesiones tan graves que le impedían articular cualquier expresión distinta a una solicitud de auxilio, y que lo obligaban a permanecer sentado en una silla de ruedas. Tal era su condición que el propio juez militar ordenó el jueves su inmediato traslado al llamado hospitalito de Fuerte Tiuna. Posteriormente, de acuerdo con la información aportada por la directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel, fue enviado al hospital militar Carlos Arvelo, donde murió el sábado a la 1 am. Para el momento de la redacción de esta nota (sábado en la noche), los apoderados de Acosta no habían podido constatar las condiciones en las que murió. Tampoco sus familiares, pues no habían logrado ver el cadáver ni el protocolo de autopsia. Una de las razones por las que Acosta no podía sostenerse en pie, según el general retirado Antonio Rivero, era porque “no tenía piel en la planta de los pies”, debido precisamente a las torturas de las que fue víctima. Abogados consultados para esta entrega sospechan además que el oficial, ex integrante de la unidad de Operaciones Especiales de la Armada, padecía lesiones pulmonares que le impedían respirar y expresarse. La opacidad con la que han actuado los cuerpos estatales con posterioridad a esta muerte hace sospechar la posibilidad de un nuevo montaje. De allí que resulte pertinente la solicitud formulada por la diputada D’elsa Solórzano, en el sentido de que las averiguaciones sobre la muerte de Acosta sean desarrolladas según lo estipulado en el Protocolo de Minnesota, que dispone la designación de una comisión independiente del Estado.

Libros

El proceso de pacificación colombiano es, desde luego, el producto de una decisión política de los actores del conflicto. Pero, si nos atenemos a lo afirmado por Eduardo Pizarro Leongómez en su última obra, De la guerra a la paz (Bogotá, 2018), es también la consecuencia de una profunda transformación en las Fuerzas Militares de ese país. El sociólogo, autor de una de las primeras historias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, logró acceso a documentación de primera mano para comprobar que la reingeniería del componente castrense, si bien contó con apoyo norteamericano, fue el producto de la iniciativa de una generación de oficiales del Ejército colombiano, encabezada por los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, quienes hicieron un análisis crítico sobre el desarrollo del conflicto interno, y llegaron a la conclusión de que, para inicios del siglo XXI, y luego de la experiencia de la “zona de distensión” en el Caguán, las FARC se acercaban como nunca antes a la concreción de su anhelado sueño de instaurar su modelo político en todo el país. Una posibilidad que se acrecentó desde 1999 con el respaldo activo de Hugo Chávez desde Venezuela, y posteriormente de Rafael Correa en Ecuador. Según Pizarro, el declive de las FARC ocurrió por la conjunción de diversos factores, que iban desde la insistencia de la organización guerrillera en el logro apresurado de objetivos que no le eran alcanzables y la incorporación de sus cuadros en actividades criminales como el tráfico de drogas para el financiamiento de la empresa bélica, hasta la consolidación de una “nueva arquitectura” de las fuerzas militares colombianas, en función de alcanzar una “victoria estratégica”, que obligara a este grupo a sentarse en la mesa de negociación. De la guerra a la paz es una obra reveladora y extensamente documentada, que solo es posible cuando un investigador como Pizarro logra aprovechar una coyuntura de consolidación institucional, que le permite acceder a informaciones cuya divulgación sería impensable en otros contextos. Colombia tiene en este momento una de las fuerzas militares más robustas y mejor equipadas del continente, quizá solo equiparables con las de Brasil. Sin embargo, de acuerdo con el autor, afrontan en este momento el desafío de garantizar la sostenibilidad de la paz interna, según el concepto del “posconflicto benigno”. Uno de los factores que más atentarían contra este objetivo es el reagrupamiento de los grupos en armas en sectores periféricos y, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Venezuela. Pizarro sostiene que “muchos de los miembros de la dirección elena consideran que su futuro se podría estar jugando en Caracas (...)”, lo que implica un importante cambio en los ejes de acción de esta organización, y un escenario en el que despierte “un nuevo clima revolucionario continental”.

domingo, 16 de junio de 2019

La botija del régimen

-Una buena parte de la explicación sobre la incapacidad de Pdvsa para suministrar combustible a los venezolanos está en los expedientes de corrupción y sobornos que se ventilan en juzgados de EEUU

@javiermayorca

El 29 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.
El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.
González Testino admitió culpa
Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.
Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias (Aduanas e Inmigración, Seguridad Interior, Buró Federal de Investigaciones y Servicio de Renta Interna fueron algunas) suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.
Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual, en parejas o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.
Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que coloca en un mismo esquema a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.
Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y por ejemplo en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.
Pdvsa: casi una empresa criminal
En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es “instrumental” en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.
En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o en pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.

Breves

-En los primeros días de junio, comenzó a correr en redes una conversación entre el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y un periodista que no se identificó pero que presumiblemente tuvo un encuentro con el oficial en República Dominicana. El intercambio de preguntas y respuestas dura aproximadamente una hora, y se tocan temas de extraordinaria relevancia para el país. Hay por ejemplo una importante revelación del ex jefe de la policía política, en torno a una reunión que él sostuvo que representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa misma isla en los primeros meses de 2018, cuando él se desempeñaba en la subdirección de Contrainteligencia Militar. Christopher dijo haber acudido a la cita con la plena autorización de Maduro, precisamente para elevar cuatro peticiones al gobierno de Donald Trump: 1) eliminar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; 2) levantar las sanciones del Tesoro a los personeros del régimen; 3) levantar las restricciones al comercio internacional (Christopher las englobó bajo el término “bloqueo”), y 4) establecer un canal de comunicación de carácter “técnico” con la Casa Blanca. Los agentes estadounidenses solo hicieron dos solicitudes: 1) liberar a Joshua Holt, lo que se concretó en mayo de ese año, y 2) que Maduro abandonara el poder.

Protesta anti FAES en Petare
-Las bandas criminales parecieran haber adquirido un nuevo impulso durante los últimos meses. En esta nota solo se hará referencia a tres de ellas. La primera, el llamado Tren de Aragua. Este grupo, dirigido desde el internado de Tocorón, ha expandido poco a poco sus redes, y se ha convertido en punto de atención de policías de otros países. El jefe del cuerpo de seguridad de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, sostuvo recientemente que la banda surgida del sindicato de la construcción del ferrocarril en el centro norte venezolano estaría aliada en la zona limítrofe con los “bota de caucho (ELN), milicias y colectivos, generando confrontaciones contra las estructuras delincuenciales de la frontera”. Hay además indicios sobre la participación de este grupo en disputas por el control de las rutas de salida de drogas en poblaciones del estado Sucre. Otras dos bandas han generado estados de alarma entre residentes de Caracas. La primera, liderada por Carlos Revette, alias Coqui, protagonizó un intenso tiroteo en la Cota 905 en una especie de homenaje póstumo a uno de sus miembros, que fue ultimado por agentes de Cicpc en Parque Central. La tercera es la organización que ha surgido en José Félix Ribas (Petare), liderada por Wilexis Acevedo. Este grupo supuestamente auspició el lunes 10 de junio una manifestación callejera contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Petare con Palo Verde. Los participantes en la protesta gritaban que preferían tratar con el hampa que con los efectivos policiales. Desde el domingo, corrían los reportes sobre la inminencia de esta acción de calle, y se recomendaba la toma militar de la zona. Pero esto no ocurrió. A pesar de que sufren ocasionalmente algunas bajas, las tres organizaciones parecieran estar en crecimiento sostenido y ocupar cada vez más espacios, ante la mirada complaciente del Estado, en especial de sus operadores municipales y regionales.

-Esta semana, el fiscal 57 provisorio con competencia en materia de terrorismo Farik Karin Mora presentó la acusación contra el ingeniero Otoniel Ramos Sánchez por daños a instalaciones del sistema eléctrico nacional, terrorismo y asociación para delinquir, con motivo de los apagones que afectaron a todo el país a partir del 7 de marzo. Ramos fue hasta 2018 un analista de sistemas de la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de Corpoelec. Esto quiere decir que para el momento en que ocurrieron los cortes del servicio él ya no tenía la posibilidad de entrar a las oficinas de la estatal eléctrica. Sin embargo, los acusadores sostienen que él, supuestamente, tuvo un acceso remoto a los sistemas mediante la utilización de una clave vieja, que le habían asignado cuando aún estaba en nómina. Ramos ha sido el único detenido por este caso, pues los demás lograron salir del país, justo cuando el Sebin se disponía a privarlos de libertad. Ellos son Ramón Oswaldo García, Julio César Acuña, Miguelangel José Freitas y Jesús Eduardo Rodríguez. La juez cuarta de control en materia de terrorismo, Yrani Villafañe Reyes, admitió sin reservas la acusación y envió a Ramos nuevamente a las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta. Los abogados del Foro Penal Antonio Vargas, Alejandro Cantillo y Estefani Miglieri asistieron al detenido durante la audiencia. Desde un primer momento, los voceros del Gobierno han descargado sobre Ramos la responsabilidad por el mayor apagón en la historia del país, medido en términos de tiempo de duración, extensión geográfica y población afectada. No obstante, según estudios de la UCV, este gran corte se inició cuando un incendio de vegetación afectó las líneas de 765 KV entre el complejo hidroeléctrico de Guri y la subestación Malena, y no por una manipulación informática.

Libros

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en un tópico de conversación en Venezuela, no solo por la decisión del régimen de acompañar a este grupo guerrillero en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano (formalmente suspendidas), sino también por las informaciones cada vez más frecuentes que indican una creciente presencia de esta organización en diversos estados fronterizos, desde Zulia hasta Bolívar y Amazonas. El ELN, sin embargo, tiene características que lo distinguen de otros factores de la violencia colombiana, ahora expandida al territorio nacional. En Historias de guerra para tiempos de paz (Bogotá, 2018), Víctor de Currea-Lugo ofrece una descripción de esta guerrilla. Obtuvo la información gracias a un acceso casi irrestricto a la llamada Delegación de Diálogos, integrada por miembros de la cúpula elena y los jefes de algunos frentes (cuyos nombres no precisó) que participaron en una de las rondas de negociaciones con el gobierno colombiano, en Ecuador. En estas páginas, el autor se difumina y permite que los jefes combatientes se expresen con sus propias palabras, sobre temas como la educación, la muerte, el miedo, los paramilitares, la ecología y el sentido de la lucha. Quizá las páginas más reveladoras se refieren a la “justicia popular” que implanta el grupo guerrillero en aquellos lugares donde ha logrado un control territorial; cómo se desarrollan los procesos y cuáles son las penas aplicadas, incluida la pena capital. Es, en fin de cuentas, una obra de gran interés, escrita sin la pretensión de haber dicho la última palabra en torno a un tema sobre el que todavía falta mucho por decir.