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domingo, 16 de junio de 2019

La botija del régimen

-Una buena parte de la explicación sobre la incapacidad de Pdvsa para suministrar combustible a los venezolanos está en los expedientes de corrupción y sobornos que se ventilan en juzgados de EEUU

@javiermayorca

El 29 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.
El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.
González Testino admitió culpa
Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.
Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias (Aduanas e Inmigración, Seguridad Interior, Buró Federal de Investigaciones y Servicio de Renta Interna fueron algunas) suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.
Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual, en parejas o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.
Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que coloca en un mismo esquema a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.
Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y por ejemplo en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.
Pdvsa: casi una empresa criminal
En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es “instrumental” en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.
En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o en pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.

Breves

-En los primeros días de junio, comenzó a correr en redes una conversación entre el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y un periodista que no se identificó pero que presumiblemente tuvo un encuentro con el oficial en República Dominicana. El intercambio de preguntas y respuestas dura aproximadamente una hora, y se tocan temas de extraordinaria relevancia para el país. Hay por ejemplo una importante revelación del ex jefe de la policía política, en torno a una reunión que él sostuvo que representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa misma isla en los primeros meses de 2018, cuando él se desempeñaba en la subdirección de Contrainteligencia Militar. Christopher dijo haber acudido a la cita con la plena autorización de Maduro, precisamente para elevar cuatro peticiones al gobierno de Donald Trump: 1) eliminar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; 2) levantar las sanciones del Tesoro a los personeros del régimen; 3) levantar las restricciones al comercio internacional (Christopher las englobó bajo el término “bloqueo”), y 4) establecer un canal de comunicación de carácter “técnico” con la Casa Blanca. Los agentes estadounidenses solo hicieron dos solicitudes: 1) liberar a Joshua Holt, lo que se concretó en mayo de ese año, y 2) que Maduro abandonara el poder.

Protesta anti FAES en Petare
-Las bandas criminales parecieran haber adquirido un nuevo impulso durante los últimos meses. En esta nota solo se hará referencia a tres de ellas. La primera, el llamado Tren de Aragua. Este grupo, dirigido desde el internado de Tocorón, ha expandido poco a poco sus redes, y se ha convertido en punto de atención de policías de otros países. El jefe del cuerpo de seguridad de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, sostuvo recientemente que la banda surgida del sindicato de la construcción del ferrocarril en el centro norte venezolano estaría aliada en la zona limítrofe con los “bota de caucho (ELN), milicias y colectivos, generando confrontaciones contra las estructuras delincuenciales de la frontera”. Hay además indicios sobre la participación de este grupo en disputas por el control de las rutas de salida de drogas en poblaciones del estado Sucre. Otras dos bandas han generado estados de alarma entre residentes de Caracas. La primera, liderada por Carlos Revette, alias Coqui, protagonizó un intenso tiroteo en la Cota 905 en una especie de homenaje póstumo a uno de sus miembros, que fue ultimado por agentes de Cicpc en Parque Central. La tercera es la organización que ha surgido en José Félix Ribas (Petare), liderada por Wilexis Acevedo. Este grupo supuestamente auspició el lunes 10 de junio una manifestación callejera contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Petare con Palo Verde. Los participantes en la protesta gritaban que preferían tratar con el hampa que con los efectivos policiales. Desde el domingo, corrían los reportes sobre la inminencia de esta acción de calle, y se recomendaba la toma militar de la zona. Pero esto no ocurrió. A pesar de que sufren ocasionalmente algunas bajas, las tres organizaciones parecieran estar en crecimiento sostenido y ocupar cada vez más espacios, ante la mirada complaciente del Estado, en especial de sus operadores municipales y regionales.

-Esta semana, el fiscal 57 provisorio con competencia en materia de terrorismo Farik Karin Mora presentó la acusación contra el ingeniero Otoniel Ramos Sánchez por daños a instalaciones del sistema eléctrico nacional, terrorismo y asociación para delinquir, con motivo de los apagones que afectaron a todo el país a partir del 7 de marzo. Ramos fue hasta 2018 un analista de sistemas de la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de Corpoelec. Esto quiere decir que para el momento en que ocurrieron los cortes del servicio él ya no tenía la posibilidad de entrar a las oficinas de la estatal eléctrica. Sin embargo, los acusadores sostienen que él, supuestamente, tuvo un acceso remoto a los sistemas mediante la utilización de una clave vieja, que le habían asignado cuando aún estaba en nómina. Ramos ha sido el único detenido por este caso, pues los demás lograron salir del país, justo cuando el Sebin se disponía a privarlos de libertad. Ellos son Ramón Oswaldo García, Julio César Acuña, Miguelangel José Freitas y Jesús Eduardo Rodríguez. La juez cuarta de control en materia de terrorismo, Yrani Villafañe Reyes, admitió sin reservas la acusación y envió a Ramos nuevamente a las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta. Los abogados del Foro Penal Antonio Vargas, Alejandro Cantillo y Estefani Miglieri asistieron al detenido durante la audiencia. Desde un primer momento, los voceros del Gobierno han descargado sobre Ramos la responsabilidad por el mayor apagón en la historia del país, medido en términos de tiempo de duración, extensión geográfica y población afectada. No obstante, según estudios de la UCV, este gran corte se inició cuando un incendio de vegetación afectó las líneas de 765 KV entre el complejo hidroeléctrico de Guri y la subestación Malena, y no por una manipulación informática.

Libros

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en un tópico de conversación en Venezuela, no solo por la decisión del régimen de acompañar a este grupo guerrillero en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano (formalmente suspendidas), sino también por las informaciones cada vez más frecuentes que indican una creciente presencia de esta organización en diversos estados fronterizos, desde Zulia hasta Bolívar y Amazonas. El ELN, sin embargo, tiene características que lo distinguen de otros factores de la violencia colombiana, ahora expandida al territorio nacional. En Historias de guerra para tiempos de paz (Bogotá, 2018), Víctor de Currea-Lugo ofrece una descripción de esta guerrilla. Obtuvo la información gracias a un acceso casi irrestricto a la llamada Delegación de Diálogos, integrada por miembros de la cúpula elena y los jefes de algunos frentes (cuyos nombres no precisó) que participaron en una de las rondas de negociaciones con el gobierno colombiano, en Ecuador. En estas páginas, el autor se difumina y permite que los jefes combatientes se expresen con sus propias palabras, sobre temas como la educación, la muerte, el miedo, los paramilitares, la ecología y el sentido de la lucha. Quizá las páginas más reveladoras se refieren a la “justicia popular” que implanta el grupo guerrillero en aquellos lugares donde ha logrado un control territorial; cómo se desarrollan los procesos y cuáles son las penas aplicadas, incluida la pena capital. Es, en fin de cuentas, una obra de gran interés, escrita sin la pretensión de haber dicho la última palabra en torno a un tema sobre el que todavía falta mucho por decir.

domingo, 2 de junio de 2019

Violencia, íntima y doméstica

-La parálisis nacional pareciera haberse convertido en un factor importante en los cambios que se están reportando en ciertos patrones de la criminalidad violenta

@javiermayorca

En la madrugada del 22 de mayo, una niña de dos años de edad llegó muerta al hospital general de Barcelona. La primera información suministrada por su mamá a la policía indicaba que la menor supuestamente cayó de la cama donde dormía, mientras pernoctaba en la casa de una vecina del barrio Cruz Verde.
El testimonio, sin embargo, no era consistente con las lesiones que tenía la niña: hematomas en el pecho, la parte izquierda de la frente, en un ojo y en la cadera, además de escoriaciones recientes en ambas nalgas.
Los médicos de guardia de inmediato llamaron a los investigadores de Homicidios de la policía judicial. Desde un inicio las sospechas recayeron sobre la progenitora, ante la evidencia de que los hematomas podrían ser el producto de distintos hechos, es decir, de una práctica de malos tratos hacia la víctima.
Dos días después, pero en el Zulia, un hombre de 48 años de edad fue aprehendido por la policía regional por supuestos actos lascivos contra una sobrina de once años. La denuncia fue formulada por una tía del propio victimario. Todo ocurrió en viviendas del sector La Conquista.
Estos dos casos muy recientes sirven para ilustrar ciertos cambios en la violencia y en la criminalidad, en los que la parálisis económica pareciera ser un factor influyente. El asunto es motivo de preocupación en la policía judicial, al punto en que se ha ordenado a todos los jefes de unidades en el país aplicar la mayor diligencia en cuanto a la recepción y el procesamiento de las denuncias sobre hechos generalmente catalogados como “violencia doméstica”. Algo que contrasta con la actitud displicente que hay hacia otros delitos, en especial los que afectan a la propiedad privada.
Las estadísticas conocidas extraoficialmente indican que, para mediados de mayo, las violaciones sexuales se habían incrementado en distinta magnitud en ocho estados del país, mientras que en otros tres tienen exactamente el mismo número que los registrados en 2018 para la misma fecha. En otros cinco estados, además, los registros son levemente menores.
Los totales más preocupantes son los de Lara y Trujillo, donde los casos de violación sexual conocidos y procesados se han incrementado en 86% y 75%, respectivamente.
Estos registros están basados en denuncias, por lo que se considera que la cifra real de casos debe ser mucho más elevada.
La violación sexual es apenas un delito en una larga lista en la que el lugar de residencia ha cobrado enorme relevancia. Otros son el robo y el hurto.
La vía pública ha sido por regla general el escenario donde son perpetrados los delitos contra la propiedad. Las calles y avenidas son los lugares donde tradicionalmente los asaltantes y carteristas han logrado aproximarse a sus víctimas. Sin embargo, desde hace algunos años, este patrón ha ido cambiando paulatinamente.
Viviendas, escenario de delitos
En 2015, por ejemplo, el 21,4% de los robos y los hurtos genéricos era perpetrado en alguna vivienda. Para 2017, los lugares de residencia habían subido su figuración como escenario de robos y hurtos hasta 26,9%. En 2018 este porcentaje se mantuvo.
Esto incrementa el riesgo de que las víctimas sean ultimadas mientras roban en sus viviendas. No solo se trata de la proximidad entre los asaltantes y las personas que ocupan los inmuebles, durante lapsos que pueden prolongarse por horas, sino también porque hay mayores probabilidades de que las víctimas hayan tenido algún contacto previo con quienes intentan llevarse sus pertenencias.
En abril, hampones mataron a Luis Demetrio Zárate durante un robo a su apartamento, ubicado en una urbanización de Villa de Cura (Aragua). En marzo sucedió lo mismo con un hombre de 52 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en el apartamento de su propiedad, en La California Norte. Y el 5 de mayo un odontólogo fue ultimado en su propio inmueble de residencia en Lecherías (Anzoátegui), presumiblemente por dos vigilantes que habían prestado servicio para el mismo condominio.
En un país que languidece, la gente de todas las clases sociales tiende a pasar lapsos cada vez más prolongados en sus lugares de residencia. Esta tendencia se reafirma cuando vemos que muchos también han trasladado las oficinas a sus viviendas, con la finalidad de ahorrarse los costos derivados de los alquileres de locales, transporte, estacionamiento y comida en lugares públicos.
En este contexto, es muy probable además que aumenten los hechos de violencia derivados de conflictos por convivencia. Ante esto es poco lo que pudieran hacer las policías preventivas, cuyos contingentes se han visto disminuidos hasta niveles preocupantes, que apenas pueden garantizar un mínimo de servicios en las vías de mayor incidencia delictiva y en horas del día.

Breves

No iban a fugarse
*No hubo intento de fuga. La matanza de 29 reclusos en el retén policial de Acarigua no fue el producto de un supuesto plan para escapar del lugar, tal y como lo señaló en primera instancia el secretario de seguridad del gobierno regional de Portuguesa, Carlos Valero. Los datos manejados por Carlos Nieto Palma (Una ventana para la libertad) y el Ministerio Público indican que esta mortandad ocurrió en un contexto distinto. El grupo que dominaba este recinto, liderado por Wilfredo José Ramos, alias Ñema é pavo, se mantenía confinado con visitantes desde hace varios días, mientras intentaba que la dirección del retén acogiera un conjunto de exigencias, entre ellas que se permitieran las pernoctas y festejos en el interior del centro de coordinación policial. También se solicitaba autorización para la construcción de un centro recreativo con piscina, tal y como había ocurrido, por ejemplo, en el internado judicial de Margarita. Ramos dominaba una población de 540 detenidos, y con semejante mercado no tenía necesidad de salir a la calle. Este hombre de 32 años de edad ya había sido sentenciado en primera instancia por el homicidio de dos hombres en Turén, reportado en abril de 2014. Un caso judicial que se basó en pruebas frágiles, como fue el testimonio de una mujer allegada a las víctimas, quien dijo haber visto a Ramos y a otros dos individuos, supuestos integrantes de la banda Los Gandolas, cuando huían del sitio de la matanza, blandiendo escopetas y una pistola. Estas armas nunca fueron recuperadas. Pero Ramos era visto por la comunidad como un “azote de barrio”. Ese testimonio junto a esta reputación fue suficiente.

*El suicidio de un sargento técnico de primera de la Guardia Nacional en instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta está ligado directamente a las averiguaciones sobre un supuesto plan de fuga del exministro de Relaciones Interiores, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres. El funcionario castrense, de apellidos Monsalve Estaba, pertenecía a uno de los dos grupos asignados para la vigilancia del oficial. Cuando se detectó el complot, se inició una pesquisa a los custodios, y Monsalve quedó en entredicho. Este suicidio, sin embargo, suscita tantas dudas como el del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin Plaza Venezuela, o el del mayor del Ejército Jesús Alberto García (asistente del general Manuel Christopher en el Sebin) en un hotel de la Panamericana. Un factor en común en los dos últimos casos, además, es que los deudos se abstienen de declarar para los medios de comunicación, presas del miedo. La caída de altura del sargento Monsalve ocurrió en forma casi simultánea a la detención de la pareja de Rodríguez Torres en La Grita. Cuando Rocío Ramírez fue trasladada a la Dgcim en Caracas, cuatro días después, ya el sargento agonizaba en el hospital militar. Al momento de la redacción de estas líneas, el general permanece recluido en un complejo de celdas recién construidas, en la Brigada de Policía Militar en Fuerte Tiuna.

*El alzamiento del 30 de abril, si bien fue un fracaso para los planes inmediatos de Juan Guaidó, reveló la existencia de una importante fractura en las filas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Para el momento de la redacción de estas líneas, por lo menos cuarenta y ocho funcionarios de ese cuerpo están bajo investigación -penal o administrativa- por su participación en los hechos registrados en la residencia del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y posteriormente en los alrededores de la base aérea La Carlota. Tres de ellos ya están formalmente detenidos, mientras que a los demás intentan convencerlos para que declaren que fueron engañados, que no sabían para qué los llevaron a ese sector de Caracas. El funcionario de mayor jerarquía procesado hasta el momento ha sido el comisario general Roberto Antonio Bracho, jefe de la unidad de Acciones Inmediatas, quien fue presentado ante un juzgado civil y enviado al Centro para Procesados Militares de Ramo Verde. El funcionario alegó en su defensa que se trasladó al distribuidor Altamira en acatamiento a órdenes impartidas por el director del cuerpo para ese momento, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y que cuando estaban allí les arrojaron desde el puente Altamira una bolsa con los brazaletes azules, que permitían distinguir quiénes participaban directamente en la Operación Libertad. Apenas cinco días antes de este alzamiento, Bracho era señalado por medios en Estados Unidos como uno de los principales responsables de violaciones a los derechos fundamentales de opositores.

*Tres preguntas a… Douglas Farah, consultor y coautor del ensayo La decisión final de Maduro. La supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

1.-En su trabajo Maduro’s laststand… Ud sostiene que en Venezuela se instaló desde el poder una “empresa criminal conjunta”. Esto sugiere que no existe una estructura jerárquica que domine todos los negocios ilícitos al mismo tiempo, sino una red de redes. ¿Cómo queda entonces el negocio del tráfico de drogas, como un Cartel de los Soles o como la confluencia de varias organizaciones de traficantes?
DF: Hay organizaciones con más peso dentro de las redes. Los Soles son importantes, pero no únicos, y dependen de otras redes dentro del Gobierno y afuera. Diría que son más fragmentos de los que muchos piensan, pero sí hay fragmentos más grandes que otros, o redes más importantes.

2.-¿Cuál es el verdadero propósito de la “empresa criminal conjunta bolivariana”, asegurar la permanencia de Maduro y de su grupo en el poder o suministrar riquezas a 181 personas?
DF: El propósito es el poder perpetuo y el beneficio económico. La mentira más grande que se vendió es que era una revolución del pueblo. Era una revolución de una nueva clase de oligarcas para criminalizar la totalidad del Estado. Y para mantener eso hay que seguir en el poder.

3.-En la conclusión, Ud aboga por una aproximación más holística o comprehensiva para afrontar al régimen de Maduro. Esto implica una acción combinada entre la comunidad internacional y los operadores del gobierno estadounidense. ¿Cree entonces que la crisis venezolana puede ser superada solamente con una combinación de diplomacia negociadora y sanciones, sin acción militar?
DF: Sí. Creo que la presión económica real, con Europa, América Latina, etc., trabajando en forma conjunta, puede congelar muchos recursos (que pasarían a un nuevo gobierno) y elevar el costo de hacer negocios con el régimen de Maduro a tal punto que no vale la pena. Sería mucho más efectivo a mi juicio que cualquier acción militar y aportaría recursos a un nuevo gobierno.

Libros

En la medida en que avanza la crisis venezolana, crecen los sectores del país que abogan por alguna clase de intervención externa. Uno de los ejemplos tomados en cuenta con mayor frecuencia es el de la invasión a Panamá, en 1989. Este episodio ha sido abordado desde distintas perspectivas por periodistas de renombre. En su libro Los comandantes (1991), Bob Woodward dedicó un capítulo revelador a la gestación de la Operación Causa Justa. Más adelante, Peter Eisner ofreció una perspectiva crítica sobre los resultados y motivaciones de esta acción militar, en America’s Prisoner (1997). Ahora, desde Panamá, los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein lanzan El fantasma de Noriega (2018). Los autores, conocidos gracias al proyecto de los Panama Papers, aprovecharon la oportunidad que se les presentó debido a un acercamiento con el coronel retirado del Ejército estadounidense Charles Chico Stone, un veterano de Viet Nam que a partir de 1979 llegó a ser el jefe de la oficina encargada de suministrar toda la cooperación militar a los países latinoamericanos, cuya sede estaba en el sector Hato Pintado de la capital panameña. El programa se llamaba US Army Security Assistance for Latin America. Desde esa posición, fue testigo excepcional del ascenso político de alias Cara de Piña, desde las oscuras oficinas de la inteligencia de la Guardia Nacional panameña (G2) hasta la máxima jefatura de las Fuerzas de Defensa, donde se erigió en general y se constituyó en el “hombre fuerte” del país, es decir, en el verdadero mandatario, independientemente de quiénes ocuparan la Presidencia. Gracias a la confianza que se labró en el entorno de Noriega, Stone pudo apreciar cómo iba acumulando poder y cómo eventualmente sus antiguos mentores de la Agencia Central de Inteligencia (que lo habían captado como informante desde que era un aprendiz en la escuela militar de Chorrillos, en Perú) lo abandonaban, en la medida en que la Guerra Fría llegaba a su fin y los abusos del general hacia sus opositores se tornaban en un lastre demasiado pesado para los aliados de Washington. El fantasma de Noriega tiene aspectos reveladores sobre los elementos de juicio que se tomaron en consideración para emprender una invasión militar, hace ya treinta años. Hay analogías entre los casos de Panamá y Venezuela, como por ejemplo la imposición de sanciones económicas para estrangular la capacidad de maniobra del Gobierno. Pero también una larga lista de divergencias, que hace pensar en desenlaces distintos a una nueva versión de Causa Justa.

domingo, 19 de mayo de 2019

Razones para desertar

-Las defecciones se han convertido en una práctica común en la Fuerza Armada. Cualquier motivo parece valedero. Al final, el régimen las aprovecha para quedarse con quienes considera “leales”

@javiermayorca

El 6 de mayo, una comisión de la Guardia Nacional se presentó en uno de los edificios de Fuerte Tiuna utilizados como vivienda en guarnición para los oficiales subalternos. Los uniformados buscaban al capitán Jesús Ramos, quien comandaba una de las compañías del Destacamento de Seguridad Urbana de ese componente en el estado Vargas.
Ramos debía presentarse en su unidad el 2 de mayo, luego de disfrutar un permiso autorizado por la superioridad. Ante su ausencia, ordenaron la activación del llamado “plan de localización”. Esto implica que lo buscarán en su residencia y la de sus padres y parejas.
Debido al estado de crispación en la FAN, se sospechaba que este capitán podía estar incorporado a la causa de Juan Guaidó, quien el 30 de abril había respaldado un alzamiento en los alrededores de la base aérea La Carlota junto a numerosos efectivos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional.
De acuerdo con fuentes castrenses, al profundizar en las pesquisas se determinó que el oficial pudo haber cruzado la frontera con Colombia. Fue allí donde se detectó por última vez la utilización de su número telefónico.
Era, con toda probabilidad, el caso de otro militar cobijado por Acnur en Cúcuta.
Deserciones no cesan luego del 30-A
Ramos, hasta el momento de redactar esta columna, no ha colgado ningún video en YouTube, explicando las razones de su defección. La publicación de mensajes en las redes sociales es casi un patrón de conducta entre los oficiales y tropas que salen del país, y que según Migración Colombia ya sobrepasan el millar.
Este caso fue distinto. El 9 de mayo, Ramos se comunicó con sus superiores utilizando un número colombiano, como para despejar dudas de su paradero. Confirmó que se unió al alzamiento del 30 de abril, aunque curiosamente sin llamar a las tropas a su mando. Es decir, en términos estrictamente personales. Sostuvo que durante sus diez años largos de servicio conoció la corrupción y la ausencia de criterio y objetividad de la alta oficialidad de su componente. Algo que, según su punto de vista, contrastaría con el “sufrimiento” de la tropa.
El capitán no teme que lo llamen traidor. Prefiere ese calificativo a que lo vean como cómplice de una “pantomima”, y aseguró que al marcar distancia con respecto al régimen no será copartícipe de la “destrucción del país”.
El nombre de este capitán probablemente aparecerá en algún decreto presidencial, junto a docenas de oficiales y tropas degradados y expulsados de la Fuerza Armada. Así es como Maduro despacha en este momento la crisis cada vez más profunda en la institución castrense.
Luego del 30 de abril, el “goteo” de deserciones y pronunciamientos no ha cesado. Cualquier razón pareciera válida para huir de los cuarteles.
Mientras que Ramos argumentaba la separación anímica de lo que una vez fue su proyecto de vida, el mayor del Ejército José Gregorio Basante también hacía los preparativos para cruzar la frontera por Santa Elena de Uairén, rumbo a Brasil. Este oficial, quien hasta la semana pasada comandó el Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército 5102, ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes indígenas, a partir del 23 de febrero. Pero lo que propulsó su defección no fue esto, sino la investigación sobre un presunto contrabando de diésel en un convoy que trasladaba blindados BTR-80, desde Puerto Cabello hasta la unidad comandada por él, el 30 de abril. Por este caso habían sido detenidas en flagrancia cuatro personas, entre ellas un coronel de la misma fuerza que Basante.
De un lado, entonces, están las razones morales y políticas. Del otro, motivos que parecieran netamente pragmáticos. Ramos y Basante aparecen como dos extremos opuestos, pero que convergen en el mismo resultado: romper filas.
Desde 2017, las deserciones empezaron a ser maquilladas con un eufemismo, que llaman “permanencia arbitraria fuera de la unidad militar”. La razón de fondo, según explicaron fuentes de la FAN, es que si todos los casos de deserción fuesen procesados como delitos, no se darían abasto. Son demasiados, y entonces prefieren procesarlos por vía administrativa.
En otros tiempos, la deserción de efectivos de tropa ocurría ocasionalmente. Buscar a quienes se ausentan ha sido una de las funciones de la Policía Militar, según lo indica el reglamento de Servicio en Guarnición. Ahora, como se ve, las deserciones abarcan no solo a sargentos sino también a oficiales jóvenes y a generales.
En las policías también están “desertando”. Esa es una de las razones por las que la PNB solo dispone realmente de poco más de la mitad de su nómina. En el caso de Cicpc, lo que molesta no es la ausencia del funcionario, sino que luego se distancie públicamente del régimen mediante un comunicado o un video. Por eso los jefes de algunas regiones en el centro del país pidieron a los subalternos que eviten las declaraciones públicas, y se limiten a solicitar la jubilación por los canales regulares.
Todo esto habla de un gran desencanto, que no conduce a un esfuerzo organizativo sino acciones netamente personales y aisladas. Al final, esta dinámica termina beneficiando al régimen, pues aprovecha para depurar sus filas y quedarse estrictamente con quienes considera “leales”.

Breves

-El régimen avanza en estos días de relativa calma post 30-A, y toma medidas ante el inminente incremento de la conflictividad política y social. Comenzaron a ejecutarse dos decisiones: 1) se avanza en la constitución de las llamadas “cuadrillas de paz”, entidades en las que convergen efectivos de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional con colectivos armados, miembros de las UBCHs y empleados del programa Clap. Ya convocaron para las prácticas de estos grupos en unidades de la FAN; y 2) se ordenó a la Guardia Nacional iniciar los cursos de formación para facilitadores en materia de orden público en cada región policial. En el caso de la Policía Nacional, la orden es conformar escuadras de 200 efectivos en cada estado del país, con conocimiento de las técnicas para aplacar manifestaciones.

-La súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda, y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la institución indicaron que este general no transmitió debidamente la orden impartida por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en el sentido de no permitir aglomeraciones ni bloqueos en la autopista, en especial en los alrededores de Altamira. Esta omisión hizo que titular del MRI tuviese que saltar varios eslabones en la cadena de mando para mandar directamente al jefe de Orden Público, comisionado Valentín Hernández, una actuación inmediata contra los manifestantes. Los cambios que desde entonces han implantado en el principal cuerpo civil armado del país han causado estupor. Para la subdirección fue designado un teniente coronel de la Guardia Nacional, Rubén Santiago Servigna, quien venía de desempeñarse como Administrador del MRI; al jefe de Investigaciones Penales, el comisario general Cicpc Alirio Cermeño lo reemplazaron por un capitán de la Guardia Nacional; otro oficial del mismo grado estará al frente de la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Esto se une al cambio ya anunciado en la jefatura de la Fuerza de Acciones Especiales, ahora ejercida por el comisario del Sebin José Miguel Domínguez, alias Miguelito, conocido por su estrecha relación con los colectivos armados.

Areas de riesgo de piratería en oriente
-Un informe divulgado en abril por el Center for Global Affairs & Strategic Studies advierte que en 2018 el número de actos de piratería marítima reportado en las costas orientales de Venezuela, así como en las de Guyana y Surinam se incrementó 167% con respecto al período anterior. El reporte elaborado por Manuel Lamela indica que esta situación ha llevado al gobierno de Trinidad y Tobago a crear una “unidad aérea de élite” contra la piratería. Aunque la frecuencia de este delito aún no tiene las magnitudes de las registradas en otros años en costas del Cuerno de Africa, se percibe que el agravamiento continuado de la situación venezolana está alimentando las bandas dedicadas a este delito, que aprovechan las vulnerabilidades generadas por la escasa o nula presencia de fuerzas de seguridad. La decisión del gobierno trinitario fue propulsada por el secuestro de seis pescadores de ese país en enero. Las víctimas fueron interceptadas en aguas de Trinidad y llevadas a suelo venezolano, donde estuvieron cautivas mientras se negociaba el pago de un rescate de $200.000. Este no ha sido el único caso reportado este año. Poco antes, hubo un hecho similar en el que dos navegantes fueron privados de libertad, y fue necesario pagar a sus captores $40.000. Esas aguas, indica el informe, también son disputadas por dos bandas que operan en Paria, y que intentan adueñarse de la ruta para el traslado de cocaína.

*Tres preguntas a… Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conauid, actual ONA)

1.-España aún no decide sobre la extradición del mayor general Hugo Carvajal. ¿Qué atractivo puede tener para los españoles el ex jefe de Contrainteligencia Militar?
-El único atractivo es que el Pollo puede tener toda la información sobre ETA, así como ciertas informaciones sobre la droga que llega a España, las vías y los grupos que la pueden estar transportando. Pero en realidad no tienen una acusación fuerte contra él. Si bien es cierto que él entró a España con un pasaporte falso, ese es un delito menor, y siempre cuando hay acumulación de delitos para la extradición se toma en cuenta el que sea mucho más grave. Pienso que para los americanos es más importante tener a Carvajal que para la propia España. Sin embargo, España tiene interés en ETA, pues está ocupando ciertos cargos y que está vinculada con el gobierno de Maduro.

2.-Carvajal siempre ha alegado su inocencia en público. Pero los señalamientos de EEUU son muy firmes. ¿El habrá actuado como operador de un gobierno o por mero afán de enriquecimiento?
-Una fuente me aseguró que EEUU tenía todas las pruebas en sus manos. La DEA viajó a España y se entrevistó con Carvajal. El Pollo quiere que le den la condición de testigo protegido, pero en libertad. Y eso no se lo van a conceder, a menos que la información sea tan privilegiada que haga un caso muy especial. Para la DEA es un punto de honor que el Pollo esté detenido y cumpliendo pena en EEUU. Pero una cosa son los cuerpos policiales y otra la Fiscalía y el manejo de los procesos en EEUU. Es un sistema totalmente distinto del nuestro. Probablemente, Carvajal actuó como un operador del gobierno durante las primeras etapas de Chávez. El era el vínculo entre Chávez y las FARC. Al inicio fue Rodríguez Chacín, y luego él. Porque él manejaba toda la logística cuando Iván Márquez iba a Venezuela. El daba las credenciales a los grandes jerarcas de las FARC, como un salvoconducto para que entraran y salieran de Venezuela. Pero luego él se consagró, y operaba solo. Porque él manejaba muchísima información y podía controlar absolutamente todo. No solo controlaba los operativos que podía hacer el Gobierno, sino también los civiles. El último gran operador civil de la droga fue Walid Makled. Pero él (Carvajal) no solo sabía dónde estaba la droga sino quiénes estaban involucrados. A los militares los tenía grabados. Al final, él llegó a ser el gran jerarca, conocedor y movilizador de la droga. La gran pelea que él tuvo con el grupo de tarea en la Conacuid era que no le pasábamos información. Sin embargo, él lo infiltró con Morgado y Maneiro, y llegó a tener la información.

3.-¿En fin de cuentas, cuál cree que será el desenlace del juicio en España?
-España no tiene cómo mantener a Carvajal allí. A lo mejor, le sacan alguna información. En privado, él ha reconocido su involucramiento. El infiltró a casi todos los funcionarios del Estado. Incluso, diría que a mí también me infiltró, pues lo controlaba todo.

Libros

En la entrega anterior, se indicaba que los estudios sobre criminalidad en Venezuela son escasos y con data generalmente atrasada. Para ese momento -y como para llevar la contraria-, apenas salía de la imprenta el último trabajo del doctor Roberto Briceño León, junto a Alberto Camardiel y Gloria Perdomo: Los nuevos rostros de la violencia. Empobrecimiento y letalidad policial (Caracas, 2018). El libro explora con detalle los cambios que han sucedido en el ejercicio de la violencia, de manera casi imperceptible para los que vivimos en el país. Una de las tesis que sostiene el grupo investigador es que en Venezuela coexisten distintas formas de violencia, que son influenciadas por factores locales y nacionales, como pueden ser las pugnas por el control de mercados nacidos como consecuencia de decisiones gubernamentales, así como también por distintos actores, entre los que han cobrado especial fuerza los miembros de los cuerpos policiales y militares, aupados por gobiernos que en determinados momentos han privilegiado las tácticas de mano dura. En los barrios, todavía no se olvidan los estragos de las operaciones de Liberación del Pueblo. Aún así, tal y como lo demuestra el estudio, en el caso venezolano estas decisiones no han contribuido a generar confianza entre la ciudadanía y sus policías. Esta obra resulta de lectura y consulta obligada para los interesados en el tema.

domingo, 5 de mayo de 2019

La renuncia del general

-La carta del general Manuel Christopher Figuera para justificar su salida del Sebin, más que una expresión personal, es una prueba clara sobre la existencia de una corriente en la FAN que busca una alternativa a la crisis política del país

@javiermayorca

La renuncia del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Ricardo Christopher Figuera, es un hecho inusitado y revelador del descontento que actualmente impera en la Fuerza Armada Nacional. Indica, además, que Nicolás Maduro necesita apalancarse en este momento sobre la única institución que lo sostiene en el poder, para preservar así algún grado de gobernabilidad.
Este oficial, puesto 88 de la promoción egresada de la Academia Militar en 1989, creció en los últimos años a la sombra del mayor general Iván Hernández Dala, quien al momento de la redacción de estas líneas todavía comanda la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Guardia de Honor Presidencial, todo a la vez. Hernández es un oficial clave para la preservación del actual estatus político. En EEUU lo saben, y por eso a la vez que lo sancionan a través del Departamento del Tesoro le ofrecen una salida negociada, si se da por cierto lo declarado por el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.
Christopher: sorpresa con carta
Hasta noviembre de 2018, Christopher fue subdirector de Contrainteligencia Militar. Entonces, Maduro lo nombró mediante decreto para paliar una emergencia en el Sebin, de trascendencia internacional, pues los grupos que operaban con la aquiescencia del general González López fueron responsabilizados por la muerte en custodia del concejal Fernando Albán, las torturas a opositores (relatadas oportunamente por Lorent Saleh) y el encontronazo con la caravana presidencial.
La lectura entonces fue que a Christopher lo enviaron a la policía política para “poner orden en casa”, con la bendición de su antiguo jefe. Sus diversos viajes a Cuba, en los que se retrataba con autoridades de la isla ataviado con guayabera, transmitían la noción de que se trataba de un oficial “revolucionario”, afín al régimen de La Habana, y por ende fiel a Maduro.
Pero la realidad era otra. Esto se dice de manera sencilla una vez conocida la carta de renuncia, en la que pone de relieve la “corrupción desproporcionada” practicada por oficialistas “como deporte”, según los términos usados por el propio oficial. Sin embargo, ya desde febrero se sabía que el máximo jefe del Sebin intentaba marcar distancia del régimen, mitigando en lo posible las prácticas instauradas por su predecesor. Hay testimonios directos sobre mensajes enviados a algunos presos políticos mediante emisarios, en el sentido de que Christopher procuraría hacer más llevadera la reclusión, relajando un poco la dureza de la vigilancia a la que eran sometidos desde meses atrás.
Había además intentos claros de llegar a entendimientos con sectores no oficialistas. A esto se refiere el general en su carta de renuncia, cuando señala que le planteó a Maduro “una acción política”, en la que el gobernante “colocara la agenda”, es decir, diera los términos de una negociación. Algo que por cierto está en la misma línea trabajada por el Grupo de Contacto Internacional.
Lo del ex jefe del Sebin, sin embargo, no puede ser leído como el producto de una iniciativa netamente personal. Fuentes ligadas al chavismo indican que este oficial era exponente de toda una corriente que ha venido cobrando fuerza durante los últimos meses dentro de la Fuerza Armada Nacional, que intenta una salida a la crisis política por medios propios, sin necesidad de mayor intervención extranjera.
La evasión de Leopoldo López y la tímida respuesta posterior por parte de la policía política -que le permitió al líder de Voluntad Popular acompañar la sublevación del martes hasta horas de la tarde- no podía pasar inadvertida para Maduro. No obstante, su reacción con respecto al general Christopher también ha sido timorata. En otros tiempos, este general hubiese sido degradado y llamado a interrogatorio. Esta es una evidencia más de la pérdida de poder de Maduro a lo interno de la Fuerza Armada.
La carta de renuncia del ex jefe del Sebin tiene aspectos indicativos de que su destinatario no sería solo el ocupante de Miraflores sino también sus “compañeros de armas” y, en última instancia, la dirigencia política nacional. Personas que lo conocen sostienen que el texto era cocinado desde días atrás, por lo menos en sus líneas gruesas. Hay algunos pasajes que incluso suenan a proclama, como por ejemplo cuando sostiene la necesidad de “reconstruir el país y reordenar el Estado”, pero no mediante negociaciones a escondidas. También cuando reconoce que la sociedad está “saturada de militares”, cuya prestancia se ha desdibujado.
La destitución de Christopher y el inmediato nombramiento del general en jefe Gustavo González, con el comisario Calderón a su lado, hacen pensar que Maduro escogió la involución. También, que estamos ante un proceso cuyo ritmo se acelera, por lo menos, durante los primeros días de mayo.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y Tal Cual, fuentes ligadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia aseguraron que el ex director de ese cuerpo salió del país, probablemente por la frontera con Colombia, luego de haber participado activamente en la evasión de Leopoldo López. Dentro de la policía política, el clima interno tampoco es proclive al régimen, sin embargo los grupos radicales aprovecharon la situación para saquear la vivienda del líder de Voluntad Popular, mientras simulaban un allanamiento. Algo parecido hicieron en el apartamento donde residía el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma.

Breves

Alumnos de la FAES, presos
-El Ejecutivo evalúa un plan para sacar de la Policía Nacional a la llamada Fuerza de Acciones Especiales (FAES). La idea es adscribirla como entidad autónoma al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La FAES es vista por integrantes de la propia PNB como “una policía dentro de la policía”, que se maneja con reglas y procedimientos particulares y distintos a los de los demás efectivos de ese cuerpo, señalado como pionero del modelo policial vigente. Sería necesario además salvar un detalle legal: el único cuerpo con atribuciones para tener un organismo de esa categoría es la PNB. Aunque la FAES tiene un núcleo de apenas 73 funcionarios (luego de las defecciones del comisionado Christian Barceló y su adjunto, Williams Cancino), engrosa sus filas con agentes de otras direcciones como Delincuencia Organizada y Antidrogas. Pero sus actuaciones han incrementado el desprestigio de la PNB. No solo son las violaciones a los derechos humanos señaladas por organismos como Provea sino también corruptelas y desviaciones que llegan incluso a los aprendices de ese grupo táctico. El último caso conocido involucró a tres cursantes del Centro de Formación de la FAES, que fueron capturados cuando extorsionaban a una persona que intentaba vender un proyector de video en el bulevar de Sabana Grande, el 2 de mayo.

-En la víspera de la jornada del 30 de abril, unidades militares emplazadas en diversas partes del país recibieron un radiograma en el que se les ordenaba reforzar la vigilancia perimetral de las instalaciones, repasar los planes de reacción inmediata e incrementar la supervisión a los parques de armas para evitar posibles “saboteos”. Las sospechas se concretaron en el estado Aragua, donde cuatro oficiales y un sargento de la Aviación presumiblemente intentaron tomar dependencias de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), con la intención de apoderarse del parque de armas. En este incidente resultó herido un mayor, a quien le atribuían el liderazgo del grupo insurrecto. Dos primeros tenientes y un efectivo de tropa profesional se dieron a la fuga. Esto quiere decir que, si bien lo sucedido el martes en Caracas sorprendió a muchos actores políticos, ya en la Fuerza Armada se manejaban informaciones que hacían presumir la inminencia de otra asonada.

-Se deteriora la situación de los militares y policías que abandonaron el país para incorporarse en Cúcuta a la iniciativa de Juan Guaidó, con motivo del intento de llevar a Venezuela los cargamentos de ayuda humanitaria. Desde entonces (23 de febrero), según fuentes de esa particular diáspora, el contingente ha disminuido a casi la mitad. Los que estaban en tres refugios habilitados por Acnur (2 hoteles y un albergue) han salido de allí paulatinamente, buscando mejores destinos. Algunos incluso han llegado a Chile. “El 23 de febrero estábamos dispuestos a todo, a pasar esa ayuda con nuestra sangre. Pero nos dejaron cautivos en las instalaciones de Migración. Pensábamos en que después podríamos actuar, pero fue peor. Nos dieron la espalda”, afirmó uno de ellos. Los militares y policías venezolanos están en Cúcuta en calidad de refugiados, y esto les impide participar en cualquier beligerancia.

-Las bandas de secuestradores y asaltantes que vienen operando en el área rural de los altos mirandinos comenzaron a moverse hacia las zonas más urbanizadas. Estos grupos supuestamente provienen del estado Aragua, lo que explicaría el empeño mostrado durante el primer trimestre del año por capturar y extorsionar a labriegos de El Jarillo, en especial aquellos que trasladan sus mercancías hacia los mercados de Los Teques y el Distrito Capital. El fin de semana, sin embargo, la nueva víctima no fue un campesino sino un abogado residente de Carrizal, el 27 de abril. Fue maniatado junto a una persona que lo acompañaba y retenido en el sector conocido como el Acuario. Ante la imposibilidad de obtener de forma inmediata alguna ganancia, los antisociales prácticamente saquearon la casa del profesional del derecho, ubicada cerca del sitio donde fueron interceptados. El 3 de mayo, se reportó una nueva acción de estos grupos, cuando interceptaron a un conductor en San Antonio de Los Altos y se trasladaron con él hasta su vivienda para llevarse sus pertenencias.

Libros

El origen de la violencia es un tema de enorme actualidad en Venezuela. En fin de cuentas, este país ostenta una de las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Pero aquí la literatura y los estudios sobre el particular son escasos, de circulación restringida y a menudo basados en data no actualizada. Con esta situación, el riesgo es tomar decisiones equivocadas, o en todo caso de repetir otras cuyos resultados no han sido exitosos, está a la vuelta de la esquina. Rachel Kleinfeld, investigadora del Carnegie Endowment for International Peace, lanzó a finales de 2018 un libro esclarecedor, A Savage Order: how the world’s deadliest countries can forge a path to security (Nueva York, 2018). Según Kleinfeld, en la actualidad los países con los índices más elevados de violencia homicida, entre los que desde luego cita a Venezuela, no llegaron hasta allí debido a religiones patológicas, problemas étnicos o culturales, sino como consecuencia del ejercicio de una forma perniciosa del poder estatal, “en la que los líderes políticos y económicos tanto de la izquierda como de la derecha conscientemente favorecen la proliferación de grupos violentos con la finalidad de proteger sus cotos y mantener el control”. Esto es lo que la autora denomina el “privilegio de la violencia”, que emana exclusivamente de los Estados. Kleinfeld estudia en profundidad los casos de Colombia, Georgia y localidades de India donde alguna vez fue notorio el nivel de criminalidad y muertes. Se dio cuenta de algunos factores comunes, como por ejemplo que la violencia empieza a ser ejercida de manera informal por grupos que gozan de poder conferido por instancias de gobierno, distintas de la policía o las fuerzas armadas. Esto, sin embargo, no es suficiente para dar combustible a las cifras de homicidios, de manera que cada año estén más arriba. Para que esto ocurra, hace falta que la sociedad normalice la violencia, que la gente la vea como algo cotidiano, como un recurso al que se puede acudir para resolver los problemas. Cuando esto sucede, advierte Kleinfeld, se entra en procesos de involución o “incivilización”, que son muy difíciles de superar. Sin embargo, algunas sociedades lo han logrado, pagando altos costos y siguiendo caminos distintos. Algunos de ellos, por cierto, no muy limpios. Este es quizá el aporte más revelador del estudio.



domingo, 21 de abril de 2019

Puja en España


-Nuevamente, el ex director de Contrainteligencia Militar Hugo Carvajal se convierte en el centro de una disputa entre Estados Unidos y Venezuela. El Montesinos de Chávez es un trofeo codiciado

@javiermayorca

La captura en España del mayor general retirado del Ejército, Hugo Carvajal, vuelve a poner al Gobierno en una situación de emergencia, ante la posibilidad de que caiga en manos de los “enemigos” estadounidenses un valioso repositorio de todo tipo de informaciones comprometedoras.
Este escenario no se lo figuraron en la sala situacional: tener que intentar por todos los medios la defensa en las cortes de Madrid de un oficial que, apenas hace tres semanas, fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada mediante un decreto presidencial, con la amenaza explícita de un juicio por traición a la patria.
Dos países se disputan a Carvajal
La situación es de creciente complejidad. En primer lugar, la detención del ex jefe de Contrainteligencia Militar se llevó a cabo en virtud de una vieja notificación roja cursada a través de Interpol, la misma que fue invocada para aprehenderlo durante un breve lapso en Aruba, en julio de 2014. Era, por ende, un riesgo que debió ser perfectamente sopesado por este hombre, que fue calificado por la conocida revista colombiana Semana como el Montesinos de Chávez, en referencia a Vladimiro Montesinos, el poderosísimo ex jefe de la inteligencia peruana durante el régimen de Alberto Fujimori. Tan conocida era la situación para él que, de acuerdo con datos extraoficiales, en varias oportunidades intentó llegar a un avenimiento con el Tío Sam, a través de un bufete de abogados que se especializa en la materia.Pero los cargos criminales contra Carvajal son demasiado pesados para lograr un perdón total. Veamos. Por una parte, está una acusación que lo involucra en el escandaloso vuelo de un DC9 que salió del aeropuerto de Maiquetía hasta Ciudad del Carmen (México), cargado con 5,6 toneladas de cocaína. En ese vuelo solo admitieron maletas con drogas, que fueron colocadas en los asientos como si fuesen pasajeros. La documentación sobre este caso judicial en Estados Unidos establece un nexo directo entre el cartel de Sinaloa en rol de comprador, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como proveedor, y quien para abril de 2006 encabezaba la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Entre los suplidores de la droga y los que la adquirían estaba un bróker, Walid Makled, alias el Turco, guardado con celo en una mazmorra del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Esta acusación contra Carvajal la firma el fiscal Preet Bharara, el mismo que protagonizó el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial.
La segunda acusación establece un vínculo entre Carvajal y quien hasta 2008 fue uno de los máximos jefes del cartel del Norte del Valle, Wilber Alirio Varela, alias Jabón. Este ex policía devenido en traficante de drogas pasó los últimos cuatro años de su vida en Venezuela. Más de una vez intentó fingir su muerte, para desviar la atención de las autoridades. Una de estas fue en un apartamento de Plaza Venezuela, en 2006. Pasaron varios días hasta que la comparación de fichas dactilares permitió descartar que se tratara del jefe criminal.
Según las autoridades estadounidenses, Jabón actuaba en el país con protección de cuerpos policiales y militares, hasta que un buen día de enero de 2008 su enfrentamiento con los hermanos Comba (que también pasaron temporadas en el país) y con Daniel Rendón, en prominente capo de la Oficina de Envigado, alias Don Mario, propició un “cambio de mando” en la jerarquía del cartel. Los policías venezolanos dieron la espalda a Varela, y sus propios compinches lo mataron en una posada del estado Mérida, luego de vigilarlo durante varios días.
Alias Jabón fue asesinado en Mérida
Tanta importancia tenía Jabón que el levantamiento del cadáver fue supervisado por el entonces director de la policía judicial, comisario Marcos Chávez.
Esta muerte, sin embargo, no ocasionó mayores pérdidas para los jerarcas venezolanos, que controlaban la ruta, es decir, decían qué pasaba y qué no. Según la acusación firmada por el fiscal estadounidense Wilfredo Ferrer, “miembros de la facción de Varela continuaron pagando a Hugo Carvajal Barrios, alias el Pollo, y otros altos oficiales militares y policiales para que los asistiera en sus propias actividades de tráfico de drogas”. Incluso, de acuerdo con el documento, el general llegó a vender drogas a los propios miembros de estas organizaciones criminales.
Si se juntan ambos casos judiciales, se va aclarando un cuadro de relaciones que coloca a Carvajal como un operador vital para los grupos de la guerrilla colombiana y también los antiguos paramilitares devenidos en exportadores de cocaína.
Desde el momento en que las acusaciones fueron incorporadas a los tribunales de Nueva York y Miami hasta el presente, los alegatos contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar presumiblemente se han solidificado, toda vez que muchas de las personas que antaño explotaron las rutas de los estupefacientes a través del país ahora purgan condenas en Estados Unidos. Allí están Rasguño, don Diego, el Loco y los hermanos Comba, por citar algunos. Y del lado de las FARC, nada más y nada menos que José María Corredor, alias Boyaco, quien logró evadirse de las celdas del Helicoide para que luego lo pescaran en las selvas colombianas.
En su defensa, Carvajal ha señalado desde España que su captura y proceso de extradición “es político”. Desde luego que lo es. Y también es un caso criminal. En Venezuela, ambas cosas van juntas en una mezcla heterogénea, que a menudo es difícil de comprender.
¿Podrá evitarse esta vez que el Pollo caiga definitivamente bajo el dominio de Washington? Siempre pueden ocurrir sorpresas. En 1986, por ejemplo, Estados Unidos se quedó esperando que un juzgado español acordase la extradición de Jorge Luis Ochoa Vásquez, uno de los líderes del cartel de Medellín. Luego se comprobó que el juez de la causa había sido sobornado para que Ochoa fuese enviado a Colombia. Pero ya el daño estaba hecho. En 2011, Walid Makled fue enviado de Colombia a Venezuela, a pesar de que los estadounidenses también exigían su extradición. La decisión se fundamentó en un dudoso tecnicismo sobre qué país había entregado primero la solicitud correspondiente. En 2014, Washington también perdió la batalla, cuando intentó llevarse al propio general retirado desde Aruba.
Pero en el caso de Carvajal muchas cosas han cambiado durante los últimos cinco años. El podría alegar que a Venezuela no lo pueden enviar en virtud del riesgo inminente a su vida, la ausencia de estado de Derecho y debido proceso, etc. Algo que por cierto no está exento de paradojas, pues se trata de situaciones que él mismo contribuyó a crear. Si lo mandan a EEUU, también le espera la prisión, pero con un amplio margen de negociación derivado de los datos que seguramente tiene a la mano, y de los que por cierto presumió durante las últimas semanas en su cuenta twitter. Ese saber se refiere no solo a cuestiones ilícitas en las que habría participado o de las que fue testigo excepcional, sino también sobre cuestiones tan importantes para la historia reciente del país como por ejemplo los arreglos que se hicieron en el alto gobierno durante los últimos días de vida del teniente coronel Hugo Chávez, el verdadero rol de los cubanos y la proximidad del régimen con enemigos ecuménicos de EEUU, como Rusia e Irán. Esto colocaría el proceso a Carvajal en un plano totalmente distinto a lo meramente criminal y de altísimo valor para los intereses de Washington.
La puja en España apenas comienza.

Breves

-Mientras el Gobierno intenta convencer a sus seguidores de que la crisis eléctrica fue el producto de un ataque con pulsos electromagnéticos y francotiradores, en privado los funcionarios del área admiten lo que ya los expertos advertían: que la falta de mantenimiento en los complejos de generación y en las líneas de distribución tarde o temprano ocasionaría un colapso, solo retardado debido a la fuerte desaceleración de la economía (lo que aminora el consumo de energía). Lo peor es que ahora se intenta cargar en el sector privado los costos de las operaciones para la preservación de lo poco que aún está en pie. En la primera semana de abril, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) solicitó a las firmas operadoras de helicópteros que le regalaran horas de vuelo a Corpoelec para hacer las inspecciones a las líneas eléctricas. El Ejecutivo se comprometió a cancelar el combustible y eximir a estas compañías del pago de ciertas tasas como la de radioayuda, exclusivamente en aquellos vuelos relacionados con esta operación. Esto sucede pues la flota de aeronaves de ala rotatoria de Edelca y de la Corporación Venezolana de Guayana no está operativa.

-34 personas murieron en hechos de violencia registrados en centros penitenciarios y en retenes policiales durante el primer trimestre de 2019. Las cifras gubernamentales conocidas extraoficialmente indican que en enero reportaron trece homicidios tras las rejas, otros catorce en febrero y siete en el tercer mes del año. Hubo además similitud entre los totales de fallecidos en retenes policiales e internados judiciales. En los primeros fueron reportados 16 homicidios, cinco de ellos en instalaciones de la policía judicial, no sólo subdelegaciones sino también unidades especiales como Antiextorsión y Secuestros, ubicada en El Hatillo. En las cárceles bajo administración de Servicio Penitenciario mataron a dieciocho personas. Las más violentas fueron Tocorón en Aragua (7) y el centro Fénix del estado Lara (5). Estas cifras no toman en cuenta las muertes por enfermedades como tuberculosis y Sida, que se han disparado debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

-La situación de precariedad de la Fuerza Armada Nacional es inocultable. La FAN llegó a un nivel de incompetencia, en el que solamente sirve como soporte al esquema actual de poder. De resto, los propios militares ocasionalmente dan cuenta de las dificultades que hay para cumplir las tareas más elementales, que les asigna el Ejecutivo. En los Llanos, por ejemplo, a los soldados los envían desarmados y mal uniformados para custodiar las estaciones eléctricas. No hay comida para alimentarlos, o las raciones que les suministran se parecen a las de los internados judiciales. Los incentivos para permanecer en los cuarteles son insignificantes. La segunda semana de abril, el Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb) anunció que por fin pagarían un conjunto de bonificaciones. La máxima jerarquía castrense recibiría en total el equivalente a 20 dólares americanos. En la parte baja de la pirámide, las tropas obtendrían tres bonos que sumados reúnen apenas 7 dólares. Como punto de comparación, en el Ejército estadounidense el ingreso promedio anual de un sargento de infantería es de 39 mil dólares (puede ser más). La semana pasada se anunció en la FAN que entregarían un lote de vehículos de uso particular a través de la misión Negro Primero. Pero, según se aclaró, quedará excluido de este plan quien condiciona su lealtad a la obtención de beneficios. Todo este clima politizado y contradictorio ocasiona una disminución de la moral, que llega incluso a las academias de formación de oficiales. Según datos conocidos de primera mano, en el caso del Ejército han dado de baja a 52 estudiantes durante los últimos ocho meses.

Libros

El uso de aeronaves para el traslado de drogas en las américas ha sido motivo de numerosos reportajes periodísticos y capítulos en libros tales como Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo (1988) y Los reyes de la cocaína (1990) de Gugliotta y Leen. Ahora, la periodista colombiana Martha Soto lleva el tema a un nuevo nivel con su última obra Narcojet, cocaína para el mundo en aviones de lujo (Bogotá, 2018). En su trabajo como jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá, Soto ha forjado sólidas fuentes en los cuerpos de aplicación de la ley, lo que permite al lector tender una mirada a diversos y escandalosos casos en los que han utilizado naves fletadas a empresas con tradición para llevar estupefacientes a Estados Unidos y Europa. Como era de esperarse, las páginas de este libro están cruzadas de principio a fin por menciones a Venezuela. No todas están estrictamente relacionadas con el tráfico de drogas. Por ejemplo, durante la investigación judicial a una empresa de vuelos por contrato (Central Charter) se conocieron los detalles sobre el escape de Venezuela de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz. En el libro se refiere un informe confidencial, según el cual la compañía del millonario Gabriel Echavarría recibió 15.000 dólares de un empresario venezolano en el exilio -cuyo nombre no fue divulgado- para buscar a la titular del Ministerio Público en Aruba, adonde pudo llegar en una lancha rápida junto a su esposo Germán Ferrer. Ortega fue recibida el 18 de agosto de 2017 en Bogotá por el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto. Y allí fue entrevistada agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Oficina de Seguridad Nacional (Homeland Security) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con el libro de Soto, la Fiscal dio detalles concretos sobre la implicación de importantes figuras del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico de drogas y sobre los sobornos de la Constructora Odebrecht a distintos personeros nacionales. Esta obra, como se puede apreciar, está preñada de información valiosa e interesante para los lectores venezolanos.

domingo, 7 de abril de 2019

Contra la inteligencia

-La degradación y expulsión de los generales Carvajal y Rotondaro, mediante decreto presidencial, no solo envía un mensaje a la tropa que murmura y se queja sino especialmente a quienes hoy conducen el aparato de inteligencia

@javiermayorca

La degradación y posterior expulsión de las filas militares de los generales Hugo Carvajal y Carlos Rotondaro, a través de un decreto presidencial, tiene numerosos detalles que merecen ser analizados, pues dicen mucho de lo que podría llamarse el “clima organizacional” de la Fuerza Armada.
No es la primera vez que el Gobierno aplica una medida como esta. En marzo de 2018, otro decreto publicado en la Gaceta Oficial lanzó fuera de la institución castrense a Raúl Isaías Baduel, hasta ese momento general en jefe, ex ministro de la Defensa, “héroe de abril” y, para más detalles, integrante de aquel grupo que según la leyenda del Arañero se congregó en torno al Samán de Guere para hacer un juramento, que luego se traduciría en un intento de golpe de Estado, del que por cierto este general desistió a última hora.
En aquella oportunidad, uno podía suponer que esta decisión obedecía a una súbita efervescencia presidencial. Un golpe a la mesa, como para convencer que se tiene un carácter que en realidad no existe. De nada valían las observaciones formuladas por el abogado Omar Mora, en el sentido de que la degradación y la expulsión de la Fuerza Armada son dos penas accesorias que, como lo indica el propio calificativo, solo pueden ser impuestas una vez que ha ocurrido una sentencia definitivamente firme.
En los cuarteles todo debe estar reglamentado. La idea, dicen los especialistas, es general rituales y rutinas. La ruptura de esta normalidad es muy peligrosa, puesto que abre paso a la discrecionalidad en algo tan delicado como el uso del poder armado.
La degradación y la expulsión también tenían su ritual. Una vez me lo explicaron en el Consejo de Guerra: el penado era colocado frente a sus compañeros de armas, luego se daba lectura a la decisión de viva voz para posteriormente despojarlo de toda su parafernalia. Por último, el resto de la tropa debía darle la espalda.
Todo esto pues la justicia militar tiene un carácter esencialmente ejemplarizante, destinado a preservar un valor fundamental en la Fuerza Armada, como es la disciplina.
Maduro rompió con todo eso. Su problema no es la indisciplina, que cunde en Fuerte Tiuna, sino la deslealtad. Carvajal y Rotondaro debieron entender esto hace tiempo, pero optaron por permanecer pegados al poder. En el caso del creador y ex director de Contrainteligencia Militar uno debe reconocer que su proceso de alejamiento del madurismo fue lento y prolongado, incluso previo a la escueta campaña que lo llevó a ocupar una curul parlamentaria. Intentó sin éxito abrevar del oficialismo pero tratando de mancharse lo menos posible con la influencia de la pareja presidencial. Y ese juego, al final, lo dejó al descubierto.
Era cuestión de tiempo para que degradaran y expulsaran de la FAN a Carvajal y a Rotondaro. Lo extraño, especialmente en el caso del militar/diputado, es que no les hayan aplicado la fórmula completa, tal y como hicieron con el oficial que diseñó el Sebin, Miguel Rodríguez Torres.
No les perdonan la deslealtad
Quizá el Gobierno se está reservando las detenciones para un futuro capítulo, tomando en cuenta que, según uno de los considerandos del decreto presidencial de expulsión, las conductas de Carvajal, Rotondaro y otros diez militares de menor graduación incluidos en la misma lista de sancionados habrían cometido traición a la patria. En todo caso, indica el texto, “se han iniciado las investigaciones correspondientes” para determinar si hubo algún delito en sus respectivos pronunciamientos.
Tal y como sucedió en la primera semana de marzo con la expulsión de 116 militares, los señalados en esta oportunidad también han marcado distancia con respecto al régimen, y muchos de ellos presumiblemente cruzaron la frontera para unirse a la causa de Juan Guaidó.
Cuando Maduro llegó a Miraflores, en su primer grupo de oficiales ascendidos a destiempo estaban precisamente Carvajal y Rodríguez Torres. Era como si el nuevo presidente necesitara consolidar cuanto antes su posición en la FAN a través de la inteligencia. Seis años después, ambos se han enfrentado al mandatario y han conocido, cada quien a su manera, cómo se puede ser víctima de los excesos del poder. Este mensaje va dirigido a la tropa que murmura y comenta, y especialmente a los que en este momento están al frente de los mismos cuerpos que una vez condujeron estos oficiales del Ejército.

Breves



*Vuelven los piques a la autopista Francisco Fajardo. Esta práctica, que en otras oportunidades ha ocasionado la muerte de conductores, generalmente sorprendidos en medio de las carreras, retornó al lugar en el que cobró notoriedad hace algunos años: el distribuidor Los Ruices. Los vehículos que participan en las competencias, y los de los espectadores son tantos que ocupan canales en ambos sentido. Una conductora que por razones laborales debe regresar a su residencia a altas horas de la noche se ha visto atrapada varias veces en medio de estas carreras. “Se estacionan a ambos lados de la autopista, detienen a los carros que van en sentido a Terrazas del Avila, pero también los que van a Altamira, para que puedan hacer sus piques, y me ha ocurrido que pasan los carros a ambos lados a altísima velocidad (...), la sensación alrededor es espeluznante pues la gente está demasiado alborotada, tomada y con botellas en las manos (...) Al principio eran pocos carros, pero han ido en aumento. El jueves 28 de marzo ha sido la noche en que más carros y gente he visto. La situación es crítica. Muy cerca está un módulo policial, y no hacen nada”, relató.

El reto Momo
*Mucha preocupación ha ocasionado el llamado Momo Challenge en sectores juveniles, tanto de Venezuela como de otras partes del mundo. El 20 de marzo, por ejemplo, se atribuyó a este juego el suicidio de un niño de once años de edad en North Miami Beach (EEUU). Tres días antes de este suceso, la policía judicial venezolana emitió un mensaje para alertar que por la plataforma YoutubeKids estaba irrumpiendo la figura del hentai Momo “incitando un juego suicida”. Las advertencias parecían concretarse el 31 de marzo, ante la noticia de que un niño de doce años supuestamente se quitó la vida en Margarita, mientras participaba en uno de estos retos. La organización Cecodap indagó sobre este caso. Su director Oscar Misle confirmó que el joven murió por ahorcamiento. Pero no se ha establecido que este hecho fuese producto de una participación en el famoso juego. Para el momento del suceso, además, el adolescente carecía de teléfono pues se le había dañado debido a la exposición al agua. De manera que no pudo tener acceso inmediato a los mensajes que transmite la repulsiva figura. “No podemos concluir que fue por influencia de los retos de Momo”, dijo Misle. Más allá de esto, la tragedia que implica el suicidio de un joven a tan corta edad ha suscitado una reflexión en el colegio donde estudiaba. Según el psicólogo Abel Saraiba, que ha trabajado este caso en nombre de la ONG, el alumnado debe discutir lo sucedido con su compañero, “orientados por su profesor guía”, puesto que es muy probable que influyan diversos factores sobre la comunidad estudiantil, más allá de un reto que hoy se llama Momo y que antes podía ser Ballena Azul. Según este profesional, es necesario hacer prevención pues los suicidios o sus tentativas “son una gran problemática entre adolescentes”.

*Las permanentes fallas en el servicio eléctrico han incrementado la precariedad con la que trabajan en los despachos de la policía judicial. En una circular interna, transmitida esta semana a todas las unidades del principal cuerpo de investigación policial del país, el director Douglas Rico ordena a los jefes reemplazar las luminarias por las del modo “ahorrador” -sin la debida provisión de fondos-, prender los aparatos de aire acondicionado una hora después de haberse incorporado a las labores y una hora antes de irse, desenchufar neveras y computadoras cuando cierren los despachos y, de ser posible, trabajar con la ventilación natural. Estas medidas definitivamente “calientan” el clima de la organización, donde ya ni siquiera cuentan con papel para la impresión de las denuncias, y encima se exige a los funcionarios plena fidelidad a la “revolución”.

Rumbo a Jose
*El viernes 5 de marzo, el Departamento del Tesoro estadounidense incorporó a la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) a dos empresas relacionadas con el negocio marítimo, inscritas respectivamente en Grecia y Liberia y a 35 tanqueros petroleros. El más importante para esta decisión pareciera ser el Despina Andrianna, que llevó crudo venezolano a Cuba en febrero y marzo de este año. El propietario registrado de la nave es la firma Ballito Bay Shipping Inc, basada en Monrovia, la capital liberiana, mientras que el operador es ProPer in Management Inc, con sede en el puerto griego de Pireo. Para el momento en que la información fue divulgada, la embarcación navegaba cerca de las costas de Jamaica, procedente de Cuba, y se esperaba su arribo al puerto de Jose, en Anzoátegui, el 9 de abril. Con esta decisión, se eleva a 186 el número de personas, entidades y vehículos de todo tipo que son objeto de sanciones por ser utilizadas para sustentar al régimen de Maduro.


Tres preguntas a… Daniel Valero (Servicios Mine3)

1.-La prensa internacional ha informado sobre la incautación de cinco toneladas de coltán aparentemente sustraídas de Venezuela, alegando que la carga no había sido supervisada por el “ente regulador”. ¿Se puede inferir entonces que este mineral iba a ser adquirido por una empresa italiana? De lo contrario, cuál iba a ser el destino de este cargamento?
-Primero hay que demostrar que el mineral es de venezuela. Las características del coltán venezolano son únicas. En Colombia también hay, así como en Brasil y Bolivia. No somos el único país. En los estudios hechos por el Global Observatory of Transnational Criminal Networks, el destino final de estos minerales tiene que ser China, pues ellos procesan ese mineral.  A este procedimiento se le llama “blanqueamiento”.

2.-¿Es posible que el coltán venezolano sea manejado por redes ilegales, y de ser así en qué fase del proceso ocurriría esto?
-Puede ser posible. Pero en Venezuela las extracción de estos minerales se hace por saquitos, no por toneladas. Ninguna empresa puede explotarlo de forma activa en grandes cantidades. Las empresas que están no explotan el mineral. La manera artesanal no tiene la capacidad de explotar este mineral en grandes cantidades. En Venezuela no hay procesos de concentración de ese mineral. La extracción es por kilos. Para sacar cinco toneladas de Venezuela se llevaría meses de forma artesanal. Los pueblos indígenas tienen una economía basada en procesos minerales, pero la minería ilegal es diferente a la artesanal, y podría hacer ese proceso.

3.-Debido a la particular crisis política que vive el país, ¿existe el riesgo de que el coltán extraído de Venezuela sea calificado como un mineral de conflicto?
-Si. Existen reglas internacionales. Todo mineral extraído de forma ilegal se declara en conflicto y Venezuela puede caer allí. En mayo de 2018 trataron de enviarlo a Italia también. Fue el debut en el mercado internacional, pero como no cumplieron con las reglas, esas toneladas no son tomadas como oficiales. Hicieron un acto público en el puerto de Palúa (Bolívar) en mayo de 2018. No sabemos si esas toneladas llegaron a Italia. Pero en Italia no existen plantas para procesar esos minerales en crudo, ni en Venezuela, Brasil o Bolivia. La cantidad no representa un negocio como se habla de 2 o 3 millardos. Necesitas una industria para llegar a esos números. Si buscas las fotos de ese momento (mayo de 2018), estaba el mineral en sacos. Lo hicieron público y notorio, pero el mercado internacional no participó. Ese mercado es muy pequeño, son en total 39 plantas en el mundo, y de ellas sólo 4 pueden procesar el mineral venezolano. Una está en Alemania, es HC Star, y puede procesar mineral. Se enviaron muestras a ella y se hacen estudios para recibir el mineral venezolano. Eso está en estudio. El mineral de Venezuela es único con concentraciones de tantalio. En Colombia pueden ser piedras grandes y negras. En Brasil son como lajas, con concentración de 9%, por eso no hay industria de tantalio sino de miobio. Para tener beneficio real del tantalio solo dos patentes, de Alemania y Japón, pueden llegar a 99,9%. El precio al 94,4% es hasta $390.000 por tonelada, y el de 99,9% que solo tienen dos patentes y hacen la materia prima para los componentes electrónicos puede llegar a 3 millones de dólares la tonelada. HC Star tiene 6 mil empleados y ocupa casi todo un pueblo. De manera que China es el único país que puede recibir el mineral venezolano en estas condiciones. Las reglas claras dicen que por responsabilidad social no se compra mineral de contrabando ni de países en conflicto. China puede hacer el proceso de “blanqueamiento” del mineral y decir que viene de otra parte. Presumo que el certificado de origen lo pondrían de Italia. (...) El costo del mineral crudo venezolano máximo llega a 250.000 dólares la tonelada, pues luego hay que procesarlo. En cada pelota de mineral venezolano hay otros 14 minerales asociados: miobio, zinc, hierro… por eso tiene una característica única en el mundo. Cada pelota también contiene uranio y torio, que no sirven para hacer bombas nucleares.

Libros

En 2019 se cumplen quince años desde que una bomba mató al fiscal ambiental Danilo Anderson, en una calle de la urbanización Los Chaguaramos. Una explosión que quizá cambió el rumbo de la historia del país. Desde un principio, las investigaciones sobre este caso fueron manipuladas para lograr la eliminación, física o política, de un grupo de personas que, desde distintas perspectivas, adversaban al régimen venezolano. Solo las investigaciones periodísticas permitieron arrojar luces sobre lo que realmente se ocultaba detrás de este asesinato, y el posterior encubrimiento de los verdaderos autores, materiales e intelectuales. En Crimen de Estado (Bogotá, 2018) la periodista venezolana María Angélica Correa desnuda uno de los aspectos más controversiales del caso, como fue el rol del primer “testigo estrella” invocado por la Fiscalía para sustentar sus incriminaciones. Con un relato a menudo escrito en primera persona, la autora va desmontando, una tras otra, las supuestas revelaciones del colombiano Giovanny Vásquez, y no contenta con ello luego llega a confrontarlo, para obtener nuevas verdades que contribuyen a construir un discurso alternativo al que se ha tratado de imponer desde el poder venezolano, aún en la actualidad. Esta obra puede ser vista como la segunda parte de una saga -esta muy real- que comenzó hace seis años con A ese muchacho lo van a matar (Caracas, 2012). Desde entonces hasta ahora, muchas cosas han cambiado en el país, entre ellas que la censura se ha refinado y los libros especialmente críticos como éstos dos solo pueden ser adquiridos por medios electrónicos.