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domingo, 15 de diciembre de 2019

Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)

-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización caótica de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.
Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid, actual ONA- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana. 
Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.
Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
La dolarización caótica facilita el lavado
 Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaraín, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.
Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.
Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el closet, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.
Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.
Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.
Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.
En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.
La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.
Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.
En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.
Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.
Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.
Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.
Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total. En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país. 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria. Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

Tres preguntas a… Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia

1.-Hay fuertes críticas por la aparente lentitud del proceso al régimen ante la CPI. Incluso, un operador político denunció una supuesta falta de interés de la fiscal (Fatou) Bensouda. ¿Cuál es su apreciación al respecto?

Efectivamente, se han visto críticas a la actuación de la fiscal. Incluso se han hecho denuncias y recusaciones. Pero lo cierto es que para que un examen preliminar que empezó en febrero de 2018, y que ya se diga que pasará a la tercera fase en febrero de 2020, no nos da elementos objetivos para decir que haya una lentitud o que el caso haya sido parado, o que no se realicen los trabajos. Al contrario, tenemos noticias de que algunas organizaciones han ido y tuvieron acceso al proceso. El personal de la fiscalía (ante la CPI) ha recibido los casos y adicionalmente la propia fiscal ha dicho en su último informe que colabora con la Alta Comisionada de Naciones Unidas y con la CIDDHH. No podemos hablar de pasividad. Esto lo digo con elementos objetivos. Ya esto había ocurrido antes con el caso de la Alta Comisionada (Michele Bachelet) que por ser una persona de izquierda era vista con escepticismo por ese simple hecho, y al final terminó haciendo su trabajo. Este problema no lo podemos ver así. Si la persona es de izquierda o de derecha no nos interesa. Nos interesa si hace su trabajo de acuerdo con los estándares. Y hasta el momento, eso ha sido así. Además, pudo no hacerlo porque terminará en 2020 su período, y sin embargo ha seguido en el caso. Tranquilamente, pudo no hacer nada pues no la van a reelegir. Entonces, no podemos hablar de sesgo ni de parálisis de la investigación.

2.-El último informe de actualización (de la CPI) coloca al caso venezolano en la segunda de cuatro fases. ¿Qué debe suceder en lo inmediato para que el caso avance?

La segunda fase, como dijimos en la última nota (de la organización) trata sobre la determinación de la existencia de delitos que estén en la competencia de la Corte Penal Internacional. Puede haber torturas, pero si no son política de Estado, entonces ese delito no es perseguible por esa corte por ser un hecho aislado. En este momento se requiere que la fiscal considere que hay suficientes elementos para decir que hay delitos competencia de la CPI, y que fueron cometidas dentro de la vigencia de ella, y que forman parte de un patrón, y que efectivamente esta situación tiene responsables en la jerarquía del Estado. Luego, pasa a la etapa de admisibilidad. Se analizará si esos delitos han sido perseguidos por el Estado y si buscó condenarlos. Lo que llaman complementariedad. Aquí, el Estado venezolano se ha adelantado y ha dicho que sí persigue estos delitos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero sabemos que no es cierto, y que cuando ocurre de manera excepcional se imputan delitos menos graves para que se cumpla una mínima sentencia, si es que la cumplen. Ahora, la fiscal evaluará si existen suficientes elementos de información para decir que existen esos delitos, y pasar a la siguiente etapa.

3.-¿Puede el régimen venezolano inhibir o retardar este proceso?

El Estado venezolano no puede ni inhibir ni retardar esto. Al ser firmante del Estatuto de Roma, tiene que colaborar, y de hecho en los discursos de la embajadora venezolana ante la CPI, la señora El Aissami, ha dicho que van a colaborar. Esperamos que ese sea el caso. A todo evento, si el Estado venezolano no colabora ni presta atención no impedirá que la Corte siga. La embajadora ha aportado información sobre la judicialización de casos (de tortura). Pero sabemos que eso no es justicia. Una cosa es llevar algo a juicio, y otra que sea condenado, y que lo hagan como debe ser. El Estatuto señala que si los juicios se hacen para evadir responsabilidad o para hacer una pantomima de justicia, no tendrán efecto ante la CPI.

Libros

La finalización de esta serie sobre lavado de dinero ha coincidido con el lanzamiento internacional de diversas obras sobre el mismo tema. Desde luego, estas investigaciones no serán del conocimiento de los venezolanos, salvo que se acuda a la tecnología del libro electrónico. Entre ellas, ha tenido mucho éxito The Laundromat (Londres, 2019), lo que podríamos traducir como La Lavadora, escrita por el periodista Jake Bernstein, acreedor del premio Pulitzer en 2011 por su cobertura sobre la crisis financiera estadounidense. Además, ha sido uno de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este libro contiene un detallado relato sobre la formación de la consultora panameña Mossack-Fonseca, cuyos archivos hackeados dieron origen al escándalo internacional llamado los Papeles de Panamá. Berstein explora en el entramado de relaciones con los distintos grupos de poder internacional que llevó a la sociedad formada por Ramón Fonseca y Jurgen Mossack a constituirse en una de las estructuras más sofisticadas para facilitar el blanqueo de capitales. Como es lógico, estas páginas contienen numerosas referencias a las gestiones desarrolladas por la corporación para el ocultamiento de fondos de personas que en algún momento participaron en el régimen venezolano. En la medida en que avanza la lectura, el foco de atención se coloca en el proceso de cobertura periodística de un caso extremadamente complejo, y en las reacciones de los poderosos en los distintos países para impedir la divulgación de los datos que los colocarían en entredicho ante la opinión pública. Y, por supuesto, aquí también se hace mención al caso nacional. The Laundromat, entonces, es una obra sobre la estructura de lavado de dinero que nació en Ciudad de Panamá, y también sobre los esfuerzos de los investigadores para sacarla de las sombras. Un caso de estudio, relatado en detalle y salpicado de anécdotas.

domingo, 1 de diciembre de 2019

Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)

-¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

@javiermayorca

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.
Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 
Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.
Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.
Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.
El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.
La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso Lara el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.
Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.
Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.
Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.
No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.
Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.
Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.
Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.
El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity
Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

Breves

-El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela. A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

-Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

-Hay preocupación en la institución militar por la disminución del pie de fuerza, no solo entre los efectivos de tropa sino también en la oficialidad. Hay regiones en las que los procesos de reclutamiento voluntario difícilmente logran la mitad de la cuota esperada. A eso hay que sumar el creciente abandono de las filas. El 15 de noviembre, diez estudiantes de la Academia Militar del Ejército fueron declarados desertores, al constatarse que no regresarían a sus aulas. Se trata de cursantes de los dos primeros niveles, que se fueron de la institución en grupos. Esto no se veía anteriormente. Para mitigar esta situación, se inició la convocatoria a efectivos de tropa alistada y tropa profesional que tengan títulos universitarios para que se inscriban en un curso de formación de oficiales de comand (Cefoc), que les dará el grado de tenientes en apenas año y medio de estudio. La Fuerza Armada está en uno de sus niveles más bajos en cuanto a su prestigio institucional. Así lo constata un estudio de la encuestadora Delphos, llevado a cabo entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Esta merma en la popularidad tiene un efecto negativo en cuanto al interés por sumarse a sus filas.

Libros


Germán Castro Caycedo es uno de los escritores de referencia obligada en la narrativa no-ficción latinoamericana. Para 2017, cuando dio a conocer el título reseñado en esta sección, Una verdad oscura, ya este periodista colombiano sumaba veinte obras. En ese trajinar, desde luego, Castro Caycedo ha profundizado como pocos en el mundo de la delincuencia organizada de su Colombia natal. En este trabajo, relata el auge y la caída del llamado Clan del Golfo, ahora también llamado Clan Usuga, una organización que –como ha sucedido muchas veces anteriormente- comenzó planteándose a sí misma como un grupo alzado en armas contra el estado colombiano, que pronto devino en una organización delincuencial que controlaba toda el área del Golfo de Urabá, un sector estratégico para la exportación de cocaína hacia los países centroamericanos y del Caribe. La agrupación encabezada por los hermanos Juan de Dios y Jairo Usuga, indica el autor, llegó a gobernar durante la primera década de este siglo sobre un territorio de mil ochocientos kilómetros cuadrados. Pronto extendió el menú de sus actividades hasta la extorsión y la trata de personas, y en su crecimiento salpicó a Venezuela, Panamá e incluso Argentina, donde algunos de sus más conspicuos exponentes intentaron ocultarse. En Una verdad oscura, se relatan los esfuerzos del Estado colombiano, a través de la Policía Nacional, para infiltrar y desmantelar esta enorme organización. Cuando el libro salió a los anaqueles, el conteo oficial indicaba que más de 1600 miembros de la estructura habían sido detenidos, y otros cien ultimados por la fuerza pública. Este libro se lee como si fuese un thriller de ficción, aunque todos sus capítulos surgieron de la cruda realidad.

domingo, 17 de noviembre de 2019

Señales de una tragedia

-Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

@javiermayorca

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.
La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.
Esto pudo ser evitado
Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.
Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.
En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.
Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.
Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.
El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación. 
Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento. 
Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.
Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.
Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.
Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.
El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento. 
Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.
Este suceso hace recordar otro episodio luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.
Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que el primero es un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”.  Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación. Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy. Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal. La fiscalía 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios. Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

-Durante el lanzamiento del dispositivo Navidad Segura 2019, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, divulgó las cifras actuales de funcionarios destinados a labores de policía preventiva y de investigación. Según este general, en este momento el pie de fuerza total de la policía judicial es de 9.065 funcionarios. Hay además 94.909 uniformados de cuerpos preventivos (PNB y policías estatales y municipales), así como 46.230 guardias nacionales. Se sabe que estas cifras incorporan al personal administrativo y a los funcionarios que siguen en nómina, a pesar de que no desarrollan ningún trabajo de seguridad puesto que son escoltas, están de reposo, suspendidos, de permiso, vacaciones o son usados para custodia penitenciaria. Al sumar los números de agentes preventivos y de la guardia nacional, el total es de 141.139. El estándar de Naciones Unidas -aceptado por Venezuela desde los tiempos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial- establece que debe haber cuatro policías preventivos por cada mil habitantes. Esto es, agentes en las calles. Esto da 120.000 funcionarios. Pero las normas vigentes establecen que los policías tienen turnos de ocho horas diarias. De manera que, para cumplir con el estándar, el país debería tener unos 360.000 agentes preventivos. El déficit de agentes es de 60,7% en general. De allí que, a pesar del mandato constitucional sobre el carácter civil de la seguridad ciudadana, es y será muy complicado deshacerse de la Guardia Nacional. Sin este componente militar, la carencia de agentes para prevenir el delito superaría el 73,8%.

-Por cierto que el ministerio de Relaciones Interiores activó un grupo especial para la investigación de los delitos perpetrados en la industria petrolera. La unidad está bajo el mando de un general. El plan de Reverol es que tenga el rango de un viceministro. Pero esta decisión todavía no ha salido publicada en la Gaceta Oficial, probablemente para evitar que este oficial entre automáticamente en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro. La industria petrolera es sin duda la institución estatal más afectada por los hurtos de todo tipo de materiales. Hasta el mes de septiembre se contaban más de 380 casos denunciados ante la policía judicial. Pero cada denuncia refiere generalmente la sustracción de múltiples objetos, que forman parte del patrimonio del país. El impacto sobre la operatividad de la industria es enorme. Esta cifra, además, sugiere la existencia de redes bien consolidadas en el interior de la estatal petrolera, que se llevan todo tipo de activos y son capaces de comercializarlas en el mercado negro.

Libros

1989 fue quizá uno de los años más violentos de la historia de Colombia. Las bombas, los secuestros y la creciente actividad de los grupos guerrilleros y paramilitares parecían tener contra las cuerdas a las instituciones de ese país. La periodista Maria Elvira Samper recoge todo el dramatismo de esa época en su más reciente libro, que lleva por título precisamente ese año: 1989 (Bogotá, 2019). En estas páginas, la autora no se contenta solamente con hacer el debido recuento cronológico, es decir, informar al lector cómo ocurrieron las cosas. También trasluce cómo lo vivió la reportera. Hay además la valoración de personajes clave, que mediante entrevistas ofrecen nuevas perspectivas sobre hechos que han sido trajinados por escritores e historiadores. En 1989, la violencia colombiana reverberó sobre todo el continente. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán conmocionó a todo el mundo. Pero, tal y como se puede apreciar durante la lectura, este fue apenas un giro en la espiral de muertes de las que Colombia parecía no poder salir. Los Extraditables, un grupo de traficantes de drogas encabezado por Pablo Escobar, declararon la guerra al Estado en un conflicto que se prolongaría por más de cuatro años y que representó un paso importante en la conformación de los grupos paramilitares, posteriormente aglutinados con el término autodefensas. Se trata, pues, de un año digno de estudio, no solo para los colombianos sino para todos los que desean de alguna manera entender los procesos de violencia que afectan a grandes conglomerados nacionales.


domingo, 3 de noviembre de 2019

Disputas en Luxemburgo

-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, como consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población venezolana

@javiermayorca

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.
En este pequeño territorio de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de sus actos y decisiones.
Ante esa instancia, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por violaciones a los derechos humanos de la población venezolana.
Los primeros litigios se iniciaron con los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.
El 18 de septiembre de ese año, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. En esta oportunidad acudieron Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.
En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.
La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
Oficialistas quieren revertir las sanciones europeas
Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.
El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando del cuerpo castrense se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.
“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.
Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.
Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.
Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales de los demandantes. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.
Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.
Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Primer revés

La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inadmisible la demanda intentada por el gobierno venezolano para anular la decisión del Consejo Europeo que prohíbe las ventas de armas al país, la asesoría informática para los equipos militares y los servicios financieros necesarios para tales adquisiciones.
La sentencia, tomada el 29 de septiembre, indica que el gobierno venezolano había interpuesto una demanda el 6 de febrero de 2018 contra las decisiones de la instancia europea que configuran la única sanción general contra este régimen, referidas a las compras militares.
El recurso fue intentado con la representación de los mismos abogados que asesoran a los diez oficialistas.
Durante el juicio, Venezuela alegó que había adquirido de los países miembros equipos y servicios militares por 76 millones de euros en 2016 y 59 millones en 2017. En 2018, cuando la decisión del Consejo Europeo entró en vigor, no hubo ningún gasto.
Uno de los argumentos para la sentencia fue que las decisiones del Consejo Europeo en esta materia solo obligan a las partes integrantes de este cuerpo. Por lo tanto, no se puede concluir que afecte directamente el derecho del estado venezolano en materia de adquisiciones militares.
En la sentencia, se obliga al régimen a cancelar todos los costos derivados de este proceso judicial.

Breves

-98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.

-Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

-El viernes 1 de noviembre fueron arrojadas sendas granadas de mano contra locales comerciales en Maracaibo. El primer caso fue reportado cerca de las 10 pm frente al local Dulces Andrea. Allí resultó herido por las esquirlas un hombre de 46 años de edad. Igualmente, la explosión afectó dos vehículos de uso particular. De manera casi simultánea, lanzaron un artefacto similar al centro de apuestas Pitbull. Pero no estalló. A esto se suman los dos heridos por un hecho similar reportado en la entrada de un restaurant en la capital zuliana, el 25 de octubre. El ataque pudo tener resultados más dramáticos, a no ser porque las esquirlas dieron en su mayoría contra dos vehículos. Todos estos incidentes estarían ligados al accionar de redes de extorsión contra los pocos comercios privados que sobreviven en Maracaibo. Allí las bandas parecen haber pasado de las amenazas al ejercicio actual de la violencia contra las víctimas. Hasta el momento, Zulia acumula el 49% de las denuncias de extorsión formuladas en todo el país.

Libros

Durante siete años, Richard Stengel fue editor del semanario Times. Previamente, había colaborado con el líder surafricano Nelson Mandela en la redacción de su autobiografía. Pero un buen día de 2013 aceptó la sugerencia de un burócrata estadounidense y se incorporó al gobierno de Barack Obama. De su experiencia como subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos (una oficina de la Cancillería) surgió una interesantísima obra: Information Wars (Nueva York, 2019). Como buen investigador, Stengel va directo al grano. Una traducción libre de su planteamiento central sería: “Hay de hecho una guerra de información en pleno desarrollo alrededor de todo el mundo, y está sucediendo a la velocidad de la luz”. Las armas de este conflicto son las computadoras, los teléfonos y, como afirmaría Revel, las mentiras, esparcidas como metralla con la intención de generar confusión y, eventualmente, ganar las mentes de amplios conglomerados de población. Durante su experiencia, el periodista se percató de que las democracias, en especial la estadounidense, padecen una desventaja natural que las llevan a medirse en términos desventajosos contra regímenes autoritarios como el ruso, y organizaciones altamente sofisticadas en materia de propaganda como Estado Islámico o Isis. Esta es una nueva manifestación de los conflictos asimétricos, pero no la única. Solo que aquí los parámetros para medir las victorias y las derrotas son otros. Según Stengel, “tienes éxito simplemente enlodando las aguas”, es decir, imponiendo una visión distorsionada de la realidad, que no puede ser rectificada debido a que estos regímenes han sido capaces de eliminar los medios y los periodistas independientes, que pueden cuestionar las versiones oficiales. ¿Suena familiar? El relato de este ex funcionario del Departamento de Estado, a menudo narrado en primera persona, tiene pasajes extremadamente interesantes y aleccionadores, aunque a veces un poco decepcionantes. En las guerras de información, sostiene Stengel, los métodos y parámetros aplicados por los medios libres son usados contra ellos mismos para distorsionar las realidades. En esta guerra, como en ninguna otra previa, el primer muerto pareciera ser la verdad.

lunes, 21 de octubre de 2019

El lado oscuro de las sanciones

-En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores

@javiermayorca

      En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.
      Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.
      Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.
      La medida tiene una dimensión tal que resulta muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.
      Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.
      Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.
      La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.
      Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
      Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.
      Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.
      Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.
      De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.

Breves

-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.

-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.

-Una de las razones por las que una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezada por alias Iván Márquez, anunció su retorno a las armas tiene que ver con la control de importantes rutas para el tráfico de drogas. Una primera evidencia fue la acusación consignada en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra Seuxis Paucis Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, mano derecha de Márquez, quien figura en ese expediente como co conspirador para llevar un cargamento de 10 toneladas cocaína a Estados Unidos junto a Marlon Marín, Armando Gómez, alias el Doctor, y Fabio Simón Younes. Los hechos investigados abarcan un lapso que inicia en junio de 2017 hasta abril de 2018, es decir, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en La Habana. Según el escrito acusatorio, Santrich aseguró que para ese momento podía disponer de la droga fabricada en laboratorios, al igual que aeronaves registradas en EEUU para su traslado al sitio convenido. Esa droga probablemente proviene de un área del Putumayo, en la frontera colombo ecuatoriana, donde las FARC mantienen el control, tal y como lo ha revelado un reciente reporte del rotativo alemán Der Spiegel.

Libros


La historia que dio origen a Perdimos (Buenos Aires, 2019) sería risible, a no ser porque trata una parte muy importante de la tragedia que hoy viven los países latinoamericanos: los autores de este proyecto editorial, Martín Caparrós y Diego Fonseca, plantearon a un grupo de periodistas, cada uno de nacionalidad distinta, qué país ganaría la Copa América de la corrupción. Las respuestas fueron diecinueve trabajos en los que cada uno de ellos abordó el tema, con la esperanza de convencer al resto de que, efectivamente, en su país hicieron "méritos" (si puede decirse así) para figurar en la cúspide por el saqueo a los fondos públicos. Claro está, al tratarse un asunto como éste, y en un momento como el actual, resultaba imposible sustraerse a lo que el propio Fonseca llamó “la revolución bolivariana de Odebrecht”, en referencia a la famosa constructora que operó como empresa criminal en prácticamente toda la región. Sin embargo, uno de los méritos de este libro es que, luego de su lectura, llegaremos fácilmente a la conclusión de que la transnacional brasileña, si bien es cierto que llevó la corrupción a niveles casi globalizados, no fue el primer caso escandaloso de manejos turbios con fondos de los estados, y por desgracia tampoco será el último. Odebrecht perfectamente pudo inspirar los capítulos correspondientes a por lo menos seis países latinoamericanos, incluido Venezuela. Pero la corrupción es mucho más que lo reflejado en la pesquisa Lava Jato, relatada en una sabrosa crónica de Carol Pires. De hecho, en el caso venezolano, donde la multinacional hizo de las suyas, la periodista Milagros Socorro prefirió apuntar a uno de esos casos en los que el dispendio del dinero mal habido llegó a niveles de hipérbole. Se trata de Diego Salazar, el empresario que amasó una fortuna, aun sin tasar, gracias a los favores recibidos de su primo Rafael Ramírez, quien lo colocó al frente del negocio de asegurar y reasegurar los activos de Petróleos de Venezuela. En su apogeo, Salazar destruía a martillazos los relojes de los invitados a sus famosos saraos, para luego entregarles otros de marcas mucho más lujosas. Perdimos, además, puede ser leída siguiendo la secuencia propuesta por los compiladores, o brincando de un lugar a otro, adonde se oriente el interés en ese momento. En todo caso, es una obra que vale la pena de principio a fin.

domingo, 6 de octubre de 2019

Costosos engaños


-Las estafas mediante el uso de las redes sociales y de los sistemas de mensajería se han convertido en un delito de moda, en el que los delincuentes se hacen pasar por amigos de toda la vida

@javiermayorca

Una noche de agosto, Cristina recibió un mensaje a través del sistema de mensajería de su cuenta de Instagram. Era un viejo amigo, que había emigrado a Estados Unidos y, aparentemente, regresaría a Venezuela en los próximos días.
“Me extrañó, porque tenía como tres meses de ausencia, sin poner nada en el Instagram”, recordó ella.
En el chateo por la red social, la convenció para que lo ayudara a obtener algunos fondos en bolívares, mediante el cambio de algunas divisas que él luego le entregaría.
La primera operación sería por $200. Pero Cristina no tenía los fondos para hacer la transferencia, así que buscó entre sus contactos a alguien interesado en comprar los dólares.
“Me transfirieron casi tres millones de bolívares. Pero yo no podía entregarle a él todo ese dinero de una vez, porque el banco me bloquearía la cuenta, así que solo pude transferir un millón y medio”, relató.
Para ese momento, el “viejo amigo” ya había regresado al país, a juzgar por la línea Movistar que utilizaba. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el momento en que el hombre iba a trasladarse al lugar donde ella trabajaba, para entregar los billetes estadounidenses con la cara de Franklin. Entonces la llamó para decirle que estaba perdido. Ella volvió a especificar su dirección de trabajo, en el este de Caracas.
“El tipo apagó el teléfono, y no volví a saber nada de él (…) Fui víctima de una estafa por una persona conocida”, reflexionó.
Ahora convertida en víctima, Cristina denunció lo ocurrido ante la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial. En medio de la emergencia, además, tuvo que endeudarse para poder cubrir los dólares que no había podido entregar a la persona que se los había comprado en primera instancia.
Las estafas mediante el uso de las redes sociales y los sistemas de mensajería se han convertido en uno de los delitos de moda en Venezuela. Cuando Cristina formuló la denuncia, un agente policial le confió que todos los meses la institución procesa unas 500 denuncias similares a las que ella hizo en agosto.
El funcionario se quedó corto: durante los primeros seis meses de 2019, los cuerpos de seguridad han iniciado 3.632 expedientes por estafa. El promedio mensual es de 520.
Fuente: MRI
Las estadísticas sobre este delito, conocidas extraoficialmente, revelan un crecimiento sostenido en las estafas a partir del mes de marzo. Ya para junio, el total fue de 754 denuncias, y a juzgar por los casos conocidos esta práctica delictiva se encuentra en permanente incremento.
Los estados donde los timadores actúan con mayor frecuencia son Miranda, Carabobo, Distrito Capital (Libertador), Lara y Zulia. Anteriormente, Zulia era preferida debido a la posibilidad de acceder a recursos de la renta petrolera. Pero esto cambió radicalmente en 2019, debido a la devastación ocasionada por los apagones y los saqueos.
Así como le sucedió a Cristina, en la mayoría de los casos el estafador es una persona conocida. O por lo menos eso cree la víctima. Esto quiere decir que el delincuente puede suplantar la identidad de otra persona mediante el hackeo de sus cuentas en las redes sociales, y desde allí iniciar la caza de sus posibles víctimas.
El éxodo masivo de personas al exterior también genera condiciones para los engaños. Un hombre que emigró a Sevilla desde San Juan de los Morros relató que estuvo a punto de ser estafado por una persona que había suplantado la identidad de una amiga, con la que iba a negociar la entrega de fondos para sus familiares en Venezuela. Se salvó a última hora gracias a su intuición. Optó por pasar de las redes sociales y el Whatsapp a intentar una conversación directa. Ante las evasivas para hablar, desistió de la operación.
En el 25% de los casos procesados este año por la policía judicial, la estafa se produce en operaciones de cambio de monedas, generalmente dólares o euros. En el resto de los casos, también es posible que se produzcan pérdidas en divisas para las víctimas. Pero el engaño ocurre en el curso de ventas de bienes escasos, como pueden ser repuestos para vehículos, alimentos, plantas generadoras de electricidad e incluso puntos de venta. Todo lo que en un momento determinado pueda exigir el mercado.
Esta es una de las consecuencias indeseadas de lo que el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, denominó la “dolarización informal” de la economía venezolana. En un alerta emitido recientemente, el ex funcionario recomendó llevar a cabo estas transacciones “con empresas, comercios y personas conocidas, de confianza, con comprobables antecedentes legales, morales y éticos”.
Sin embargo, los timadores intentan llevar a cabo sus engaños aprovechando ciertas condiciones de apuro, ya sean reales o generadas por ellos mismos. Y en una economía afectada por la hiperinflación, lo que prevalece es la premura: el precio del dólar hoy seguramente será menor que el de mañana; el caucho nuevo costará más, así como el teléfono celular y el cargamento de carne. Por ende, se dificultan los procesos de verificación de los antecedentes. La víctima se aturde, y termina perdiendo su dinero.

Breves

-La Policía Nacional lleva a cabo en este momento un plan para incrementar su pie de fuerza mediante la reincorporación de funcionarios que habían sido excluidos de ese y de otros cuerpos de seguridad por distintas razones. Esta iniciativa había sido anunciada en mayo, luego de la remoción del general de división Carlos Pérez Ampueda, ante las sospechas de que había respaldado el alzamiento del 30 de abril, y su reemplazo por el general de brigada Elio Estrada Paredes. Los reincorporados forman parte de un grupo llamado “ingresos extraordinarios”. Según listados a los que se tuvo acceso, provienen de las policías de Caracas, Miranda, Baruta, Eulalia Buroz, Independencia y Sucre, por citar algunas. Pero la mayoría de estos reinsertados habían salido de la propia PNB, por razones que no han sido especificadas. Desde 2017, el contingente de la Policía Nacional se estancó en poco más de 26 mil efectivos, de los cuales 6.000 son mujeres. El pie de fuerza no se ha incrementado, y sin embargo son crecientes las exigencias del Gobierno, en especial en cuanto a extender la presencia policial a todos los estados del país, y reforzar ciertos servicios, como por ejemplo el de vigilancia al Metro de Caracas, al cuerpo diplomático o las vías expresas. La alternativa, entonces, ha sido la reinserción de estos funcionarios. También se abrirá la posibilidad de que se incorporen guardias nacionales que estén de baja. El riesgo que han reconocido los propios jerarcas de la institución en reuniones internas es que se abra las puertas a individuos excluidos por medidas disciplinarias o por haber participado en delitos.

-El ministerio de Relaciones Interiores inició una investigación al constatarse la distribución mediante correos electrónicos de mensajes que supuestamente tienen la finalidad exacerbar el descontento en las filas de ciertos cuerpos policiales en Distrito Capital. Uno de tales mensajes hace un explícito llamado al alzamiento en armas de los uniformados, para que “Venezuela sea libre”. En el texto, igualmente, se indica que los policías incorporados a este movimiento pueden convertirse en parte de la historia nacional, siempre y cuando hagan un esfuerzo por “neutralizar a las ratas”.  Lo cierto es que los policías, como el resto de la población, parecen más enfocados en asegurar un sustento diario, trabajando como escoltas en sus tiempos libres o como parceleros de panaderías, que por organizarse para propiciar un cambio político.

-A partir de junio de este año se ha tenido noticia sobre la activación de unidades que, sin pertenecer directamente a los organigramas de ningún cuerpo policial habilitado formalmente por el ministerio de Relaciones Interiores, intervienen en labores de seguridad ciudadana. El primer organismo está adscrito al propio despacho encabezado por el general Reverol. Se trata de la Brigada Especial contra las Actuaciones de Grupos Generadores de Violencia (BEGV). Aunque esta unidad se gestó inicialmente en 2014, cuando Miguel Rodríguez Torres era el titular del MRI, su actividad fue prácticamente nula. Pero en junio de este año, fue designado José Daniel Hernández Valdez para encabezar esta agrupación, por decisión del Presidente. Otro ejemplo está en el Zulia. Allí, la Secretaría General de Gobierno maneja una Dirección de Investigaciones, con agentes que presumiblemente fueron enviados en comisión de servicio desde la policía regional, y que operan en vehículos de ese cuerpo policial. El 4 de octubre, los funcionarios de esta unidad especial ultimaron a dos personas no identificadas en el barrio Fuerza Bolivariana, y a otro hombre en el barrio Puntica de Piedra del municipio San Francisco, identificada como Jorge Luis Luzardo, de 40 años de edad. Los reportes sobre este grupo especial son conocidos desde septiembre.

-En atención a la última entrega de Crímenes sin Castigo (titulada La venganza de Cristóbal), el mayor general retirado del Ejército y ex jefe de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, envió al correo crimenessincastigo@gmail.com una réplica sobre ciertos aspectos del referido texto. La misiva con fecha 2 de octubre es publicada a continuación, íntegra y sin alteración alguna:
“Con ocasión a una noticia publicada en el medio que Usted dirige, en fecha 22 de septiembre del 2019, firmada por el periodista Javier Ignacio Mayorca, titulado “La venganza de Cristóbal” y en que una parte afirma refiriéndose a mi persona: “Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano”. (Cita textual)
“Debo aclararle lo siguiente:
“La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres honorables magistrados, ha denegado la solicitud de extradición hecha por EEUU. En resumen, los argumentos jurídicos que fundamentan la decisión son:
“1. No existe un relato de hechos concreto que describa la conducta del reclamado en cuanto a lo que se le acusa; y que determine, al menos, lugar y fecha en que fueron cometidos los supuestos delitos.
“2. Los supuestos delitos son considerados delitos militares según la legislación española.
“3. La reclamación se fundamenta en una motivación política.
“Fuera de estos tres puntos que sustentan la sentencia de la Audiencia Nacional, no existe ninguna otra consideración objetiva que avale la interpretación hecha en el artículo mencionado. Por lo cual, cae en un ejercicio sofisticado de especulación periodística basada en conjeturas y supuestos de difícil comprobación que, lejos están de ayudar a esclarecer la verdad del tema, suma a una matriz de opinión perversa que ha lesionado mi reputación por casi una década.
“Debo ratificarle, lo que ya he hecho público por diferentes vías de comunicación:
“Los EE.UU. solicita mi extradición basándose en una narrativa de hechos de una supuesta actividad delictiva que ocurrió entre 1999 y 2019. Después de 20 años de una supuesta investigación, la fiscalía estadounidense debería ser capaz de decir ante la justicia española y ante el mundo, qué fue lo que supuestamente hice, dónde y cuándo. Además de soportarlo con pruebas. Hasta el momento, la fiscalía de EEUU. no ha explicado qué fue lo que supuestamente hice, ni ha presentado una sola prueba.
“Este entramado de mentiras que fue fabricado en mi contra desde hace más de diez años en Venezuela, y del cual no había podido defenderme efectivamente, no solo me hace víctima a mí, a mi familia, a mi entorno, sino también al propio gobierno de EEUU. Funcionarios del gobierno venezolano involucrados en narcotráfico elaboraron informes falsos donde me incriminaban con el fin de cubrir sus delitos y de procurar que el presidente Chávez me retirara su confianza. Estas falsas informaciones fueron recabadas por la DEA, quienes la presentaron a fiscales que, sin mayor cuestionamiento ni investigación, las tomaron como ciertas y decidieron acusarme.
“El contexto de lo que ocurría y sigue aconteciendo en Venezuela en materia de narcotráfico y terrorismo, ayudaba a creer que lo que se decía sobre mí, por el cargo que ocupaba, también debía ser cierto. Pero conmigo cometieron un error que el tiempo y la justicia corregirá.
“Con humildad y firmeza quiero hacer valer lo que la justicia española ha determinado en primera instancia. Y es que la motivación detrás de los señalamientos hechos por la fiscalía de EE.UU. es política. La persecución en mi contra se lleva a cabo desde los tiempos en que trabajé al lado de Hugo Chávez, a quién obedecí de manera directa como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente constitucional de la República, en el marco de mis funciones y con estricto apego a la ley.
“Vine a España con el firme propósito de colaborar en el restablecimiento de la democracia en mi país. Esto no ha cambiado, ni cambiará bajo ninguna circunstancia. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para deponer a la tiranía criminal de Nicolás Maduro.
“Le agradezco revisar el mencionado artículo y atender a este Derecho de réplica a través del medio que dirige y sus redes sociales en el plazo establecido por la Ley, toda vez que las primeras reglas en el ejercicio responsable del periodismo, es contrastar las fuentes en las que se apoya la noticia y actuar con estricta sujeción a la verdad. Solicito sea publicado este escrito y realizar las aclaratorias pertinentes en honor a la verdad y a la justicia.”

Libros

¿Qué lecciones pueden extraer los venezolanos y en general los latinoamericanos del conflicto armado que padeció Colombia durante la última mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo? ¿Qué deja para el futuro inmediato la paz acordada en La Habana con la cúpula de las FARC, y el aparente desmantelamiento del Ejército de Liberación Nacional? ¿En qué se transformaron exactamente los grupos que anteriormente eran calificados como “paramilitares”? Las respuestas a estas y otras interrogantes pueden ser encontradas en el último trabajo del subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Fernando Ávila, titulado Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá, 2019), que ya llega a su tercera edición. Se trata de una extensa investigación, que recopiló y sistematizó unos 14 millones de datos, obtenidos de informes de los cuerpos policiales y militares, entrevistas presenciales y reportes de los medios de prensa sobre el conflicto armado en el vecino país, desde la primera mitad de la década de los ochentas del siglo pasado. Ávila va llevando al lector por el sinuoso camino que han recorrido las dos guerrillas más importantes de Colombia, y las estructuras que terminaron agrupadas bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada una con diferentes agendas y objetivos, aunque a la postre unidas en la producción y el tráfico de drogas. No solo se analiza las características de cada factor de violencia, sino también su particular relación con el Estado y las fuerzas militares. La investigación finalizada en 2018 ya permitía sugerir la reconfiguración de las FARC en lo que el autor denominó una “nueva guerrilla”, e igualmente entrega evidencias sobre el desplazamiento del conflicto hacia los sectores periféricos, donde florecen las economías ilegales. Entre esos sectores, desde luego, está la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN ha mantenido la mayor intensidad de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas. Aunque sumamente extensa, esta obra deja la impresión de que Ávila continuará su proceso investigativo, a la luz de las nuevas realidades que ya se desarrollan en Colombia, y que repercuten casi de inmediato en los países vecinos.