-El alzamiento de los sargentos de la Guardia
Nacional, el lunes 21 de enero, es una señal más de la peligrosa descomposición
de la Fuerza Armada Nacional
@javiermayorca
La madrugada del 21 de enero ocurrió un hecho
inusitado en la historia militar de Venezuela: un grupo de por lo menos 27
sargentos de la Guardia Nacional, emplazados en unidades del Distrito Capital,
se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Este hecho, se reitera, no tiene parangón. Ni siquiera
los alzamientos frustrados de febrero y septiembre de 1992 se le pueden
equiparar. En este caso, hubo dos aspectos fundamentales: 1) se trató de un
movimiento ejecutado exclusivamente por efectivos de tropa, y 2) solamente participaron
uniformados de la Guardia Nacional.
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| Bandres, líder de la asonada |
Lo ocurrido ese lunes, a partir de las 3 am, tomó por
sorpresa al estamento castrense del país. En los días previos, aunque con mucha
antelación, fueron emitidas algunas alertas ante la posibilidad de que factores
externos a la FAN intentaran tomar por asalto alguna unidad desprotegida,
especialmente en el interior del país. Pero no se esperaba que las irrupciones
fuesen ejecutadas por gente de la propia institución, actuando además de forma
independiente y en apariencia impulsiva.
El grupo liderado por el sargento mayor José Gregorio
Bandres se adueñó de los parques de armas de despachos militares en Macarao y
Petare. En este proceso, por lo tanto, logró cruzar toda la ciudad sin ninguna
resistencia. Luego se hizo fuerte en la sede del Escuadrón Montado de la propia
GN en Cotiza.
Desde allí, Bandres y su grupo emitieron por lo menos
seis videos, que corrieron como pólvora a través de los sistemas de mensajería,
y eventualmente tuvieron eco en la prensa independiente. Aun así, la gente veía
estas acciones con escepticismo, lo que le restó apoyo popular al grupo militar
en las primeras de cambio. Tuvo que salir la hermana del profesional de armas,
Rosangel Bandres, en una declaración rebotada por la prensa internacional, a
asegurar que lo ocurrido en Cotiza no era ningún “pote de humo”.
Según los primeros partes conocidos ese mismo día,
Bandres formaba parte de la plantilla del Destacamento de Seguridad Urbana
(Desur) de la GN en Macarao. Esta es la misma sede que se vio “tocada” por
agentes de Contrainteligencia Militar durante las pesquisas sobre un supuesto
complot en el que participaban efectivos de fuerzas especiales de tres
componentes de la FAN, en mayo de 2018. De hecho, en Macarao fueron detenidos
seis oficiales en aquella oportunidad.
Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más
de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses,
y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre
las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas
conspiraciones.
Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las
unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron
tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin
contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e
iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de
visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones,
otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y
expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población
venezolana.
Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no
tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a
negociar con ellos. El riesgo de bajas colaterales era muy alto en esa zona
densamente poblada. Aun así, estaba latente la repetición de la solución
aplicada por la FAES contra el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, hace apenas
un año. De allí los reiterados llamados para que los pobladores de ese sector
al norte de la ciudad salieran a manifestar en apoyo a los sublevados. Y lo
hicieron, a pesar del riesgo que significaba expresar oposición al Gobierno en
la antesala de uno de los colectivos más poderosos en la actualidad, el 5 de
Marzo, que se adueñó de la antigua sede de la Policía Metropolitana.
A estas alturas, la Guardia Nacional es el componente
que más presos tiene por razones políticas desde 2018. No solo los hubo en mayo,
a propósito del complot de las unidades especiales, sino también en agosto con
el caso de los drones en la avenida Bolívar. A estos dos episodios habrá que
sumar otros 27 por la rebelión de los sargentos.
Breves
-¿Para qué ha servido la política de desarme aplicada
por el Gobierno a partir de 2012? Esta iniciativa fue anunciada como una
fórmula para disminuir la letalidad del delito. Para el momento en que fue
lanzada por el extinto Hugo Chávez, se hablaba con preocupación de la alta
frecuencia del uso de armas de fuego en homicidios, robos genéricos y robos de
vehículos. La propaganda asegura que ha sido una política eficaz, puesto que
según el ministro Reverol durante 2018 fueron destruidas más de 25000 armas.
Sin embargo, este no es un indicador real sino un dato suelto, que se divulga
para impresionar. Es necesario hacer una comparación entre la situación antes de iniciado el desarme, es decir,
en 2011, y lo que ha sucedido después. Según el documento que dio origen a la Gran misión A Toda Vida Venezuela, en
los años previos a la política de desarme eran usadas pistolas, revólveres,
escopetas y afines en el 79% de los homicidios registrados en el país. En 2018,
de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente, fueron usadas armas de fuego
en el 83,56% de los homicidios. Esto es 4,56 puntos porcentuales más que lo
registrado hace siete años. Si se suma a esta cifra las muertes por
“resistencia a la autoridad” –que también son homicidios-, el porcentaje de uso
de armas de fuego sube a 88,6. Con estos datos, se puede evaluar si ha sido
efectiva o no la política de desarme en Venezuela.
-La detención del diputado Juan Guaidó a manos de un
grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el domingo 13
de enero, revela hasta qué punto llega la disputa por los espacios de poder
dentro del régimen. El presidente del Parlamento fue interceptado por tres
vehículos sin rotulado policial y privado de libertad durante apenas una hora,
lapso en el que los agentes encabezados por el comisario Hildemaro José
Rodríguez (conocido en la policía política por la violencia de su proceder) lo
trasladaron hasta la central de Plaza Venezuela con la aparente pretensión de
encarcelarlo en La Tumba, tal y como hicieron con el ex ministro de la Defensa,
Raúl Baduel. Pero esta orden no corrió por los canales regulares. En la policía
política esto es habitual, tal y como lo han corroborado informes sobre
detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas presentados por
organizaciones no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. Igual,
hubiesen podido montar un expediente con posterioridad, basados en supuestos o
datos de patriotas cooperantes, y
avalados por un fiscal y un juez. El problema, en este caso, es que la orden no
provino de Miraflores sino de la misma fracción radical del oficialismo que a
finales de 2018 interceptó la caravana presidencial en el sector Boquerón. El
comisario Rodríguez, además, aparece mencionado directamente en el expediente
sobre la muerte del concejal Fernando Albán.
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| El VN4 ardió el Guanare |
-La policía judicial adelanta las averiguaciones sobre
los homicidios de dos manifestantes y las lesiones a otros doce durante las
protestas reportadas en Guanare, el 23 de enero. Las víctimas fatales fueron el
estudiante de ingeniería de la Universidad Yacambú Juan Rafael Medina Torres,
de 19 años de edad, y el vendedor informal Jhonny Jesús Pacheco, de 23 años.
Medina murió como consecuencia de un impacto de proyectil en el pecho, mientras
que Pacheco tenía varias heridas por proyectil en el costado derecho. Diez de
los lesionados fueron heridos por proyectiles, mientras que el resto recibió
impactos por objetos contundentes. Todo esto ocurrió entre el mediodía y las 4
pm. En la contención a la protesta antigubernamental participaron efectivos de
la Guardia Nacional adscritos al destacamento 311, así como al Centro
Penitenciario de los Llanos, quienes fueron enviados como refuerzo. También
estaban agentes de las policías Nacional y del estado Portuguesa. Los militares
acudieron a rendir declaración ante el eje de investigación de homicidios en
Guanare dos días después. Se suponía que algunos manifestantes pudieron morir
debido a una reacción desmedida de estos funcionarios. Algunos de ellos
tripulaban un blindado VN4 que fue incinerado por molotov, luego de que se detuviera
debido a una falla mecánica. Algo que llama la atención es la similitud de los
testimonios rendidos ante Cicpc. Como si hubiesen aprendido un libreto. Sin
embargo, hay testimonios de víctimas y de los propios militares que señalan a
personas vestidas de civil, algunas provistas de escopetas y otras de armas
cortas, mezcladas entre los manifestantes. Es posible entonces que se tratara
de policías o miembros de colectivos. Por cierto, entre los heridos por
disparos figura un agente del cuerpo de seguridad regional, Luis Alberto
Hernández, de 36 años de edad.
-Mientras transcurren los meses, se
profundiza la intervención a la policía municipal de Chacao. La medida
inicialmente fue tomada por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia,
mayor general Néstor Reverol, en octubre de 2018, ante una evidente
insubordinación de jefes de unidades frente al director de entonces, comisario
Luis Godoy. Parecía algo meramente provisional, para transitar por la crisis y
devolver estabilidad. Tres meses después, da la impresión que el gobierno central no
está dispuesto a soltar la conducción de este organismo, ejercida a través del
comisionado jefe de la Policía Nacional Valmore Cirilo Turín. En ese lapso, por
el contrario, los funcionarios municipales que ejercían posiciones de mando han
sido desplazados por agentes de la PNB. Ahora vemos a un cuerpo
municipal que se incorpora de manera activa a los actos del oficialismo. Así
sucedió durante la juramentación de Maduro para su nuevo período. PoliChacao
aportó 27 funcionarios para la operación Ratificación de la Soberanía
Democrática 2019, con lo que entregó prácticamente la mitad de su pie de fuerza
operativo.
Tres preguntas a… Rocío San Miguel (directora de
Control Ciudadano)
-Llama la atención la
tardanza en el pronunciamiento del Alto Mando sobre el tema Guaidó. ¿Hay pleno
consenso en la cúpula militar al respecto?
-Es lo más sorprendente que ocurrió el 23 después de
asumir Guaidó la Presidencia de la República, la ausencia de un pronunciamiento
del Alto Mando Militar, que esperó hasta el día siguiente para realizarlo. El
resultado puede verse de esta manera: la FANB no fue capaz de pronunciarse
conjuntamente en favor de Maduro o Guaidó el 23 de enero. Eso para mí es muy
revelador del estado de ánimo dentro de la institución.
-Luego de muchos rumores a
finales de 2018, vemos que no se han concretado los cambios en el Ministerio de
la Defensa. ¿Qué factor es el considerado para que Padrino se prolongue tanto
en el cargo?
-Se esperaba un cambio, dada la antigüedad de Padrino
y el previsible deseo de relevo generacional de quienes vienen atrás. Sin
embargo, el 10E ha significado el inicio de una ruta de profunda inestabilidad
para el poder que detenta Maduro, de allí que haya preferido no alterar el
estado de cosas en la única fuente de poder real que lo sostiene: la FANB.
-MinDefensa ordenó de repente
unos ejercicios cívico-militares. ¿Cómo interpretar esa orden en este contexto
político?
-El anuncio lo hizo Maduro al momento de juramentarse
de manera espuria ante el TSJ. Era para ese momento una manera de fortalecer su
imagen como Comandante en Jefe de la FANB, por si había dudas. Sin embargo, a
estas alturas, ese ejercicio se está convirtiendo en un pesado equívoco, entre
otras razones por el esfuerzo económico que supone, imposible para un Maduro
que está siendo objeto de un bloqueo económico en el acceso a recursos de
Venezuela en el exterior, que están siendo orientados por países como Estados
Unidos y el Reino Unido, al control de Guaidó. Y por el error estratégico que
significa revelar el estado de apresto operacional de una Fuerza Armada que
espera una supuesta “invasión”, como reiteradamente advierte Maduro. Es jugar
una posición adelantada, que puede terminar por ser contraproducente para los
intereses de Maduro en el poder.
Libros
Luego de los ataques
contra el World Trade Center y el
Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, la literatura sobre el tema del terrorismo
se ha multiplicado de manera exponencial. Son numerosos los periodistas,
politólogos y académicos de otras disciplinas que han reflexionado y aportado
distintas perspectivas para entender esta forma de violencia política en el
siglo XXI. Lawrence Wright figura entre los más destacados, luego de publicar
en 2006 La torre elevada. Esta obra
lo hizo acreedor del premio Pulitzer. Once años después llega a los anaqueles Los años del terror. De Al Qaeda a Estado
Islámico (Barcelona, 2017). En este caso, se trata de una colección de
reportajes, aderezados con vivencias del autor en su tránsito por diversos
territorios dominados por el islamismo, así como las investigaciones sobre
actores y movimientos que han marcado pauta en el particular conflicto que se
libra en Afganistán, Irak y Siria. Aunque toda la obra resulta especialmente
interesante y deliciosa de leer –lo que dice además de una excelente traducción
del idioma original-, hay tres capítulos que en lo personal resultaron de
especial atención. El primero, una larga semblanza del médico egipcio Ayman al
Sawahiri, conocido como “el hombre detrás de Bin Laden”, y actual líder máximo
de Al Qaeda. Un texto sincero, que refleja las contradicciones y alianzas por
conveniencia dentro del movimiento que ejecutó el mayor atentado terrorista de
la historia. Wright confirma que al Sawahiri era la verdadera mente maestra del
grupo, con miras mucho más profundas y lejanas que las del líder saudí. Más
adelante en el libro, encontramos un
detallado relato de la iniciativa de David Bradley, un empresario y filántropo
estadounidense, dueño del emporio Atlantic
Media, que a partir de 2014 motorizó la iniciativa, dulce y amarga a la
vez, de liberar a cinco rehenes de grupos terroristas en Irak y Siria, muchos
de ellos periodistas independientes a los que Bradley ni siquiera conocía. El
libro finaliza con una reflexión sobre cuáles son los mejores métodos para
mitigar o eliminar el terrorismo, que en fin de cuentas es una forma de
violencia política. Wright suscribe lo afirmado por académicos, en el sentido
de que los grupos terroristas no siempre fracasan. De hecho, han alcanzado sus
objetivos de lucha en el cinco por ciento de los casos. Aunque se trate de una
porción muy pequeña, sirve para dar ilusión a quienes adoptan ese camino.
Incluso, en casos como el de las FARC en Colombia, no se puede hablar de éxito
pero tampoco de una derrota, puesto que la guerrilla más antigua de las
américas logró transformarse e insertarse en la llamada “política legal” de ese
país, lo que le da la posibilidad de obtener cuotas de poder. Para atacar al
terrorismo, insiste el autor, no hay fórmulas mágicas. Lo que sirve en ciertos
escenarios es totalmente inútil en otros. Lo cierto es que, desde septiembre de
2001, el mundo en general se ha hecho más inseguro y menos libre. 
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