-Un conflicto
armado internacional en suelo venezolano rápidamente se alejaría de las recetas
convencionales. La Fuerza Armada, indican documentos, pasaría a formar una
especie de ejército irregular, junto a los milicianos y las comunidades
organizadas
@javiermayorca
La Fuerza Armada Nacional
viene preparándose para un conflicto armado irregular, en suelo propio. Esto no
es nada fortuito. De hecho, si se analizan las adquisiciones llevadas a cabo a
partir de 2010, y en especial durante el período de Nicolás Maduro, queda claro
que para el régimen ese sería el único terreno en el que consideraría alguna
posibilidad de salir victorioso. E invirtió en eso casi seis millardos de
dólares, hasta convertirse en uno de los principales destinos de las armas
fabricadas en China.
El Gobierno parecía
avizorar lo que venía, y se preparó en consecuencia. El declive de la economía,
derivado de la falta de sostenibilidad del modelo conocido como socialismo del
siglo XXI, trajo consigo una agudización de los conflictos políticos y de la
intranquilidad social. En el ciclo de marchas escenificado en 2014, conocido
como La Salida, los manifestantes encontraron a una Fuerza Armada en un
creciente proceso de apertrechamiento, que le permitió llevar a cabo el trabajo
de represión, con un costo elevado de vidas humanas.
A menudo, Chávez
habló ante los militares de la necesidad de configurar una teoría sobre la
guerra asimétrica, que se adaptara a las particulares características del país.
Pero esto vino a concretarse durante el mandato de Maduro, quizá cuando se percataron
de que se trataba de un escenario altamente probable.
En 2017, el
Gobierno parecía tener más claro el panorama. En una decisión poco conocida,
Maduro ordenó la conformación de un conjunto orgánico de fuerzas de acciones
especiales, que abarcara no solo a los componentes de la Fuerza Armada Nacional
(incluida la Milicia) sino también a la Policía Nacional. Fue entonces cuando
se dio el impulso definitivo para transformar las unidades tácticas de ese
cuerpo preventivo en la FAES, tal y como hoy la conocemos, con un mando
militar. La participación de estos uniformados en los desfiles castrenses de
Los Próceres resulta significativa.
En 2018, todos los
ejercicios de defensa que se llevaron a cabo en el país tenían el mismo corte,
aunque podía tener nombres distintos. Ya fuese Soberanía o Independencia, la
idea central de estas actividades era concretar la particular noción de la
fusión cívico-militar para la protección del régimen. Incluso, en la
movilización de milicianos que hubo durante la tercera semana de diciembre, la
idea era ponerlos a punto para insertarlos e incrementar el pie de fuerza
combatiente a la orden de los otros componentes militares, en especial el
Ejército y la Guardia Nacional.
A este respecto,
resulta esclarecedor el contenido de un documento que fue analizado en las
escuelas de formación de la FAN, y que en algún momento llegó a la
consideración de los estados mayores generales. Lo llaman Manual de orden interno. Una de las secciones más controversiales
plantea una detallada descripción de las etapas, o “periodización”, de la
llamada “guerra popular prolongada”.
La primera parte
de la guerra popular prolongada es la crisis. Puede prolongarse por semanas o
meses. En ese lapso, “el enemigo crearía las condiciones políticas y técnico
militares para la agresión”, lo que incluiría también una concertación con
organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos
(mencionada de manera expresa en el documento), para legitimar las acciones que
se emprendan con posterioridad.
Según el manual,
para ese momento ya la guerra resulta inevitable. El Presidente, al percatarse
de la inminencia del conflicto armado, decretaría un estado de conmoción, y
toda la economía se incorporaría a la empresa bélica. Lo cual justificaría
expropiaciones o requisiciones masivas, que incluyen desde inmuebles de
empresas privadas hasta vehículos particulares.
La segunda parte,
indica el Manual, comenzaría con los
llamados “golpes” de la aviación enemiga. Este es en realidad el inicio formal
de la guerra. Los objetivos primordiales serían los sistemas de defensa
antiaérea, los centros de comando de tropas y de administración del Gobierno. Se
parece a lo llevado a cabo durante las dos intervenciones en Irak (1990 y 2003),
en el sentido de que los bombardeos quirúrgicos dan la primera campanada. El
estimado de la Fuerza Armada indica que esta situación se prolongaría por una
semana o diez días, y marcan una fase previa a las operaciones terrestres.
En los siguientes
noventa días se desarrollaría una etapa de combate terrestre, según lo plasmado
en el documento. Las acciones de resistencia se denominarían Operación
Estratégica contra la Invasión. En esto, no pareciera haber muchas diferencias
con respecto a los conflictos armados convencionales.
La guerra se
prolongaría en el período siguiente. Y para esto es que se han llevado a cabo
los últimos ejercicios, incluido el Angostura 2019. La FAN junto al “pueblo
organizado”, pasaría a convertirse en una suerte de fuerza irregular. Las
unidades y destacamentos que conserven su capacidad operacional continuarían
librando “acciones clandestinas” hasta que se considere alcanzada la victoria.
Como en Vietnam, esto se verificaría con la “expulsión de los invasores”.
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| Colectivos: actores en un conflicto irregular |
Este, desde luego,
prefigura un panorama apocalíptico con una altísima cifra de bajas humanas. Se
presupone, además, una situación en la que la población en pleno saldría en
defensa del régimen. Algo que, a juzgar por las últimas encuestas, puede ser
puesto en duda.
PS: el escenario
de un conflicto bélico irregular en Venezuela está siendo evaluado en Estados
Unidos. Así se desprende de un alerta emitido el viernes 22 de febrero por la
Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). De ese
texto se rescatan dos informaciones clave. En primer lugar, según el despacho
federal estadounidense, los militares venezolanos no estarían dispuestos a
atentar de manera deliberada contra las aeronaves civiles, aún si se declara
una conmoción interna. El riesgo vendría de los llamados “actores no estatales”,
es decir, de los grupos paramilitares que han sido armados por el régimen para
que actúen en su defensa. A estos individuos los vimos nuevamente el sábado 23
de febrero en Ureña, atacando a los manifestantes que respaldaban el paso de la
ayuda humanitaria. Según la FAA, estos grupos han sido vistos en posesión de
lanzacohetes portátiles, lo que es un indicador claro de riesgo en un contexto
de “guerra popular prolongada”.
Breves
*Más de un tercio
del pie de fuerza de la policía judicial es dedicado a labores que no tienen
que ver estrictamente con la investigación criminal. Esta información fue
suministrada por el ex director de ese organismo, Miguel Dao, al intervenir en
una mesa de trabajo para el aporte de ideas en temas de seguridad ciudadana, con
miras a un gobierno de transición. Esta jornada tuvo lugar en instalaciones de
la Universidad Central de Venezuela. Según Dao, el problema también aqueja a
cuerpos de policía preventiva. En el caso de Cicpc, el ponente observó con
preocupación la creciente necesidad de distraer recursos para la custodia de
detenidos, que no han sido admitidos en las instalaciones regidas por el
ministerio para Servicio Penitenciario. Al tiempo que esta jornada se llevaba a
cabo, llegaron informaciones sobre el hacinamiento en los despachos de esta
policía. Por ejemplo, en la División contra Robos hay 57 personas en celdas.
Como no caben más, han sacado a otras nueve a los pasillos de esa unidad. Y las
mujeres fueron remitidas a los lugares donde operan los ejes de investigaciones
de Homicidios. En Antiextorsión y Secuestros la situación no es mejor: han
tenido que habilitar las escaleras y los pasillos entre las celdas para 91 detenidos.
Recientemente, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia
Nacional (Conas) también remitió un alerta a la superioridad, tomando en
consideración que sus sedes tampoco están construidas para tener a presos
hacinados. Lo que obliga a incrementar los grupos de vigilancia.
*La defección del
comisionado jefe Cristian Barceló, segundo al mando de la Fuerza de Acciones
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, ocasionó estupor en las filas de
la institución. Esta unidad, descrita por Provea como un “grupo de exterminio”,
es vista en la propia institución como “una policía dentro de la policía”. Sus
integrantes, 75 en total, tienen un estatus diferente al resto de la
oficialidad de la PNB, entre otras razones porque se suponía que sus jefes
estaban plenamente alineados desde el punto de vista político con el actual
régimen. Prueba de ello fue la última cena navideña, celebrada en la hacienda
La Vega, con carne en vara y rifas de vehículos y artefactos electrónicos, que
más bien parecía a los tiempos de bonanza. Cuando el periodista José Rafael
Ramírez dio la primera información, corrió en sistemas de mensajería un audio
en el que el agente intentaba hacer un desmentido. Ya para ese momento, causaba
extrañeza su ausencia en las filas de la FAES. El alegaba problemas de salud.
Pero realmente maniobraba para ganar tiempo y escapar a la persecución que se
iniciaría. La semana pasada, la vacante dejada por Barceló fue ocupada por el
comisionado jefe Pedro Tejada, quien había sido subalterno del propio
funcionario. Barceló forma parte de la casta de “migrados” de la extinta
Policía Metropolitana. Fue llamado a filas durante la gestión del general Juan
Francisco Romero Figueroa, quien vio en él y otros agentes contemporáneos un
recurso para formar el grupo especial que luego se llamó FAES.
*En junio de 2018,
la Contraloría General de la República inició una investigación sobre
“presuntos hechos irregulares” en las loterías de Oriente y de Cojedes, a
través de las respectivas juntas de beneficencia pública y bienestar social.
Básicamente, de acuerdo con documentación disponible, en ese órgano se
percataron de que las referidas loterías hacían sus sorteos sin contar con la
presencia de notarios, que fungen como testigos de buena fe en el lugar donde
se llevan a cabo tales actos. Pero este es apenas uno de los diversos problemas
detectados en el mundo de los juegos de azar. El 11 de diciembre, el fiscal
noveno de Caracas David Silva ofició al jefe de investigación de delitos
financieros y económicos de Cicpc para que investigara a un grupo de empresas
que supuestamente había actuado en contra de los intereses de la Asociación
Nacional de Operadores de Juegos de Loterías (Asolot), mediante la supuesta
utilización de un programa informático que carecía de la debida autorización,
puesto que el único software avalado para tal fin tenía la licencia vencida. El
problema radica en que no está garantizada la pulcritud de los sorteos
electrónicos cuando se utiliza un programa pirata. Esto es lo que estaría
sucediendo en varias de las versiones de la llamada “lotería de los animalitos”.
La averiguación del Ministerio Público continúa en desarrollo. Pero los
apostadores no han sido notificados debidamente sobre estas irregularidades.
Solamente les dicen que los sorteos han sido suspendidos hasta nuevo aviso,
como sucedió en la segunda quincena de enero.
Tres preguntas a… Luisa Ortega Díaz, fiscal general de
la República en el exilio
-Está en marcha la iniciativa de amnistía a funcionarios
del actual régimen. ¿Qué condiciones deberían darse en su criterio para que sea
un proceso valedero y sustentable desde el punto de vista de la justicia?
-La amnistía
constituye un mecanismo que procura incentivar el cumplimiento del deber
constitucional de funcionarios policiales y militares en el restablecimiento
del orden democrático y constitucional. Es un tema que ha causado mucha
polémica. Debe prevalecer un criterio claro sobre los delitos que pueden ser amnistiables. La violación a los
Derechos Humanos, por ejemplo, no será alcanzada por esta ley. Estamos en un
momento muy difícil, y se está tratando de crear las condiciones para terminar
de implosionar la tiranía. Pero el tiempo para que los militares se amparen en
esa amnistía está por acabarse. Diría que se acaba el sábado, con el ingreso de
la ayuda humanitaria.
-¿Si ocurriese un cambio político en Venezuela, qué
sucederá con las actuaciones de la Fiscalía designada por la Asamblea Nacional
Constituyente, tanto en delitos comunes como en casos especiales, como por
ejemplo los relacionados con presuntos hechos de corrupción en Petróleos de
Venezuela?
-Se requiere de
una evaluación. Disponemos de un equipo jurídico para establecer cuáles de los
actos procesales y administrativos ejecutados por Tarek William Saab tendrían
eficacia jurídica. Recuerde que el ordenamiento jurídico protege a las víctimas.
No pudiéramos dejar en indefensión a las personas involucradas en los distintos
casos que investigan fiscales. Lo que ocurriría es que en esas causas en las
que el proceso penal haya sido iniciado de forma directa por quien usurpa el
cargo de Fiscal contra personas que tienen fuero o inmunidad son nulos de pleno
derecho. Hay que analizar los derechos de las víctimas frente a la ilegalidad
del Ministerio Público usurpado. Lo que sí puedo decir es que toda persecución
política quedará de inmediato sin efecto.
-Del otro lado, ¿qué aplicabilidad tendría la condena
a Nicolás Maduro en el caso Odebrecht (por el TSJ en el exilio) de producirse
una salida negociada a la crisis actual?
-Es una condena
legítimamente obtenida. Se respetó el debido proceso, y en este caso lo que
corresponde es la fase de ejecución. Es una sentencia que no está sujeta a
recursos. Fue tomada por la Sala Plena del TSJ. Nicolás Maduro fue notificado y
tuvo defensa técnica en el proceso. Solo faltaría ejecutar la decisión. Cuando
se instalen las nuevas autoridades en las distintas instituciones, Maduro
tendría que pasar a fase de ejecución y empezar a purgar la condena que le
decretó el TSJ legítimo, previa acusación del Ministerio Público legítimo.
Libros
Ahora que Joaquín
Guzmán Loera, alias Chapo, fue hallado culpable en el primero de los múltiples
juicios que deberá afrontar en el resto de sus días, conviene recordar la que
quizá sea la obra fundamental para comprender cómo este hombre se formó y
creció en las filas del mundo criminal mexicano, hasta convertirse en el hombre
más buscado del mundo. Los señores del
narco (México, DF, 2010) es un libro escrito con valentía y rigor
documental por la periodista mexicana Anabel Hernández. Esta acuciosidad, por
cierto, le ha costado a ella algunas temporadas en el exilio. Aunque sobre el Chapo se han escrito miles de páginas,
Hernández se enfoca en un aspecto fundamental, sin el que resulta imposible
entender cómo el hijo de un cultivador de marihuana en las montañas de Sinaloa
se erigió en el principal traficante de drogas del hemisferio occidental: lo
que Gayraud llama el “enganche político”, las alianzas temporales o prolongadas
con los verdaderos factores de poder local, regional y nacional, que permiten
abrir rutas para los comercios ilegales propios, y cerrarlas a los competidores
en un ambiente de impunidad. Luego de la primera edición de este libro, la
historia de Guzmán continuó desarrollándose, pero los principios y valores que
guiaron su accionar -y el de sus principales aliados- se mantuvieron y están allí plenamente
descritos. Hernández, además, actualizó y corrigió los contenidos, con lo que la vigencia de la obra se mantiene a plenitud. Este
libro puede ser adquirido por Kindle.
