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domingo, 24 de febrero de 2019

Guerra popular prolongada

-Un conflicto armado internacional en suelo venezolano rápidamente se alejaría de las recetas convencionales. La Fuerza Armada, indican documentos, pasaría a formar una especie de ejército irregular, junto a los milicianos y las comunidades organizadas

@javiermayorca

La Fuerza Armada Nacional viene preparándose para un conflicto armado irregular, en suelo propio. Esto no es nada fortuito. De hecho, si se analizan las adquisiciones llevadas a cabo a partir de 2010, y en especial durante el período de Nicolás Maduro, queda claro que para el régimen ese sería el único terreno en el que consideraría alguna posibilidad de salir victorioso. E invirtió en eso casi seis millardos de dólares, hasta convertirse en uno de los principales destinos de las armas fabricadas en China.
El Gobierno parecía avizorar lo que venía, y se preparó en consecuencia. El declive de la economía, derivado de la falta de sostenibilidad del modelo conocido como socialismo del siglo XXI, trajo consigo una agudización de los conflictos políticos y de la intranquilidad social. En el ciclo de marchas escenificado en 2014, conocido como La Salida, los manifestantes encontraron a una Fuerza Armada en un creciente proceso de apertrechamiento, que le permitió llevar a cabo el trabajo de represión, con un costo elevado de vidas humanas.
A menudo, Chávez habló ante los militares de la necesidad de configurar una teoría sobre la guerra asimétrica, que se adaptara a las particulares características del país. Pero esto vino a concretarse durante el mandato de Maduro, quizá cuando se percataron de que se trataba de un escenario altamente probable.
En 2017, el Gobierno parecía tener más claro el panorama. En una decisión poco conocida, Maduro ordenó la conformación de un conjunto orgánico de fuerzas de acciones especiales, que abarcara no solo a los componentes de la Fuerza Armada Nacional (incluida la Milicia) sino también a la Policía Nacional. Fue entonces cuando se dio el impulso definitivo para transformar las unidades tácticas de ese cuerpo preventivo en la FAES, tal y como hoy la conocemos, con un mando militar. La participación de estos uniformados en los desfiles castrenses de Los Próceres resulta significativa.
En 2018, todos los ejercicios de defensa que se llevaron a cabo en el país tenían el mismo corte, aunque podía tener nombres distintos. Ya fuese Soberanía o Independencia, la idea central de estas actividades era concretar la particular noción de la fusión cívico-militar para la protección del régimen. Incluso, en la movilización de milicianos que hubo durante la tercera semana de diciembre, la idea era ponerlos a punto para insertarlos e incrementar el pie de fuerza combatiente a la orden de los otros componentes militares, en especial el Ejército y la Guardia Nacional.
A este respecto, resulta esclarecedor el contenido de un documento que fue analizado en las escuelas de formación de la FAN, y que en algún momento llegó a la consideración de los estados mayores generales. Lo llaman Manual de orden interno. Una de las secciones más controversiales plantea una detallada descripción de las etapas, o “periodización”, de la llamada “guerra popular prolongada”.
La primera parte de la guerra popular prolongada es la crisis. Puede prolongarse por semanas o meses. En ese lapso, “el enemigo crearía las condiciones políticas y técnico militares para la agresión”, lo que incluiría también una concertación con organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (mencionada de manera expresa en el documento), para legitimar las acciones que se emprendan con posterioridad.
Según el manual, para ese momento ya la guerra resulta inevitable. El Presidente, al percatarse de la inminencia del conflicto armado, decretaría un estado de conmoción, y toda la economía se incorporaría a la empresa bélica. Lo cual justificaría expropiaciones o requisiciones masivas, que incluyen desde inmuebles de empresas privadas hasta vehículos particulares.
La segunda parte, indica el Manual, comenzaría con los llamados “golpes” de la aviación enemiga. Este es en realidad el inicio formal de la guerra. Los objetivos primordiales serían los sistemas de defensa antiaérea, los centros de comando de tropas y de administración del Gobierno. Se parece a lo llevado a cabo durante las dos intervenciones en Irak (1990 y 2003), en el sentido de que los bombardeos quirúrgicos dan la primera campanada. El estimado de la Fuerza Armada indica que esta situación se prolongaría por una semana o diez días, y marcan una fase previa a las operaciones terrestres.
En los siguientes noventa días se desarrollaría una etapa de combate terrestre, según lo plasmado en el documento. Las acciones de resistencia se denominarían Operación Estratégica contra la Invasión. En esto, no pareciera haber muchas diferencias con respecto a los conflictos armados convencionales.
La guerra se prolongaría en el período siguiente. Y para esto es que se han llevado a cabo los últimos ejercicios, incluido el Angostura 2019. La FAN junto al “pueblo organizado”, pasaría a convertirse en una suerte de fuerza irregular. Las unidades y destacamentos que conserven su capacidad operacional continuarían librando “acciones clandestinas” hasta que se considere alcanzada la victoria. Como en Vietnam, esto se verificaría con la “expulsión de los invasores”.
Colectivos: actores en un conflicto irregular
Este, desde luego, prefigura un panorama apocalíptico con una altísima cifra de bajas humanas. Se presupone, además, una situación en la que la población en pleno saldría en defensa del régimen. Algo que, a juzgar por las últimas encuestas, puede ser puesto en duda.

PS: el escenario de un conflicto bélico irregular en Venezuela está siendo evaluado en Estados Unidos. Así se desprende de un alerta emitido el viernes 22 de febrero por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). De ese texto se rescatan dos informaciones clave. En primer lugar, según el despacho federal estadounidense, los militares venezolanos no estarían dispuestos a atentar de manera deliberada contra las aeronaves civiles, aún si se declara una conmoción interna. El riesgo vendría de los llamados “actores no estatales”, es decir, de los grupos paramilitares que han sido armados por el régimen para que actúen en su defensa. A estos individuos los vimos nuevamente el sábado 23 de febrero en Ureña, atacando a los manifestantes que respaldaban el paso de la ayuda humanitaria. Según la FAA, estos grupos han sido vistos en posesión de lanzacohetes portátiles, lo que es un indicador claro de riesgo en un contexto de “guerra popular prolongada”.

Breves

*Más de un tercio del pie de fuerza de la policía judicial es dedicado a labores que no tienen que ver estrictamente con la investigación criminal. Esta información fue suministrada por el ex director de ese organismo, Miguel Dao, al intervenir en una mesa de trabajo para el aporte de ideas en temas de seguridad ciudadana, con miras a un gobierno de transición. Esta jornada tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Según Dao, el problema también aqueja a cuerpos de policía preventiva. En el caso de Cicpc, el ponente observó con preocupación la creciente necesidad de distraer recursos para la custodia de detenidos, que no han sido admitidos en las instalaciones regidas por el ministerio para Servicio Penitenciario. Al tiempo que esta jornada se llevaba a cabo, llegaron informaciones sobre el hacinamiento en los despachos de esta policía. Por ejemplo, en la División contra Robos hay 57 personas en celdas. Como no caben más, han sacado a otras nueve a los pasillos de esa unidad. Y las mujeres fueron remitidas a los lugares donde operan los ejes de investigaciones de Homicidios. En Antiextorsión y Secuestros la situación no es mejor: han tenido que habilitar las escaleras y los pasillos entre las celdas para 91 detenidos. Recientemente, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) también remitió un alerta a la superioridad, tomando en consideración que sus sedes tampoco están construidas para tener a presos hacinados. Lo que obliga a incrementar los grupos de vigilancia.

*La defección del comisionado jefe Cristian Barceló, segundo al mando de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, ocasionó estupor en las filas de la institución. Esta unidad, descrita por Provea como un “grupo de exterminio”, es vista en la propia institución como “una policía dentro de la policía”. Sus integrantes, 75 en total, tienen un estatus diferente al resto de la oficialidad de la PNB, entre otras razones porque se suponía que sus jefes estaban plenamente alineados desde el punto de vista político con el actual régimen. Prueba de ello fue la última cena navideña, celebrada en la hacienda La Vega, con carne en vara y rifas de vehículos y artefactos electrónicos, que más bien parecía a los tiempos de bonanza. Cuando el periodista José Rafael Ramírez dio la primera información, corrió en sistemas de mensajería un audio en el que el agente intentaba hacer un desmentido. Ya para ese momento, causaba extrañeza su ausencia en las filas de la FAES. El alegaba problemas de salud. Pero realmente maniobraba para ganar tiempo y escapar a la persecución que se iniciaría. La semana pasada, la vacante dejada por Barceló fue ocupada por el comisionado jefe Pedro Tejada, quien había sido subalterno del propio funcionario. Barceló forma parte de la casta de “migrados” de la extinta Policía Metropolitana. Fue llamado a filas durante la gestión del general Juan Francisco Romero Figueroa, quien vio en él y otros agentes contemporáneos un recurso para formar el grupo especial que luego se llamó FAES.

*En junio de 2018, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre “presuntos hechos irregulares” en las loterías de Oriente y de Cojedes, a través de las respectivas juntas de beneficencia pública y bienestar social. Básicamente, de acuerdo con documentación disponible, en ese órgano se percataron de que las referidas loterías hacían sus sorteos sin contar con la presencia de notarios, que fungen como testigos de buena fe en el lugar donde se llevan a cabo tales actos. Pero este es apenas uno de los diversos problemas detectados en el mundo de los juegos de azar. El 11 de diciembre, el fiscal noveno de Caracas David Silva ofició al jefe de investigación de delitos financieros y económicos de Cicpc para que investigara a un grupo de empresas que supuestamente había actuado en contra de los intereses de la Asociación Nacional de Operadores de Juegos de Loterías (Asolot), mediante la supuesta utilización de un programa informático que carecía de la debida autorización, puesto que el único software avalado para tal fin tenía la licencia vencida. El problema radica en que no está garantizada la pulcritud de los sorteos electrónicos cuando se utiliza un programa pirata. Esto es lo que estaría sucediendo en varias de las versiones de la llamada “lotería de los animalitos”. La averiguación del Ministerio Público continúa en desarrollo. Pero los apostadores no han sido notificados debidamente sobre estas irregularidades. Solamente les dicen que los sorteos han sido suspendidos hasta nuevo aviso, como sucedió en la segunda quincena de enero.

Tres preguntas a… Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio

-Está en marcha la iniciativa de amnistía a funcionarios del actual régimen. ¿Qué condiciones deberían darse en su criterio para que sea un proceso valedero y sustentable desde el punto de vista de la justicia?
-La amnistía constituye un mecanismo que procura incentivar el cumplimiento del deber constitucional de funcionarios policiales y militares en el restablecimiento del orden democrático y constitucional. Es un tema que ha causado mucha polémica. Debe prevalecer un criterio claro sobre los delitos que pueden ser amnistiables. La violación a los Derechos Humanos, por ejemplo, no será alcanzada por esta ley. Estamos en un momento muy difícil, y se está tratando de crear las condiciones para terminar de implosionar la tiranía. Pero el tiempo para que los militares se amparen en esa amnistía está por acabarse. Diría que se acaba el sábado, con el ingreso de la ayuda humanitaria.

-¿Si ocurriese un cambio político en Venezuela, qué sucederá con las actuaciones de la Fiscalía designada por la Asamblea Nacional Constituyente, tanto en delitos comunes como en casos especiales, como por ejemplo los relacionados con presuntos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela?
-Se requiere de una evaluación. Disponemos de un equipo jurídico para establecer cuáles de los actos procesales y administrativos ejecutados por Tarek William Saab tendrían eficacia jurídica. Recuerde que el ordenamiento jurídico protege a las víctimas. No pudiéramos dejar en indefensión a las personas involucradas en los distintos casos que investigan fiscales. Lo que ocurriría es que en esas causas en las que el proceso penal haya sido iniciado de forma directa por quien usurpa el cargo de Fiscal contra personas que tienen fuero o inmunidad son nulos de pleno derecho. Hay que analizar los derechos de las víctimas frente a la ilegalidad del Ministerio Público usurpado. Lo que sí puedo decir es que toda persecución política quedará de inmediato sin efecto.

-Del otro lado, ¿qué aplicabilidad tendría la condena a Nicolás Maduro en el caso Odebrecht (por el TSJ en el exilio) de producirse una salida negociada a la crisis actual?
-Es una condena legítimamente obtenida. Se respetó el debido proceso, y en este caso lo que corresponde es la fase de ejecución. Es una sentencia que no está sujeta a recursos. Fue tomada por la Sala Plena del TSJ. Nicolás Maduro fue notificado y tuvo defensa técnica en el proceso. Solo faltaría ejecutar la decisión. Cuando se instalen las nuevas autoridades en las distintas instituciones, Maduro tendría que pasar a fase de ejecución y empezar a purgar la condena que le decretó el TSJ legítimo, previa acusación del Ministerio Público legítimo.

Libros

Ahora que Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, fue hallado culpable en el primero de los múltiples juicios que deberá afrontar en el resto de sus días, conviene recordar la que quizá sea la obra fundamental para comprender cómo este hombre se formó y creció en las filas del mundo criminal mexicano, hasta convertirse en el hombre más buscado del mundo. Los señores del narco (México, DF, 2010) es un libro escrito con valentía y rigor documental por la periodista mexicana Anabel Hernández. Esta acuciosidad, por cierto, le ha costado a ella algunas temporadas en el exilio. Aunque sobre el Chapo se han escrito miles de páginas, Hernández se enfoca en un aspecto fundamental, sin el que resulta imposible entender cómo el hijo de un cultivador de marihuana en las montañas de Sinaloa se erigió en el principal traficante de drogas del hemisferio occidental: lo que Gayraud llama el “enganche político”, las alianzas temporales o prolongadas con los verdaderos factores de poder local, regional y nacional, que permiten abrir rutas para los comercios ilegales propios, y cerrarlas a los competidores en un ambiente de impunidad. Luego de la primera edición de este libro, la historia de Guzmán continuó desarrollándose, pero los principios y valores que guiaron su accionar -y el de sus principales aliados-  se mantuvieron y están allí plenamente descritos. Hernández, además, actualizó y corrigió los contenidos, con lo que la vigencia de la obra se mantiene a plenitud. Este libro puede ser adquirido por Kindle.

domingo, 10 de febrero de 2019

La captura del coronel García Palomo

-Una serie de contratiempos, y la ausencia de articulación política permitieron al Gobierno abortar la Operación Constitución

@javiermayorca

En la página de los diez “más buscados”, la violencia criminal fue reemplazada por la violencia política. Cuando estas listas comenzaron, en septiembre de 2017, alias Coqui era un objetivo habitual, al menos desde el punto de vista declarativo. Luego de casi tres años de OLPs y operativos puntuales en la Cota 905, el líder de una de las principales megabandas de Caracas sigue en libertad. Pero ya como que no lo buscan mucho.
El Gobierno recompuso sus prioridades en materia de seguridad. La delincuencia sigue, pero ahora los “más buscados” son los que de una u otra forma han perturbado la tranquilidad de Miraflores. Quinto en la lista figura todavía el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo.
En esta web gubernamental como que no se enteraron de que ya este oficial de 54 años de edad tiene varios días en los sótanos (o en la azotea) de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.
La captura del coronel tiene numerosos detalles de interés para comprender las aristas del actual conflicto político venezolano. En una declaración suministrada el 31 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, afirmó que esta detención fue posible gracias a la previa captura en los Valles del Tuy de un sargento técnico de segunda, Miguel Antonio Palacio, alias Marco, de 44 años de edad, y la del primer teniente del Ejército Alberto Salazar Cabañas, de 43 años, también conocido como Pancho. Este último procedimiento fue llevado a cabo en San Antonio de los Altos, el domingo 27 de enero, según Reverol.
El funcionario indicó que los análisis de telefonía a los dispositivos decomisados a Palacio y a Salazar permitieron dar con la probable ubicación de García Palomo.
Aunque estos dos hombres pueden estar detenidos y sus teléfonos decomisados, esta versión de Reverol tiene inconsistencias. La información en poder del director del Foro Penal, Alfredo Romero, y del general retirado del Ejército Antonio Rivero establece que García Palomo fue privado de libertad el sábado 26 de enero en horas de la mañana. Por lo tanto, lo dicho por el ministro es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.
Según Rivero, García Palomo forma parte de un movimiento cívico-militar cuyo objetivo es deponer a Nicolás Maduro. El general, ex director de Protección Civil, se incluye en ese mismo grupo. La idea era aprovechar la conmoción ocasionada en el país a propósito de la sorpresiva juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, para dar así el golpe final al régimen.
Este interinato, sin embargo, los tomó por sorpresa también a ellos. De repente, el coronel llegó a la convicción de que se necesitaba apurar los preparativos, y se adentró en territorio venezolano con la esperanza de ultimar la ejecución de la llamada Operación Constitución. Pero no había un consenso en torno a la pertinencia de la acción en este momento. Rivero indicó que a García Palomo le habían advertido sobre los altos riesgos que correría.
Según fuentes castrenses, García Palomo había coordinado un encuentro con otros integrantes del movimiento en un punto de la autopista José Antonio Páez, en Barinas. En ese preciso lugar estaba una comisión de la policía judicial, esperándolo. Era claro que lo habían delatado.
Los problemas de comunicación entre los distintos participantes, así como las dificultades para encontrar gasolina, también perjudicaron la fluidez de la operación.
Según la ficha suministrada por el Gobierno, este oficial retirado está ligado a “actos terroristas contra el Estado venezolano, protegido y financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia”. Nada que ver con el hombre que residía con su familia en una casa erigida en las apacibles montañas de Carrizal, rodeado de canes. En concreto, al coronel lo implican en todas las conspiraciones presenciadas en 2018. Desde la encabezada por el comandante del batallón Ayala del Ejército Igbert Marín Chaparro hasta la de los drones que estallaron el 6 de agosto en el centro de Caracas, precisamente en el acto aniversario de la Guardia Nacional.
Rivero recordó haberle preguntado a García Palomo sobre su involucramiento en los estallidos de estos artefactos.
“El me lo negó, dijo que no tenía nada que ver con eso, aunque conocía a los que estaban en el plan. Pero era otro grupo”, recordó el general.
500 brazaletes, solo 6 detenidos...
Según Reverol, las pesquisas en torno al coronel dieron como resultado las detenciones de seis personas. Igualmente, son buscados dos oficiales activos de la Armada.
En la camioneta Tucson donde se trasladaba García Palomo, junto al también coronel retirado José Acevedo y el civil Antonio Iabichela Barrios fueron encontrados 500 brazaletes con una bandera tricolor y las siglas OC, por Operación Constitución.
Todo indica que las verdaderas dimensiones de este movimiento son desconocidas para el régimen. A juzgar por lo incautado y la escasa información aportada, abarca tanto a efectivos de tropa como a oficiales de tres componentes castrenses. Estas iniciativas atomizadas, como fue también la de los sargentos de la Guardia Nacional que se atrincheraron en Cotiza el 21 de enero, añade un factor importante de presión a lo interno de la Fuerza Armada, e igualmente al oficialismo y a los factores políticos de la oposición que intentan una salida concertada a la crisis venezolana. El desenlace es impredecible.

Breves

Coca tierna, lista para la cosecha
-En la medida en que avanza la crisis económica, la economía de la droga toma nuevos espacios en el país. Antes, el dinero derivado de esta industria surgía de las ventas al detal y al mayoreo, así como también del suministro de precursores e insumos, y de las comisiones por legitimación de capitales. Sin embargo, desde 2018 se tiene constancia por tres fuentes independientes de que hay contingentes de venezolanos dedicados al cultivo de la coca, en el departamento colombiano Norte de Santander. Los primeros viajes fueron de jóvenes residenciados en poblaciones del Sur del Lago y Táchira. Pero rápidamente llegaron merideños e incluso gente de Aragua. No hubo anuncios de prensa ni convocatoria a través de las redes sociales. Todo fue boca a boca: “Me dijeron que allá sembraban, y fui a ver”, dijo uno de ellos. Los jóvenes se trasladan por sus propios medios a La Gabarra, donde buscan alojamiento por muy pocos días, hasta que llega un “patrón” y los convoca para llevarlos a determinados fundos, donde pueden pasar hasta dos semanas continuas, llenando bongos de hoja que han cosechado. A ellos los llaman “raspachines”. Debido a la necesidad de ingresos, los jóvenes venezolanos se han convertido en mano de obra barata para las primeras etapas de elaboración de la cocaína, es decir, hasta que el arbusto se transforma en pasta base. Los cultivadores venezolanos de coca pueden hacer hasta cuatro viajes anuales a Colombia. Todo depende de variables ambientales. Según estimados de Naciones Unidas, en Norte de Santander ha ocurrido un notable incremento de la superficie cultivada con coca, hasta abarcar el 9% del total colombiano.

-Mucho se ha comentado sobre la situación de hambre que se pasaría en unidades militares. Esto es cierto hasta un determinado punto. En el estado Miranda, por ejemplo, en un día de diciembre el menú para los uniformados era arepa con pescado en picadillo para desayunar, pasta con el mismo guiso para almorzar y arroz aderezado con lo mismo para la cena. En otra unidad comen mejor: arepa con caraota y queso para empezar el día; pasta con pollo y berenjena para almorzar y prácticamente lo mismo para cerrar la jornada. Durante la época de mayor escasez de carne, hubo unidades que se vieron desprovistas de proteína para sus tropas y oficiales, y tuvieron que solicitar “colaboraciones” de dueños de abastos y supermercados. Otra cosa ocurre con los guardias nacionales y efectivos del Ejército cuando se encuentran desplegados en operaciones. En zonas urbanas, se ha podido ver a los militares pidiendo almuerzo a las mismas comunidades a las que prestan un servicio de policía preventiva. En las zonas rurales, la cosa depende también de los aportes privados. A finales de 2018, un hacendado de Apure se vio en un dilema: o entregaba una res para que los militares comieran, o quedaba a merced de elenos y faracos convertidos en bandoleros.

-El domingo 13 de enero, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) anunció que el día siguiente comenzaría en todas las regiones militares el primer proceso de alistamiento correspondiente a 2019. Este año el llamado a filas castrenses tiene especial importancia, debido a las condiciones políticas del país y a la evidente pérdida del pie de fuerza de la FAN, en especial en los componentes de ocupación terrestre, como son el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, para ese momento la información no había bajado hasta todos los comandos de zona. De manera que aún no había un mandato claro en cuanto a cuál sería el número mágico que debía aportar cada componente en cada estado. A esto se le llama “cuota”. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, hasta 2014, se consideraba cuarteles adentro que no era necesario acudir a métodos compulsivos para alcanzar la cifra de conscriptos, pues las personas de ambos sexos con edades que podían ir desde los 18 años hasta los 30 años, acudían voluntariamente, atraídas por las facilidades para adquirir conocimientos sobre algún oficio, y la seguridad de que recibirían alimentación y alojamiento. Ahora, eso no es así. Entonces, está en el ambiente la posibilidad de que sean aplicados procedimientos que veíamos en los últimos años del siglo pasado: policías y militares en la calle, bajando a los pasajeros de las busetas e interceptando a transeúntes para exigir que les mostraran la constancia de inscripción. Pero, hasta el momento de la redacción de estas líneas, eso no ha ocurrido. Pensar, además, que se meterán en centros educativos para llevar a cabo la recluta es absurdo. Aun así, hay que estar pendientes con lo que suceda en las calles, pues el aumento de la conflictividad, interna y externa, podría suscitar medidas desesperadas.

Libros 

Quizá una de las palabras más publicadas en la actualidad sea “transición”. Pero muchas veces se habla de eso sin saber muy bien cuál es su real significado. El desafío de llenar de contenido a este término fue asumido por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. En noviembre de 2018 fue lanzado el libro La consolidación de una transición democrática. El desafío venezolano III. En esta entrega, el grupo coordinado por los profesores Benigno Alarcón y Sócrates Ramírez abordó los temas medulares de lo que debería ser el paso de un estatus político a otro, tomando en cuenta la particular realidad nacional: los problemas económicos, las relaciones internacionales, el sistema electoral, las relaciones entre los líderes y la sociedad civil, la libertad de expresión, el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional. Para la realización de cada capítulo, se hicieron jornadas de reflexión con la participación de estudiosos de los temas correspondientes. En asuntos de seguridad ciudadana, se plantean nueve recomendaciones, destinadas a producir “victorias tempranas” y enviar un mensaje en el sentido de que se puede tener efectividad distanciándose de las tácticas militaristas y reivindicando el estado de derecho. En materia de control a las armas de fuego, se propone establecer un sistema de incentivos para policías y militares que muestren efectividad en el cumplimiento de esta tarea. Igualmente, se plantea la conformación de un Centro Nacional de Inteligencia criminal, adscrito al ministerio de Relaciones Interiores, así como también la convocatoria a la Organización de Naciones Unidas para conformar una Comisión contra la Impunidad en materia de lucha contra la corrupción, inspirada en el modelo guatemalteco. El tema de la Fuerza Armada, en cambio, fue tratado en términos mucho más generales. Y es lógico: la perspectiva de una frágil gobernabilidad en una situación de transición hace pensar que los militares seguirán teniendo una importancia vital en el devenir político. Sin embargo, era necesario retomar dos conceptos que propiciarían un debate posterior sobre una eventual reinserción de la FAN en los nuevos tiempos: prevalencia del mando civil y control sobre todos los procesos de la institución, desde las adquisiciones hasta los ascensos. En este terreno, el texto queda en deuda.