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domingo, 24 de febrero de 2019

Guerra popular prolongada

-Un conflicto armado internacional en suelo venezolano rápidamente se alejaría de las recetas convencionales. La Fuerza Armada, indican documentos, pasaría a formar una especie de ejército irregular, junto a los milicianos y las comunidades organizadas

@javiermayorca

La Fuerza Armada Nacional viene preparándose para un conflicto armado irregular, en suelo propio. Esto no es nada fortuito. De hecho, si se analizan las adquisiciones llevadas a cabo a partir de 2010, y en especial durante el período de Nicolás Maduro, queda claro que para el régimen ese sería el único terreno en el que consideraría alguna posibilidad de salir victorioso. E invirtió en eso casi seis millardos de dólares, hasta convertirse en uno de los principales destinos de las armas fabricadas en China.
El Gobierno parecía avizorar lo que venía, y se preparó en consecuencia. El declive de la economía, derivado de la falta de sostenibilidad del modelo conocido como socialismo del siglo XXI, trajo consigo una agudización de los conflictos políticos y de la intranquilidad social. En el ciclo de marchas escenificado en 2014, conocido como La Salida, los manifestantes encontraron a una Fuerza Armada en un creciente proceso de apertrechamiento, que le permitió llevar a cabo el trabajo de represión, con un costo elevado de vidas humanas.
A menudo, Chávez habló ante los militares de la necesidad de configurar una teoría sobre la guerra asimétrica, que se adaptara a las particulares características del país. Pero esto vino a concretarse durante el mandato de Maduro, quizá cuando se percataron de que se trataba de un escenario altamente probable.
En 2017, el Gobierno parecía tener más claro el panorama. En una decisión poco conocida, Maduro ordenó la conformación de un conjunto orgánico de fuerzas de acciones especiales, que abarcara no solo a los componentes de la Fuerza Armada Nacional (incluida la Milicia) sino también a la Policía Nacional. Fue entonces cuando se dio el impulso definitivo para transformar las unidades tácticas de ese cuerpo preventivo en la FAES, tal y como hoy la conocemos, con un mando militar. La participación de estos uniformados en los desfiles castrenses de Los Próceres resulta significativa.
En 2018, todos los ejercicios de defensa que se llevaron a cabo en el país tenían el mismo corte, aunque podía tener nombres distintos. Ya fuese Soberanía o Independencia, la idea central de estas actividades era concretar la particular noción de la fusión cívico-militar para la protección del régimen. Incluso, en la movilización de milicianos que hubo durante la tercera semana de diciembre, la idea era ponerlos a punto para insertarlos e incrementar el pie de fuerza combatiente a la orden de los otros componentes militares, en especial el Ejército y la Guardia Nacional.
A este respecto, resulta esclarecedor el contenido de un documento que fue analizado en las escuelas de formación de la FAN, y que en algún momento llegó a la consideración de los estados mayores generales. Lo llaman Manual de orden interno. Una de las secciones más controversiales plantea una detallada descripción de las etapas, o “periodización”, de la llamada “guerra popular prolongada”.
La primera parte de la guerra popular prolongada es la crisis. Puede prolongarse por semanas o meses. En ese lapso, “el enemigo crearía las condiciones políticas y técnico militares para la agresión”, lo que incluiría también una concertación con organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (mencionada de manera expresa en el documento), para legitimar las acciones que se emprendan con posterioridad.
Según el manual, para ese momento ya la guerra resulta inevitable. El Presidente, al percatarse de la inminencia del conflicto armado, decretaría un estado de conmoción, y toda la economía se incorporaría a la empresa bélica. Lo cual justificaría expropiaciones o requisiciones masivas, que incluyen desde inmuebles de empresas privadas hasta vehículos particulares.
La segunda parte, indica el Manual, comenzaría con los llamados “golpes” de la aviación enemiga. Este es en realidad el inicio formal de la guerra. Los objetivos primordiales serían los sistemas de defensa antiaérea, los centros de comando de tropas y de administración del Gobierno. Se parece a lo llevado a cabo durante las dos intervenciones en Irak (1990 y 2003), en el sentido de que los bombardeos quirúrgicos dan la primera campanada. El estimado de la Fuerza Armada indica que esta situación se prolongaría por una semana o diez días, y marcan una fase previa a las operaciones terrestres.
En los siguientes noventa días se desarrollaría una etapa de combate terrestre, según lo plasmado en el documento. Las acciones de resistencia se denominarían Operación Estratégica contra la Invasión. En esto, no pareciera haber muchas diferencias con respecto a los conflictos armados convencionales.
La guerra se prolongaría en el período siguiente. Y para esto es que se han llevado a cabo los últimos ejercicios, incluido el Angostura 2019. La FAN junto al “pueblo organizado”, pasaría a convertirse en una suerte de fuerza irregular. Las unidades y destacamentos que conserven su capacidad operacional continuarían librando “acciones clandestinas” hasta que se considere alcanzada la victoria. Como en Vietnam, esto se verificaría con la “expulsión de los invasores”.
Colectivos: actores en un conflicto irregular
Este, desde luego, prefigura un panorama apocalíptico con una altísima cifra de bajas humanas. Se presupone, además, una situación en la que la población en pleno saldría en defensa del régimen. Algo que, a juzgar por las últimas encuestas, puede ser puesto en duda.

PS: el escenario de un conflicto bélico irregular en Venezuela está siendo evaluado en Estados Unidos. Así se desprende de un alerta emitido el viernes 22 de febrero por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). De ese texto se rescatan dos informaciones clave. En primer lugar, según el despacho federal estadounidense, los militares venezolanos no estarían dispuestos a atentar de manera deliberada contra las aeronaves civiles, aún si se declara una conmoción interna. El riesgo vendría de los llamados “actores no estatales”, es decir, de los grupos paramilitares que han sido armados por el régimen para que actúen en su defensa. A estos individuos los vimos nuevamente el sábado 23 de febrero en Ureña, atacando a los manifestantes que respaldaban el paso de la ayuda humanitaria. Según la FAA, estos grupos han sido vistos en posesión de lanzacohetes portátiles, lo que es un indicador claro de riesgo en un contexto de “guerra popular prolongada”.

Breves

*Más de un tercio del pie de fuerza de la policía judicial es dedicado a labores que no tienen que ver estrictamente con la investigación criminal. Esta información fue suministrada por el ex director de ese organismo, Miguel Dao, al intervenir en una mesa de trabajo para el aporte de ideas en temas de seguridad ciudadana, con miras a un gobierno de transición. Esta jornada tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Según Dao, el problema también aqueja a cuerpos de policía preventiva. En el caso de Cicpc, el ponente observó con preocupación la creciente necesidad de distraer recursos para la custodia de detenidos, que no han sido admitidos en las instalaciones regidas por el ministerio para Servicio Penitenciario. Al tiempo que esta jornada se llevaba a cabo, llegaron informaciones sobre el hacinamiento en los despachos de esta policía. Por ejemplo, en la División contra Robos hay 57 personas en celdas. Como no caben más, han sacado a otras nueve a los pasillos de esa unidad. Y las mujeres fueron remitidas a los lugares donde operan los ejes de investigaciones de Homicidios. En Antiextorsión y Secuestros la situación no es mejor: han tenido que habilitar las escaleras y los pasillos entre las celdas para 91 detenidos. Recientemente, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) también remitió un alerta a la superioridad, tomando en consideración que sus sedes tampoco están construidas para tener a presos hacinados. Lo que obliga a incrementar los grupos de vigilancia.

*La defección del comisionado jefe Cristian Barceló, segundo al mando de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, ocasionó estupor en las filas de la institución. Esta unidad, descrita por Provea como un “grupo de exterminio”, es vista en la propia institución como “una policía dentro de la policía”. Sus integrantes, 75 en total, tienen un estatus diferente al resto de la oficialidad de la PNB, entre otras razones porque se suponía que sus jefes estaban plenamente alineados desde el punto de vista político con el actual régimen. Prueba de ello fue la última cena navideña, celebrada en la hacienda La Vega, con carne en vara y rifas de vehículos y artefactos electrónicos, que más bien parecía a los tiempos de bonanza. Cuando el periodista José Rafael Ramírez dio la primera información, corrió en sistemas de mensajería un audio en el que el agente intentaba hacer un desmentido. Ya para ese momento, causaba extrañeza su ausencia en las filas de la FAES. El alegaba problemas de salud. Pero realmente maniobraba para ganar tiempo y escapar a la persecución que se iniciaría. La semana pasada, la vacante dejada por Barceló fue ocupada por el comisionado jefe Pedro Tejada, quien había sido subalterno del propio funcionario. Barceló forma parte de la casta de “migrados” de la extinta Policía Metropolitana. Fue llamado a filas durante la gestión del general Juan Francisco Romero Figueroa, quien vio en él y otros agentes contemporáneos un recurso para formar el grupo especial que luego se llamó FAES.

*En junio de 2018, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre “presuntos hechos irregulares” en las loterías de Oriente y de Cojedes, a través de las respectivas juntas de beneficencia pública y bienestar social. Básicamente, de acuerdo con documentación disponible, en ese órgano se percataron de que las referidas loterías hacían sus sorteos sin contar con la presencia de notarios, que fungen como testigos de buena fe en el lugar donde se llevan a cabo tales actos. Pero este es apenas uno de los diversos problemas detectados en el mundo de los juegos de azar. El 11 de diciembre, el fiscal noveno de Caracas David Silva ofició al jefe de investigación de delitos financieros y económicos de Cicpc para que investigara a un grupo de empresas que supuestamente había actuado en contra de los intereses de la Asociación Nacional de Operadores de Juegos de Loterías (Asolot), mediante la supuesta utilización de un programa informático que carecía de la debida autorización, puesto que el único software avalado para tal fin tenía la licencia vencida. El problema radica en que no está garantizada la pulcritud de los sorteos electrónicos cuando se utiliza un programa pirata. Esto es lo que estaría sucediendo en varias de las versiones de la llamada “lotería de los animalitos”. La averiguación del Ministerio Público continúa en desarrollo. Pero los apostadores no han sido notificados debidamente sobre estas irregularidades. Solamente les dicen que los sorteos han sido suspendidos hasta nuevo aviso, como sucedió en la segunda quincena de enero.

Tres preguntas a… Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio

-Está en marcha la iniciativa de amnistía a funcionarios del actual régimen. ¿Qué condiciones deberían darse en su criterio para que sea un proceso valedero y sustentable desde el punto de vista de la justicia?
-La amnistía constituye un mecanismo que procura incentivar el cumplimiento del deber constitucional de funcionarios policiales y militares en el restablecimiento del orden democrático y constitucional. Es un tema que ha causado mucha polémica. Debe prevalecer un criterio claro sobre los delitos que pueden ser amnistiables. La violación a los Derechos Humanos, por ejemplo, no será alcanzada por esta ley. Estamos en un momento muy difícil, y se está tratando de crear las condiciones para terminar de implosionar la tiranía. Pero el tiempo para que los militares se amparen en esa amnistía está por acabarse. Diría que se acaba el sábado, con el ingreso de la ayuda humanitaria.

-¿Si ocurriese un cambio político en Venezuela, qué sucederá con las actuaciones de la Fiscalía designada por la Asamblea Nacional Constituyente, tanto en delitos comunes como en casos especiales, como por ejemplo los relacionados con presuntos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela?
-Se requiere de una evaluación. Disponemos de un equipo jurídico para establecer cuáles de los actos procesales y administrativos ejecutados por Tarek William Saab tendrían eficacia jurídica. Recuerde que el ordenamiento jurídico protege a las víctimas. No pudiéramos dejar en indefensión a las personas involucradas en los distintos casos que investigan fiscales. Lo que ocurriría es que en esas causas en las que el proceso penal haya sido iniciado de forma directa por quien usurpa el cargo de Fiscal contra personas que tienen fuero o inmunidad son nulos de pleno derecho. Hay que analizar los derechos de las víctimas frente a la ilegalidad del Ministerio Público usurpado. Lo que sí puedo decir es que toda persecución política quedará de inmediato sin efecto.

-Del otro lado, ¿qué aplicabilidad tendría la condena a Nicolás Maduro en el caso Odebrecht (por el TSJ en el exilio) de producirse una salida negociada a la crisis actual?
-Es una condena legítimamente obtenida. Se respetó el debido proceso, y en este caso lo que corresponde es la fase de ejecución. Es una sentencia que no está sujeta a recursos. Fue tomada por la Sala Plena del TSJ. Nicolás Maduro fue notificado y tuvo defensa técnica en el proceso. Solo faltaría ejecutar la decisión. Cuando se instalen las nuevas autoridades en las distintas instituciones, Maduro tendría que pasar a fase de ejecución y empezar a purgar la condena que le decretó el TSJ legítimo, previa acusación del Ministerio Público legítimo.

Libros

Ahora que Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, fue hallado culpable en el primero de los múltiples juicios que deberá afrontar en el resto de sus días, conviene recordar la que quizá sea la obra fundamental para comprender cómo este hombre se formó y creció en las filas del mundo criminal mexicano, hasta convertirse en el hombre más buscado del mundo. Los señores del narco (México, DF, 2010) es un libro escrito con valentía y rigor documental por la periodista mexicana Anabel Hernández. Esta acuciosidad, por cierto, le ha costado a ella algunas temporadas en el exilio. Aunque sobre el Chapo se han escrito miles de páginas, Hernández se enfoca en un aspecto fundamental, sin el que resulta imposible entender cómo el hijo de un cultivador de marihuana en las montañas de Sinaloa se erigió en el principal traficante de drogas del hemisferio occidental: lo que Gayraud llama el “enganche político”, las alianzas temporales o prolongadas con los verdaderos factores de poder local, regional y nacional, que permiten abrir rutas para los comercios ilegales propios, y cerrarlas a los competidores en un ambiente de impunidad. Luego de la primera edición de este libro, la historia de Guzmán continuó desarrollándose, pero los principios y valores que guiaron su accionar -y el de sus principales aliados-  se mantuvieron y están allí plenamente descritos. Hernández, además, actualizó y corrigió los contenidos, con lo que la vigencia de la obra se mantiene a plenitud. Este libro puede ser adquirido por Kindle.

1 comentario:

  1. Excelente Javier Ignacio. Este trascendental trabajo, por pertinente contenido al merito de las circunstancias,debemos difundirlo a la ciudadanía, pues sería la herramienta guía en los aciagos momentos en ciernes. Muchas gracias por su aporte.

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