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domingo, 24 de marzo de 2019

Tres días de anomia

-Es ahora cuando el país comienza a tener una noción más clara de la magnitud del caos vivido con el apagón que comenzó el 7 de marzo. Por más de tres días, Venezuela vivió prácticamente a la deriva, con una criminalidad que se salía de control

@javiermayorca

El corte de servicio eléctrico que comenzó en todo el país desde la tarde del 7 de marzo desató un pequeño caos que tuvo consecuencias en los ámbitos económico, social, político y, desde luego, en el de la seguridad.
Es apenas ahora cuando comienza a tenerse, incluso en despachos del Gobierno, una visión clara sobre lo que sucedió en aquellos días que llenaron de profunda inseguridad a buena parte de la población del país. Se trata sin duda alguna del corte de servicio eléctrico más prolongado y con mayor alcance geográfico que se haya reportado en Venezuela.
La ausencia de información no sólo afectó a la ciudadanía, sino también a los organismos que se supone estaban encomendados a resguardar los bienes y las vidas de las personas. En esos días sin servicio eléctrico, ni de agua ni de comunicaciones, por ejemplo, quedaron en evidencia las profundas vulnerabilidades de la policía judicial. En Distrito Capital, por ejemplo, casi todos los despachos se vieron forzados a cerrar. Sus jefes, más preocupados por la protección de sus familias, abandonaron los puestos o simplemente hacían un “toque técnico” para luego volver a sus residencias. Caracas estuvo prácticamente tres días sin policía judicial, hasta que regresó la luz. Esta situación originó un nuevo reclamo de la superioridad. El 11 de marzo, durante una reunión con los jefes de unidades, el subdirector del cuerpo Johnny Salazar criticó el escaso compromiso de estos comisarios, en aquellas horas críticas.
De otro lado, tampoco se podía exigir mayor presencia, puesto que los despachos policiales generalmente carecen de servicio de agua, y sin flujo eléctrico pierden toda utilidad. Un gobierno que dispuso de miles de millones de dólares para los proyectos más inverosímiles fue incapaz de entregar plantas eléctricas a los despachos de su policía de investigación. Y ahora, se le pide a los comisarios que las provean.
El Madeirense, saqueado
El apagón sumergió al país en la penumbra, no solo por la ausencia misma de electricidad sino también por la carencia de información clara, actual, precisa. Esta circunstancia profundizó los rasgos anómicos de la conducta ciudadana. En las calles, desde entonces, se maneja como si los semáforos no existieran, y los peatones circulan sin saber por dónde saltará la amenaza.
Los saqueos se extendieron a más de la mitad del país. La ausencia de información y la autocensura ralentizaron el conocimiento cabal de esta situación que, según Fedecámaras, afectó a más de 500 locales solamente en el estado Zulia. La Guardia Nacional se vio claramente rebasada, y sus uniformados, sin medios logísticos ni pertrechos, quedaron como meros espectadores de la destrucción, tal y como se evidencia en videos transmitidos por las redes sociales. En Caracas, cinco automercados amanecieron vandalizados el domingo 10 de marzo. Ese día, una turba desesperada hizo lo propio en el centro comercial La Pirámide. Gente sin luz, agua ni comida.
En Caracas, la violencia impactó claramente las cifras de criminalidad, aunque con efecto retardado. A partir del 11 de marzo, cuando comenzaron a procesarse nuevamente las denuncias, se reportó un incremento de 85% en los robos, 163% en los robos de vehículos y 150% en las lesiones personales. En la parroquia Santa Teresa, la criminalidad general se disparó 1100% esa semana, 233% en Antímano y 188% en El Recreo. Estas cifras son apenas un pálido reflejo de una situación que ya salía de todo control, al amparo de la oscuridad.
El escenario de un apagón general como el vivido a partir del 7 de marzo era advertido por expertos en materia de servicio eléctrico. De nada sirve tratar de vivir ahora como si esto no hubiese sucedido. Cada corte de luz traerá nuevamente la inseguridad, aún si desde el Gobierno tratan de maquillarlo con el eufemismo de “administración de cargas”.

Breves

-En medio de la terrible crisis por las fallas del servicio eléctrico en el país, llegan denuncias sobre cobros en dólares por obras que, en otros tiempos, llevaban a cabo los empleados de Corpoelec o de la antigua Electricidad de Caracas como parte de sus labores habituales, sin cargos adicionales para el ciudadano. El portavoz del llamado Frente Norte, Carlos Julio Rojas, señaló que en conjuntos residenciales de San Bernardino y La Candelaria han efectuado cobros parciales en la divisa estadounidense para la reposición de cableados y transformadores que se han quemado debido a que llegaron al tope de su vida útil. Estas exigencias van desde 200 hasta 700 dólares por grupo familiar. En Colinas de Santa Inés, unos aguaceros durante el mes de octubre ocasionaron la destrucción de una caseta donde estaban tres transformadores eléctricos. Corpoelec no se hizo responsable de las reparaciones. Sus representantes argumentaron que esto sucedió debido a la caída de un muro perteneciente a un edificio privado de la zona. Las sesenta familias afectadas –residentes de distintos conjuntos- tuvieron que cancelar cada una cuatrocientos dólares, para reunir 24.000 dólares que fueron pagados a la estatal eléctrica por conceptos de reparación de los transformadores, el nuevo cableado y los postes correspondientes. El trabajo correspondiente se prolongó durante seis semanas, y fue hecho por empleados de la estatal eléctrica. Mientras tanto, este conglomerado de vecinos careció de electricidad y servicio de agua potable. Muchos de sus integrantes tuvieron que mudarse en forma provisional.

Copa bajo la lupa
-El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) abrió un procedimiento administrativo por presuntas faltas cometidas por la línea aérea Copa Airlines, específicamente en el vuelo que trasladó a Juan Guaidó desde Ciudad de Panamá hasta Maiquetía, el 4 de marzo. La primera observación se refiere a un error en el registro del apellido del diputado en los listados de pasajeros. Aparecía “Guido Márquez”. Según la línea esto es debido a una limitación en el número de caracteres del sistema. Para el Inac, fue por una alteración, lo que sugiere una conducta dolosa. Luego, la autoridad aeronáutica analiza presuntas violaciones a la normativa vigente a propósito de la alocución del diputado a través del sistema de megafonía interna del jet. Y finalmente se señalan presuntas alteraciones al orden público como consecuencia del referido discurso.  Una vez notificada de la averiguación, se abre un lapso para que la línea entregue sus argumentos en descargo. En vista del fondo político de este caso, las sanciones podrían ser severas.

-El instituto autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía activó un nuevo sistema de escaneo corporal no intrusivo para los pasajeros que salen por el terminal internacional. La tecnología supuestamente es capaz de detectar la presencia de “materiales peligrosos”. Fue instalada en la misma área donde revisan los equipajes de mano, justo antes de las taquillas de la policía migratoria. El problema con esto es que ya el referido instituto dispone desde 2013 de tres módulos para llevar a cabo las mismas tareas. Fueron donados por la Unión Europea, como parte de un plan de fortalecimiento de los servicios antidrogas en el principal terminal aéreo del país. Los aparatos costaron 135.000 euros, y nunca los pusieron a funcionar. Ahora, compraron otros para hacer lo mismo.



-El video que acompaña a esta breve nota muestra la llegada al aeropuerto de Maiquetía del carguero Antonov 124 siglas AH-124-100 de la Fuerza Aérea Rusa, a las 13:40 horas del sábado 23 de marzo. Según fuentes militares, este jet venía de Rusia con 35 toneladas de materiales diversos, para respaldar desde el punto de vista logístico la permanencia en Venezuela de una delegación militar que había llegado momentos antes en un Ilyushin 62M, siglas RA-86496, encabezada por el mayor general Vasilly Tonkoshkurov, quien técnicamente es jefe del comando principal de las fuerzas terrestres rusas. Con él llegaron otros 99 uniformados. Fueron recibidos por la vicealmirante Marianny Mata Quijada, directora de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del ministerio de la Defensa, y por el general de división (Ejército) Edgar Alfonso Colina Reyes, quien desde 2018 se desempeña como director conjunto de las fuerzas de acciones especiales en el Comando Estratégico Operacional de la FAN. La presencia de Colina es indicativa del propósito que tendría la visita de este contingente foráneo. Una parte de la delegación rusa pernoctó el sábado en instalaciones diplomáticas rusas, mientras que la mayoría lo hizo en el Círculo Militar, adonde llegaron a eso de las 5 pm en tres busetas fuertemente escoltadas. Esto evidencia que los militares probablemente permanecerán en la capital, en contacto con sus pares de las fuerzas especiales de los distintos componentes de la FAN y de la Policía Nacional. En diciembre de 2018, Tonkoshkurov y el comandante del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos, se reunieron en Caracas con la aparente intención de programar un conjunto de actividades que incrementarían el “apresto operacional” de las fuerzas militares venezolanas. En el contexto actual, sin embargo, la visita de la delegación rusa ofrece una lectura distinta: la de un respaldo extranjero a una de las partes del conflicto político que vive Venezuela.

Libros

La corrupción se ha convertido en un mal endémico en las sociedades latinoamericanas de frágil institucionalidad y con gobernantes de “baja responsabilidad”, según la caracterización hecha alguna vez por el profesor Bayardo Ramírez. Aquí y allá hemos visto casos en los que las ilegalidades compartidas entre empresas y gobiernos en la búsqueda de un beneficio económico han llegado a la prensa, y más de una vez han puesto en duda la continuidad de los gobiernos. En el siglo XXI, sin embargo, hemos visto cómo una sola empresa transnacional con sede en Brasil se transformó en el eje de escandalosas historias, que han impulsado denuncias y enjuiciamientos en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y Brasil. En su obra Odebrecht, la historia completa (Bogotá, 2018), el periodista Jorge González cuenta importantes detalles sobre los procesos judiciales suscitados por las prácticas de esta constructora en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.  Huelga decir que esta corporación, con el pasar del tiempo, se convirtió en una auténtica transnacional del delito organizado, que incluso llegó a incorporar en su organigrama un despacho para la tramitación de coimas con los distintos gobiernos. Le decían el departamento o la división de Operaciones Estructuradas. Aunque se trata de una ambiciosa investigación periodística, el propio autor llega a reconocer que a esta historia todavía le falta quizá uno de sus capítulos más importantes: Venezuela. Allí, según sus propias palabras, “no existe investigación alguna pese a que el Superintendente de la multinacional allí, Euzenando Azevedo, dijo haberle entregado 35 millones de dólares al presidente Nicolás Maduro para que Odebrecht siguiera a cargo de megaproyectos de infraestructura sin competidores a la vista”. A pesar de este vacío, vale la pena leer con atención este libro, pues allí encontraremos importantes claves para comprender, algún día, lo que pasó en tierras venezolanas.

domingo, 10 de marzo de 2019

¿Una FAN en el exilio?

-Comienza a cobrar forma la idea de constituir una nueva institución militar sobre la base de los profesionales de armas que han cruzado la frontera para unirse a la causa de Juan Guaidó. Las implicaciones serían múltiples

@javiermayorca

¿Qué sucederá con los militares activos que han cruzado las fronteras hacia Colombia y Brasil?
Cuando se inició el conflicto por el traslado de la ayuda humanitaria, el 23 de febrero, era previsible que se incrementaría la cifra de miembros de la Fuerza Armada Nacional que se uniría a las filas de Juan Guaidó.
El llamado “goteo” comenzó bien temprano ese sábado, con los dos sargentos de la Guardia Nacional que abandonaron sus blindados VN-4, luego de arremeter contra las barreras instaladas por el régimen de Maduro para impedir el paso de personas, alimentos y medicinas.
Desde entonces hasta el momento de redactar estas líneas Migración Colombia ha informado que las autoridades de ese país están en custodia de 567 uniformados. Algunos hablan de más de 700. El de mayor graduación en ese grupo es el general de división Francisco Yánez, ex director de Planificación Estratégica de la Aviación.
Otros doce militares activos han cruzado la frontera entre Bolívar y el estado de Roraima. Según fuentes diplomáticas, los uniformados pertenecen todos a la Guardia Nacional, y son esencialmente efectivos de tropa profesional y alistada. El grupo es encabezado por un sargento mayor. Todos llegaron a pie y desarmados, pero en distintos momentos. Los primeros días permanecieron en un centro llamado Acolhida, donde les hicieron una primera entrevista para luego entregarles un documento que les da el estatus de refugiados en territorio brasileño. Posteriormente fueron llevados a Boa Vista. Estos militares en su mayoría han expresado su interés por unirse al contingente que está en Cúcuta, pero las autoridades del país que los aloja actualmente les advirtieron que perderían la protección estatal, e igualmente que no hay recursos previstos para un traslado a otro territorio. Al igual que en Colombia, los uniformados son sometidos a entrevistas en profundidad, para despejar el riesgo de que alguno sea un espía al servicio del gobierno venezolano.
Entonces, esta nueva fase de la crisis política ha ocasionado la salida a otros países de por lo menos 579 profesionales de armas. El único referente con el que se cuenta para comparar lo que sucede es el de la disidencia castrense que tomó la Plaza Altamira en 2003. En su mejor momento, participaron en esta actividad unas 130 personas, en su mayoría oficiales dados de baja por el Gobierno. Y todos plantearon el conflicto en el propio territorio del país.
En el caso de Cúcuta, en cambio, el grupo se formó con oficiales, tropas profesionales y alistadas en situación de actividad. El Gobierno ya se percató de esto. Y mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial dio de baja a 116, luego de suspenderles los pagos de salarios y bonos. Además, en los considerandos de esta decisión, se advierte que podrían enjuiciarlos por traición a la patria.
Firmes ante Guaidó
Por cierto que, según se ha conocido extraoficialmente, otros oficiales de alta graduación han cruzado las fronteras pero no se han unido a los contingentes que están en Roraima y Norte de Santander. Estos hombres supuestamente han tenido un trato especial por los gobiernos anfitriones, consecuencia de la información que poseen. Sobre eso probablemente habrá algunas noticias en el futuro inmediato.
Para estos militares venezolanos que se han ido recientemente, la posibilidad de cualquier negociación con el régimen de Maduro está cerrada. Esto abre un conjunto de alternativas o escenarios difíciles de predecir. Todos de carácter internacional.
Una primera propuesta fue lanzada al ruedo por el capitán retirado de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero, quien planteó la necesidad de constituir una “Fuerza Armada en el exilio”. De ser así, para el régimen de Caracas este grupo sería nada más y nada menos que una especie de guerrilla forjada en los propios cuarteles venezolanos, por ahora, al servicio de la causa de Guaidó.
Si algo tiene un altísimo costo es la formación y el mantenimiento de agrupaciones armadas. El solo hecho de dar vestimenta, alimentación y cuidados médicos a 567 militares (algo así como un batallón) supone una empresa de alta envergadura, muy difícil de cumplir a cabalidad contando únicamente con donaciones ocasionales, sin poseer líneas logísticas debidamente consolidadas.
Toca entonces a los principales aliados de Guaidó (Colombia, Estados Unidos y Brasil) asumir los costos. Esta será una vara para medir hasta qué punto están dispuestos a participar en un cambio político. Una regla clara en esto es que, mientras más se prolongue la crisis en Venezuela, mayor será el número de militares que salga del país, y crecerá la carga para estos aliados. Si la situación se estanca, habría que pensar en cuáles serían las alternativas para estos oficiales y tropas. Algunos han expresado su disposición de ayudar para que Guaidó asuma el poder ejecutivo en Caracas. Pero si los aliados y el propio líder opositor no dan un paso al frente, esta iniciativa podría desinflarse.
Por lo tanto, la constitución de una “fuerza armada en el exilio”, como lo ha propuesto Nieto Quintero, conferiría a estos oficiales una personería institucional, pero incrementaría el compromiso de los países que la respalden. No está claro si esto sucederá. Por ahora, los militares que permanecen en Colombia y Brasil andan en un pequeño limbo. En Siria, por ejemplo, las deserciones del ejército regular son tan frecuentes que el régimen de Al Assad ha tenido que recurrir a grupos como Hezbollah para complementar su pie de fuerza en plena guerra. Pero los desertores en su mayoría no han contado con apoyo de los países alrededor, donde ni siquiera les dan permiso para trabajar.
El riesgo de que se reproduzca en Colombia esta situación está latente. Guaidó y sus aliados tendrán que tomar decisiones al respecto, y con la premura que impone esta particular circunstancia. Aquí, nuevamente, el tiempo juega a favor de Maduro.

Breves

*Una polémica se ha desatado por la información oficiosa según la cual Servicio Penitenciario sacaría a grupos de presos con la finalidad de hacer frente a los intentos de introducir al país los cargamentos de ayuda humanitaria. La pretensión ulterior sería unirlos a las filas que defenderían al régimen ante una hipotética intervención foránea. Una consulta sobre este tema a los voceros de las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan la materia penitenciaria arrojó resultados contradictorios. Por una parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que los detenidos sí fueron extraídos de varios internados judiciales, entre ellos el denominado Centro de Formación del Hombre Nuevo el Precursor, en El Dorado, y en Santa Ana II. El primero está en Bolívar y el otro en Táchira. Prado indicó que también llamaron a población penitencia de otras cárceles para formar estos grupos. Todo esto a cambio de los beneficios que les serían otorgados a través del llamado “régimen de confianza”, como el que disfrutó en su momento Wilmer Brizuela, alias Wilmito. De otra parte, el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, dijo no poseer evidencias concretas sobre esta iniciativa. Aclaró que el video en el que un grupo de procesados vestidos de amarillo aparece en la frontera mientras uno de ellos afirmaba su lealtad al régimen (“Decidimos ser libres y vamos a ser libres, aquí nadie se arrodilla ante ningún imperio yanqui. Por los momentos, estamos privados de libertad. Pero mañana estaremos en la calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y a usted, ministra, a defender esta patria sagrada”), fue tomado el 12 de febrero. Según Nieto, durante los hechos reportados en San Antonio y Ureña once días después, los hombres armados con fusiles que aparecen en fotos junto a Varela son un escolta (Tommy Torres) y el director de Seguridad del despacho (Emilio Bastidas). A pesar de esto, tanto Prado como Nieto no dudaron en que la ministra más antigua del gabinete es capaz de formar su pequeño ejército de presos.

*Para el momento de la redacción de esta columna, ha transcurrido una semana desde que un incendio consumió los alimentos y otros insumos utilizados para la confección de las cajas Clap, en los almacenes de la empresa Salva Foods 2015 CA, ubicados en el puerto de La Guaira. La Fiscalía designada por la Asamblea Constituyente, sin embargo, ha guardado silencio al respecto. Ni siquiera reaccionó ante lo declarado el mismo día por el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, mayor general retirado (GN) Luis Motta, en el sentido de que tal siniestro fue provocado. Esta posibilidad no puede ser descartada, en especial si se toma en cuenta que las instalaciones donde se originaron las llamas estaban equipadas con sistemas de aspersión contra incendios, que aparentemente no funcionaron o no fueron activados. Así se desprende de unas imágenes tomadas en 2018 con un dron que recorrió el interior de las instalaciones, como parte de una campaña que pretendía descalificar las denuncias sobre la compañía que ha sido la principal beneficiaria de los contratos de importación de alimentos para los Clap. El 27 de febrero, las llamas solo pudieron ser apagadas mediante la utilización de un buque de los bomberos marinos, que arrojó agua de mar desde el muelle. Según cálculos de la Guardia Nacional, debido a este siniestro fueron consumidas unas 4.000 toneladas de alimentos y otros insumos. Si tomamos en cuenta que cada caja Clap consta de unos 15 kilos de diversos productos, las llamas habrían devorado el contenido de unas 266.670 cajas, equivalentes a unos 8 millardos de bolívares si te toma en cuenta el precio al detal. 

La jugada continúa
*La investigación sobre las presuntas irregularidades en los sorteos de la llamada “lotería de los animalitos” está paralizada en el Ministerio Público. Tal y como fue informado en este espacio, las pesquisas se iniciaron en agosto de 2018 mediante una denuncia de la Asociación Nacional de Operadores de Lotería (Asolot), según la cual estos sorteos, así como los de triples y terminales, eran ejecutados mediante un programa informático sin licencia o pirata, y en el caso de los “animalitos” además se estaría violentando una disposición del Seniat que obliga a emitir los recibos con un formato específico, utilizando la llamada impresora fiscal de apuestas. Esto abre la posibilidad de que los organizadores de estas loterías, así como los propios vendedores, incurran en delitos tales como defraudación fiscal, estafa y legitimación de capitales. En esta averiguación, agentes de Delitos Informáticos de Cicpc allanaron tres locales donde se llevaban a cabo los sorteos. Fueron detenidas ocho personas, de las cuales dos quedaron con prohibiciones de salida y medidas de presentación ante el juzgado 37 de control del Area Metropolitana, donde se ventila el caso. A pesar de todo esto, los sorteos continúan llevándose a cabo en las mismas condiciones que originaron la denuncia inicial, lo que arroja serias dudas sobre la limpieza de los resultados.

*Varios detalles han pasado desapercibidos con respecto a la acusación ventilada ante un Gran Jurado constituido en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra el ex vicepresidente ejecutivo y actual ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, y los empresarios Samark López Bello, Víctor Mones Coro y Alejandro Miguel León Maal. En primer lugar, se trata de una acusación complementaria, es decir, supone la existencia de un expediente previo, cuyo contenido es hasta ahora desconocido. Pero se puede inferir que guarda relación con la sanción impuesta a El Aissami y López por el Departamento del Tesoro, y que incorpora al funcionario y a su señalado testaferro en la lista de los jefes de carteles foráneos de la droga (foreign narcotics kingpin). En segundo término, la acusación refiere hechos de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, en los que supuestamente Alejandro León ayudó a contratar vuelos privados de una empresa dominicana entre Turquía, Rusia y Venezuela, con la finalidad de posteriormente contrabandear bultos de dinero en efectivo a Estados Unidos, con un propósito desconocido. En tercer lugar, tanto Mones Coro como León Maal son ciudadanos estadounidenses nacidos en Venezuela, que viven en Florida. El primero supuestamente contrató al otro a través de la firma American Charter Services LLC, que como lo indica su nombre organiza vuelos privados. Mientras que León Maal habría ofrecido servicios en Venezuela para estos vuelos, a través de la firma SVMI Solutions. Finalmente, se constató que estos hechos involucraron por lo menos dos transferencias que suman 138.407 dólares, lo cual es tomado como una evidencia más de la violación a las sanciones del Tesoro contra El Aissami y López. Este caso comienza a conocerse debido a las detenciones de Mones y León. Según el fiscal del caso Geoffrey Berman y el agente del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, Angel Meléndez, por este caso también son juzgados Alejandro Antonio Quintavalle y Michols Orsini Quintero.

Libros

Uno de los bastiones para la preservación de la institucionalidad es sin duda alguna el periodismo. En especial en países donde el ejercicio del poder pareciera carecer de los controles tradicionales, como pueden ser los tribunales o los parlamentos. Ricardo Ravelo figura entre los reporteros que con mayor profusión ha documentado el avance del delito organizado en México, y su relación con los distintos estratos del Estado. En manos del narco (México DF, 2017) es la última obra de lo que podría describirse como una línea de investigación que comenzó para él en 2005, con un estudio sobre las caras que dominaban las principales rutas del tráfico de drogas en su país (Los capos). El más reciente reportaje analiza las consecuencias de la guerra contra algunos carteles planteada durante el gobierno de Felipe Calderón, a un costo elevadísimo de vidas humanas, algunas totalmente ajenas al conflicto, como los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Por cierto que en estas páginas se relata un interesante episodio en el que uno de los socios del Chapo Guzmán en sus primeras etapas, Héctor el güero Palma Salazar, fue víctima de una particular vendetta, luego de que fuese señalado por el tumbe de un cargamento de Miguel Félix Gallardo, jefe de jefes del momento. Gallardo supuestamente ordenó a un venezolano, Rafael Clavel Moreno, para que sedujera a la esposa de Palma. La mujer fue asesinada a cuchillo y desmembrada por Moreno durante una visita a Venezuela. El güero recibió su cabeza en México. Los dos hijos del matrimonio, relata Ravelo, también murieron arrojados desde un puente en Mérida. El mensaje era muy claro. Este fue el inicio de una guerra entre personajes que luego serían claves en el tráfico de drogas desde Suramérica.

PS: esta entrega de Crímenes sin Castigo carece de la sección Tres preguntas a… debido a los numerosos contratiempos ocasionados por los prolongados apagones en el país.