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domingo, 21 de abril de 2019

Puja en España


-Nuevamente, el ex director de Contrainteligencia Militar Hugo Carvajal se convierte en el centro de una disputa entre Estados Unidos y Venezuela. El Montesinos de Chávez es un trofeo codiciado

@javiermayorca

La captura en España del mayor general retirado del Ejército, Hugo Carvajal, vuelve a poner al Gobierno en una situación de emergencia, ante la posibilidad de que caiga en manos de los “enemigos” estadounidenses un valioso repositorio de todo tipo de informaciones comprometedoras.
Este escenario no se lo figuraron en la sala situacional: tener que intentar por todos los medios la defensa en las cortes de Madrid de un oficial que, apenas hace tres semanas, fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada mediante un decreto presidencial, con la amenaza explícita de un juicio por traición a la patria.
Dos países se disputan a Carvajal
La situación es de creciente complejidad. En primer lugar, la detención del ex jefe de Contrainteligencia Militar se llevó a cabo en virtud de una vieja notificación roja cursada a través de Interpol, la misma que fue invocada para aprehenderlo durante un breve lapso en Aruba, en julio de 2014. Era, por ende, un riesgo que debió ser perfectamente sopesado por este hombre, que fue calificado por la conocida revista colombiana Semana como el Montesinos de Chávez, en referencia a Vladimiro Montesinos, el poderosísimo ex jefe de la inteligencia peruana durante el régimen de Alberto Fujimori. Tan conocida era la situación para él que, de acuerdo con datos extraoficiales, en varias oportunidades intentó llegar a un avenimiento con el Tío Sam, a través de un bufete de abogados que se especializa en la materia.Pero los cargos criminales contra Carvajal son demasiado pesados para lograr un perdón total. Veamos. Por una parte, está una acusación que lo involucra en el escandaloso vuelo de un DC9 que salió del aeropuerto de Maiquetía hasta Ciudad del Carmen (México), cargado con 5,6 toneladas de cocaína. En ese vuelo solo admitieron maletas con drogas, que fueron colocadas en los asientos como si fuesen pasajeros. La documentación sobre este caso judicial en Estados Unidos establece un nexo directo entre el cartel de Sinaloa en rol de comprador, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como proveedor, y quien para abril de 2006 encabezaba la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Entre los suplidores de la droga y los que la adquirían estaba un bróker, Walid Makled, alias el Turco, guardado con celo en una mazmorra del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Esta acusación contra Carvajal la firma el fiscal Preet Bharara, el mismo que protagonizó el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial.
La segunda acusación establece un vínculo entre Carvajal y quien hasta 2008 fue uno de los máximos jefes del cartel del Norte del Valle, Wilber Alirio Varela, alias Jabón. Este ex policía devenido en traficante de drogas pasó los últimos cuatro años de su vida en Venezuela. Más de una vez intentó fingir su muerte, para desviar la atención de las autoridades. Una de estas fue en un apartamento de Plaza Venezuela, en 2006. Pasaron varios días hasta que la comparación de fichas dactilares permitió descartar que se tratara del jefe criminal.
Según las autoridades estadounidenses, Jabón actuaba en el país con protección de cuerpos policiales y militares, hasta que un buen día de enero de 2008 su enfrentamiento con los hermanos Comba (que también pasaron temporadas en el país) y con Daniel Rendón, en prominente capo de la Oficina de Envigado, alias Don Mario, propició un “cambio de mando” en la jerarquía del cartel. Los policías venezolanos dieron la espalda a Varela, y sus propios compinches lo mataron en una posada del estado Mérida, luego de vigilarlo durante varios días.
Alias Jabón fue asesinado en Mérida
Tanta importancia tenía Jabón que el levantamiento del cadáver fue supervisado por el entonces director de la policía judicial, comisario Marcos Chávez.
Esta muerte, sin embargo, no ocasionó mayores pérdidas para los jerarcas venezolanos, que controlaban la ruta, es decir, decían qué pasaba y qué no. Según la acusación firmada por el fiscal estadounidense Wilfredo Ferrer, “miembros de la facción de Varela continuaron pagando a Hugo Carvajal Barrios, alias el Pollo, y otros altos oficiales militares y policiales para que los asistiera en sus propias actividades de tráfico de drogas”. Incluso, de acuerdo con el documento, el general llegó a vender drogas a los propios miembros de estas organizaciones criminales.
Si se juntan ambos casos judiciales, se va aclarando un cuadro de relaciones que coloca a Carvajal como un operador vital para los grupos de la guerrilla colombiana y también los antiguos paramilitares devenidos en exportadores de cocaína.
Desde el momento en que las acusaciones fueron incorporadas a los tribunales de Nueva York y Miami hasta el presente, los alegatos contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar presumiblemente se han solidificado, toda vez que muchas de las personas que antaño explotaron las rutas de los estupefacientes a través del país ahora purgan condenas en Estados Unidos. Allí están Rasguño, don Diego, el Loco y los hermanos Comba, por citar algunos. Y del lado de las FARC, nada más y nada menos que José María Corredor, alias Boyaco, quien logró evadirse de las celdas del Helicoide para que luego lo pescaran en las selvas colombianas.
En su defensa, Carvajal ha señalado desde España que su captura y proceso de extradición “es político”. Desde luego que lo es. Y también es un caso criminal. En Venezuela, ambas cosas van juntas en una mezcla heterogénea, que a menudo es difícil de comprender.
¿Podrá evitarse esta vez que el Pollo caiga definitivamente bajo el dominio de Washington? Siempre pueden ocurrir sorpresas. En 1986, por ejemplo, Estados Unidos se quedó esperando que un juzgado español acordase la extradición de Jorge Luis Ochoa Vásquez, uno de los líderes del cartel de Medellín. Luego se comprobó que el juez de la causa había sido sobornado para que Ochoa fuese enviado a Colombia. Pero ya el daño estaba hecho. En 2011, Walid Makled fue enviado de Colombia a Venezuela, a pesar de que los estadounidenses también exigían su extradición. La decisión se fundamentó en un dudoso tecnicismo sobre qué país había entregado primero la solicitud correspondiente. En 2014, Washington también perdió la batalla, cuando intentó llevarse al propio general retirado desde Aruba.
Pero en el caso de Carvajal muchas cosas han cambiado durante los últimos cinco años. El podría alegar que a Venezuela no lo pueden enviar en virtud del riesgo inminente a su vida, la ausencia de estado de Derecho y debido proceso, etc. Algo que por cierto no está exento de paradojas, pues se trata de situaciones que él mismo contribuyó a crear. Si lo mandan a EEUU, también le espera la prisión, pero con un amplio margen de negociación derivado de los datos que seguramente tiene a la mano, y de los que por cierto presumió durante las últimas semanas en su cuenta twitter. Ese saber se refiere no solo a cuestiones ilícitas en las que habría participado o de las que fue testigo excepcional, sino también sobre cuestiones tan importantes para la historia reciente del país como por ejemplo los arreglos que se hicieron en el alto gobierno durante los últimos días de vida del teniente coronel Hugo Chávez, el verdadero rol de los cubanos y la proximidad del régimen con enemigos ecuménicos de EEUU, como Rusia e Irán. Esto colocaría el proceso a Carvajal en un plano totalmente distinto a lo meramente criminal y de altísimo valor para los intereses de Washington.
La puja en España apenas comienza.

Breves

-Mientras el Gobierno intenta convencer a sus seguidores de que la crisis eléctrica fue el producto de un ataque con pulsos electromagnéticos y francotiradores, en privado los funcionarios del área admiten lo que ya los expertos advertían: que la falta de mantenimiento en los complejos de generación y en las líneas de distribución tarde o temprano ocasionaría un colapso, solo retardado debido a la fuerte desaceleración de la economía (lo que aminora el consumo de energía). Lo peor es que ahora se intenta cargar en el sector privado los costos de las operaciones para la preservación de lo poco que aún está en pie. En la primera semana de abril, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) solicitó a las firmas operadoras de helicópteros que le regalaran horas de vuelo a Corpoelec para hacer las inspecciones a las líneas eléctricas. El Ejecutivo se comprometió a cancelar el combustible y eximir a estas compañías del pago de ciertas tasas como la de radioayuda, exclusivamente en aquellos vuelos relacionados con esta operación. Esto sucede pues la flota de aeronaves de ala rotatoria de Edelca y de la Corporación Venezolana de Guayana no está operativa.

-34 personas murieron en hechos de violencia registrados en centros penitenciarios y en retenes policiales durante el primer trimestre de 2019. Las cifras gubernamentales conocidas extraoficialmente indican que en enero reportaron trece homicidios tras las rejas, otros catorce en febrero y siete en el tercer mes del año. Hubo además similitud entre los totales de fallecidos en retenes policiales e internados judiciales. En los primeros fueron reportados 16 homicidios, cinco de ellos en instalaciones de la policía judicial, no sólo subdelegaciones sino también unidades especiales como Antiextorsión y Secuestros, ubicada en El Hatillo. En las cárceles bajo administración de Servicio Penitenciario mataron a dieciocho personas. Las más violentas fueron Tocorón en Aragua (7) y el centro Fénix del estado Lara (5). Estas cifras no toman en cuenta las muertes por enfermedades como tuberculosis y Sida, que se han disparado debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

-La situación de precariedad de la Fuerza Armada Nacional es inocultable. La FAN llegó a un nivel de incompetencia, en el que solamente sirve como soporte al esquema actual de poder. De resto, los propios militares ocasionalmente dan cuenta de las dificultades que hay para cumplir las tareas más elementales, que les asigna el Ejecutivo. En los Llanos, por ejemplo, a los soldados los envían desarmados y mal uniformados para custodiar las estaciones eléctricas. No hay comida para alimentarlos, o las raciones que les suministran se parecen a las de los internados judiciales. Los incentivos para permanecer en los cuarteles son insignificantes. La segunda semana de abril, el Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb) anunció que por fin pagarían un conjunto de bonificaciones. La máxima jerarquía castrense recibiría en total el equivalente a 20 dólares americanos. En la parte baja de la pirámide, las tropas obtendrían tres bonos que sumados reúnen apenas 7 dólares. Como punto de comparación, en el Ejército estadounidense el ingreso promedio anual de un sargento de infantería es de 39 mil dólares (puede ser más). La semana pasada se anunció en la FAN que entregarían un lote de vehículos de uso particular a través de la misión Negro Primero. Pero, según se aclaró, quedará excluido de este plan quien condiciona su lealtad a la obtención de beneficios. Todo este clima politizado y contradictorio ocasiona una disminución de la moral, que llega incluso a las academias de formación de oficiales. Según datos conocidos de primera mano, en el caso del Ejército han dado de baja a 52 estudiantes durante los últimos ocho meses.

Libros

El uso de aeronaves para el traslado de drogas en las américas ha sido motivo de numerosos reportajes periodísticos y capítulos en libros tales como Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo (1988) y Los reyes de la cocaína (1990) de Gugliotta y Leen. Ahora, la periodista colombiana Martha Soto lleva el tema a un nuevo nivel con su última obra Narcojet, cocaína para el mundo en aviones de lujo (Bogotá, 2018). En su trabajo como jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá, Soto ha forjado sólidas fuentes en los cuerpos de aplicación de la ley, lo que permite al lector tender una mirada a diversos y escandalosos casos en los que han utilizado naves fletadas a empresas con tradición para llevar estupefacientes a Estados Unidos y Europa. Como era de esperarse, las páginas de este libro están cruzadas de principio a fin por menciones a Venezuela. No todas están estrictamente relacionadas con el tráfico de drogas. Por ejemplo, durante la investigación judicial a una empresa de vuelos por contrato (Central Charter) se conocieron los detalles sobre el escape de Venezuela de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz. En el libro se refiere un informe confidencial, según el cual la compañía del millonario Gabriel Echavarría recibió 15.000 dólares de un empresario venezolano en el exilio -cuyo nombre no fue divulgado- para buscar a la titular del Ministerio Público en Aruba, adonde pudo llegar en una lancha rápida junto a su esposo Germán Ferrer. Ortega fue recibida el 18 de agosto de 2017 en Bogotá por el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto. Y allí fue entrevistada agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Oficina de Seguridad Nacional (Homeland Security) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con el libro de Soto, la Fiscal dio detalles concretos sobre la implicación de importantes figuras del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico de drogas y sobre los sobornos de la Constructora Odebrecht a distintos personeros nacionales. Esta obra, como se puede apreciar, está preñada de información valiosa e interesante para los lectores venezolanos.

domingo, 7 de abril de 2019

Contra la inteligencia

-La degradación y expulsión de los generales Carvajal y Rotondaro, mediante decreto presidencial, no solo envía un mensaje a la tropa que murmura y se queja sino especialmente a quienes hoy conducen el aparato de inteligencia

@javiermayorca

La degradación y posterior expulsión de las filas militares de los generales Hugo Carvajal y Carlos Rotondaro, a través de un decreto presidencial, tiene numerosos detalles que merecen ser analizados, pues dicen mucho de lo que podría llamarse el “clima organizacional” de la Fuerza Armada.
No es la primera vez que el Gobierno aplica una medida como esta. En marzo de 2018, otro decreto publicado en la Gaceta Oficial lanzó fuera de la institución castrense a Raúl Isaías Baduel, hasta ese momento general en jefe, ex ministro de la Defensa, “héroe de abril” y, para más detalles, integrante de aquel grupo que según la leyenda del Arañero se congregó en torno al Samán de Guere para hacer un juramento, que luego se traduciría en un intento de golpe de Estado, del que por cierto este general desistió a última hora.
En aquella oportunidad, uno podía suponer que esta decisión obedecía a una súbita efervescencia presidencial. Un golpe a la mesa, como para convencer que se tiene un carácter que en realidad no existe. De nada valían las observaciones formuladas por el abogado Omar Mora, en el sentido de que la degradación y la expulsión de la Fuerza Armada son dos penas accesorias que, como lo indica el propio calificativo, solo pueden ser impuestas una vez que ha ocurrido una sentencia definitivamente firme.
En los cuarteles todo debe estar reglamentado. La idea, dicen los especialistas, es general rituales y rutinas. La ruptura de esta normalidad es muy peligrosa, puesto que abre paso a la discrecionalidad en algo tan delicado como el uso del poder armado.
La degradación y la expulsión también tenían su ritual. Una vez me lo explicaron en el Consejo de Guerra: el penado era colocado frente a sus compañeros de armas, luego se daba lectura a la decisión de viva voz para posteriormente despojarlo de toda su parafernalia. Por último, el resto de la tropa debía darle la espalda.
Todo esto pues la justicia militar tiene un carácter esencialmente ejemplarizante, destinado a preservar un valor fundamental en la Fuerza Armada, como es la disciplina.
Maduro rompió con todo eso. Su problema no es la indisciplina, que cunde en Fuerte Tiuna, sino la deslealtad. Carvajal y Rotondaro debieron entender esto hace tiempo, pero optaron por permanecer pegados al poder. En el caso del creador y ex director de Contrainteligencia Militar uno debe reconocer que su proceso de alejamiento del madurismo fue lento y prolongado, incluso previo a la escueta campaña que lo llevó a ocupar una curul parlamentaria. Intentó sin éxito abrevar del oficialismo pero tratando de mancharse lo menos posible con la influencia de la pareja presidencial. Y ese juego, al final, lo dejó al descubierto.
Era cuestión de tiempo para que degradaran y expulsaran de la FAN a Carvajal y a Rotondaro. Lo extraño, especialmente en el caso del militar/diputado, es que no les hayan aplicado la fórmula completa, tal y como hicieron con el oficial que diseñó el Sebin, Miguel Rodríguez Torres.
No les perdonan la deslealtad
Quizá el Gobierno se está reservando las detenciones para un futuro capítulo, tomando en cuenta que, según uno de los considerandos del decreto presidencial de expulsión, las conductas de Carvajal, Rotondaro y otros diez militares de menor graduación incluidos en la misma lista de sancionados habrían cometido traición a la patria. En todo caso, indica el texto, “se han iniciado las investigaciones correspondientes” para determinar si hubo algún delito en sus respectivos pronunciamientos.
Tal y como sucedió en la primera semana de marzo con la expulsión de 116 militares, los señalados en esta oportunidad también han marcado distancia con respecto al régimen, y muchos de ellos presumiblemente cruzaron la frontera para unirse a la causa de Juan Guaidó.
Cuando Maduro llegó a Miraflores, en su primer grupo de oficiales ascendidos a destiempo estaban precisamente Carvajal y Rodríguez Torres. Era como si el nuevo presidente necesitara consolidar cuanto antes su posición en la FAN a través de la inteligencia. Seis años después, ambos se han enfrentado al mandatario y han conocido, cada quien a su manera, cómo se puede ser víctima de los excesos del poder. Este mensaje va dirigido a la tropa que murmura y comenta, y especialmente a los que en este momento están al frente de los mismos cuerpos que una vez condujeron estos oficiales del Ejército.

Breves



*Vuelven los piques a la autopista Francisco Fajardo. Esta práctica, que en otras oportunidades ha ocasionado la muerte de conductores, generalmente sorprendidos en medio de las carreras, retornó al lugar en el que cobró notoriedad hace algunos años: el distribuidor Los Ruices. Los vehículos que participan en las competencias, y los de los espectadores son tantos que ocupan canales en ambos sentido. Una conductora que por razones laborales debe regresar a su residencia a altas horas de la noche se ha visto atrapada varias veces en medio de estas carreras. “Se estacionan a ambos lados de la autopista, detienen a los carros que van en sentido a Terrazas del Avila, pero también los que van a Altamira, para que puedan hacer sus piques, y me ha ocurrido que pasan los carros a ambos lados a altísima velocidad (...), la sensación alrededor es espeluznante pues la gente está demasiado alborotada, tomada y con botellas en las manos (...) Al principio eran pocos carros, pero han ido en aumento. El jueves 28 de marzo ha sido la noche en que más carros y gente he visto. La situación es crítica. Muy cerca está un módulo policial, y no hacen nada”, relató.

El reto Momo
*Mucha preocupación ha ocasionado el llamado Momo Challenge en sectores juveniles, tanto de Venezuela como de otras partes del mundo. El 20 de marzo, por ejemplo, se atribuyó a este juego el suicidio de un niño de once años de edad en North Miami Beach (EEUU). Tres días antes de este suceso, la policía judicial venezolana emitió un mensaje para alertar que por la plataforma YoutubeKids estaba irrumpiendo la figura del hentai Momo “incitando un juego suicida”. Las advertencias parecían concretarse el 31 de marzo, ante la noticia de que un niño de doce años supuestamente se quitó la vida en Margarita, mientras participaba en uno de estos retos. La organización Cecodap indagó sobre este caso. Su director Oscar Misle confirmó que el joven murió por ahorcamiento. Pero no se ha establecido que este hecho fuese producto de una participación en el famoso juego. Para el momento del suceso, además, el adolescente carecía de teléfono pues se le había dañado debido a la exposición al agua. De manera que no pudo tener acceso inmediato a los mensajes que transmite la repulsiva figura. “No podemos concluir que fue por influencia de los retos de Momo”, dijo Misle. Más allá de esto, la tragedia que implica el suicidio de un joven a tan corta edad ha suscitado una reflexión en el colegio donde estudiaba. Según el psicólogo Abel Saraiba, que ha trabajado este caso en nombre de la ONG, el alumnado debe discutir lo sucedido con su compañero, “orientados por su profesor guía”, puesto que es muy probable que influyan diversos factores sobre la comunidad estudiantil, más allá de un reto que hoy se llama Momo y que antes podía ser Ballena Azul. Según este profesional, es necesario hacer prevención pues los suicidios o sus tentativas “son una gran problemática entre adolescentes”.

*Las permanentes fallas en el servicio eléctrico han incrementado la precariedad con la que trabajan en los despachos de la policía judicial. En una circular interna, transmitida esta semana a todas las unidades del principal cuerpo de investigación policial del país, el director Douglas Rico ordena a los jefes reemplazar las luminarias por las del modo “ahorrador” -sin la debida provisión de fondos-, prender los aparatos de aire acondicionado una hora después de haberse incorporado a las labores y una hora antes de irse, desenchufar neveras y computadoras cuando cierren los despachos y, de ser posible, trabajar con la ventilación natural. Estas medidas definitivamente “calientan” el clima de la organización, donde ya ni siquiera cuentan con papel para la impresión de las denuncias, y encima se exige a los funcionarios plena fidelidad a la “revolución”.

Rumbo a Jose
*El viernes 5 de marzo, el Departamento del Tesoro estadounidense incorporó a la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) a dos empresas relacionadas con el negocio marítimo, inscritas respectivamente en Grecia y Liberia y a 35 tanqueros petroleros. El más importante para esta decisión pareciera ser el Despina Andrianna, que llevó crudo venezolano a Cuba en febrero y marzo de este año. El propietario registrado de la nave es la firma Ballito Bay Shipping Inc, basada en Monrovia, la capital liberiana, mientras que el operador es ProPer in Management Inc, con sede en el puerto griego de Pireo. Para el momento en que la información fue divulgada, la embarcación navegaba cerca de las costas de Jamaica, procedente de Cuba, y se esperaba su arribo al puerto de Jose, en Anzoátegui, el 9 de abril. Con esta decisión, se eleva a 186 el número de personas, entidades y vehículos de todo tipo que son objeto de sanciones por ser utilizadas para sustentar al régimen de Maduro.


Tres preguntas a… Daniel Valero (Servicios Mine3)

1.-La prensa internacional ha informado sobre la incautación de cinco toneladas de coltán aparentemente sustraídas de Venezuela, alegando que la carga no había sido supervisada por el “ente regulador”. ¿Se puede inferir entonces que este mineral iba a ser adquirido por una empresa italiana? De lo contrario, cuál iba a ser el destino de este cargamento?
-Primero hay que demostrar que el mineral es de venezuela. Las características del coltán venezolano son únicas. En Colombia también hay, así como en Brasil y Bolivia. No somos el único país. En los estudios hechos por el Global Observatory of Transnational Criminal Networks, el destino final de estos minerales tiene que ser China, pues ellos procesan ese mineral.  A este procedimiento se le llama “blanqueamiento”.

2.-¿Es posible que el coltán venezolano sea manejado por redes ilegales, y de ser así en qué fase del proceso ocurriría esto?
-Puede ser posible. Pero en Venezuela las extracción de estos minerales se hace por saquitos, no por toneladas. Ninguna empresa puede explotarlo de forma activa en grandes cantidades. Las empresas que están no explotan el mineral. La manera artesanal no tiene la capacidad de explotar este mineral en grandes cantidades. En Venezuela no hay procesos de concentración de ese mineral. La extracción es por kilos. Para sacar cinco toneladas de Venezuela se llevaría meses de forma artesanal. Los pueblos indígenas tienen una economía basada en procesos minerales, pero la minería ilegal es diferente a la artesanal, y podría hacer ese proceso.

3.-Debido a la particular crisis política que vive el país, ¿existe el riesgo de que el coltán extraído de Venezuela sea calificado como un mineral de conflicto?
-Si. Existen reglas internacionales. Todo mineral extraído de forma ilegal se declara en conflicto y Venezuela puede caer allí. En mayo de 2018 trataron de enviarlo a Italia también. Fue el debut en el mercado internacional, pero como no cumplieron con las reglas, esas toneladas no son tomadas como oficiales. Hicieron un acto público en el puerto de Palúa (Bolívar) en mayo de 2018. No sabemos si esas toneladas llegaron a Italia. Pero en Italia no existen plantas para procesar esos minerales en crudo, ni en Venezuela, Brasil o Bolivia. La cantidad no representa un negocio como se habla de 2 o 3 millardos. Necesitas una industria para llegar a esos números. Si buscas las fotos de ese momento (mayo de 2018), estaba el mineral en sacos. Lo hicieron público y notorio, pero el mercado internacional no participó. Ese mercado es muy pequeño, son en total 39 plantas en el mundo, y de ellas sólo 4 pueden procesar el mineral venezolano. Una está en Alemania, es HC Star, y puede procesar mineral. Se enviaron muestras a ella y se hacen estudios para recibir el mineral venezolano. Eso está en estudio. El mineral de Venezuela es único con concentraciones de tantalio. En Colombia pueden ser piedras grandes y negras. En Brasil son como lajas, con concentración de 9%, por eso no hay industria de tantalio sino de miobio. Para tener beneficio real del tantalio solo dos patentes, de Alemania y Japón, pueden llegar a 99,9%. El precio al 94,4% es hasta $390.000 por tonelada, y el de 99,9% que solo tienen dos patentes y hacen la materia prima para los componentes electrónicos puede llegar a 3 millones de dólares la tonelada. HC Star tiene 6 mil empleados y ocupa casi todo un pueblo. De manera que China es el único país que puede recibir el mineral venezolano en estas condiciones. Las reglas claras dicen que por responsabilidad social no se compra mineral de contrabando ni de países en conflicto. China puede hacer el proceso de “blanqueamiento” del mineral y decir que viene de otra parte. Presumo que el certificado de origen lo pondrían de Italia. (...) El costo del mineral crudo venezolano máximo llega a 250.000 dólares la tonelada, pues luego hay que procesarlo. En cada pelota de mineral venezolano hay otros 14 minerales asociados: miobio, zinc, hierro… por eso tiene una característica única en el mundo. Cada pelota también contiene uranio y torio, que no sirven para hacer bombas nucleares.

Libros

En 2019 se cumplen quince años desde que una bomba mató al fiscal ambiental Danilo Anderson, en una calle de la urbanización Los Chaguaramos. Una explosión que quizá cambió el rumbo de la historia del país. Desde un principio, las investigaciones sobre este caso fueron manipuladas para lograr la eliminación, física o política, de un grupo de personas que, desde distintas perspectivas, adversaban al régimen venezolano. Solo las investigaciones periodísticas permitieron arrojar luces sobre lo que realmente se ocultaba detrás de este asesinato, y el posterior encubrimiento de los verdaderos autores, materiales e intelectuales. En Crimen de Estado (Bogotá, 2018) la periodista venezolana María Angélica Correa desnuda uno de los aspectos más controversiales del caso, como fue el rol del primer “testigo estrella” invocado por la Fiscalía para sustentar sus incriminaciones. Con un relato a menudo escrito en primera persona, la autora va desmontando, una tras otra, las supuestas revelaciones del colombiano Giovanny Vásquez, y no contenta con ello luego llega a confrontarlo, para obtener nuevas verdades que contribuyen a construir un discurso alternativo al que se ha tratado de imponer desde el poder venezolano, aún en la actualidad. Esta obra puede ser vista como la segunda parte de una saga -esta muy real- que comenzó hace seis años con A ese muchacho lo van a matar (Caracas, 2012). Desde entonces hasta ahora, muchas cosas han cambiado en el país, entre ellas que la censura se ha refinado y los libros especialmente críticos como éstos dos solo pueden ser adquiridos por medios electrónicos.