-Nuevamente,
el ex director de Contrainteligencia Militar Hugo Carvajal se convierte en el
centro de una disputa entre Estados Unidos y Venezuela. El Montesinos de Chávez es un trofeo codiciado
@javiermayorca
La
captura en España del mayor general retirado del Ejército, Hugo Carvajal,
vuelve a poner al Gobierno en una situación de emergencia, ante la posibilidad
de que caiga en manos de los “enemigos” estadounidenses un valioso repositorio
de todo tipo de informaciones comprometedoras.
Este
escenario no se lo figuraron en la sala situacional: tener que intentar por
todos los medios la defensa en las cortes de Madrid de un oficial que, apenas
hace tres semanas, fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada mediante un
decreto presidencial, con la amenaza explícita de un juicio por traición a la
patria.
![]() |
Dos países se disputan a Carvajal |
La
segunda acusación establece un vínculo entre Carvajal y quien hasta 2008 fue
uno de los máximos jefes del cartel del Norte del Valle, Wilber Alirio Varela,
alias Jabón. Este ex policía devenido
en traficante de drogas pasó los últimos cuatro años de su vida en Venezuela.
Más de una vez intentó fingir su muerte, para desviar la atención de las
autoridades. Una de estas fue en un apartamento de Plaza Venezuela, en 2006.
Pasaron varios días hasta que la comparación de fichas dactilares permitió
descartar que se tratara del jefe criminal.
Según
las autoridades estadounidenses, Jabón
actuaba en el país con protección de cuerpos policiales y militares, hasta que
un buen día de enero de 2008 su enfrentamiento con los hermanos Comba (que también pasaron temporadas en
el país) y con Daniel Rendón, en prominente capo de la Oficina de Envigado, alias
Don Mario, propició un “cambio de
mando” en la jerarquía del cartel. Los policías venezolanos dieron la espalda a
Varela, y sus propios compinches lo mataron en una posada del estado Mérida,
luego de vigilarlo durante varios días.
![]() |
Alias Jabón fue asesinado en Mérida |
Tanta
importancia tenía Jabón que el
levantamiento del cadáver fue supervisado por el entonces director de la
policía judicial, comisario Marcos Chávez.
Esta
muerte, sin embargo, no ocasionó mayores pérdidas para los jerarcas
venezolanos, que controlaban la ruta, es decir, decían qué pasaba y qué no.
Según la acusación firmada por el fiscal estadounidense Wilfredo Ferrer,
“miembros de la facción de Varela continuaron pagando a Hugo Carvajal Barrios,
alias el Pollo, y otros altos
oficiales militares y policiales para que los asistiera en sus propias
actividades de tráfico de drogas”. Incluso, de acuerdo con el documento, el
general llegó a vender drogas a los propios miembros de estas organizaciones
criminales.
Si
se juntan ambos casos judiciales, se va aclarando un cuadro de relaciones que
coloca a Carvajal como un operador vital para los grupos de la guerrilla
colombiana y también los antiguos paramilitares devenidos en exportadores de
cocaína.
Desde
el momento en que las acusaciones fueron incorporadas a los tribunales de Nueva
York y Miami hasta el presente, los alegatos contra el ex jefe de
Contrainteligencia Militar presumiblemente se han solidificado, toda vez que
muchas de las personas que antaño explotaron las rutas de los estupefacientes a
través del país ahora purgan condenas en Estados Unidos. Allí están Rasguño, don Diego, el Loco y los
hermanos Comba, por citar algunos. Y
del lado de las FARC, nada más y nada menos que José María Corredor, alias Boyaco, quien logró evadirse de las
celdas del Helicoide para que luego lo pescaran en las selvas colombianas.
En
su defensa, Carvajal ha señalado desde España que su captura y proceso de
extradición “es político”. Desde luego que lo es. Y también es un caso
criminal. En Venezuela, ambas cosas van juntas en una mezcla heterogénea, que a
menudo es difícil de comprender.
¿Podrá
evitarse esta vez que el Pollo caiga
definitivamente bajo el dominio de Washington? Siempre pueden ocurrir
sorpresas. En 1986, por ejemplo, Estados Unidos se quedó esperando que un
juzgado español acordase la extradición de Jorge Luis Ochoa Vásquez, uno de los
líderes del cartel de Medellín. Luego se comprobó que el juez de la causa había
sido sobornado para que Ochoa fuese enviado a Colombia. Pero ya el daño estaba
hecho. En 2011, Walid Makled fue enviado de Colombia a Venezuela, a pesar de
que los estadounidenses también exigían su extradición. La decisión se
fundamentó en un dudoso tecnicismo sobre qué país había entregado primero la
solicitud correspondiente. En 2014, Washington también perdió la batalla,
cuando intentó llevarse al propio general retirado desde Aruba.
Pero
en el caso de Carvajal muchas cosas han cambiado durante los últimos cinco
años. El podría alegar que a Venezuela no lo pueden enviar en virtud del riesgo
inminente a su vida, la ausencia de estado de Derecho y debido proceso, etc.
Algo que por cierto no está exento de paradojas, pues se trata de situaciones
que él mismo contribuyó a crear. Si lo mandan a EEUU, también le espera la
prisión, pero con un amplio margen de negociación derivado de los datos que
seguramente tiene a la mano, y de los que por cierto presumió durante las
últimas semanas en su cuenta twitter. Ese saber se refiere no solo a cuestiones
ilícitas en las que habría participado o de las que fue testigo excepcional,
sino también sobre cuestiones tan importantes para la historia reciente del
país como por ejemplo los arreglos que se hicieron en el alto gobierno durante
los últimos días de vida del teniente coronel Hugo Chávez, el verdadero rol de
los cubanos y la proximidad del régimen con enemigos ecuménicos de EEUU, como
Rusia e Irán. Esto colocaría el proceso a Carvajal en un plano totalmente
distinto a lo meramente criminal y de altísimo valor para los intereses de
Washington.
La
puja en España apenas comienza.
Breves
-Mientras
el Gobierno intenta convencer a sus seguidores de que la crisis eléctrica fue
el producto de un ataque con pulsos electromagnéticos y francotiradores, en
privado los funcionarios del área admiten lo que ya los expertos advertían: que
la falta de mantenimiento en los complejos de generación y en las líneas de
distribución tarde o temprano ocasionaría un colapso, solo retardado debido a
la fuerte desaceleración de la economía (lo que aminora el consumo de energía).
Lo peor es que ahora se intenta cargar en el sector privado los costos de las
operaciones para la preservación de lo poco que aún está en pie. En la primera
semana de abril, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) solicitó a
las firmas operadoras de helicópteros que le regalaran horas de vuelo a
Corpoelec para hacer las inspecciones a las líneas eléctricas. El Ejecutivo se
comprometió a cancelar el combustible y eximir a estas compañías del pago de
ciertas tasas como la de radioayuda, exclusivamente en aquellos vuelos relacionados
con esta operación. Esto sucede pues la flota de aeronaves de ala rotatoria de
Edelca y de la Corporación Venezolana de Guayana no está operativa.
-34
personas murieron en hechos de violencia registrados en centros penitenciarios
y en retenes policiales durante el primer trimestre de 2019. Las cifras
gubernamentales conocidas extraoficialmente indican que en enero reportaron
trece homicidios tras las rejas, otros catorce en febrero y siete en el tercer
mes del año. Hubo además similitud entre los totales de fallecidos en retenes
policiales e internados judiciales. En los primeros fueron reportados 16
homicidios, cinco de ellos en instalaciones de la policía judicial, no sólo
subdelegaciones sino también unidades especiales como Antiextorsión y Secuestros,
ubicada en El Hatillo. En las cárceles bajo administración de Servicio
Penitenciario mataron a dieciocho personas. Las más violentas fueron Tocorón en
Aragua (7) y el centro Fénix del estado Lara (5). Estas cifras no toman en
cuenta las muertes por enfermedades como tuberculosis y Sida, que se han
disparado debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
-La
situación de precariedad de la Fuerza Armada Nacional es inocultable. La FAN
llegó a un nivel de incompetencia, en el que solamente sirve como soporte al
esquema actual de poder. De resto, los propios militares ocasionalmente dan cuenta de las
dificultades que hay para cumplir las tareas más elementales, que les asigna el Ejecutivo. En los Llanos, por
ejemplo, a los soldados los envían desarmados y mal uniformados para custodiar
las estaciones eléctricas. No hay comida para alimentarlos, o las raciones que
les suministran se parecen a las de los internados judiciales. Los incentivos
para permanecer en los cuarteles son insignificantes. La segunda semana de
abril, el Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb) anunció que por fin
pagarían un conjunto de bonificaciones. La máxima jerarquía castrense recibiría
en total el equivalente a 20 dólares americanos. En la parte baja de la
pirámide, las tropas obtendrían tres bonos que sumados reúnen apenas 7 dólares. Como punto de comparación, en el Ejército estadounidense el ingreso promedio anual de un sargento de
infantería es de 39 mil dólares (puede ser más). La semana pasada se anunció en la FAN que
entregarían un lote de vehículos de uso particular a través de la misión Negro
Primero. Pero, según se aclaró, quedará excluido de este plan quien condiciona
su lealtad a la obtención de beneficios. Todo este clima politizado y
contradictorio ocasiona una disminución de la moral, que llega incluso a las
academias de formación de oficiales. Según datos conocidos de primera mano, en
el caso del Ejército han dado de baja a 52 estudiantes durante los últimos ocho
meses.
Libros
