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domingo, 19 de mayo de 2019

Razones para desertar

-Las defecciones se han convertido en una práctica común en la Fuerza Armada. Cualquier motivo parece valedero. Al final, el régimen las aprovecha para quedarse con quienes considera “leales”

@javiermayorca

El 6 de mayo, una comisión de la Guardia Nacional se presentó en uno de los edificios de Fuerte Tiuna utilizados como vivienda en guarnición para los oficiales subalternos. Los uniformados buscaban al capitán Jesús Ramos, quien comandaba una de las compañías del Destacamento de Seguridad Urbana de ese componente en el estado Vargas.
Ramos debía presentarse en su unidad el 2 de mayo, luego de disfrutar un permiso autorizado por la superioridad. Ante su ausencia, ordenaron la activación del llamado “plan de localización”. Esto implica que lo buscarán en su residencia y la de sus padres y parejas.
Debido al estado de crispación en la FAN, se sospechaba que este capitán podía estar incorporado a la causa de Juan Guaidó, quien el 30 de abril había respaldado un alzamiento en los alrededores de la base aérea La Carlota junto a numerosos efectivos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional.
De acuerdo con fuentes castrenses, al profundizar en las pesquisas se determinó que el oficial pudo haber cruzado la frontera con Colombia. Fue allí donde se detectó por última vez la utilización de su número telefónico.
Era, con toda probabilidad, el caso de otro militar cobijado por Acnur en Cúcuta.
Deserciones no cesan luego del 30-A
Ramos, hasta el momento de redactar esta columna, no ha colgado ningún video en YouTube, explicando las razones de su defección. La publicación de mensajes en las redes sociales es casi un patrón de conducta entre los oficiales y tropas que salen del país, y que según Migración Colombia ya sobrepasan el millar.
Este caso fue distinto. El 9 de mayo, Ramos se comunicó con sus superiores utilizando un número colombiano, como para despejar dudas de su paradero. Confirmó que se unió al alzamiento del 30 de abril, aunque curiosamente sin llamar a las tropas a su mando. Es decir, en términos estrictamente personales. Sostuvo que durante sus diez años largos de servicio conoció la corrupción y la ausencia de criterio y objetividad de la alta oficialidad de su componente. Algo que, según su punto de vista, contrastaría con el “sufrimiento” de la tropa.
El capitán no teme que lo llamen traidor. Prefiere ese calificativo a que lo vean como cómplice de una “pantomima”, y aseguró que al marcar distancia con respecto al régimen no será copartícipe de la “destrucción del país”.
El nombre de este capitán probablemente aparecerá en algún decreto presidencial, junto a docenas de oficiales y tropas degradados y expulsados de la Fuerza Armada. Así es como Maduro despacha en este momento la crisis cada vez más profunda en la institución castrense.
Luego del 30 de abril, el “goteo” de deserciones y pronunciamientos no ha cesado. Cualquier razón pareciera válida para huir de los cuarteles.
Mientras que Ramos argumentaba la separación anímica de lo que una vez fue su proyecto de vida, el mayor del Ejército José Gregorio Basante también hacía los preparativos para cruzar la frontera por Santa Elena de Uairén, rumbo a Brasil. Este oficial, quien hasta la semana pasada comandó el Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército 5102, ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes indígenas, a partir del 23 de febrero. Pero lo que propulsó su defección no fue esto, sino la investigación sobre un presunto contrabando de diésel en un convoy que trasladaba blindados BTR-80, desde Puerto Cabello hasta la unidad comandada por él, el 30 de abril. Por este caso habían sido detenidas en flagrancia cuatro personas, entre ellas un coronel de la misma fuerza que Basante.
De un lado, entonces, están las razones morales y políticas. Del otro, motivos que parecieran netamente pragmáticos. Ramos y Basante aparecen como dos extremos opuestos, pero que convergen en el mismo resultado: romper filas.
Desde 2017, las deserciones empezaron a ser maquilladas con un eufemismo, que llaman “permanencia arbitraria fuera de la unidad militar”. La razón de fondo, según explicaron fuentes de la FAN, es que si todos los casos de deserción fuesen procesados como delitos, no se darían abasto. Son demasiados, y entonces prefieren procesarlos por vía administrativa.
En otros tiempos, la deserción de efectivos de tropa ocurría ocasionalmente. Buscar a quienes se ausentan ha sido una de las funciones de la Policía Militar, según lo indica el reglamento de Servicio en Guarnición. Ahora, como se ve, las deserciones abarcan no solo a sargentos sino también a oficiales jóvenes y a generales.
En las policías también están “desertando”. Esa es una de las razones por las que la PNB solo dispone realmente de poco más de la mitad de su nómina. En el caso de Cicpc, lo que molesta no es la ausencia del funcionario, sino que luego se distancie públicamente del régimen mediante un comunicado o un video. Por eso los jefes de algunas regiones en el centro del país pidieron a los subalternos que eviten las declaraciones públicas, y se limiten a solicitar la jubilación por los canales regulares.
Todo esto habla de un gran desencanto, que no conduce a un esfuerzo organizativo sino acciones netamente personales y aisladas. Al final, esta dinámica termina beneficiando al régimen, pues aprovecha para depurar sus filas y quedarse estrictamente con quienes considera “leales”.

Breves

-El régimen avanza en estos días de relativa calma post 30-A, y toma medidas ante el inminente incremento de la conflictividad política y social. Comenzaron a ejecutarse dos decisiones: 1) se avanza en la constitución de las llamadas “cuadrillas de paz”, entidades en las que convergen efectivos de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional con colectivos armados, miembros de las UBCHs y empleados del programa Clap. Ya convocaron para las prácticas de estos grupos en unidades de la FAN; y 2) se ordenó a la Guardia Nacional iniciar los cursos de formación para facilitadores en materia de orden público en cada región policial. En el caso de la Policía Nacional, la orden es conformar escuadras de 200 efectivos en cada estado del país, con conocimiento de las técnicas para aplacar manifestaciones.

-La súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda, y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la institución indicaron que este general no transmitió debidamente la orden impartida por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en el sentido de no permitir aglomeraciones ni bloqueos en la autopista, en especial en los alrededores de Altamira. Esta omisión hizo que titular del MRI tuviese que saltar varios eslabones en la cadena de mando para mandar directamente al jefe de Orden Público, comisionado Valentín Hernández, una actuación inmediata contra los manifestantes. Los cambios que desde entonces han implantado en el principal cuerpo civil armado del país han causado estupor. Para la subdirección fue designado un teniente coronel de la Guardia Nacional, Rubén Santiago Servigna, quien venía de desempeñarse como Administrador del MRI; al jefe de Investigaciones Penales, el comisario general Cicpc Alirio Cermeño lo reemplazaron por un capitán de la Guardia Nacional; otro oficial del mismo grado estará al frente de la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Esto se une al cambio ya anunciado en la jefatura de la Fuerza de Acciones Especiales, ahora ejercida por el comisario del Sebin José Miguel Domínguez, alias Miguelito, conocido por su estrecha relación con los colectivos armados.

Areas de riesgo de piratería en oriente
-Un informe divulgado en abril por el Center for Global Affairs & Strategic Studies advierte que en 2018 el número de actos de piratería marítima reportado en las costas orientales de Venezuela, así como en las de Guyana y Surinam se incrementó 167% con respecto al período anterior. El reporte elaborado por Manuel Lamela indica que esta situación ha llevado al gobierno de Trinidad y Tobago a crear una “unidad aérea de élite” contra la piratería. Aunque la frecuencia de este delito aún no tiene las magnitudes de las registradas en otros años en costas del Cuerno de Africa, se percibe que el agravamiento continuado de la situación venezolana está alimentando las bandas dedicadas a este delito, que aprovechan las vulnerabilidades generadas por la escasa o nula presencia de fuerzas de seguridad. La decisión del gobierno trinitario fue propulsada por el secuestro de seis pescadores de ese país en enero. Las víctimas fueron interceptadas en aguas de Trinidad y llevadas a suelo venezolano, donde estuvieron cautivas mientras se negociaba el pago de un rescate de $200.000. Este no ha sido el único caso reportado este año. Poco antes, hubo un hecho similar en el que dos navegantes fueron privados de libertad, y fue necesario pagar a sus captores $40.000. Esas aguas, indica el informe, también son disputadas por dos bandas que operan en Paria, y que intentan adueñarse de la ruta para el traslado de cocaína.

*Tres preguntas a… Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conauid, actual ONA)

1.-España aún no decide sobre la extradición del mayor general Hugo Carvajal. ¿Qué atractivo puede tener para los españoles el ex jefe de Contrainteligencia Militar?
-El único atractivo es que el Pollo puede tener toda la información sobre ETA, así como ciertas informaciones sobre la droga que llega a España, las vías y los grupos que la pueden estar transportando. Pero en realidad no tienen una acusación fuerte contra él. Si bien es cierto que él entró a España con un pasaporte falso, ese es un delito menor, y siempre cuando hay acumulación de delitos para la extradición se toma en cuenta el que sea mucho más grave. Pienso que para los americanos es más importante tener a Carvajal que para la propia España. Sin embargo, España tiene interés en ETA, pues está ocupando ciertos cargos y que está vinculada con el gobierno de Maduro.

2.-Carvajal siempre ha alegado su inocencia en público. Pero los señalamientos de EEUU son muy firmes. ¿El habrá actuado como operador de un gobierno o por mero afán de enriquecimiento?
-Una fuente me aseguró que EEUU tenía todas las pruebas en sus manos. La DEA viajó a España y se entrevistó con Carvajal. El Pollo quiere que le den la condición de testigo protegido, pero en libertad. Y eso no se lo van a conceder, a menos que la información sea tan privilegiada que haga un caso muy especial. Para la DEA es un punto de honor que el Pollo esté detenido y cumpliendo pena en EEUU. Pero una cosa son los cuerpos policiales y otra la Fiscalía y el manejo de los procesos en EEUU. Es un sistema totalmente distinto del nuestro. Probablemente, Carvajal actuó como un operador del gobierno durante las primeras etapas de Chávez. El era el vínculo entre Chávez y las FARC. Al inicio fue Rodríguez Chacín, y luego él. Porque él manejaba toda la logística cuando Iván Márquez iba a Venezuela. El daba las credenciales a los grandes jerarcas de las FARC, como un salvoconducto para que entraran y salieran de Venezuela. Pero luego él se consagró, y operaba solo. Porque él manejaba muchísima información y podía controlar absolutamente todo. No solo controlaba los operativos que podía hacer el Gobierno, sino también los civiles. El último gran operador civil de la droga fue Walid Makled. Pero él (Carvajal) no solo sabía dónde estaba la droga sino quiénes estaban involucrados. A los militares los tenía grabados. Al final, él llegó a ser el gran jerarca, conocedor y movilizador de la droga. La gran pelea que él tuvo con el grupo de tarea en la Conacuid era que no le pasábamos información. Sin embargo, él lo infiltró con Morgado y Maneiro, y llegó a tener la información.

3.-¿En fin de cuentas, cuál cree que será el desenlace del juicio en España?
-España no tiene cómo mantener a Carvajal allí. A lo mejor, le sacan alguna información. En privado, él ha reconocido su involucramiento. El infiltró a casi todos los funcionarios del Estado. Incluso, diría que a mí también me infiltró, pues lo controlaba todo.

Libros

En la entrega anterior, se indicaba que los estudios sobre criminalidad en Venezuela son escasos y con data generalmente atrasada. Para ese momento -y como para llevar la contraria-, apenas salía de la imprenta el último trabajo del doctor Roberto Briceño León, junto a Alberto Camardiel y Gloria Perdomo: Los nuevos rostros de la violencia. Empobrecimiento y letalidad policial (Caracas, 2018). El libro explora con detalle los cambios que han sucedido en el ejercicio de la violencia, de manera casi imperceptible para los que vivimos en el país. Una de las tesis que sostiene el grupo investigador es que en Venezuela coexisten distintas formas de violencia, que son influenciadas por factores locales y nacionales, como pueden ser las pugnas por el control de mercados nacidos como consecuencia de decisiones gubernamentales, así como también por distintos actores, entre los que han cobrado especial fuerza los miembros de los cuerpos policiales y militares, aupados por gobiernos que en determinados momentos han privilegiado las tácticas de mano dura. En los barrios, todavía no se olvidan los estragos de las operaciones de Liberación del Pueblo. Aún así, tal y como lo demuestra el estudio, en el caso venezolano estas decisiones no han contribuido a generar confianza entre la ciudadanía y sus policías. Esta obra resulta de lectura y consulta obligada para los interesados en el tema.

domingo, 5 de mayo de 2019

La renuncia del general

-La carta del general Manuel Christopher Figuera para justificar su salida del Sebin, más que una expresión personal, es una prueba clara sobre la existencia de una corriente en la FAN que busca una alternativa a la crisis política del país

@javiermayorca

La renuncia del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Ricardo Christopher Figuera, es un hecho inusitado y revelador del descontento que actualmente impera en la Fuerza Armada Nacional. Indica, además, que Nicolás Maduro necesita apalancarse en este momento sobre la única institución que lo sostiene en el poder, para preservar así algún grado de gobernabilidad.
Este oficial, puesto 88 de la promoción egresada de la Academia Militar en 1989, creció en los últimos años a la sombra del mayor general Iván Hernández Dala, quien al momento de la redacción de estas líneas todavía comanda la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Guardia de Honor Presidencial, todo a la vez. Hernández es un oficial clave para la preservación del actual estatus político. En EEUU lo saben, y por eso a la vez que lo sancionan a través del Departamento del Tesoro le ofrecen una salida negociada, si se da por cierto lo declarado por el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.
Christopher: sorpresa con carta
Hasta noviembre de 2018, Christopher fue subdirector de Contrainteligencia Militar. Entonces, Maduro lo nombró mediante decreto para paliar una emergencia en el Sebin, de trascendencia internacional, pues los grupos que operaban con la aquiescencia del general González López fueron responsabilizados por la muerte en custodia del concejal Fernando Albán, las torturas a opositores (relatadas oportunamente por Lorent Saleh) y el encontronazo con la caravana presidencial.
La lectura entonces fue que a Christopher lo enviaron a la policía política para “poner orden en casa”, con la bendición de su antiguo jefe. Sus diversos viajes a Cuba, en los que se retrataba con autoridades de la isla ataviado con guayabera, transmitían la noción de que se trataba de un oficial “revolucionario”, afín al régimen de La Habana, y por ende fiel a Maduro.
Pero la realidad era otra. Esto se dice de manera sencilla una vez conocida la carta de renuncia, en la que pone de relieve la “corrupción desproporcionada” practicada por oficialistas “como deporte”, según los términos usados por el propio oficial. Sin embargo, ya desde febrero se sabía que el máximo jefe del Sebin intentaba marcar distancia del régimen, mitigando en lo posible las prácticas instauradas por su predecesor. Hay testimonios directos sobre mensajes enviados a algunos presos políticos mediante emisarios, en el sentido de que Christopher procuraría hacer más llevadera la reclusión, relajando un poco la dureza de la vigilancia a la que eran sometidos desde meses atrás.
Había además intentos claros de llegar a entendimientos con sectores no oficialistas. A esto se refiere el general en su carta de renuncia, cuando señala que le planteó a Maduro “una acción política”, en la que el gobernante “colocara la agenda”, es decir, diera los términos de una negociación. Algo que por cierto está en la misma línea trabajada por el Grupo de Contacto Internacional.
Lo del ex jefe del Sebin, sin embargo, no puede ser leído como el producto de una iniciativa netamente personal. Fuentes ligadas al chavismo indican que este oficial era exponente de toda una corriente que ha venido cobrando fuerza durante los últimos meses dentro de la Fuerza Armada Nacional, que intenta una salida a la crisis política por medios propios, sin necesidad de mayor intervención extranjera.
La evasión de Leopoldo López y la tímida respuesta posterior por parte de la policía política -que le permitió al líder de Voluntad Popular acompañar la sublevación del martes hasta horas de la tarde- no podía pasar inadvertida para Maduro. No obstante, su reacción con respecto al general Christopher también ha sido timorata. En otros tiempos, este general hubiese sido degradado y llamado a interrogatorio. Esta es una evidencia más de la pérdida de poder de Maduro a lo interno de la Fuerza Armada.
La carta de renuncia del ex jefe del Sebin tiene aspectos indicativos de que su destinatario no sería solo el ocupante de Miraflores sino también sus “compañeros de armas” y, en última instancia, la dirigencia política nacional. Personas que lo conocen sostienen que el texto era cocinado desde días atrás, por lo menos en sus líneas gruesas. Hay algunos pasajes que incluso suenan a proclama, como por ejemplo cuando sostiene la necesidad de “reconstruir el país y reordenar el Estado”, pero no mediante negociaciones a escondidas. También cuando reconoce que la sociedad está “saturada de militares”, cuya prestancia se ha desdibujado.
La destitución de Christopher y el inmediato nombramiento del general en jefe Gustavo González, con el comisario Calderón a su lado, hacen pensar que Maduro escogió la involución. También, que estamos ante un proceso cuyo ritmo se acelera, por lo menos, durante los primeros días de mayo.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y Tal Cual, fuentes ligadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia aseguraron que el ex director de ese cuerpo salió del país, probablemente por la frontera con Colombia, luego de haber participado activamente en la evasión de Leopoldo López. Dentro de la policía política, el clima interno tampoco es proclive al régimen, sin embargo los grupos radicales aprovecharon la situación para saquear la vivienda del líder de Voluntad Popular, mientras simulaban un allanamiento. Algo parecido hicieron en el apartamento donde residía el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma.

Breves

Alumnos de la FAES, presos
-El Ejecutivo evalúa un plan para sacar de la Policía Nacional a la llamada Fuerza de Acciones Especiales (FAES). La idea es adscribirla como entidad autónoma al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La FAES es vista por integrantes de la propia PNB como “una policía dentro de la policía”, que se maneja con reglas y procedimientos particulares y distintos a los de los demás efectivos de ese cuerpo, señalado como pionero del modelo policial vigente. Sería necesario además salvar un detalle legal: el único cuerpo con atribuciones para tener un organismo de esa categoría es la PNB. Aunque la FAES tiene un núcleo de apenas 73 funcionarios (luego de las defecciones del comisionado Christian Barceló y su adjunto, Williams Cancino), engrosa sus filas con agentes de otras direcciones como Delincuencia Organizada y Antidrogas. Pero sus actuaciones han incrementado el desprestigio de la PNB. No solo son las violaciones a los derechos humanos señaladas por organismos como Provea sino también corruptelas y desviaciones que llegan incluso a los aprendices de ese grupo táctico. El último caso conocido involucró a tres cursantes del Centro de Formación de la FAES, que fueron capturados cuando extorsionaban a una persona que intentaba vender un proyector de video en el bulevar de Sabana Grande, el 2 de mayo.

-En la víspera de la jornada del 30 de abril, unidades militares emplazadas en diversas partes del país recibieron un radiograma en el que se les ordenaba reforzar la vigilancia perimetral de las instalaciones, repasar los planes de reacción inmediata e incrementar la supervisión a los parques de armas para evitar posibles “saboteos”. Las sospechas se concretaron en el estado Aragua, donde cuatro oficiales y un sargento de la Aviación presumiblemente intentaron tomar dependencias de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), con la intención de apoderarse del parque de armas. En este incidente resultó herido un mayor, a quien le atribuían el liderazgo del grupo insurrecto. Dos primeros tenientes y un efectivo de tropa profesional se dieron a la fuga. Esto quiere decir que, si bien lo sucedido el martes en Caracas sorprendió a muchos actores políticos, ya en la Fuerza Armada se manejaban informaciones que hacían presumir la inminencia de otra asonada.

-Se deteriora la situación de los militares y policías que abandonaron el país para incorporarse en Cúcuta a la iniciativa de Juan Guaidó, con motivo del intento de llevar a Venezuela los cargamentos de ayuda humanitaria. Desde entonces (23 de febrero), según fuentes de esa particular diáspora, el contingente ha disminuido a casi la mitad. Los que estaban en tres refugios habilitados por Acnur (2 hoteles y un albergue) han salido de allí paulatinamente, buscando mejores destinos. Algunos incluso han llegado a Chile. “El 23 de febrero estábamos dispuestos a todo, a pasar esa ayuda con nuestra sangre. Pero nos dejaron cautivos en las instalaciones de Migración. Pensábamos en que después podríamos actuar, pero fue peor. Nos dieron la espalda”, afirmó uno de ellos. Los militares y policías venezolanos están en Cúcuta en calidad de refugiados, y esto les impide participar en cualquier beligerancia.

-Las bandas de secuestradores y asaltantes que vienen operando en el área rural de los altos mirandinos comenzaron a moverse hacia las zonas más urbanizadas. Estos grupos supuestamente provienen del estado Aragua, lo que explicaría el empeño mostrado durante el primer trimestre del año por capturar y extorsionar a labriegos de El Jarillo, en especial aquellos que trasladan sus mercancías hacia los mercados de Los Teques y el Distrito Capital. El fin de semana, sin embargo, la nueva víctima no fue un campesino sino un abogado residente de Carrizal, el 27 de abril. Fue maniatado junto a una persona que lo acompañaba y retenido en el sector conocido como el Acuario. Ante la imposibilidad de obtener de forma inmediata alguna ganancia, los antisociales prácticamente saquearon la casa del profesional del derecho, ubicada cerca del sitio donde fueron interceptados. El 3 de mayo, se reportó una nueva acción de estos grupos, cuando interceptaron a un conductor en San Antonio de Los Altos y se trasladaron con él hasta su vivienda para llevarse sus pertenencias.

Libros

El origen de la violencia es un tema de enorme actualidad en Venezuela. En fin de cuentas, este país ostenta una de las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Pero aquí la literatura y los estudios sobre el particular son escasos, de circulación restringida y a menudo basados en data no actualizada. Con esta situación, el riesgo es tomar decisiones equivocadas, o en todo caso de repetir otras cuyos resultados no han sido exitosos, está a la vuelta de la esquina. Rachel Kleinfeld, investigadora del Carnegie Endowment for International Peace, lanzó a finales de 2018 un libro esclarecedor, A Savage Order: how the world’s deadliest countries can forge a path to security (Nueva York, 2018). Según Kleinfeld, en la actualidad los países con los índices más elevados de violencia homicida, entre los que desde luego cita a Venezuela, no llegaron hasta allí debido a religiones patológicas, problemas étnicos o culturales, sino como consecuencia del ejercicio de una forma perniciosa del poder estatal, “en la que los líderes políticos y económicos tanto de la izquierda como de la derecha conscientemente favorecen la proliferación de grupos violentos con la finalidad de proteger sus cotos y mantener el control”. Esto es lo que la autora denomina el “privilegio de la violencia”, que emana exclusivamente de los Estados. Kleinfeld estudia en profundidad los casos de Colombia, Georgia y localidades de India donde alguna vez fue notorio el nivel de criminalidad y muertes. Se dio cuenta de algunos factores comunes, como por ejemplo que la violencia empieza a ser ejercida de manera informal por grupos que gozan de poder conferido por instancias de gobierno, distintas de la policía o las fuerzas armadas. Esto, sin embargo, no es suficiente para dar combustible a las cifras de homicidios, de manera que cada año estén más arriba. Para que esto ocurra, hace falta que la sociedad normalice la violencia, que la gente la vea como algo cotidiano, como un recurso al que se puede acudir para resolver los problemas. Cuando esto sucede, advierte Kleinfeld, se entra en procesos de involución o “incivilización”, que son muy difíciles de superar. Sin embargo, algunas sociedades lo han logrado, pagando altos costos y siguiendo caminos distintos. Algunos de ellos, por cierto, no muy limpios. Este es quizá el aporte más revelador del estudio.