Publicidad

domingo, 28 de julio de 2019

Un Estado para la rapiña

-En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos

@javiermayorca

El 10 de mayo, personas aún sin identificar ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.
La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.
Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.
Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.
El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.
Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.
Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término: niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.
Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?
Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. Incumplir con este deber sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.
Empleados de Corpoelec-Falcón, presos
En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.
En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos.
Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.
Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.
Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%.
De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.
Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.
           
Breves

-Una de las recomendaciones más terminantes del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mejor conocida como FAES. El Gobierno, sin embargo, ha emprendido un camino en contrario. La exclamación de Maduro en apoyo a este cuerpo (“¡Viva las FAES!”) ha sido acompañada con decisiones internas: 1) se avanza en la conformación de una FAES en cada estado del país; 2) cada FAES debe tener una “brigada territorial de inteligencia”, o BTI, lo que coloca a estas estructuras más allá de lo meramente táctico, con un grado de autonomía que les posibilite buscar, procesar y difundir su propia información; 3) en función de este plan de crecimiento, han comenzado a recibir contingentes de otros cuerpos policiales, el último es de cuarenta oficiales de la Policía de Caracas. Mientras tanto, el comandante nacional de la FAES, comisionado Miguel Hernández (Miguelito) ordenó a todos los comandantes de unidades de esa fuerza que estén pendientes de los dictados del presidente de la ANC Diosdado Cabello, que son divulgados a diario a través de su programa televisivo.

-Hay dos versiones sobre el incidente con la aeronave EP-3E de la Marina estadounidense, detectada el 19 de julio poco antes de las 10 am mientras sobrevolaba por la llamada “región de información de vuelo” de Venezuela. La primera, como lo sugiere el comunicado del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que desde ese aparato se llevaban a cabo labores de “inteligencia y exploración radioeléctrica” en favor de intereses distintos a los del régimen de Nicolás Maduro, lo que según este comunicado justificaría la intercepción mediante cazas Suhkoi 30. La otra versión indica que, si bien es cierto que los EP-3E emplazados en la base de operaciones de avanzada de Curazao poseen equipos de última generación para inteligencia de comunicaciones, también son utilizables para labores de salvamento. Venezuela sabía que en esa zona del Caribe se desarrollaba desde el 15 de julio la búsqueda de una embarcación tipo peñero, de nombre Pa Sa Touche, que había zarpado el 7 de ese mes del puerto Dennery de Santa Lucía con dos personas a bordo y que, al no haber llegado a su destino en Martinica, podía estar a la deriva, precisamente, en el área que sobrevolaba el avión estadounidense. La agresividad con la que reaccionó el gobierno venezolano hace suponer que EEUU no informó con suficiente antelación que se incorporaría a esta operación de rastreo. Washington, además, no ha emitido un comunicado para explicar oficialmente el propósito de la misión de esta aeronave.

-Hay diferencias entre el régimen que aplicaría actualmente el oficialismo en áreas como la Cota 905 y José Félix Ribas de Petare, y lo que se vio a partir de septiembre de 2013, a propósito de la puesta en marcha del programa de Zonas de Paz. La principal es que el experimento iniciado hace seis años establecía un área de exclusión para la actuación de policías y militares, pero en lo interno podían existir uno o más factores involucrados en el control de los espacios. Esto eventualmente ocasionaba conflictos entre los distintos grupos que intentaban imponer su yugo. Así sucedió por ejemplo en los municipios Andrés Bello y Acevedo del estado Miranda, donde las propias autoridades llegaron a identificar a seis u ocho organizaciones en pugna simultánea, y las tasas de homicidios se dispararon. Lo de ahora es personalizado. Ciertamente hay una delimitación de espacios, pero todo indica que en el interior de estas fronteras difusas hay liderazgos encargado de garantizar un control. En la Cota 905 es Coqui, y en J. F. Ribas, Wilexis. Testimonios de residentes en esas comunidades y de operadores de organizaciones que realizan trabajo social en esas áreas así lo reconocen. Otro aspecto diferenciador es que en 2013 el programa Zonas de Paz era desarrollado a través de una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, entonces a cargo del viceministro José Vicente Rangel Avalos. Ahora, todo indica que los jefes de bandas llegaron a acuerdos con determinados líderes del oficialismo, sin que exista una estructura institucional en común para garantizar su cumplimiento.

-La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a diez operadores del oficialismo ligados al programa Clap es el resultado de una prolongada investigación en la que participaron distintas agencias del gobierno estadounidense. Desde un principio, los nombres de Alex Saab y su socio Alvaro Pulido estaban en la mira de las autoridades, debido a su presunta participación en esquemas de sobornos para la importación de bienes relacionados con la construcción de viviendas, tal y como lo refleja la acusación penal que se ventila desde el 25 de julio en la corte del Distrito Sur de Florida. En ese negocio presuntamente participaban funcionarios ligados al Seniat y la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi), así como familiares de los empresarios colombianos. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2014, las cuentas de Saab y Pulido manejaron unos 350 millones de dólares destinados a tales actividades. En 2016 llegaron los Clap, y ya la estructura de corrupción estaba montada. Para 2018, los funcionarios del Tesoro habían establecido que el traslado de los alimentos desde los puntos de compra hasta la entrega en Venezuela tenía cinco etapas, y que cada una implicaba sobornos y sobreprecios. Lo más novedoso, sin embargo, fue el señalamiento formulado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al momento de incorporar a los empresarios colombianos, sus hijos, el ex superintendente del Seniat José Vielma Mora, los hijos de la primera dama Cilia Flores (Walter, Yosser y Yoswal), así como el ex Tesorero y primo de ellos, Erick Malpica Flores: que a partir de 2018 Saab supuestamente participó en la creación de una estructura para vender oro a Turquía, y depositar el producto de estas operaciones en cuentas del Banco Central de Venezuela en la banca de ese país. A cambio de esto, la empresa de Saab (Mulberry) compraría los alimentos para el Clap en ese país y lo entregaría a los distribuidores nacionales, en una operación de intermediación que también le proporcionaría enormes ganancias.

Fusiles AR-15 incautados a los ex FARC
-Antes de cerrar esta entrega llega información sobre las cuatro personas que murieron como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con unidades del Ejército, en el marco del ejercicio de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019. El tiroteo ocurrió el sábado a la 1 pm en el sector Las Palmeras del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia. De acuerdo con el parte preliminar, los irregulares se desplazaban en dos camiones, y los que iban en la retaguardia se rezagaron para enfrentar a los militares. Entre los cuatro fallecidos fue identificada la venezolana Mauredy de Jesús Azuaje Urdaneta, quien figura en una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República colombiana, fechada el 29 de mayo de 2018 como una integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que supuestamente se había acogido al programa de desmovilización. En virtud de esta decisión, desde octubre de 2017 Azuaje tenía un salvoconducto número 703009, pero con un nombre mal escrito, que luego fue rectificado. El otro fallecido en el enfrentamiento con la Fuerza Armada fue identificado como Jorge Luis Montero, mientras que los otros dos no poseían ninguna documentación.

Libros

Mientras esta columna estaba en el proceso de redacción, se dio a conocer en una corte de Nueva York la primera de lo que presumiblemente será una larga serie de condenas perpetuas contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, el líder del cartel de Sinaloa quien llegó a ser el delincuente más buscado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los seres con mayor riqueza acumulada, según el ránking de la revista Forbes. En ediciones anteriores hemos recomendado la lectura de diversas obras relacionadas con las peripecias de este traficante, debido a que sin duda tuvo una importante influencia en el auge del transporte de drogas a través de Venezuela. Ahora, el equipo de la reconocida revista Proceso de México lanza Esplendor y caída de El Chapo (México, DF. 2019) una recopilación de trabajos coordinada por el periodista del semanario Rafael Rodríguez Castañeda, que analiza cómo Guzmán surgió desde Badiraguato, un pueblito de la serranía del noroeste mexicano cuyos habitantes se mantenían gracias al cultivo de marihuana, hasta convertirse en el Señor del gran poder, gracias en parte a las alianzas que pudo entablar simultáneamente con paramilitares colombianos y guatemaltecos, así como también con elementos de la guerrilla colombiana, dedicados a la industria de las drogas ilegales. Como era de esperarse, en las páginas de este libro también hay diversas e interesantes referencias al rol de Venezuela y otros países latinoamericanos en la expansión de las actividades del cartel de Sinaloa. Una de ellas se relaciona con la presunta disputa que se desarrollaba en septiembre de 2012 por el control de la ruta venezolana entre el líder de Sinaloa y el jefe de una de las células del cartel del Norte del Valle que habían emigrado al país: Daniel Barrera, alias el Loco. Las páginas de esta obra sugieren que el colombiano fue detenido en Venezuela como parte de una jugada del Chapo para eliminar adversarios. Una teoría que se explica a sí misma por el efecto posterior de la acción policial. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 14 de julio de 2019

Extorsión, hasta en las galletas

-La quema de la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado

@javiermayorca

    El lunes 8 de julio, la fábrica de galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión.
    Para el momento de la publicación de esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.


    El caso de la fábrica de esta golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia organizada en determinados países o regiones.  La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa tranquilidad.
    La extorsión se nutre del miedo, y genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.
    Según cifras conocidas extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:


    Se debe reiterar que estos números reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aun así, llama la atención que marzo, el mes del megaapagón que afectó a prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad de casos conocidos.
    Si en algún lugar del país la crisis del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia. Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500 comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21.
    Este delito se ha mantenido como una forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las bandas dedicadas a este delito. El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror. Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada, que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.
    Los motorizados detenidos, sin embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización. Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59 años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización aún no ha sido desmantelada por completo.
    Otro lugar donde la extorsión pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.
    Y así se podría hacer un recorrido por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes, aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000; extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja, mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.
    Cuando vemos este panorama, pintado aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes estatales.

Breves

-Dos hechos reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada, cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a bordo continúan desaparecidos. El otro caso fue reportado el lunes en las costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas, según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable, tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real de la Fuerza Armada.

-En un sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue “traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena). Suárez, asociado al denominado chavismo militar, o los llamados Centauros de Chávez, fue desplazado de la cúpula castrense para dar espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto 87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”, los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de sorprender.

-El jueves, cuando salía esta columna, Maduro anunció la designación del mayor general Suárez Chourio para el Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. A pesar del nombre rimbombante, este es un cargo a la medida, que no se inserta en ninguna cadena de mando. La Comandancia en Jefe, así como suena, fue creada con motivo de una reforma que implantó en 2005 el entonces presidente Hugo Chávez, vía Habilitante. Era la expresión de una ambición personal de reinsertarse a como diera lugar en la cima de la Fuerza Armada. Posteriormente, el teniente coronel comenzó a utilizar un uniforme especial, con el grado que él mismo se había asignado. Por la Comandancia en Jefe pasaron oficiales que el mandatario quería tener a la mano, como el famoso Jacinto Pérez Arcay, a quien Chávez le asignó previamente la responsabilidad de diseñar el Poder Moral, y lo tenía de consejero. Ahora, Maduro envía a Suárez Chourio para esta oficina. Por cierto, el cargo es tan anodino que aún no se ha cumplido el mandato de la ley aprobada en 2005, según el cual era necesario fijar una reglamentación para dar un sentido de utilidad a esa instancia militar.

Tres preguntas a… el comisario general Iván Simonovis, asesor de seguridad de Juan Guaidó

1.-Hay un debate sobre la llamada “caracterización del régimen”. Algunos hablan de un gobierno rebelde, que intenta alejarse de la esfera de EEUU, y en esa medida genera conflictos. Otros, que es una cleptocracia. La salida en uno y otro caso es distinta. Una es negociada. La otra, de fuerza. ¿Por cuál se inclina Ud?
Ha sido público y comunicacional que Maduro ha pedido citas a Trump. Si ellos tuviesen la oportunidad de llegar a Washington, lo harían, para sencillamente negociar o ver cómo se sacuden las sanciones y lo que les viene. Si algo está perfectamente claro es que las sanciones son el preámbulo de lo que les tocaría, me refiero a juicios, investigaciones. El 23 de febrero, cuando estaban asustados con lo que podía pasar, empezaron a tirar puentes. Se caían a golpes por eso, militares y políticos del Gobierno. Sobre todo militares de alto rango, el generalato, empezando por Padrino López, Hernández Dala…ellos son los que intentaban negociar para salirse del paquete (…) A mi manera de ver, lo de Venezuela es como una situación de rehenes. Maduro y un grupo de militares tienen secuestrado a 27 millones de personas. Hay dos soluciones, una negociada, y la otra es la intervención. ¿Cuál se usa? La que sea necesaria. Pero una no excluye a la otra. Muchos me conocen por el caso de Cúa. Entonces, el comisario Víctor Amram negoció hasta el momento en que se ordenó la intervención. La negociación siempre estará allí, pero tiene que existir una preparación, porque en un momento las negociaciones fallan y ya no son necesarias. El delincuente tiene que darse cuenta de que existe una amenaza creíble, que es capaz de hacerse lo que sea para salvaguardar la vida de los inocentes. El presidente Guaidó ha dicho que están dispuestos a una intervención militar, si es que hay que solicitarla. Pronto se aprobará la incorporación al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Es un paso, y el Gobierno sabe que se está dando, en la vía correcta, pues tiene que existir una amenaza creíble. Y cuando se diga que va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, entrará.

2.-Recientemente, Juan Guaidó lo nombró Asesor de Seguridad. En esa capacidad, ¿qué recomienda hacer con la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES)?
El primer problema con las policías es que están dirigidas por militares, que desconocen cómo es el tema policial. No conocen las estructuras de las policías, el trabajo de investigación, patrullaje. Pregúntele a cualquier general o coronel de esos si estuvo montado en una patrulla buscando a un delincuente para llegar a general. Nunca. Pregúntele a esos directores cuántas veces estuvieron cinco días o quince en una investigación allanando para detener a un individuo que haya participado en un hecho delictivo. Ninguno. No saben de eso. En la transición, las policías van a pasar a manos de sus jefes naturales. Y cuando se elija un nuevo gobierno según lo pasos planteados, tendrá como directores de las policías uniformadas a sus jefes naturales. Los militares, incluyendo la GN, tendrán su trabajo también. La concepción de la FAES es ambigua. No sabes si es un grupo de investigaciones o de intervención. Pero eso solo lo sabe el que es policía de verdad, de carrera. Luego, el líder de eso es un delincuente. Un hombre con antecedentes que viene de un colectivo. ¿Qué se puede esperar? Lamentablemente, adentro de la FAES hay funcionarios que siguen a Miguelito. Bueno sería que se negaran a seguir sus órdenes. La concepción de esa unidad hace que algunos de sus integrantes, no todos, sean delincuentes. Frente a mi casa, los funcionarios encargados de mi custodia, en una noche se obstinaron, y se fueron por Catia en una patrulla a ver qué conseguían. Sorprendieron a un tipo con un vehículo, y lo primero que les dice el conductor es que era funcionario de la FAES. El carro y la pistola que cargaba estaban solicitadas. Los funcionarios, inexpertos y faltos de prudencia, decidieron quitárselos. Y dejaron a ese delincuente libre. Más adelante, el conductor tomó nota de la placa del Sebin, y los de la FAES llamaron al Sebin. A los funcionarios los pusieron presos, y luego los botaron. Eran un inspector y como tres detectives. Eso solo pasa en Venezuela. Yo estoy en contacto con funcionarios de la FAES, y sé lo que pasa allí. En un nuevo gobierno iremos a un proceso de reentrenamiento, y los que sean funcionarios aptos para pertenecer a una unidad táctica, estarán en unidades tácticas. Si son de investigaciones, a investigaciones, y los de patrullaje y orden público a sus respectivas unidades. Y los delincuentes no podrán estar en la policía. Nadie con antecedentes penales puede ser policía.

3.- ¿Maduro controla a la Fuerza Armada?
En la Fuerza Armada, no manda. Lo mandan a él. El generalato es el que permite que él tenga el mando. Si haces una encuesta seria en la FAN, el 99% de los integrantes está desesperado porque Maduro se vaya. ¿Quiénes ayudaron en mi fuga? Oficiales de la FAN y funcionarios activos. Así de sencillo. Cada vez que se toma una foto rodeado de militares, hay que preguntarse si alguno de ellos está armado. Por supuesto que no lo están. Y si llegaran a estarlo, los fusiles no llevan cargador.

Libros

Hace apenas unos días que finalizó la Copa América 2019. La victoria de Brasil fue precedida por una amarga declaración del jugador argentino Lionel Messi, que se negó a recibir la medalla correspondiente al tercer lugar del torneo, con el argumento de que no quería participar en la “corrupción”. Aunque para los espectadores Brasil fue justo campeón del torneo, lo que Messi aludía iba mucho más allá de algún fallo arbitral. Algo sugiere que el llamado “Deporte Rey” hace muchos años dejó de ser un mero pasatiempo, para convertirse en un factor de poder político y económico sobre el que gravitan escasos controles. En este contexto, el periodista estadounidense Ken Bensinger ha puesto en los anaqueles su última obra Tarjeta roja, el fraude más grande en la historia del deporte (México, DF. 2018). Se trata de un extenso reportaje que relata los pormenores de la investigación llevada a cabo por un grupo multiagencial que desembocó en la detención y el posterior enjuiciamiento del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) Joseph Blatter, así como también de la cúpula de las confederaciones de este deporte en Norteamérica, Centro y Suramérica, y de algunos presidentes de federaciones nacionales, entre los que se cuenta por cierto el de la venezolana, Rafael Esquivel. Bensinger relata con lujo de detalles cómo se instauró a partir de los años setentas del siglo pasado un sistema de sobornos en el que los agentes de marcas deportivas, así como de empresas de marketing deportivo ganaban los derechos para la organización y la transmisión de los eventos futbolísticos, engrosando en el camino las cuentas de quienes tomaban las decisiones, tanto en la FIFA como en las confederaciones y federaciones locales. Como en una buena novela negra, por las páginas de este libro desfilan espías, policías, diplomáticos, magnates, políticos de todas las latitudes, investigadores privados, modelos y profesionales del deporte que quizá genere más pasiones en el planeta. Un libro que explica, además, los mecanismos perversos de lobby que se pusieron en marcha para fijar la próxima justa mundial en un emirato al otro lado del mundo, sin tradición futbolística y con temperaturas que poco ayudarán a los atletas. La obra también puede ser adquirida en formato electrónico.