-La quema de
la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una
situación que hace tiempo se salió del control del Estado
@javiermayorca
El lunes 8 de julio, la fábrica de
galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los
cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el
sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la
negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión.
Para el momento de la publicación de
esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial
sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.
El caso de la fábrica de esta
golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de
relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en
su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este
delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia
organizada en determinados países o regiones.
La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar
como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va
mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su
función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al
pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de
que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa
tranquilidad.
La extorsión se nutre del miedo, y
genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente
pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del
victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer
realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y
procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían
los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.
Según cifras conocidas
extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades
venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a
mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:
Se debe reiterar que estos números
reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aun
así, llama la atención que marzo, el mes del megaapagón que afectó a
prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad
de casos conocidos.
Si en algún lugar del país la crisis
del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia.
Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte
que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500
comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde
mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21.
Este delito se ha mantenido como una
forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una
investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in
fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las
bandas dedicadas a este delito. El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a
dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas
de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que
previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y
viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror.
Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada,
que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.
Los motorizados detenidos, sin
embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización.
Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al
llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59
años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar
a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales
que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización
aún no ha sido desmantelada por completo.
Otro lugar donde la extorsión
pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron
en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a
cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de
Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus
actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la
protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos
de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.
Y así se podría hacer un recorrido
por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes,
aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también
los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando
camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000;
extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja,
mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las
organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos
mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un
porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.
Cuando vemos este panorama, pintado
aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías
no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del
control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes
estatales.
Breves
-Dos hechos
reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada,
cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a
su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó
a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de
Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad
veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido
presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al
día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de
dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a
bordo continúan desaparecidos. El otro caso fue reportado el lunes en las
costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la
institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y
presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas,
según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los
atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En
la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía
cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como
no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable,
tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer
una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que
los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de
manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real
de la Fuerza Armada.
-En un
sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue
“traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que
le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última
intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército
en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras
desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por
cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su
misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de
la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más
elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor
Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena). Suárez, asociado al
denominado chavismo militar, o los llamados Centauros de Chávez, fue desplazado de la cúpula castrense para dar
espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el
mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto
87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso
desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es
explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”,
los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto
sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de
sorprender.
-El jueves,
cuando salía esta columna, Maduro anunció la designación del mayor general
Suárez Chourio para el Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. A pesar del
nombre rimbombante, este es un cargo a la medida, que no se inserta en ninguna
cadena de mando. La Comandancia en Jefe, así como suena, fue creada con motivo
de una reforma que implantó en 2005 el entonces presidente Hugo Chávez, vía
Habilitante. Era la expresión de una ambición personal de reinsertarse a como
diera lugar en la cima de la Fuerza Armada. Posteriormente, el teniente coronel
comenzó a utilizar un uniforme especial, con el grado que él mismo se había
asignado. Por la Comandancia en Jefe pasaron oficiales que el mandatario quería
tener a la mano, como el famoso Jacinto Pérez Arcay, a quien Chávez le asignó previamente
la responsabilidad de diseñar el Poder Moral, y lo tenía de consejero. Ahora,
Maduro envía a Suárez Chourio para esta oficina. Por cierto, el cargo es tan
anodino que aún no se ha cumplido el mandato de la ley aprobada en 2005, según
el cual era necesario fijar una reglamentación para dar un sentido de
utilidad a esa instancia militar.
Tres preguntas
a… el comisario general Iván Simonovis, asesor de seguridad de Juan Guaidó
1.-Hay un
debate sobre la llamada “caracterización del régimen”. Algunos hablan de un
gobierno rebelde, que intenta alejarse de la esfera de EEUU, y en esa medida
genera conflictos. Otros, que es una cleptocracia. La salida en uno y otro caso
es distinta. Una es negociada. La otra, de fuerza. ¿Por cuál se inclina Ud?
Ha sido
público y comunicacional que Maduro ha pedido citas a Trump. Si ellos tuviesen
la oportunidad de llegar a Washington, lo harían, para sencillamente negociar o
ver cómo se sacuden las sanciones y lo que les viene. Si algo está
perfectamente claro es que las sanciones son el preámbulo de lo que les
tocaría, me refiero a juicios, investigaciones. El 23 de febrero, cuando
estaban asustados con lo que podía pasar, empezaron a tirar puentes. Se caían a
golpes por eso, militares y políticos del Gobierno. Sobre todo militares de
alto rango, el generalato, empezando por Padrino López, Hernández Dala…ellos
son los que intentaban negociar para salirse del paquete (…) A mi manera de ver,
lo de Venezuela es como una situación de rehenes. Maduro y un grupo
de militares tienen secuestrado a 27 millones de personas. Hay dos soluciones,
una negociada, y la otra es la intervención. ¿Cuál se usa? La que sea necesaria.
Pero una no excluye a la otra. Muchos me conocen por el caso de Cúa. Entonces, el
comisario Víctor Amram negoció hasta el momento en que se ordenó la
intervención. La negociación siempre estará allí, pero tiene que existir una
preparación, porque en un momento las negociaciones fallan y ya no son
necesarias. El delincuente tiene que darse cuenta de que existe una amenaza
creíble, que es capaz de hacerse lo que sea para salvaguardar la vida de los inocentes.
El presidente Guaidó ha dicho que están dispuestos a una intervención militar,
si es que hay que solicitarla. Pronto se aprobará la incorporación al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Es
un paso, y el Gobierno sabe que se está dando, en la vía correcta, pues tiene
que existir una amenaza creíble. Y cuando se diga que va a entrar la ayuda
humanitaria a Venezuela, entrará.
2.-Recientemente,
Juan Guaidó lo nombró Asesor de Seguridad. En esa capacidad, ¿qué recomienda
hacer con la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES)?
El primer
problema con las policías es que están dirigidas por militares, que desconocen
cómo es el tema policial. No conocen las estructuras de las policías, el
trabajo de investigación, patrullaje. Pregúntele a cualquier general o coronel
de esos si estuvo montado en una patrulla buscando a un delincuente para llegar
a general. Nunca. Pregúntele a esos directores cuántas veces estuvieron cinco
días o quince en una investigación allanando para detener a un individuo que
haya participado en un hecho delictivo. Ninguno. No saben de eso. En la
transición, las policías van a pasar a manos de sus jefes naturales. Y cuando
se elija un nuevo gobierno según lo pasos planteados, tendrá como directores de
las policías uniformadas a sus jefes naturales. Los militares, incluyendo la
GN, tendrán su trabajo también. La concepción de la FAES es ambigua. No sabes
si es un grupo de investigaciones o de intervención. Pero eso solo lo sabe el
que es policía de verdad, de carrera. Luego, el líder de eso es un delincuente.
Un hombre con antecedentes que viene de un colectivo. ¿Qué se puede esperar?
Lamentablemente, adentro de la FAES hay funcionarios que siguen a Miguelito.
Bueno sería que se negaran a seguir sus órdenes. La concepción de esa unidad hace
que algunos de sus integrantes, no todos, sean delincuentes. Frente a mi casa,
los funcionarios encargados de mi custodia, en una noche se obstinaron, y se
fueron por Catia en una patrulla a ver qué conseguían. Sorprendieron a un tipo
con un vehículo, y lo primero que les dice el conductor es que era funcionario
de la FAES. El carro y la pistola que cargaba estaban solicitadas. Los funcionarios,
inexpertos y faltos de prudencia, decidieron quitárselos. Y dejaron a ese
delincuente libre. Más adelante, el conductor tomó nota de la placa del Sebin, y
los de la FAES llamaron al Sebin. A los funcionarios los pusieron presos, y luego
los botaron. Eran un inspector y como tres detectives. Eso solo pasa en
Venezuela. Yo estoy en contacto con funcionarios de la FAES, y sé lo que pasa
allí. En un nuevo gobierno iremos a un proceso de reentrenamiento, y los que
sean funcionarios aptos para pertenecer a una unidad táctica, estarán en
unidades tácticas. Si son de investigaciones, a investigaciones, y los de
patrullaje y orden público a sus respectivas unidades. Y los delincuentes no
podrán estar en la policía. Nadie con antecedentes penales puede ser policía.
3.- ¿Maduro
controla a la Fuerza Armada?
En la Fuerza
Armada, no manda. Lo mandan a él. El generalato es el que permite que él tenga
el mando. Si haces una encuesta seria en la FAN, el 99% de los integrantes está
desesperado porque Maduro se vaya. ¿Quiénes ayudaron en mi fuga? Oficiales de
la FAN y funcionarios activos. Así de sencillo. Cada vez que se toma una foto rodeado
de militares, hay que preguntarse si alguno de ellos está armado. Por supuesto
que no lo están. Y si llegaran a estarlo, los fusiles no llevan cargador.
Libros
Hace apenas unos días
que finalizó la Copa América 2019. La victoria de Brasil fue precedida por una
amarga declaración del jugador argentino Lionel Messi, que se negó a recibir la
medalla correspondiente al tercer lugar del torneo, con el argumento de que no
quería participar en la “corrupción”. Aunque para los espectadores Brasil fue
justo campeón del torneo, lo que Messi aludía iba mucho más allá de algún fallo
arbitral. Algo sugiere que el llamado “Deporte Rey” hace muchos años dejó de
ser un mero pasatiempo, para convertirse en un factor de poder político y
económico sobre el que gravitan escasos controles. En este contexto, el periodista
estadounidense Ken Bensinger ha puesto en los anaqueles su última obra Tarjeta
roja, el fraude más grande en la historia del deporte (México, DF. 2018). Se trata de un
extenso reportaje que relata los pormenores de la investigación llevada a cabo
por un grupo multiagencial que desembocó en la detención y el posterior
enjuiciamiento del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA) Joseph Blatter, así como también de la cúpula de las confederaciones de
este deporte en Norteamérica, Centro y Suramérica, y de algunos presidentes de
federaciones nacionales, entre los que se cuenta por cierto el de la
venezolana, Rafael Esquivel. Bensinger relata con lujo de detalles cómo se
instauró a partir de los años setentas del siglo pasado un sistema de sobornos en
el que los agentes de marcas deportivas, así como de empresas de marketing
deportivo ganaban los derechos para la organización y la transmisión de los eventos
futbolísticos, engrosando en el camino las cuentas de quienes tomaban las
decisiones, tanto en la FIFA como en las confederaciones y federaciones
locales. Como en una buena novela negra, por las páginas de este libro desfilan
espías, policías, diplomáticos, magnates, políticos de todas las latitudes,
investigadores privados, modelos y profesionales del deporte que quizá genere
más pasiones en el planeta. Un libro que explica, además, los mecanismos
perversos de lobby que se pusieron en marcha para fijar la próxima justa
mundial en un emirato al otro lado del mundo, sin tradición futbolística y con
temperaturas que poco ayudarán a los atletas. La obra también puede ser adquirida en formato electrónico.
No hay solucion en Venezuela hasta que la amenaza externa sea creible. Hoy no lo es.
ResponderEliminarLos criminales solo buscan ganar tiempo y seguir robando.