A un año de los drones

-Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

@javiermayorca

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.

Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.

En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas.

Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.

A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

La última tarima de Chávez

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.

Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso.

Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.

Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.

Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.

Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

Eran cinco drones

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.

Eran, al menos, cinco de estos

En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.

El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.

La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

“Sabían lo que iba a suceder”

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.

Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.

Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.

Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.

“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.

Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.

La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.

“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.

Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.

Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

Breves

Seemann, esperando la decisión

-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Maillaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

El módulo de la discordia

-En su proceso de expansión, la Policía Nacional ha ocupado inmuebles que antiguamente eran utilizados por otras instituciones. Tal ha sido el caso en el municipio Sucre del Estado Miranda Allí, la PNB tomó el módulo de la urbanización Santa Cecilia, que anteriormente era una sede de la policía municipal. En el límite entre La California Norte y Los Cortijos ocuparon una instalación de Protección Civil. En Pan de Azúcar (Carrizal), solicitaron a la asociación de vecinos el permiso para meterse en un inmueble de uso comunitario, donde supuestamente instalarían una oficina de investigaciones. La comunidad se negó. Aun así, la FAES quiso instalarse allí a finales de julio. Los vecinos reclamaron al alcalde que no haya defendido ese espacio. Debido al revuelo, los policías se retiraron, pero no se sabe si volverán. Esto sugiere un modelo de crecimiento “capilar” muy parecido al que siguieron la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, pero que va en detrimento de los cuerpos policiales estatales y municipales. La PNB, además, es vista como un cuerpo politizado, que no goza de buen prestigio. Se debe recordar que el titular del MRI, Néstor Reverol, maneja una propuesta de reforma que centralizaría los cuerpos preventivos estatales y municipales en torno a la Policía Nacional.

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.

-El 8 de agosto se conoció la decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incorporación -por décimocuarta vez desde 2005- de Venezuela en la lista de los países más importantes en cuanto a la producción y el tránsito de drogas ilícitas. El listado de 22 países correspondiente a este año es ambiguo, pues no se sabe con certeza las razones por las que han sido incorporados. Desde este espacio se ha advertido en varias oportunidades que Venezuela ya no puede ser considerado exclusivamente un territorio de paso de drogas elaboradas en otras latitudes. Las evidencias indican que desde hace varios años los venezolanos han acudido por oleadas a zonas del departamento Norte de Santander a participar en la cosecha de coca. Ese conocimiento adquirido tiene un efecto residual, que sienta las bases para el traslado de enclaves de producción del arbusto y su procesamiento primario en el país, lo que ya ha sido encontrado en sectores como Rio de Oro, en el estado Zulia. En otras palabras, en Venezuela se cultiva y se procesa la coca, pero no en una magnitud que permita incluirla en la lista de los “mayores” productores de cocaína. Falta mucho para llegar a esos niveles. Pero la insistencia gubernamental en negar el avance de la industria ilegal en el país genera sospechas, mucho más cuando se sabe que sus afirmaciones están basadas en informes que carecen de medios de verificación independientes.

Libros

Hay una discusión sobre si las nuevas tecnologías realmente han transformado la violencia criminal. ¿Ahora se decapita y se degüella más que antes, o son simples percepciones?, pareciera ser la pregunta, formulada en los términos más crudos. Sobre este punto, desde luego, hay mucho por investigar. Sobre lo que no cabe duda alguna es que las nuevas plataformas de comunicaciones han modificado las formas como estas manifestaciones son difundidas y conocidas. Hay hechos realmente atroces que parecieran ser ejecutados con el propósito central de su divulgación. En apenas meses, las memorias de nuestros teléfonos han colapsado por la transmisión vía sistemas de mensajería, una y otra vez, de los videos de individuos que están siendo acribillados, desmembrados o ambas cosas, de grupos que muestran sus armas sin ningún recato mientras navegan por las costas orientales del país, y de otros que gastan miles de cartuchos haciendo salvas al aire mientras recorren las calles solitarias de algún poblado en el centro del país, o en la Cota 905. Son sucesos pretéritos, pero que, al llegar así ante nuestros ojos, adquieren increíble vividez. A esto lo hemos denominado “violencia 2.0”. Sin embargo, una investigación de Angélica Durán-Martínez, The politics of drug violence (Nueva York, 2018) demuestra que no se trata de procesos exclusivamente venezolanos. De hecho, a juzgar por sus hallazgos, pareciera ser que las bandas nacionales llegaron a este nivel de visibilidad con cierto rezago. La autora llevó a cabo un estudio comparativo sobre las manifestaciones de la violencia asociada a los mercados de drogas en cinco urbes, dos colombianas (Cali y Medellín) y el resto en México (Culiacán, Ciudad Juárez y Tijuana). Encontró que la comunicación de la violencia tiene cierta racionalidad, obedece patrones y a veces no es la alternativa escogida, aún si se trata de grupos criminales altamente estructurados. De hecho, indicó, hay organizaciones que son altamente violentas pero que prefieren ocultar sus hechos. La visibilidad, entonces, depende directamente de una particular relación entre los criminales y el Estado, que con sus acciones u omisiones establece o quita los incentivos para la comunicación de los actos criminales. Este, desde luego, es un resumen muy simple de un trabajo denso, que intenta abordar de forma sistemática y quizá por primera vez uno de los elementos más inquietantes de la violencia delictiva actual. Este afán por divulgar la violencia en toda su crudeza establece un espacio común entre las bandas y los grupos que pretenden imponer una agenda política mediante el terror. The politics of drug violence está disponible en Kindle.