-Numerosas
informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la
investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto
aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o
un “hecho controlado”?
@javiermayorca
El
4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a
control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro,
en la avenida Bolívar de Caracas.
Un
hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana,
y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves
no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el
mercado civil desde tiempos relativamente recientes.
En
filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se
extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un
ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981.
Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban
en los desfiles o paradas.
Pero
la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia.
Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.
A
un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender
algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.
La
última tarima de Chávez
En
una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a
las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la
investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba
el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía
ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o
en su defecto en el Paseo Los Próceres.
Según
Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim
Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación
posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de
división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta
el momento por este caso.
Pérez
Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las
investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era
competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año
pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se
trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia
plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y
otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por
Hugo Chávez para su último mítin.
Una
vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó
un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de
organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria
vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la
Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto
de todos los arreglos.
Contrario
a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la
avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente
de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación
de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.
Cuando
estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de
distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se
encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.
Eran
cinco drones
Poco
después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del
lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un
techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina
Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa
del inmueble.
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Eran, al menos, cinco de estos |
En
los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros
aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó
el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí,
según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló
sobre la avenida Bolívar.
El
último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados
de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am.
Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en
el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar
una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una
cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se
produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta
baja.
La
tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron
traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se
hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero
la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta
teoría.
“Sabían
lo que iba a suceder”
Hasta
el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el
juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de
ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles.
Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace
mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se
encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta
Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que
le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de
las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.
Otro
nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo
García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones
pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que
también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán
retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.
Algunas
de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes
políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los
interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que
los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa
durante la audiencia preliminar.
Este
oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había
sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de
2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el
rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un
funcionario conocido como Ezequiel le
planteó “la gran oportunidad de su vida”.
“Usted
decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan
Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el
magnicidio”, le dijeron.
Por
su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno,
policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya
había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.
La
declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos
del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de
la Casa Militar.
“Fue
un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para
ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.
Más
de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido
profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en
términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el
país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último
aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro
confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada
en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a
admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave
de sus tropas.
Quizá
esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos
militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han
surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población
continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra
los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda
corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.
Breves
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Seemann, esperando la decisión |
-El
10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en
la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido
como Stan. Según su novia y compañera
de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién
finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por
los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una
celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los
métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de
quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres.
Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el
traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio
donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la
convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí
que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no
podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas
cosas?”, se preguntó ella. Maillaud fue miembro de las Fuerzas Especiales
francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas
de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un
delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien
presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla.
Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una
especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los
embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado
formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de
hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal.
Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de
extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce?
Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.
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El módulo de la discordia |
-En
su proceso de expansión, la Policía Nacional ha ocupado inmuebles que
antiguamente eran utilizados por otras instituciones. Tal ha sido el caso en el
municipio Sucre del Estado Miranda Allí, la PNB tomó el módulo de la
urbanización Santa Cecilia, que anteriormente era una sede de la policía
municipal. En el límite entre La California Norte y Los Cortijos ocuparon una instalación
de Protección Civil. En Pan de Azúcar (Carrizal), solicitaron a la asociación de vecinos el
permiso para meterse en un inmueble de uso comunitario, donde supuestamente
instalarían una oficina de investigaciones. La comunidad se negó. Aun así, la
FAES quiso instalarse allí a finales de julio. Los vecinos reclamaron al alcalde
que no haya defendido ese espacio. Debido al revuelo, los policías se retiraron,
pero no se sabe si volverán. Esto sugiere un modelo de crecimiento “capilar”
muy parecido al que siguieron la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana,
pero que va en detrimento de los cuerpos policiales estatales y municipales. La
PNB, además, es vista como un cuerpo politizado, que no goza de buen prestigio.
Se debe recordar que el titular del MRI, Néstor Reverol, maneja una propuesta
de reforma que centralizaría los cuerpos preventivos estatales y municipales en
torno a la Policía Nacional.
-El
2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de
visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván
Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel
(GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía
Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados
en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación
en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae
como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de
las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El
aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver
directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus
respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140
personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos
también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además,
fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas
con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas,
a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince
empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una
relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de
Maduro.
-El
8 de agosto se conoció la decisión del presidente estadounidense Donald Trump
sobre la incorporación -por décimocuarta vez desde 2005- de Venezuela en la
lista de los países más importantes en cuanto a la producción y el tránsito de
drogas ilícitas. El listado de 22 países correspondiente a este año es ambiguo,
pues no se sabe con certeza las razones por las que han sido incorporados.
Desde este espacio se ha advertido en varias oportunidades que Venezuela ya no
puede ser considerado exclusivamente un territorio de paso de drogas elaboradas
en otras latitudes. Las evidencias indican que desde hace varios años los
venezolanos han acudido por oleadas a zonas del departamento Norte de Santander
a participar en la cosecha de coca. Ese conocimiento adquirido tiene un efecto
residual, que sienta las bases para el traslado de enclaves de producción del
arbusto y su procesamiento primario en el país, lo que ya ha sido encontrado en
sectores como Rio de Oro, en el estado Zulia. En otras palabras, en Venezuela
se cultiva y se procesa la coca, pero no en una magnitud que permita incluirla
en la lista de los “mayores” productores de cocaína. Falta mucho para llegar a
esos niveles. Pero la insistencia gubernamental en negar el avance de la
industria ilegal en el país genera sospechas, mucho más cuando se sabe que sus
afirmaciones están basadas en informes que carecen de medios de verificación
independientes.
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