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domingo, 22 de septiembre de 2019

La venganza de Cristóbal

-El juicio de extradición en España contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar trajo al presente un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA en Venezuela. En el centro de la historia, está un agente encubierto

@javiermayorca

La decisión de la Audiencia Nacional de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.
Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.
Carvajal convenció a los letrados
Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.
Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolo de drogas, y obteniendo de paso recursos para financiar el proyecto político venezolano.
Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.
El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.
Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.
En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.
El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.
Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó a Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.
Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.
Lo más probable es que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas en una celda de la penitenciaría de Georgia operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

Breves

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-La organización Transparencia Venezuela publicó su primer reporte relacionado con las denuncias publicadas por el diario PanAmPost en torno a la administración de los recursos asignados a la llamada “ayuda humanitaria” y a la manutención de los militares y policías que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa liderada por Juan Guaidó, a partir de febrero de este año. En el centro de estas denuncias se encuentran Rossana Edith Barrera y Kevin Daniel Rojas, quienes fueron nombrados por el presidente del Poder Legislativo para que administraran los recursos aportados por distintas fuentes y atendieran las necesidades de los cientos de funcionarios que abandonaron sus puestos en Venezuela. Una primera conclusión del documento, de 21 páginas, es que los fondos administrados por Rojas y Barrera (equivalente a unos 35.288 dólares) formaban parte del patrimonio público, aún si se trataba de donaciones de particulares. En segundo lugar, se descarta cualquier responsabilidad de ambos en cuanto al tema de la ayuda humanitaria, pues eso no estaba en las competencias que les asignó Guaidó. Para ellos, solo cuenta el tema de la manutención de los militares y policías.  Al respecto, Transparencia Venezuela aclaró que en este primer avance no se puede determinar si hubo malversación o desvío de fondos, pues no se tuvo acceso a información bancaria que permita corroborarlo. Pero sí arroja indicios sobre presuntas irregularidades, en virtud de datos suministrados por el embajador designado por Guaidó para Colombia, Humberto Calderón, según los cuales fueron recopiladas facturas de gastos duplicados, transferencias entre cuentas bancarias que no especifican los titulares, facturas de hoteles no incorporadas a las relaciones de gastos y facturas ininteligibles. Todo esto incorporado “para crear confusión”. Barrera y Rojas reportaban directamente a Roberto Marrero (jefe del despacho de Guaidó), quien fue detenido por agentes del Sebin en Caracas, el 21 de marzo. Por ende, a partir de ese momento no había una instancia a quién reportar sobre estos gastos. La pareja indicó a la comisión de veeduría que nunca se reunió con Calderón, ni coordinaban acciones con Acnur, pues esta organización dependiente de Naciones Unidas no ha reconocido a Guaidó. Entonces, solo se comunicaban con funcionarios de la Cancillería y de la Unidad de Gestión de Riesgos. Barrera, indica el reporte, nunca notificó formalmente la existencia de un conflicto de interés al ser designada para esta función siendo cuñada del diputado Sergio Vergara (VP), mano derecha de Guaidó.

-El 13 de septiembre, la comandancia general de la Armada notificó mediante un “mensaje naval” la decisión tomada por el ministerio de la Defensa en cuanto a la separación “por medidas disciplinarias” de 219 oficiales de ese componente. De acuerdo con la resolución, todos estos oficiales se ausentaron de sus unidades castrenses “sin autorización”. Esto sugiere que todos habrían desertado. En realidad, algunos de ellos cruzaron la frontera para incorporarse a las filas de Juan Guaidó. Otros fueron involucrados en movimientos conspirativos, y tuvieron que abandonar el país o fueron detenidos, y otros simplemente abandonaron sus puestos, decepcionados por la politización y el deterioro de las condiciones laborales. En la lista figuran dos capitanes de corbeta (Miguel Angel León y Carlos Federico Barrios), 19 tenientes de navío, 76 tenientes de fragata, y el resto alféreces de navío. En cada caso fue redactado un informe que sustenta la decisión. En el correspondiente al capitán Miguel León, la superioridad castrense reaccionó negativamente ante una carta enviada al Comandante General del cuerpo, el 7 de noviembre de 2018, donde decía que los efectivos castrenses “pasamos de ser custodios y guardianes de las armas de la República para defender los derechos de todos los ciudadanos sin excepción para convertirnos en una especie de milicia populista dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. 

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

Tres preguntas a… Gustavo Tarre Briceño, embajador designado por Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

1.-El ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se califica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de adefesio y reminiscencia de la Guerra Fría. ¿Desde su perspectiva cuál es el sentido de revivir este mecanismo en la circunstancia actual?
El TIAR tiene unos setenta años. Ha sido invocado veinte veces. Su finalidad es que cuando se produce una agresión en contra de un país, los demás del Hemisferio están obligados a acudir en su defensa. La novedad que hay en el caso que estamos viviendo es que la agresión se comete desde adentro fundamentalmente. La destrucción de Venezuela no es producto de una guerra, de bombardeos o fenómenos naturales, sino de una combinación de ideología mal diseñada, mal entendida y perversa con una incapacidad total desde el punto de vista de la gerencia, y unos niveles de corrupción que son los más altos de la historia. Si lo que se busca es proteger a un país amenazado, creo que en Venezuela la amenaza se cumplió. Somos víctimas de un delito continuo de destrucción por parte de una banda que ha tomado el poder. Que esté obsoleto y sea un adefesio o reminiscencia de la Guerra Fría…bueno. Posiblemente para el ministro de la Defensa la materia jurídica sea totalmente ajena. El derecho es una ciencia viva, que evoluciona. Hoy en día puede vincularse la asistencia recíproca con la responsabilidad de proteger, que es un concepto mucho más nuevo, que apareció en conflictos recientes. Cuando se presenta una violación masiva de derechos humanos, existe una responsabilidad de los países de proteger a quienes sean víctimas de esa situación. Y si alguien tiene dudas de que ese sea el caso de Venezuela, sería harina de otro costal.

2.-El proceso de reincorporación al TIAR y la llamada opción militar ha ocasionado fisuras incluso en el Grupo de Lima. ¿Vale la pena asumir ese costo, si ni siquiera representará una amenaza creíble para el régimen?
El Grupo de Lima no es algo estático. Nació y es de inmensa utilidad para el rescate de la democracia venezolana. Puede haber en este grupo diferencias de opinión.  Son todos países democráticos. No es el ALBA, con países que obedecen dictados de una potencia extranjera, que le hacen caso a un jefe, como lo era Fidel Castro en los países del ALBA. Aquí cada quien tiene su soberanía y aprecia las circunstancias según su mejor entendimiento. Que existan diferencias en la forma de ver la situación venezolana es normal. Que vamos a lograr superarlas, estoy seguro. Toda la preparación de esta primera reunión del TIAR que se llevará a cabo en Nueva York intenta lograr entendimientos y acuerdos. Para eso es la negociación diplomática y en eso estamos.

3.-¿Cuáles serán los siguientes pasos en este proceso y qué perspectivas ve de aglutinar a más países en esta ruta?
Como le decía, los pasos son los que estamos siguiendo. No quiero adelantar si hay acuerdos para la toma de decisiones. Eso corresponderá a los cancilleres, una vez que se reúnan en Nueva York. Pero sí puedo decir que soy razonablemente optimista.

Libros

Llegó a los anaqueles una obra con un título inquietante y hasta cierto punto paradójico: La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente (Bogotá, 2019). Su autor es sir Lawrence Freedman, un laureado investigador y docente en Estudios Bélicos del King’s College de Londres. Esta investigación, cuya edición originaria en inglés fue lanzada en 2017, aborda el tema de las confrontaciones armadas desde ingeniosas perspectivas. En lo que respecta al pasado de la guerra, Freedman hace una comparación entre realidad y ficción, para determinar hasta qué punto la literatura fue capaz de avizorar las características que tendrían las conflagraciones. En la segunda sección, hay un análisis sobre aspectos clave de los conflictos armados que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y en especial los que presenciamos tras la caída del Telón de Acero, en 1989. Aquí encontramos una interesante evaluación de las intervenciones militares por razones humanitarias o de restablecimiento de la paz, y cómo las experiencias de la extinta Yugoslavia, Irak I y otras subsiguientes llevaron a la comunidad internacional a revisar el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado, a la luz de una nueva teoría, denominada “responsabilidad de proteger”, o R2P. Sobre este punto, aclara Freedman, todavía no se ha llegado a un consenso. Además, los resultados de las incursiones militares no han sido siempre exitosos. Sin embargo, desde la perspectiva de los países que participan en tales acciones, tiene mucho peso un conjunto de “criterios pragmáticos” a la hora de tomar una decisión: “los países que se plantearan atajar un conflicto ajeno debían tener plena confianza en la legitimidad de la acción, tenían que haber agotado las vías diplomáticas, haber diseñado un conjunto de opciones militares plausibles, debían estar dispuestos a sostener el esfuerzo de forma prolongada y tenían que considerar que la cuestión incidía en el interés nacional de sus respectivos estados”. Estas páginas están llenas de pistas que contribuyen a la discusión sobre la convulsa realidad de la Venezuela actual. Lo mismo que las referidas a la última sección, sobre el porvenir de los conflictos bélicos. En las guerras futuras, sostiene Freedman, la tecnología de punta en materia armamentística será un factor de extremada importancia, pero no el único. Podrían comenzar como disputas locales, e incluso privadas, que parezcan asociadas a la delincuencia o a tensiones sociales latentes. Conflictos relativamente menores, que no fueron atajados a tiempo, podrán escalar hasta involucrar a otros factores que le den la característica de una conflagración. Es por esto que, desde una perspectiva pacifista, las cruentas disputas en el África Subsahariana contienen tantas claves como los últimos adelantos en la inteligencia artificial.

domingo, 8 de septiembre de 2019

Huyendo de Venezuela

-Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

@javiermayorca

En el sector La Parada de Cúcuta, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.
Muchos de los que estaban allí habían apurado la salida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.
Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.
“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, era la expresión que más se escuchaba en ese espacio. Eran grupos de gestores venezolanos que se ofrecían para aligerar la espera. Si usted iba bien vestido, la tarifa subía automáticamente, un 20%.
Como en toda gestoría, lo importante en este caso eran las conexiones que estos sujetos pudieran tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contactaba, ellos de inmediato lo ponían a hablar con el verdadero líder del grupo, que estaba merodeando por allí cerca.
Pero no todos tenían verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valían de engaños o artificios. El más usual era entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fijara en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.
Los agentes suelen detectar con rapidez la burla con los pasajes de autobús.
“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.
Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrecía luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parecía ser la mejor opción, si se tomaba en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica estaba una VAN de la Policía Nacional. Además, algunos funcionarios se escondían para tomar fotos de quienes intentaran esta vía.
“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, decía este gestor venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.
Desde luego, en la medida en que no funcionaba ninguna de las soluciones, el tiempo pasaba y la desesperación aumentaba. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementaba. Cada vez que abrían el paso en la primera barrera sucedía una hecatombe de gritos y empujones, que obligaba a los policías a proferir amenazas.
Luego de la primera barrera. Atrás, una multitud angustiada
“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.
Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.
Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y a otros que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.
La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.
Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.
“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.
En la cola, atrás de Mercedes, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en la taquilla del Saime, ubicada en el paso fronterizo. 
Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.
“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.
Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes se alejó y más adelante logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.
En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. No solo eran los cientos represados en la primera barerra, sino al menos otro medio millar que se protegía del sol inclemente bajo un toldo, cerca del puesto de Acnur. Los empleados de Migración conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.
Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día, siempre y cuando no se levantaran de sus asientos.
Por eso es que muchos de estos emigrantes dilataron su recorrido hacia el sur, y terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.
Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.
Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no podían conseguir en su país.
Pero esa es otra historia.

Tres preguntas a… David Smolansky, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)

1) En este momento, seis países han asumido medidas para restringir el paso de emigrantes venezolanos. El último fue Ecuador. Esto coloca el mayor peso de la diáspora sobre Colombia y Brasil. ¿Qué medidas se pueden adoptar para el tratamiento de este problema?
La mejor medida que se puede tomar es que los venezolanos dejen de llamarse diáspora o migrantes. La mejor medida que puede adoptar la región es la propuesta de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes es que se nos de el estatus de refugiados, y eso se argumenta en la Declaración de Cartagena de 1984, única que expande el concepto de refugiados de Naciones Unidas, y dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, limitación de libertades…todo eso hoy aplica para el venezolano que huye de su país. Si se adopta el estatus de refugiados para los venezolanos, no solo se facilitará que cada uno tenga su documentación y acceda a la salud y a la educación públicas, un trabajo, etc. Es la solución más justa y pragmática por parte de los países receptores. Al final, a pesar de que esto es muy duro para nosotros los venezolanos, puede representar una gran oportunidad para los países receptores de América Latina y el Caribe, con gente que trabaje, emprenda y estudie, y que eso impacte positivamente en la sociedad y la economía.

2) ¿Cuál es su expectativa en cuanto al tamaño de la diáspora para finales de este año?
La proyección que nos da en la oficina de la OEA para la crisis de los emigrantes venezolanos es que si las determinantes que han causado esta migración forzosa que son la crisis humanitaria, la violencia generalizada, la violación de DDHH, el control social, el colapso económico y el de los servicios básicos se mantiene en lo que queda de 2019, pudiésemos estar hablando de 5 millones de emigrantes o refugiados venezolanos. Hoy, a este momento, hay 4,3 millones de emigrantes venezolanos. El 70% se concentra en cuatro países: 1,5 millones en Colombia, 860 mil en Perú, 330 mil en Ecuador y aproximadamente 400 mil en Chile. Y si la tiranía se prolonga hasta 2020 entonces pudiese haber de 6 a 8 millones de refugiados, lo que nos lleva a concluir que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación, que recuperemos nuestra libertad, y que haya incentivos para que el venezolano desterrado pueda volver.

3) Ud estaba investigando algunos aspectos delictuales de la diáspora. ¿Cómo están operando las redes ilícitas para el traslado de migrantes venezolanos?
Estamos en fase de investigación. Sin embargo, puedo adelantar que el refugiado venezolano es cada vez más vulnerable a que grupos irregulares lo recluten aprovechándose de la necesidad que tienen de alimentación, donde menores de edad son captados por irregulares. Les sale más económico que reclutar a un colombiano, y a cambio les dan alimentación. En segundo lugar, son vulnerables a actividades como contrabando, minería y narcotráfico. En el caso de las mujeres, son vulnerables a la esclavitud moderna, explotación sexual, a que sean abusadas. Hoy el refugiado venezolano no solo se enfrenta a lo que es desprenderse de su país y su familia, a tener que caminar miles de kilómetros para llegar a ciudades desconocidas y empezar desde cero, sino que además debe afrontar en ese trayecto a grupos armados y vinculados a actividades ilícitas. En una de las investigaciones que hicimos es que en las 288 trochas identificadas en la frontera colombo venezolana de más de 2000 kms hay puestos de control de grupos irregulares. Han crecido tanto que han colocado puntos de control en las adyacencias del puente internacional Simón Bolívar, pues la gente tenía que cruzar por el río Táchira, cuando el puente estaba bloqueado por containers, colocados por el régimen para el 23 de febrero. Los han movido ligeramente. Una estimación que hicimos es que si a un venezolano le cobran un dólar por salir o entrar, en lo que llaman migración pendular, lo que es una cifra conservadora (muchos nos han dicho que deben pagar hasta cinco dólares), y por esas vías van diez mil venezolanos, solo por extorsión estos grupos irregulares hacen diez mil dólares diarios, 300.000 dólares mensuales. Todas estas actividades ilícitas son protegidas por la dictadura.

Breves

-El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Rio de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

-El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

-El Buró Marítimo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) recopiló seis reportes de actos de piratería en costas y puertos venezolanos entre los meses de enero y junio de 2019. La cifra más elevada de toda la cuenca del Caribe para ese lapso. En todos los casos, las embarcaciones atacadas fueron tanqueros y naves de carga de uso comercial. No se toman en cuenta los casos, muy frecuentes en las costas entre Sucre, Delta Amacuro y Trinidad, en los que piratas asaltan pequeñas embarcaciones e incluso secuestran a miembros de las tripulaciones, como ha sido advertido por otros organismos. El auge de la piratería marítima en el país se evidencia al revisar las cifras correspondientes a los años anteriores. En 2017 fueron reportados seis casos, en 2018 fueron 7. De manera que para finales de este año el número de asaltos o intentos de robos en las costas o en los muelles será el más elevado. Según los registros de ICC, en cinco casos los piratas lograron abordar las naves, mientras que en otro solo hubo un intento fallido. Cada episodio alimenta una base de datos, con la que es elaborado el mapa que acompaña a esta nota.

Libros

La llamada “diáspora” venezolana cada día ocupa más atención y espacios en los medios noticiosos, en la medida en que más y más millones de personas se agolpan en las zonas limítrofes para buscar mejores destinos. Sin embargo, hasta el momento ha sido poca la investigación sistemática del impacto que esta emigración masiva está teniendo, tanto en las poblaciones que se ven impulsadas a salir del país como en aquellas que los acogen. Por una frontera garante de los derechos humanos (Bogotá, 2018) es quizá el producto del primer esfuerzo planificado por documentar lo que está sucediendo en Cúcuta y sus alrededores a propósito de este fenómeno. El trabajo de campo y documental fue desarrollado durante todo un año (agosto 2017 a julio 2018) por representantes del Servicio Jesuita a Refugiados y del Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y se enfocó en identificar lo que se denomina los “vacíos de protección” que afectan a tres grandes categorías de emigrantes: los venezolanos, los llamados “retornados”, es decir, colombianos que vivían en Venezuela y ahora huyen de la crisis, y un tercer grupo, constituido por los hijos de unos u otros, quienes corren el riesgo de quedar sin nacionalidad, o “apatridia”, por diversas circunstancias. El libro, suscrito por Wooldy Edson Louidor, Oscar Carderón Barragán, Alejandra Castellanos, Silvia Leal Guerrero y Paola Julieth Sierra, está escrito en un lenguaje denso, conceptuoso, lejano de los giros periodísticos. Pero es sin duda un documento de lectura necesaria para entender las distintas dimensiones de un proceso que tiende a agravarse. Tiene implícito, además, una crítica a las omisiones y errores del estado colombiano en el tratamiento a estas poblaciones en riesgo, originadas en la negativa a reconocer todas las aristas de una emergencia humanitaria compleja. Desde luego, poco o nada se señala respecto del Estado venezolano, con el cual aparentemente no hay nada qué hacer.