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domingo, 22 de septiembre de 2019

La venganza de Cristóbal

-El juicio de extradición en España contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar trajo al presente un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA en Venezuela. En el centro de la historia, está un agente encubierto

@javiermayorca

La decisión de la Audiencia Nacional de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.
Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.
Carvajal convenció a los letrados
Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.
Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolo de drogas, y obteniendo de paso recursos para financiar el proyecto político venezolano.
Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.
El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.
Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.
En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.
El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.
Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó a Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.
Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.
Lo más probable es que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas en una celda de la penitenciaría de Georgia operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

Breves

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-La organización Transparencia Venezuela publicó su primer reporte relacionado con las denuncias publicadas por el diario PanAmPost en torno a la administración de los recursos asignados a la llamada “ayuda humanitaria” y a la manutención de los militares y policías que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa liderada por Juan Guaidó, a partir de febrero de este año. En el centro de estas denuncias se encuentran Rossana Edith Barrera y Kevin Daniel Rojas, quienes fueron nombrados por el presidente del Poder Legislativo para que administraran los recursos aportados por distintas fuentes y atendieran las necesidades de los cientos de funcionarios que abandonaron sus puestos en Venezuela. Una primera conclusión del documento, de 21 páginas, es que los fondos administrados por Rojas y Barrera (equivalente a unos 35.288 dólares) formaban parte del patrimonio público, aún si se trataba de donaciones de particulares. En segundo lugar, se descarta cualquier responsabilidad de ambos en cuanto al tema de la ayuda humanitaria, pues eso no estaba en las competencias que les asignó Guaidó. Para ellos, solo cuenta el tema de la manutención de los militares y policías.  Al respecto, Transparencia Venezuela aclaró que en este primer avance no se puede determinar si hubo malversación o desvío de fondos, pues no se tuvo acceso a información bancaria que permita corroborarlo. Pero sí arroja indicios sobre presuntas irregularidades, en virtud de datos suministrados por el embajador designado por Guaidó para Colombia, Humberto Calderón, según los cuales fueron recopiladas facturas de gastos duplicados, transferencias entre cuentas bancarias que no especifican los titulares, facturas de hoteles no incorporadas a las relaciones de gastos y facturas ininteligibles. Todo esto incorporado “para crear confusión”. Barrera y Rojas reportaban directamente a Roberto Marrero (jefe del despacho de Guaidó), quien fue detenido por agentes del Sebin en Caracas, el 21 de marzo. Por ende, a partir de ese momento no había una instancia a quién reportar sobre estos gastos. La pareja indicó a la comisión de veeduría que nunca se reunió con Calderón, ni coordinaban acciones con Acnur, pues esta organización dependiente de Naciones Unidas no ha reconocido a Guaidó. Entonces, solo se comunicaban con funcionarios de la Cancillería y de la Unidad de Gestión de Riesgos. Barrera, indica el reporte, nunca notificó formalmente la existencia de un conflicto de interés al ser designada para esta función siendo cuñada del diputado Sergio Vergara (VP), mano derecha de Guaidó.

-El 13 de septiembre, la comandancia general de la Armada notificó mediante un “mensaje naval” la decisión tomada por el ministerio de la Defensa en cuanto a la separación “por medidas disciplinarias” de 219 oficiales de ese componente. De acuerdo con la resolución, todos estos oficiales se ausentaron de sus unidades castrenses “sin autorización”. Esto sugiere que todos habrían desertado. En realidad, algunos de ellos cruzaron la frontera para incorporarse a las filas de Juan Guaidó. Otros fueron involucrados en movimientos conspirativos, y tuvieron que abandonar el país o fueron detenidos, y otros simplemente abandonaron sus puestos, decepcionados por la politización y el deterioro de las condiciones laborales. En la lista figuran dos capitanes de corbeta (Miguel Angel León y Carlos Federico Barrios), 19 tenientes de navío, 76 tenientes de fragata, y el resto alféreces de navío. En cada caso fue redactado un informe que sustenta la decisión. En el correspondiente al capitán Miguel León, la superioridad castrense reaccionó negativamente ante una carta enviada al Comandante General del cuerpo, el 7 de noviembre de 2018, donde decía que los efectivos castrenses “pasamos de ser custodios y guardianes de las armas de la República para defender los derechos de todos los ciudadanos sin excepción para convertirnos en una especie de milicia populista dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. 

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

Tres preguntas a… Gustavo Tarre Briceño, embajador designado por Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

1.-El ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se califica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de adefesio y reminiscencia de la Guerra Fría. ¿Desde su perspectiva cuál es el sentido de revivir este mecanismo en la circunstancia actual?
El TIAR tiene unos setenta años. Ha sido invocado veinte veces. Su finalidad es que cuando se produce una agresión en contra de un país, los demás del Hemisferio están obligados a acudir en su defensa. La novedad que hay en el caso que estamos viviendo es que la agresión se comete desde adentro fundamentalmente. La destrucción de Venezuela no es producto de una guerra, de bombardeos o fenómenos naturales, sino de una combinación de ideología mal diseñada, mal entendida y perversa con una incapacidad total desde el punto de vista de la gerencia, y unos niveles de corrupción que son los más altos de la historia. Si lo que se busca es proteger a un país amenazado, creo que en Venezuela la amenaza se cumplió. Somos víctimas de un delito continuo de destrucción por parte de una banda que ha tomado el poder. Que esté obsoleto y sea un adefesio o reminiscencia de la Guerra Fría…bueno. Posiblemente para el ministro de la Defensa la materia jurídica sea totalmente ajena. El derecho es una ciencia viva, que evoluciona. Hoy en día puede vincularse la asistencia recíproca con la responsabilidad de proteger, que es un concepto mucho más nuevo, que apareció en conflictos recientes. Cuando se presenta una violación masiva de derechos humanos, existe una responsabilidad de los países de proteger a quienes sean víctimas de esa situación. Y si alguien tiene dudas de que ese sea el caso de Venezuela, sería harina de otro costal.

2.-El proceso de reincorporación al TIAR y la llamada opción militar ha ocasionado fisuras incluso en el Grupo de Lima. ¿Vale la pena asumir ese costo, si ni siquiera representará una amenaza creíble para el régimen?
El Grupo de Lima no es algo estático. Nació y es de inmensa utilidad para el rescate de la democracia venezolana. Puede haber en este grupo diferencias de opinión.  Son todos países democráticos. No es el ALBA, con países que obedecen dictados de una potencia extranjera, que le hacen caso a un jefe, como lo era Fidel Castro en los países del ALBA. Aquí cada quien tiene su soberanía y aprecia las circunstancias según su mejor entendimiento. Que existan diferencias en la forma de ver la situación venezolana es normal. Que vamos a lograr superarlas, estoy seguro. Toda la preparación de esta primera reunión del TIAR que se llevará a cabo en Nueva York intenta lograr entendimientos y acuerdos. Para eso es la negociación diplomática y en eso estamos.

3.-¿Cuáles serán los siguientes pasos en este proceso y qué perspectivas ve de aglutinar a más países en esta ruta?
Como le decía, los pasos son los que estamos siguiendo. No quiero adelantar si hay acuerdos para la toma de decisiones. Eso corresponderá a los cancilleres, una vez que se reúnan en Nueva York. Pero sí puedo decir que soy razonablemente optimista.

Libros

Llegó a los anaqueles una obra con un título inquietante y hasta cierto punto paradójico: La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente (Bogotá, 2019). Su autor es sir Lawrence Freedman, un laureado investigador y docente en Estudios Bélicos del King’s College de Londres. Esta investigación, cuya edición originaria en inglés fue lanzada en 2017, aborda el tema de las confrontaciones armadas desde ingeniosas perspectivas. En lo que respecta al pasado de la guerra, Freedman hace una comparación entre realidad y ficción, para determinar hasta qué punto la literatura fue capaz de avizorar las características que tendrían las conflagraciones. En la segunda sección, hay un análisis sobre aspectos clave de los conflictos armados que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y en especial los que presenciamos tras la caída del Telón de Acero, en 1989. Aquí encontramos una interesante evaluación de las intervenciones militares por razones humanitarias o de restablecimiento de la paz, y cómo las experiencias de la extinta Yugoslavia, Irak I y otras subsiguientes llevaron a la comunidad internacional a revisar el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado, a la luz de una nueva teoría, denominada “responsabilidad de proteger”, o R2P. Sobre este punto, aclara Freedman, todavía no se ha llegado a un consenso. Además, los resultados de las incursiones militares no han sido siempre exitosos. Sin embargo, desde la perspectiva de los países que participan en tales acciones, tiene mucho peso un conjunto de “criterios pragmáticos” a la hora de tomar una decisión: “los países que se plantearan atajar un conflicto ajeno debían tener plena confianza en la legitimidad de la acción, tenían que haber agotado las vías diplomáticas, haber diseñado un conjunto de opciones militares plausibles, debían estar dispuestos a sostener el esfuerzo de forma prolongada y tenían que considerar que la cuestión incidía en el interés nacional de sus respectivos estados”. Estas páginas están llenas de pistas que contribuyen a la discusión sobre la convulsa realidad de la Venezuela actual. Lo mismo que las referidas a la última sección, sobre el porvenir de los conflictos bélicos. En las guerras futuras, sostiene Freedman, la tecnología de punta en materia armamentística será un factor de extremada importancia, pero no el único. Podrían comenzar como disputas locales, e incluso privadas, que parezcan asociadas a la delincuencia o a tensiones sociales latentes. Conflictos relativamente menores, que no fueron atajados a tiempo, podrán escalar hasta involucrar a otros factores que le den la característica de una conflagración. Es por esto que, desde una perspectiva pacifista, las cruentas disputas en el África Subsahariana contienen tantas claves como los últimos adelantos en la inteligencia artificial.

2 comentarios:

  1. En el caso no hubo NINGÚN INDULTO por parte del Presidente Pérez ni del Presidente Velásquez. Fue el Presidente Velásquez quien ordenó el sobreseimiento del caso de los oficiales de de la GN (no "el grupo de Guillén") investigados.

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  2. Felicitaciones a Javier Ignacio Mayorca por este excelente análisis que me he permitido compartir y divulgar por su indiscutible calidad a pesar de pequeñas imprecisiones que nada restan al fondo del planteamiento y a la comparación temporal del caso.Saludos.

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