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lunes, 21 de octubre de 2019

El lado oscuro de las sanciones

-En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores

@javiermayorca

      En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.
      Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.
      Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.
      La medida tiene una dimensión tal que resulta muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.
      Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.
      Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.
      La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.
      Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
      Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.
      Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.
      Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.
      De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.

Breves

-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.

-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.

-Una de las razones por las que una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezada por alias Iván Márquez, anunció su retorno a las armas tiene que ver con la control de importantes rutas para el tráfico de drogas. Una primera evidencia fue la acusación consignada en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra Seuxis Paucis Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, mano derecha de Márquez, quien figura en ese expediente como co conspirador para llevar un cargamento de 10 toneladas cocaína a Estados Unidos junto a Marlon Marín, Armando Gómez, alias el Doctor, y Fabio Simón Younes. Los hechos investigados abarcan un lapso que inicia en junio de 2017 hasta abril de 2018, es decir, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en La Habana. Según el escrito acusatorio, Santrich aseguró que para ese momento podía disponer de la droga fabricada en laboratorios, al igual que aeronaves registradas en EEUU para su traslado al sitio convenido. Esa droga probablemente proviene de un área del Putumayo, en la frontera colombo ecuatoriana, donde las FARC mantienen el control, tal y como lo ha revelado un reciente reporte del rotativo alemán Der Spiegel.

Libros


La historia que dio origen a Perdimos (Buenos Aires, 2019) sería risible, a no ser porque trata una parte muy importante de la tragedia que hoy viven los países latinoamericanos: los autores de este proyecto editorial, Martín Caparrós y Diego Fonseca, plantearon a un grupo de periodistas, cada uno de nacionalidad distinta, qué país ganaría la Copa América de la corrupción. Las respuestas fueron diecinueve trabajos en los que cada uno de ellos abordó el tema, con la esperanza de convencer al resto de que, efectivamente, en su país hicieron "méritos" (si puede decirse así) para figurar en la cúspide por el saqueo a los fondos públicos. Claro está, al tratarse un asunto como éste, y en un momento como el actual, resultaba imposible sustraerse a lo que el propio Fonseca llamó “la revolución bolivariana de Odebrecht”, en referencia a la famosa constructora que operó como empresa criminal en prácticamente toda la región. Sin embargo, uno de los méritos de este libro es que, luego de su lectura, llegaremos fácilmente a la conclusión de que la transnacional brasileña, si bien es cierto que llevó la corrupción a niveles casi globalizados, no fue el primer caso escandaloso de manejos turbios con fondos de los estados, y por desgracia tampoco será el último. Odebrecht perfectamente pudo inspirar los capítulos correspondientes a por lo menos seis países latinoamericanos, incluido Venezuela. Pero la corrupción es mucho más que lo reflejado en la pesquisa Lava Jato, relatada en una sabrosa crónica de Carol Pires. De hecho, en el caso venezolano, donde la multinacional hizo de las suyas, la periodista Milagros Socorro prefirió apuntar a uno de esos casos en los que el dispendio del dinero mal habido llegó a niveles de hipérbole. Se trata de Diego Salazar, el empresario que amasó una fortuna, aun sin tasar, gracias a los favores recibidos de su primo Rafael Ramírez, quien lo colocó al frente del negocio de asegurar y reasegurar los activos de Petróleos de Venezuela. En su apogeo, Salazar destruía a martillazos los relojes de los invitados a sus famosos saraos, para luego entregarles otros de marcas mucho más lujosas. Perdimos, además, puede ser leída siguiendo la secuencia propuesta por los compiladores, o brincando de un lugar a otro, adonde se oriente el interés en ese momento. En todo caso, es una obra que vale la pena de principio a fin.

domingo, 6 de octubre de 2019

Costosos engaños


-Las estafas mediante el uso de las redes sociales y de los sistemas de mensajería se han convertido en un delito de moda, en el que los delincuentes se hacen pasar por amigos de toda la vida

@javiermayorca

Una noche de agosto, Cristina recibió un mensaje a través del sistema de mensajería de su cuenta de Instagram. Era un viejo amigo, que había emigrado a Estados Unidos y, aparentemente, regresaría a Venezuela en los próximos días.
“Me extrañó, porque tenía como tres meses de ausencia, sin poner nada en el Instagram”, recordó ella.
En el chateo por la red social, la convenció para que lo ayudara a obtener algunos fondos en bolívares, mediante el cambio de algunas divisas que él luego le entregaría.
La primera operación sería por $200. Pero Cristina no tenía los fondos para hacer la transferencia, así que buscó entre sus contactos a alguien interesado en comprar los dólares.
“Me transfirieron casi tres millones de bolívares. Pero yo no podía entregarle a él todo ese dinero de una vez, porque el banco me bloquearía la cuenta, así que solo pude transferir un millón y medio”, relató.
Para ese momento, el “viejo amigo” ya había regresado al país, a juzgar por la línea Movistar que utilizaba. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el momento en que el hombre iba a trasladarse al lugar donde ella trabajaba, para entregar los billetes estadounidenses con la cara de Franklin. Entonces la llamó para decirle que estaba perdido. Ella volvió a especificar su dirección de trabajo, en el este de Caracas.
“El tipo apagó el teléfono, y no volví a saber nada de él (…) Fui víctima de una estafa por una persona conocida”, reflexionó.
Ahora convertida en víctima, Cristina denunció lo ocurrido ante la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial. En medio de la emergencia, además, tuvo que endeudarse para poder cubrir los dólares que no había podido entregar a la persona que se los había comprado en primera instancia.
Las estafas mediante el uso de las redes sociales y los sistemas de mensajería se han convertido en uno de los delitos de moda en Venezuela. Cuando Cristina formuló la denuncia, un agente policial le confió que todos los meses la institución procesa unas 500 denuncias similares a las que ella hizo en agosto.
El funcionario se quedó corto: durante los primeros seis meses de 2019, los cuerpos de seguridad han iniciado 3.632 expedientes por estafa. El promedio mensual es de 520.
Fuente: MRI
Las estadísticas sobre este delito, conocidas extraoficialmente, revelan un crecimiento sostenido en las estafas a partir del mes de marzo. Ya para junio, el total fue de 754 denuncias, y a juzgar por los casos conocidos esta práctica delictiva se encuentra en permanente incremento.
Los estados donde los timadores actúan con mayor frecuencia son Miranda, Carabobo, Distrito Capital (Libertador), Lara y Zulia. Anteriormente, Zulia era preferida debido a la posibilidad de acceder a recursos de la renta petrolera. Pero esto cambió radicalmente en 2019, debido a la devastación ocasionada por los apagones y los saqueos.
Así como le sucedió a Cristina, en la mayoría de los casos el estafador es una persona conocida. O por lo menos eso cree la víctima. Esto quiere decir que el delincuente puede suplantar la identidad de otra persona mediante el hackeo de sus cuentas en las redes sociales, y desde allí iniciar la caza de sus posibles víctimas.
El éxodo masivo de personas al exterior también genera condiciones para los engaños. Un hombre que emigró a Sevilla desde San Juan de los Morros relató que estuvo a punto de ser estafado por una persona que había suplantado la identidad de una amiga, con la que iba a negociar la entrega de fondos para sus familiares en Venezuela. Se salvó a última hora gracias a su intuición. Optó por pasar de las redes sociales y el Whatsapp a intentar una conversación directa. Ante las evasivas para hablar, desistió de la operación.
En el 25% de los casos procesados este año por la policía judicial, la estafa se produce en operaciones de cambio de monedas, generalmente dólares o euros. En el resto de los casos, también es posible que se produzcan pérdidas en divisas para las víctimas. Pero el engaño ocurre en el curso de ventas de bienes escasos, como pueden ser repuestos para vehículos, alimentos, plantas generadoras de electricidad e incluso puntos de venta. Todo lo que en un momento determinado pueda exigir el mercado.
Esta es una de las consecuencias indeseadas de lo que el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, denominó la “dolarización informal” de la economía venezolana. En un alerta emitido recientemente, el ex funcionario recomendó llevar a cabo estas transacciones “con empresas, comercios y personas conocidas, de confianza, con comprobables antecedentes legales, morales y éticos”.
Sin embargo, los timadores intentan llevar a cabo sus engaños aprovechando ciertas condiciones de apuro, ya sean reales o generadas por ellos mismos. Y en una economía afectada por la hiperinflación, lo que prevalece es la premura: el precio del dólar hoy seguramente será menor que el de mañana; el caucho nuevo costará más, así como el teléfono celular y el cargamento de carne. Por ende, se dificultan los procesos de verificación de los antecedentes. La víctima se aturde, y termina perdiendo su dinero.

Breves

-La Policía Nacional lleva a cabo en este momento un plan para incrementar su pie de fuerza mediante la reincorporación de funcionarios que habían sido excluidos de ese y de otros cuerpos de seguridad por distintas razones. Esta iniciativa había sido anunciada en mayo, luego de la remoción del general de división Carlos Pérez Ampueda, ante las sospechas de que había respaldado el alzamiento del 30 de abril, y su reemplazo por el general de brigada Elio Estrada Paredes. Los reincorporados forman parte de un grupo llamado “ingresos extraordinarios”. Según listados a los que se tuvo acceso, provienen de las policías de Caracas, Miranda, Baruta, Eulalia Buroz, Independencia y Sucre, por citar algunas. Pero la mayoría de estos reinsertados habían salido de la propia PNB, por razones que no han sido especificadas. Desde 2017, el contingente de la Policía Nacional se estancó en poco más de 26 mil efectivos, de los cuales 6.000 son mujeres. El pie de fuerza no se ha incrementado, y sin embargo son crecientes las exigencias del Gobierno, en especial en cuanto a extender la presencia policial a todos los estados del país, y reforzar ciertos servicios, como por ejemplo el de vigilancia al Metro de Caracas, al cuerpo diplomático o las vías expresas. La alternativa, entonces, ha sido la reinserción de estos funcionarios. También se abrirá la posibilidad de que se incorporen guardias nacionales que estén de baja. El riesgo que han reconocido los propios jerarcas de la institución en reuniones internas es que se abra las puertas a individuos excluidos por medidas disciplinarias o por haber participado en delitos.

-El ministerio de Relaciones Interiores inició una investigación al constatarse la distribución mediante correos electrónicos de mensajes que supuestamente tienen la finalidad exacerbar el descontento en las filas de ciertos cuerpos policiales en Distrito Capital. Uno de tales mensajes hace un explícito llamado al alzamiento en armas de los uniformados, para que “Venezuela sea libre”. En el texto, igualmente, se indica que los policías incorporados a este movimiento pueden convertirse en parte de la historia nacional, siempre y cuando hagan un esfuerzo por “neutralizar a las ratas”.  Lo cierto es que los policías, como el resto de la población, parecen más enfocados en asegurar un sustento diario, trabajando como escoltas en sus tiempos libres o como parceleros de panaderías, que por organizarse para propiciar un cambio político.

-A partir de junio de este año se ha tenido noticia sobre la activación de unidades que, sin pertenecer directamente a los organigramas de ningún cuerpo policial habilitado formalmente por el ministerio de Relaciones Interiores, intervienen en labores de seguridad ciudadana. El primer organismo está adscrito al propio despacho encabezado por el general Reverol. Se trata de la Brigada Especial contra las Actuaciones de Grupos Generadores de Violencia (BEGV). Aunque esta unidad se gestó inicialmente en 2014, cuando Miguel Rodríguez Torres era el titular del MRI, su actividad fue prácticamente nula. Pero en junio de este año, fue designado José Daniel Hernández Valdez para encabezar esta agrupación, por decisión del Presidente. Otro ejemplo está en el Zulia. Allí, la Secretaría General de Gobierno maneja una Dirección de Investigaciones, con agentes que presumiblemente fueron enviados en comisión de servicio desde la policía regional, y que operan en vehículos de ese cuerpo policial. El 4 de octubre, los funcionarios de esta unidad especial ultimaron a dos personas no identificadas en el barrio Fuerza Bolivariana, y a otro hombre en el barrio Puntica de Piedra del municipio San Francisco, identificada como Jorge Luis Luzardo, de 40 años de edad. Los reportes sobre este grupo especial son conocidos desde septiembre.

-En atención a la última entrega de Crímenes sin Castigo (titulada La venganza de Cristóbal), el mayor general retirado del Ejército y ex jefe de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, envió al correo crimenessincastigo@gmail.com una réplica sobre ciertos aspectos del referido texto. La misiva con fecha 2 de octubre es publicada a continuación, íntegra y sin alteración alguna:
“Con ocasión a una noticia publicada en el medio que Usted dirige, en fecha 22 de septiembre del 2019, firmada por el periodista Javier Ignacio Mayorca, titulado “La venganza de Cristóbal” y en que una parte afirma refiriéndose a mi persona: “Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano”. (Cita textual)
“Debo aclararle lo siguiente:
“La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres honorables magistrados, ha denegado la solicitud de extradición hecha por EEUU. En resumen, los argumentos jurídicos que fundamentan la decisión son:
“1. No existe un relato de hechos concreto que describa la conducta del reclamado en cuanto a lo que se le acusa; y que determine, al menos, lugar y fecha en que fueron cometidos los supuestos delitos.
“2. Los supuestos delitos son considerados delitos militares según la legislación española.
“3. La reclamación se fundamenta en una motivación política.
“Fuera de estos tres puntos que sustentan la sentencia de la Audiencia Nacional, no existe ninguna otra consideración objetiva que avale la interpretación hecha en el artículo mencionado. Por lo cual, cae en un ejercicio sofisticado de especulación periodística basada en conjeturas y supuestos de difícil comprobación que, lejos están de ayudar a esclarecer la verdad del tema, suma a una matriz de opinión perversa que ha lesionado mi reputación por casi una década.
“Debo ratificarle, lo que ya he hecho público por diferentes vías de comunicación:
“Los EE.UU. solicita mi extradición basándose en una narrativa de hechos de una supuesta actividad delictiva que ocurrió entre 1999 y 2019. Después de 20 años de una supuesta investigación, la fiscalía estadounidense debería ser capaz de decir ante la justicia española y ante el mundo, qué fue lo que supuestamente hice, dónde y cuándo. Además de soportarlo con pruebas. Hasta el momento, la fiscalía de EEUU. no ha explicado qué fue lo que supuestamente hice, ni ha presentado una sola prueba.
“Este entramado de mentiras que fue fabricado en mi contra desde hace más de diez años en Venezuela, y del cual no había podido defenderme efectivamente, no solo me hace víctima a mí, a mi familia, a mi entorno, sino también al propio gobierno de EEUU. Funcionarios del gobierno venezolano involucrados en narcotráfico elaboraron informes falsos donde me incriminaban con el fin de cubrir sus delitos y de procurar que el presidente Chávez me retirara su confianza. Estas falsas informaciones fueron recabadas por la DEA, quienes la presentaron a fiscales que, sin mayor cuestionamiento ni investigación, las tomaron como ciertas y decidieron acusarme.
“El contexto de lo que ocurría y sigue aconteciendo en Venezuela en materia de narcotráfico y terrorismo, ayudaba a creer que lo que se decía sobre mí, por el cargo que ocupaba, también debía ser cierto. Pero conmigo cometieron un error que el tiempo y la justicia corregirá.
“Con humildad y firmeza quiero hacer valer lo que la justicia española ha determinado en primera instancia. Y es que la motivación detrás de los señalamientos hechos por la fiscalía de EE.UU. es política. La persecución en mi contra se lleva a cabo desde los tiempos en que trabajé al lado de Hugo Chávez, a quién obedecí de manera directa como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente constitucional de la República, en el marco de mis funciones y con estricto apego a la ley.
“Vine a España con el firme propósito de colaborar en el restablecimiento de la democracia en mi país. Esto no ha cambiado, ni cambiará bajo ninguna circunstancia. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para deponer a la tiranía criminal de Nicolás Maduro.
“Le agradezco revisar el mencionado artículo y atender a este Derecho de réplica a través del medio que dirige y sus redes sociales en el plazo establecido por la Ley, toda vez que las primeras reglas en el ejercicio responsable del periodismo, es contrastar las fuentes en las que se apoya la noticia y actuar con estricta sujeción a la verdad. Solicito sea publicado este escrito y realizar las aclaratorias pertinentes en honor a la verdad y a la justicia.”

Libros

¿Qué lecciones pueden extraer los venezolanos y en general los latinoamericanos del conflicto armado que padeció Colombia durante la última mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo? ¿Qué deja para el futuro inmediato la paz acordada en La Habana con la cúpula de las FARC, y el aparente desmantelamiento del Ejército de Liberación Nacional? ¿En qué se transformaron exactamente los grupos que anteriormente eran calificados como “paramilitares”? Las respuestas a estas y otras interrogantes pueden ser encontradas en el último trabajo del subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Fernando Ávila, titulado Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá, 2019), que ya llega a su tercera edición. Se trata de una extensa investigación, que recopiló y sistematizó unos 14 millones de datos, obtenidos de informes de los cuerpos policiales y militares, entrevistas presenciales y reportes de los medios de prensa sobre el conflicto armado en el vecino país, desde la primera mitad de la década de los ochentas del siglo pasado. Ávila va llevando al lector por el sinuoso camino que han recorrido las dos guerrillas más importantes de Colombia, y las estructuras que terminaron agrupadas bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada una con diferentes agendas y objetivos, aunque a la postre unidas en la producción y el tráfico de drogas. No solo se analiza las características de cada factor de violencia, sino también su particular relación con el Estado y las fuerzas militares. La investigación finalizada en 2018 ya permitía sugerir la reconfiguración de las FARC en lo que el autor denominó una “nueva guerrilla”, e igualmente entrega evidencias sobre el desplazamiento del conflicto hacia los sectores periféricos, donde florecen las economías ilegales. Entre esos sectores, desde luego, está la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN ha mantenido la mayor intensidad de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas. Aunque sumamente extensa, esta obra deja la impresión de que Ávila continuará su proceso investigativo, a la luz de las nuevas realidades que ya se desarrollan en Colombia, y que repercuten casi de inmediato en los países vecinos.