-Diez
prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones
impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, como consecuencia de
violaciones a los derechos fundamentales de la población venezolana
En
enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington
y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado
Antonio Benavides Torres.
Durante
siete años, Richard Stengel fue editor del semanario Times. Previamente,
había colaborado con el líder surafricano Nelson Mandela en la redacción de su
autobiografía. Pero un buen día de 2013 aceptó la sugerencia de un burócrata
estadounidense y se incorporó al gobierno de Barack Obama. De su experiencia
como subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos (una oficina de
la Cancillería) surgió una interesantísima obra: Information Wars (Nueva
York, 2019). Como buen investigador, Stengel va directo al grano. Una traducción
libre de su planteamiento central sería: “Hay de hecho una guerra de
información en pleno desarrollo alrededor de todo el mundo, y está sucediendo a
la velocidad de la luz”. Las armas de este conflicto son las computadoras, los
teléfonos y, como afirmaría Revel, las mentiras, esparcidas como metralla con
la intención de generar confusión y, eventualmente, ganar las mentes de amplios
conglomerados de población. Durante su experiencia, el periodista se percató de
que las democracias, en especial la estadounidense, padecen una desventaja
natural que las llevan a medirse en términos desventajosos contra regímenes
autoritarios como el ruso, y organizaciones altamente sofisticadas en materia
de propaganda como Estado Islámico o Isis. Esta es una nueva manifestación de
los conflictos asimétricos, pero no la única. Solo que aquí los parámetros para
medir las victorias y las derrotas son otros. Según Stengel, “tienes éxito
simplemente enlodando las aguas”, es decir, imponiendo una visión distorsionada
de la realidad, que no puede ser rectificada debido a que estos regímenes han
sido capaces de eliminar los medios y los periodistas independientes, que
pueden cuestionar las versiones oficiales. ¿Suena familiar? El relato de este
ex funcionario del Departamento de Estado, a menudo narrado en primera persona,
tiene pasajes extremadamente interesantes y aleccionadores, aunque a veces un
poco decepcionantes. En las guerras de información, sostiene Stengel, los
métodos y parámetros aplicados por los medios libres son usados contra ellos
mismos para distorsionar las realidades. En esta guerra, como en ninguna otra
previa, el primer muerto pareciera ser la verdad.
@javiermayorca
Una
parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo,
probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.
En
este pequeño territorio de Europa Central, denominado también Gran Ducado,
opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952
con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la
legalidad de sus actos y decisiones.
Ante
esa instancia, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de
Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les
han impuesto a través del Consejo Europeo, por violaciones a los derechos
humanos de la población venezolana.
Los
primeros litigios se iniciaron con los recursos interpuestos en abril de 2018
por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la
presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través
ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el
primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las
sanciones.
El
18 de septiembre de ese año, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de
demandas de nulidad. En esta oportunidad acudieron Sandra Oblitas,
vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno
Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y
la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son
mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron
números a sus expedientes.
La
documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los
argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos.
En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa
supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su
derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a
las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De
igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un
error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en
acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
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Oficialistas quieren revertir las sanciones europeas |
Se
debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión
Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en
menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular
utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición
política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.
El
general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin
embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de
esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no
ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón
que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que
cuando estaba al mando del cuerpo castrense se verificaron “graves violaciones
a los derechos humanos”.
“Sus
acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional
Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el
liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara
públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la
población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el
punto central de la sanción al oficial.
Por
su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones
“constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho
fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los
países europeos le ha impedido disponer de sus activos.
Sobre
estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene
una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha
producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con
respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las
demás.
Un
factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la
pareja de apoderados judiciales de los demandantes. Se trata de Fabrizio de
Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo
se identifica como L. Giuliani.
Hasta
ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de
Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales
Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala
(director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN),
Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el
protector del Táchira Freddy Bernal.
Una
fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de
estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los
expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas
sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo
revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.
Primer
revés
La
Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inadmisible la
demanda intentada por el gobierno venezolano para anular la decisión del
Consejo Europeo que prohíbe las ventas de armas al país, la asesoría
informática para los equipos militares y los servicios financieros necesarios
para tales adquisiciones.
La
sentencia, tomada el 29 de septiembre, indica que el gobierno venezolano había
interpuesto una demanda el 6 de febrero de 2018 contra las decisiones de la
instancia europea que configuran la única sanción general contra este régimen,
referidas a las compras militares.
El
recurso fue intentado con la representación de los mismos abogados que asesoran
a los diez oficialistas.
Durante
el juicio, Venezuela alegó que había adquirido de los países miembros equipos y
servicios militares por 76 millones de euros en 2016 y 59 millones en 2017. En
2018, cuando la decisión del Consejo Europeo entró en vigor, no hubo ningún
gasto.
Uno
de los argumentos para la sentencia fue que las decisiones del Consejo Europeo
en esta materia solo obligan a las partes integrantes de este cuerpo. Por lo
tanto, no se puede concluir que afecte directamente el derecho del estado
venezolano en materia de adquisiciones militares.
En
la sentencia, se obliga al régimen a cancelar todos los costos derivados de
este proceso judicial.
Breves
-98
personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes
policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer
extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los
nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de
Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha
sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace
varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en
instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo
2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas
gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en
instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado
nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras
cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del
retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un
promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas
focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente
finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de
once heridos.
-Desde el mes de agosto, se percibe un claro
incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos
estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera
extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es
que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la
frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del
exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en
cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido
denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran
presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía
Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de
manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido
400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego
contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza
general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.
-El
viernes 1 de noviembre fueron arrojadas sendas granadas de mano contra locales
comerciales en Maracaibo. El primer caso fue reportado cerca de las 10 pm frente
al local Dulces Andrea. Allí resultó herido por las esquirlas un hombre de 46
años de edad. Igualmente, la explosión afectó dos vehículos de uso particular.
De manera casi simultánea, lanzaron un artefacto similar al centro de apuestas
Pitbull. Pero no estalló. A esto se suman los dos heridos por un hecho similar
reportado en la entrada de un restaurant en la capital zuliana, el 25 de octubre.
El ataque pudo tener resultados más dramáticos, a no ser porque las esquirlas
dieron en su mayoría contra dos vehículos. Todos estos incidentes estarían
ligados al accionar de redes de extorsión contra los pocos comercios privados
que sobreviven en Maracaibo. Allí las bandas parecen haber pasado de las
amenazas al ejercicio actual de la violencia contra las víctimas. Hasta el
momento, Zulia acumula el 49% de las denuncias de extorsión formuladas en todo
el país.
Libros

La decisiones del Tribunal de Luxemburgo pueden ser suspendidas su ejecución en virtud que las partes querellantes estan involucrados en actos de corrupción que violan el estado de Derecho. Además, existen graves indicios de actos de narcotrafico de sus gobernantes, los cuakes son calificados como actos de terrorismo segun la legislación norteamerricana quien a su vez, pudiere hacerse parte acusadora en los mencionados juicios.
ResponderEliminarLa decisiones del Tribunal de Luxemburgo pueden ser suspendidas su ejecución en virtud que las partes querellantes estan involucrados en actos de corrupción que violan el estado de Derecho. Además, existen graves indicios de actos de narcotrafico de sus gobernantes, los cuakes son calificados como actos de terrorismo segun la legislación norteamerricana quien a su vez, pudiere hacerse parte acusadora en los mencionados juicios.
ResponderEliminar...el que se rasca es por que le pica...lo que quiere decir que las grandes fortunas amasadas al amparo de los negocios de corrupciòn, narcotràfico, extorsiòn, robos y demàs pelaje, y que han depositado en Europa; con sus salarios por muy altos que pudiesen tener, jamàs tendrìan esas fortunas...razòn suficiente para congelàrselas y devolverlas a Venezuela cuando caiga la narcodictadura...
ResponderEliminarque así sea , hay que ver justicia en nuestra querida VEZ.
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