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domingo, 17 de noviembre de 2019

Señales de una tragedia

-Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

@javiermayorca

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.
La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.
Esto pudo ser evitado
Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.
Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.
En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.
Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.
Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.
El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación. 
Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento. 
Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.
Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.
Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.
Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.
El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento. 
Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.
Este suceso hace recordar otro episodio luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.
Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que el primero es un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”.  Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación. Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy. Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal. La fiscalía 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios. Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

-Durante el lanzamiento del dispositivo Navidad Segura 2019, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, divulgó las cifras actuales de funcionarios destinados a labores de policía preventiva y de investigación. Según este general, en este momento el pie de fuerza total de la policía judicial es de 9.065 funcionarios. Hay además 94.909 uniformados de cuerpos preventivos (PNB y policías estatales y municipales), así como 46.230 guardias nacionales. Se sabe que estas cifras incorporan al personal administrativo y a los funcionarios que siguen en nómina, a pesar de que no desarrollan ningún trabajo de seguridad puesto que son escoltas, están de reposo, suspendidos, de permiso, vacaciones o son usados para custodia penitenciaria. Al sumar los números de agentes preventivos y de la guardia nacional, el total es de 141.139. El estándar de Naciones Unidas -aceptado por Venezuela desde los tiempos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial- establece que debe haber cuatro policías preventivos por cada mil habitantes. Esto es, agentes en las calles. Esto da 120.000 funcionarios. Pero las normas vigentes establecen que los policías tienen turnos de ocho horas diarias. De manera que, para cumplir con el estándar, el país debería tener unos 360.000 agentes preventivos. El déficit de agentes es de 60,7% en general. De allí que, a pesar del mandato constitucional sobre el carácter civil de la seguridad ciudadana, es y será muy complicado deshacerse de la Guardia Nacional. Sin este componente militar, la carencia de agentes para prevenir el delito superaría el 73,8%.

-Por cierto que el ministerio de Relaciones Interiores activó un grupo especial para la investigación de los delitos perpetrados en la industria petrolera. La unidad está bajo el mando de un general. El plan de Reverol es que tenga el rango de un viceministro. Pero esta decisión todavía no ha salido publicada en la Gaceta Oficial, probablemente para evitar que este oficial entre automáticamente en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro. La industria petrolera es sin duda la institución estatal más afectada por los hurtos de todo tipo de materiales. Hasta el mes de septiembre se contaban más de 380 casos denunciados ante la policía judicial. Pero cada denuncia refiere generalmente la sustracción de múltiples objetos, que forman parte del patrimonio del país. El impacto sobre la operatividad de la industria es enorme. Esta cifra, además, sugiere la existencia de redes bien consolidadas en el interior de la estatal petrolera, que se llevan todo tipo de activos y son capaces de comercializarlas en el mercado negro.

Libros

1989 fue quizá uno de los años más violentos de la historia de Colombia. Las bombas, los secuestros y la creciente actividad de los grupos guerrilleros y paramilitares parecían tener contra las cuerdas a las instituciones de ese país. La periodista Maria Elvira Samper recoge todo el dramatismo de esa época en su más reciente libro, que lleva por título precisamente ese año: 1989 (Bogotá, 2019). En estas páginas, la autora no se contenta solamente con hacer el debido recuento cronológico, es decir, informar al lector cómo ocurrieron las cosas. También trasluce cómo lo vivió la reportera. Hay además la valoración de personajes clave, que mediante entrevistas ofrecen nuevas perspectivas sobre hechos que han sido trajinados por escritores e historiadores. En 1989, la violencia colombiana reverberó sobre todo el continente. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán conmocionó a todo el mundo. Pero, tal y como se puede apreciar durante la lectura, este fue apenas un giro en la espiral de muertes de las que Colombia parecía no poder salir. Los Extraditables, un grupo de traficantes de drogas encabezado por Pablo Escobar, declararon la guerra al Estado en un conflicto que se prolongaría por más de cuatro años y que representó un paso importante en la conformación de los grupos paramilitares, posteriormente aglutinados con el término autodefensas. Se trata, pues, de un año digno de estudio, no solo para los colombianos sino para todos los que desean de alguna manera entender los procesos de violencia que afectan a grandes conglomerados nacionales.


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