domingo, 29 de noviembre de 2020

Pasado y futuro de la FAES

 -Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

@javiermayorca

En febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.
Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.
“Según instrucciones del señor presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.
Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo "uotes", dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.
Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).
Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.
La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional. Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.
En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.
Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General. Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.
La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional. De hecho, ese año gracias a la FAES la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020, se consolidaron en esta posición.
Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.
El auge de las FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial. También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.
Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:
“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.
Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.
La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONGs como Una ventana para la libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

Breves

PROTESTAS POR HIDROCARBUROS

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales. En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

PLATAFORMA DEL TERROR

La creciente presencia de elementos de radicalismo islámico en Venezuela y Latinoamérica preocupa en la comunidad internacional, en especial cuando se habla del grupo chiíta Hezbollah, o Partido de Dios. Según el experto en terrorismo y crimen organizado Alejandro Cassaglia, la plataforma de inteligencia de esta agrupación en los países americanos está intacta desde el atentado con explosivos a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), perpetrado en Buenos Aires en julio de 1994. Como se recordará, una etapa importante de este ataque fue organizada en territorio venezolano, lo que ameritó el traslado a Caracas del juez argentino Juan José Galeano, primer instructor del expediente judicial. Cassaglia es el coordinador para Latinoamérica de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg), una organización dedicada a la investigación académica y divulgación de estos temas. Durante un seminario internacional llevado a cabo entre los días 25 y 27 de noviembre, advirtió que la presencia de este grupo, señalado como terrorista por EEUU y la Unión Europea, “se ha potenciado” durante la gestión de Nicolás Maduro. Refirió como ejemplo que elementos ligados a esta y otras organizaciones radicales han sido detectados con pasaportes emitidos en Venezuela. “Son personas que ni siquiera hablan español”, dijo. Añadió que durante una operación policial en Las Vegas (EEUU) fue incautado un lote de pasaportes colombianos, que según Cassaglia fueron falsificados en Venezuela.

GRANADAS Y UNIFORMES

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DDHH Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria. “La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, han sido iniciadas 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más de 33% el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.
PS.: luego de la publicación de esta entrega en runrun.es y talcualdigital.com, el jueves 26 de noviembre, se conoció que la alcaldesa del municipio Guaicaipuro (Los Teques) Wisely Álvarez, destituyó a su director de Seguridad, al tiempo que admitió la existencia de redes policiales que cobran por vigilar a los comercios en la capital mirandina. En las redes sociales, el público se burló de esta declaración, por considerar que se vendió como un gran hallazgo algo que prácticamente es un lugar común. No obstante, es una comprobación fehaciente del auge de la extorsión, en especial por quienes están investidos de alguna autoridad.

Libros

Los meses que precedieron a la muerte de Hugo Chávez estuvieron llenos de incertidumbre. La ausencia de información veraz y oportuna, aderezada por medias verdades y mentiras descaradas de quienes se suponía estaban allí para dar certezas solo incrementaba la angustia de la población, y transmitía la sensación de que tras bastidores se desarrollaba una intensa disputa por el poder, entre las distintas facciones del oficialismo. Aquellos días marcaron de manera definitiva el presente de los venezolanos, y sin embargo es muy poco lo que se sabe al respecto. El primer esfuerzo sincero por arrojar un poco de luz recién sale a los anaqueles, con la firma del periodista venezolano Francisco Olivares. Los últimos días de Hugo Chávez. El alucinante encubrimiento de la enfermedad y muerte del líder del socialismo del siglo XXI (Caracas, 2020) es un recuento minucioso de aquellos hechos que, para acudir a la jerga policial, tuvieron tres “sitios de suceso”: Caracas, La Habana y, brevemente, Brasil. Uno lee a Olivares y se traslada de inmediato a aquellos lugares y momentos llenos de preguntas sin respuestas, que se acumulaban sobremanera cuando el teniente coronel se ausentaba, y ponía el destino del país en las manos de Fidel y Raúl Castro. Lo que eventualmente llevó a la emisión de importantes decretos en la capital cubana, cuya validez siempre quedará bajo sospecha. Esas firmas electrónicas estampadas al pie de cada decisión en otros tiempos pudieron calificarse de “planas”. Uno se imaginaba a Chávez postrado en cama, intubado y, sin embargo, dando el dudoso visto bueno a los movimientos que le sugerían los miembros de su entorno más cercano. El libro de Olivares refleja un esfuerzo por aproximarse a otrora chavistas como Héctor Navarro y Luisa Ortega, quienes fueron marcando distancia y pagaron un precio por aquellas “traiciones”. Pero para ellos no basta colocarse en el lado opuesto: es necesario vencer la complicidad del silencio. El libro está disponible en formato electrónico.

domingo, 15 de noviembre de 2020

FAN C.A.

 -Documentos demuestran que, desde hace por lo menos cuatro años, existe un impulso institucional para convertir a los militares en empresarios, e involucrarlos aún más en el soporte político al régimen

@javiermayorca

La organización Transparencia Venezuela divulgó en octubre un estudio titulado Los militares y su rol en las empresas del Estado, en el que destaca la creciente influencia de los llamados profesionales de armas en la gestión de las más diversas actividades económicas relacionadas con el sostenimiento del régimen.
A juzgar por este trabajo, ya no se trata solamente de garantizar la defensa y la soberanía en los espacios terrestres, acuáticos y aéreos del país, lo cual es ya una responsabilidad bastante gruesa. Desde hace algún tiempo ya, en las unidades castrenses tienen que gestionar emprendimientos tan diversos como el ensamblado de vehículos (Emsoven), la fabricación y distribución de fertilizantes (Agrofanb), la banca (FanFanB) y la minería (Camimpeg), por citar solo algunos rubros.
Esto tiene un impacto directo sobre la conformación de la burocracia venezolana. Según el reporte, ocho de los treinta y tres ministros del gabinete son o han sido oficiales de la Fuerza Armada. Y muchos de ellos, a su vez, imponen en sus respectivos equipos de trabajo a individuos surgidos de los cuarteles también. Entonces, además de ser oficiales o efectivos de tropa profesional, son viceministros, directores o jefes de división.
En los gobiernos regionales y municipales ocurre algo similar. Y de celebrarse las “elecciones” el próximo seis de diciembre, se instalará en el Parlamento toda una fracción de origen castrense, con el general en jefe (Ejército) Jesús Suárez Chourio a la cabeza y un pelotón de otros quince diputados militares.
Esto plasma lo que Transparencia Venezuela ha calificado como un Estado-Cuartel.
Pero tal situación no se configuró de la noche a la mañana. Por el contrario, es el resultado de un largo devenir, que muy probablemente comenzó cuando la Constituyente de 1999 insertó, sin mayor oposición, a la “participación activa en el desarrollo nacional” entre las funciones de la Fuerza Armada. Uno podría entender que generar condiciones de seguridad y estabilidad hubiese sido suficiente aporte de los militares para impulsar el desarrollo, de manera que las fuerzas productivas del país contasen con ese “marco institucional” tantas veces anhelado. Pero en realidad el propósito era otro. La idea de fondo era hacerse cuarteles adentro con una tajada de la economía del país. Y que en ese camino proliferasen millonarios tuertos Andrades y acaudaladas enfermeras Díaz. Lo cual resultaba tanto más apremiante en cuanto se deterioraban las condiciones sociales del común de los venezolanos, y la crisis humanitaria compleja tocaba las puertas de las propia “familia castrense”, minando así la cohesión del poder armado en torno al régimen.
Entonces, no bastaba solamente con una línea perdida en el artículo 328 de la Carta Magna. Había que ser más explícitos en el mensaje. Algo que bajara por todas las cadenas de mando. Y la oportunidad para transmitir esta orden llegó con la emisión de las llamadas Guías de planeamiento. Estos son documentos en los que la cúpula castrense, encarnada en el general Padrino y el almirante Ceballos, indica dónde deberán enfocarse las energías de los oficiales y las tropas durante el año siguiente. Se pudo revisar versiones que datan desde 2016.
La correspondiente a 2017 fue quizá la más clara de todas a las que se tuvo acceso para este trabajo. En ella, Padrino acudió a la primera persona: “Quiero que concentren sus esfuerzos en: 
-Inspeccionar y contribuir al desarrollo y la eficiencia de las empresas estratégicas productivas del Estado (…)
-Impulsar el motor industrial militar y Agrofanb como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo integral y la economía (…)
-El aparato productivo militar (sic) debe disminuir la dependencia de bienes esenciales y empezar a plantearse retos de autogestión (…)
-En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”.
Desde luego, cuando el ministro de la Defensa se expresa en estos términos, las órdenes aguas abajo fueron hacer empresas a como diera lugar. Y de aquí en adelante, los jefes de unidades que no incluyeran entre sus logros la constitución de algún “proyecto productivo” no serían bien vistos a la hora de los ascensos.
Esto es llevar a la Fuerza Armada como si fuese una compañía, aunque sin las exigencias de competitividad que impone la participación en mercados abiertos. De esta manera, ya no pueden argumentar que fueron las víctimas de un régimen que los llevó a la situación actual.
Este proceso ha sido analizado de cerca por el historiador Luis Alberto Buttó, quien se ha especializado en el estudio de las particulares relaciones entre el sector civil y el militar en Venezuela.
“Cuando dejas de ser ejecutor y te conviertes en el diseñador de las políticas, te conviertes en un actor político, con todas las consecuencias que de allí derivan. Los militares son operadores del sector defensa. Cuando cruzas esa frontera, se abre la puerta para que los militares pasen al ejercicio de la política”, explicó.
Y ahora, por si fuera poco, el régimen extendió esta posibilidad de ejercer control económico desde los rubros o actividades, como pueden ser la minería o la distribución de alimentos, hasta territorios geográficos. De allí la instauración del concepto de “zona económica especial militar” en la llamada Ley Constitucional de la FANB, aprobada en enero por la Asamblea Constituyente. Estos son espacios donde los militares dirigirán “actividades productivas endógenas”, en términos casi monopólicos.
Aragua será el primero.

Breves

PLAGIOS FLEXIBILIZADOS

Otro de los delitos que estarían en auge con la “flexibilización” de la cuarentena es el secuestro. El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un conjunto residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris. Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis. Sobre este episodio, el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad. Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del sedán y llevarla a la referida camioneta. En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del hospital Pérez Carreño. En ninguno de estos casos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, y así los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar. En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente. La mayoría en el estado Miranda, pero también los hubo en Aragua, Bolívar y Sucre.

BUSCANDO AGUINALDOS

Luego de la primera edición de esta columna (publicada en runrun.es y talcualdigital.com) se tuvo información de tres secuestros en Distrito Capital. En los tres casos, hay fundadas sospechas sobre la participación de funcionarios de cuerpos policiales. El primero fue conocido el viernes, cuando la víctima ya tenía varias horas en cautiverio, pues fue interceptada el jueves en la tarde, según la información preliminar, mientras circulaba con su camioneta por Altamira. El segundo caso fue reportado en un edificio de la primera transversal de Boleíta Sur, el viernes en la noche. Un grupo que aparentaba ser de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) intentó llevarse por la fuerza a un comerciante, pero la rápida comunicación con la policía municipal y la jefatura de esa unidad especial para Petare hicieron que los agentes desistieran. El viernes en la noche también fue secuestrada una empresaria en la urbanización Las Palmas. Los captores resultaron ser efectivos de la policía judicial. La mujer fue rescatada el sábado en la madrugada durante una operación de la división Antiextorsión y Secuestros de ese mismo cuerpo frente al bloque 9 de Lomas de Urdaneta, mientras los secuestradores negociaban el cobro de un rescate de $50.000. Tradicionalmente, los secuestros y extorsiones incrementan su frecuencia durante los últimos meses del años, y tal parece que 2020 no será la excepción.

DESCONFIANZA ARRAIGADA

Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre. Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “En la ciudad o área donde Ud. vive, ¿tiene confianza en la policía local?”. En el caso venezolano, solo 22% de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados. Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios como Latinobarómetro. El trabajo de campo de Gallup fue desarrollado en 2019. Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al índice general de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43). Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del Covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles. Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90%.

CHICHITURBO Y OTRAS CHATARRAS

A la izquierda, el estándar. A la derecha, lo entregado

Desde finales de 2019, el régimen ha avanzado en la entrega de vehículos para la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad estatales y municipales. La idea no es mala. Por el contrario, atiende un clamor de los jefes de estas instituciones, que han visto mermada la calidad del servicio por la indisponibilidad de medios para la movilización. El detalle radica en que estos vehículos no cumplen con los estándares fijados por el propio Gobierno, y que fueron aprobados por el Ministerio de Relaciones Interiores hace más de diez años. En otras palabras, el régimen fija unas normas que luego incumple. En el caso de las patrullas, estos patrones pueden ser revisados en las fichas técnicas el documento Pertenencia policial, publicado en mayo de 2010. De allí fue extraída la gráfica que acompaña estas líneas. Por ejemplo, las patrullas para ciudades debían tener cinco puertas, motor 1600 cc con doble árbol de leva para mayor aceleración, aire acondicionado, puertas delanteras con blindaje III, computadora y radio, entre otros accesorios. De repente, desde el MRI y gobernaciones oficialistas empezaron a “dotar” a las policías con vehículos Chery Arauca, motor 1300 cc de poca durabilidad. Un jefe policial de Caracas consultado para esta nota dijo creer que estos automóviles inicialmente fueron adquiridos por el régimen para la Misión Transporte, puesto que los vehículos tenían adentro un dispositivo que decía Libre/Ocupado. Luego, entregaron a la PNB y a cuerpos de Lara y Aragua unas motonetas que no obedecen a ninguna ficha técnica, y que actualmente utilizan solo para el traslado de personal. Los propios agentes se burlan de estos vehículos, puesto que además no ofrecen protección y son de escasa potencia. Estas “chichiturbo” y los Arauca tienen un factor en común: son de fabricación china y, presumiblemente, tienen un mismo proveedor.

Libros

Las dinámicas del tráfico de drogas por Venezuela desde siempre han sido impactadas por numerosos factores internacionales, que a veces pasan desapercibidos para el analista local: las fluctuaciones de precios en los países de origen y destino; las operaciones policiales; las innovaciones tecnológicas y las afinidades culturales son algunas influencias. En los años ochentas del siglo pasado, al otro lado del Atlántico, ocurrió un conjunto de hechos que abrió nuevos mercados y rutas, y que aún son de obligado paso por el territorio nacional. Fue una consecuencia impensada de la conversión de los antiguos contrabandistas de tabaco en transportistas de la cocaína producida en el área andina suramericana. Pero hablamos de procesos humanos, nuevas y viejas relaciones entre personas de un lado y otro del mundo. La convergencia forjada en la prisión de Carabanchel entre la nueva generación de traficantes gallegos, duchos en el uso de lanchas rápidas para serpentear por las rías de Arousa, y los representantes de Medellín, con Ochoa Vásquez y Matta Ballesteros a la cabeza, quienes buscaban nuevos y más lucrativos destinos para el alcaloide. Tato Troncheiro dice haber presenciado todo este proceso al otro lado del océano, y lo relata en Mar de Arousa (Barcelona, 2018), con interesantes detalles sobre la vida de los jefes de los clanes gallegos, que eventualmente decidieron pasar “do fume a fariña”, es decir, del tabaco a la droga. Troncheiro cambió los nombres de los protagonistas reales de la historia, pero estos claramente quedan retratados a través de sus expresiones y modos de actuar. Este libro pinta, con un tono casi costumbrista y a vedes moralizante, las peripecias de estos individuos en su permanente disputa con la Guardia Civil, las alianzas y los desacuerdos con los políticos, sus desvaríos amorosos y el lujo ostentoso que llegó de súbito a poblaciones de humildes pescadores como Cambados y Vilagarcía, en la forma de Mercedes último modelo, ropas de marca y festines sin límites, primero financiados con la venta de los Winston etiqueta azul, y luego con el comercio de las blancas panelas. Mar de Arousa es, ante todo, un relato entretenido escrito por un arousano temeroso de que sus hijos llegaran a convertirse en “piltrafas humanas”, por el consumo de la droga que llegaba -y llega- a raudales a las rías gallegas. Este libro puede ser adquirido en formato digital.

domingo, 1 de noviembre de 2020

El Curso 63

-En esta nueva fase del proceso político, la represión llega no solo a los funcionarios policiales o militares que opinen en contra del régimen, sino también a aquellos que guarden silencio y no los delaten

@javiermayorca

El viernes 16 de octubre, la Inspectoría de Control de Actuación Policial (Icap) de la Policía Nacional Bolivariana remitió al Centro de Operaciones Policiales de ese mismo cuerpo una convocatoria de carácter obligatorio, para que treinta funcionarios de las más altas jerarquías se presentaran el domingo siguiente en las oficinas de ese órgano de investigación interna, en Caracas.
Se trata de una acción sin precedentes en la corta historia de la PNB. De todos los nombres que integran la lista, solo cinco tienen grados de supervisores. Los veinticinco restantes son comisionados, es decir, están en el tope de la pirámide policial. Algunos de ellos se desempeñan en plazas tan remotas de la capital como San Cristóbal y Cumaná. Aún en esta situación de cuarentena, la inasistencia solo agravaría la situación.
Entre todos los convocados había un factor en común: participaban en un chat de WhatsApp denominado Curso 63. Este nombre, explicó uno de los participantes en ese foro, aglutina a los egresados de la Escuela de Formación de Agentes Policiales (EFAP) en el año 2000. En aquel entonces, la mayoría de los graduandos pertenecía a la Policía Metropolitana de Caracas, aunque algunos laboraban en cuerpos de seguridad municipales o de estados del interior del país.
Estos agentes, surgidos casi todos de las filas de la PM, conformaron en 2009 los primeros cuadros de la Policía Nacional, luego de ser sometidos a un proceso de homologación a los estándares de lo que se llamó el “nuevo modelo policial”, y con el pasar de los años han ocupado posiciones clave dentro del cuerpo civil armado más grande del país, con unos 27.000 funcionarios.
Persecución en la PNB
Pero los diseñadores de ese nuevo modelo no tomaron en cuenta el advenimiento de las redes sociales y de los sistemas de mensajería. Poco o nada se dice al respecto en los tres tomos entregados en 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que sirvieron como base para la gestación de la PNB.
La preocupación comenzó cuando los jefes policiales se percataron de que las informaciones sobre los procedimientos llegaban primero a los medios de comunicación que a sus escritorios, con lo cual perdían el control de la propaganda. Ya no era necesario convocar a una rueda de prensa para suministrar datos que incomodaran a la superioridad, como le sucedió en la primera década de este siglo al entonces jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, comisario Sergio González. Ahora, simplemente bastaba con filtrar las minutas a alguno de los cientos de grupos que comparten funcionarios activos y retirados, docentes y reporteros. Y al poco tiempo el asunto sería del dominio público.
En varias oportunidades, los jefes policiales enviaron advertencias con las sanciones a las que se expondrían los agentes que divulguen datos en foros o sistemas de mensajería. Sin embargo, el control se complicaba pues en algunas localidades la infraestructura de comunicaciones está tan deteriorada que no es posible hacer verificaciones de antecedentes en tiempo real, y la única forma de remitir las novedades es a través de WhatsApp. Y al correr de teléfono en teléfono, el riesgo de una filtración de los informes se incrementa.
En 2018, la Policía Nacional activó una oficina destinada a hacer un monitoreo a las redes sociales. Como objetivos de vigilancia están no solo los periodistas, sino también las fuentes de información. Posteriormente, comenzó el análisis de los grupos creados en sistemas de mensajería, en especial aquellos donde hubiese constancia de la participación de funcionarios. Detectaron que por allí podrían sondear el verdadero clima de opinión entre los agentes, en un momento en que se agudiza la conflictividad política.
En 2019, por ejemplo, una docente de la Universidad de la Seguridad en el interior del país fue llamada a Caracas. Según su propio testimonio, un directivo de la institución le recriminó por haber posteado una crítica al Gobierno en su cuenta personal de Twitter. La amenazaron con expulsarla ipso facto con el argumento de que era “personal de confianza”, y que por ende no podía referirse en esos términos hacia sus patronos. Ella renunció.
Pero el foro llamado Curso 63 era visto como algo más grave que la crítica aislada de una profesora. El régimen inició un monitoreo de los contenidos intercambiados entre los uniformados, para detectar quiénes tenían posiciones críticas hacia Maduro y su entorno. Según documentación recabada para esta nota, se decidió ir contra ellos para “enviar un mensaje contundente” a los que, según la jerarquía gubernamental, simpatizarían con “grupos extremistas”.
La cacería comenzó en marzo, con la detención del comisionado Will Coche, quien fue presentado en los tribunales de Caracas bajo el cargo de instigación al odio, debido a que posteó en su estado de WhatsApp una imagen en la que expresaba su rechazo a Maduro. Cuando lo llevaron a los juzgados de Cruz Verde, desmayó y tuvo que ser auxiliado por paramédicos.
Coche participaba en el chat Curso 63. Pero en ese momento, los contertulios no sospecharon que el centro de la investigación podría ser ese foro, y no un agente de manera individualizada. Eran los primeros días del estado de alarma, y la atención parecía enfocarse en otras cosas.

De Gedeón a Negro Primero

En la madrugada del domingo 3 de mayo, una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional mató en un rompeolas de Macuto a seis hombres que presumiblemente participaban en un plan para capturar a Maduro o a alguno de los oficialistas por los que el gobierno estadounidense había ofrecido millonarias recompensas, y precipitar de paso un cambio político en el país.
Los hombres que navegaban desde la Guajira colombiana habían bautizado esa cruzada con el nombre de Gedeón, el guerrero que según las sagradas escrituras venció a regimientos enteros contando con solo 300 campesinos. Mientras tanto, el oficialismo puso a la operación de los FAES el nombre de Negro Primero. Aunque la PNB emplazó a un número importante de funcionarios, el núcleo central de la acción era una docena de comandos. Una vez levantados los cadáveres, se retrataron frente al teatro de operaciones, con sus fusiles AK-103, pistolas y cascos tácticos.
Pero la foto de los policías no molestó tanto al régimen como la divulgación de sus nombres, dos meses después, cuando se propuso incorporarlos en forma express a las listas de ascensos de la PNB.
Uno de los que reaccionó en contra de esta situación fue el comisionado jefe Daniel Urpín Castañeda, egresado del Curso 63 de la PM y contertulio del chat que llevaba el mismo nombre. Para la primera semana de junio, era jefe de Archivo de Investigación Disciplinaria de la Inspectoría de la PNB. De acuerdo con un acta de notificación firmada por el general (GN) Frank Morgado, director de la Inspectoría de la PNB, este funcionario reveló a través del foro WhatsApp las identidades de los FAES que habían participado en la matanza de Macuto.
Para ese momento, indica el mismo informe, participaban en el chat 171 personas, ubicadas en el Ministerio Público, la policía judicial, Banco Central de Venezuela, Seniat y docentes en varias instituciones. Esto garantizaba que la lista de los ascensos correría como pólvora.
Según la abogada Jackeline Sandoval, Urpín fue privado de libertad el 9 de junio. El día anterior, hicieron lo propio con otro participante en el mismo foro de WhatsApp, el internacionalista y ex policía con once años al servicio del Parlamento Latinoamericano, Nelson Vivas. Según la litigante, ambos fueron despojados de sus teléfonos para extraerles las informaciones que luego sustentarían imputaciones por instigación al odio, a cargo del fiscal 59 Frank Bracho. La presentación se llevó a cabo el 12 de junio en el juzgado 26 del Área Metropolitana, a cargo de la abogada Janeth Jerez Mata.
Urpín y Vivas permanecen en el retén de la Zona 7 de la PNB, donde también fue recluido el comisionado Coche.
Mientras tanto, avanzan las averiguaciones administrativas. Los treinta funcionarios convocados para el domingo 18 de octubre han tenido que justificar su pertenencia al chat Curso 63, en términos que sorprenden por lo inusitado del caso. De acuerdo con la imputación de Morgado, los integrantes del foro enviaron “informaciones en contra del gobierno venezolano y de las políticas públicas llevadas por el régimen, y en ningún momento éstos notificaron al órgano disciplinario”, lo que según su valoración constituye una “novedad de carácter grave”. En otros términos, según la óptica del Inspector General de la PNB, los contertulios estaban en el deber de delatar a quienes hablaran mal de Maduro. Al no hacerlo, se arriesgan a recibir la pena máxima, que es la expulsión de la policía.
La remoción del general en jefe Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores aparentemente paralizó la purga en la PNB. La decisión ha quedado en manos de la sucesora en el cargo, la almirante en jefe Carmen Meléndez.
Pero ya fue logrado un primer efecto: implantar el miedo.
Según la abogada Sandoval, “ahora nadie habla en grupos policiales, no interactúan, se van saliendo (…), pues hay una cacería en cuanto a las opiniones que puedan emitir”.

Breves

LICENCIAS EXPRESS

Arriba, la de verdad, abajo la falsa
El 27 de octubre, la Policía Nacional española informó que 293 personas habían sido detenidas en todo el país europeo por el uso de licencias para conducir fraudulentas, aparentemente emitidas por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela. De acuerdo con la nota, los documentos eran ofrecidos por gestores a un promedio de 90 dólares, y eran entregados en un máximo de tres días. Esta investigación tenía varios meses en desarrollo. En junio, ese organismo envió una circular a todas sus brigadas de extranjería, en la que alertaba sobre la proliferación de los permisos para conducir venezolanos falsos, “los cuales están siendo utilizados en el interior del territorio español por nacionales de dicho país, cuyos portadores los presentan para identificarse en los controles policiales, en ocasiones junto con el documento de solicitante de asilo”. Anexo a ese texto, se remitían algunos ejemplos de licencias obtenidas de forma ilegal. En el afán de parecer verdaderas, les ponían códigos de barra en ambas caras. La licencia de conducir venezolana ya no es entregada en un soporte plástico, sino que es remitida por el INTTT directamente al correo electrónico del titular, en formato PDF, de manera que el propio interesado debe imprimirla y plastificarla. Según la Policía Nacional española, esta característica “hace más fácil su falsificación, al carecer de medidas de seguridad”. En España, el uso de un documento falso por extranjeros podría ser causal para una deportación. 

NUEVO BALANCE DE PODER

¿Quién gana y quién pierde con la remoción de Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores, y su reemplazo por Carmen Meléndez, actual gobernadora del estado Lara? Según el ex diputado y analista en temas militares Luis Manuel Esculpi, “con la salida de Reverol pierden varios (dirigentes del oficialismo), en primera instancia Tareck el Aissami”. Ciertamente, el gran salto del primer general en jefe de la Guardia Nacional fue en 2008, cuando fue promovido con el respaldo de el Aissami a la presidencia de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). De allí iría al viceministerio de Seguridad y Prevención, y posteriormente ocuparía la comandancia general de la Guardia Nacional y el MRI. Reverol ha sido un promotor de las tácticas de “mano dura” en el tratamiento a la criminalidad, e igualmente a la disidencia política, lo que le valió una sanción del Departamento del Tesoro por violaciones a los derechos humanos. Fue uno de los principales impulsores de las famosas operaciones de Liberación del Pueblo, aunque esa actividad ya había comenzado meses antes, cuando él era viceministro. Las OLP, con su estela de matanzas, fueron duramente criticadas por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. No hay duda de que buena parte de los señalamientos consignados en los informes de Bachelet y en de la misión de determinación de hechos de la ONU apuntan hacia este oficial. Cuando fue ascendido por Maduro al grado de general en jefe, en junio de este año, parecía que los rumores sobre su designación para el ministerio de la Defensa tenían sustento. Cuatro meses después, la situación es radicalmente distinta, y Reverol pareciera destinado a un futuro similar al del general Motta Domínguez. Según Esculpi, Meléndez forma parte del entorno directo de Maduro. A él debe su ascenso al grado que ostenta actualmente, así como su paso por distintos despachos del Gabinete. Sin embargo, al sacarla de la gobernación de Lara se comprueba que el círculo del mandatario se hace cada día más estrecho, y que nadie más allá de ese pequeño grupo está dispuesto a sacrificarse en una posición de tanta relevancia como el MRI. Huelga decir que los logros en la gestión de Seguridad Ciudadana carecen de relevancia para este nombramiento. Durante la primera pasantía de Meléndez (2014-2015) las tasas de criminalidad marcaron verdaderos récords, y Venezuela se consolidó como el país más violento del mundo. Las bandas criminales, además, ganaron importantes territorios gracias al avance de las llamadas “zonas de paz”.

HAMPA REACTIVADA

Con la prolongación “flexibilizada” del estado de alarma, comienza un resurgimiento de la criminalidad en el país. Uno de los delitos llamados “marcadores” por el régimen es el hurto de vehículos, en el que los autos, motos y camiones son despojados de sus legítimos propietarios mediante métodos de agilidad y destreza. Entre los meses de enero y marzo, fueron denunciados 861 casos de este delito en todo el territorio nacional. En el lapso abril-junio, la cifra disminuyó a 387, es decir, una baja de 55% con respecto al trimestre anterior. Pero en los tres meses siguientes (julio-septiembre) repuntó de nuevo en todo el país, para totalizar 502 denuncias (29% de incremento). Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que los delincuentes también están cansándose del prolongado confinamiento. En la zona conformada por Distrito Capital y estado Miranda, el comportamiento ha sido similar al del resto del país. Para finales de septiembre, totalizaban 860 casos reportados. El hurto de vehículos se lleva a cabo primordialmente en las vías públicas. El incremento de la circulación de autos, motos y camiones en los lapsos de “flexibilización” también es aprovechado por los delincuentes.

Libros

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) avanza en una investigación sobre el destino de las fortunas amasadas por los corruptos jerarcas venezolanos. Por si fuera poco, encuentra que una parte de estos dineros ha recalado en un pequeño principado europeo, mezclados con los de mafiosos de China y Rusia, que también han ocupado las primeras planas de la prensa mundial. El propósito concreto es determinar quiénes son estos venezolanos y cuánta plata manejan. Para obtener esta información, es claro que no pueden irrumpir en los bancos con órdenes judiciales. Así no actúan los espías. Así que buscan un camino verde, una trocha, de la mano de un renombrado traficante de drogas español, conocido en las agencias de las entidades financieras andorranas por llevar bultos de efectivo para hacer sus depósitos. Mientras hacen el conteo de cada euro, el hombre introduce en las computadoras personales de los gerentes que le dispensaban atención VIP un troyano, convenientemente suministrado por los estadounidenses en un pen drive. De esta forma, los agentes obtuvieron una data valiosísima, que luego fue usada para exigir a entidades como la Banca Privada de Andorra que cesara sus operaciones, en un escándalo internacional de tales proporciones que terminó por poner una lápida sobre este banco. ¿Verdad o ficción? En el prólogo de su último libro Andorra Connection (Miami, 2019) Joaquín Abad aclara que sus páginas son el producto de la imaginación. Pero en la medida en que se avanza en la lectura, nos damos cuenta de que los nombres no han sido cambiados, y que los hechos narrados tienen un anclaje en noticias muy recientes, de realidad pura y dura, en la que los millardos sacados del país por oficialistas y "boliburgueses" termina mezclado en la banca del paraíso fiscal que también sirve a la corrupción española, que a juzgar por el relato de Abad también es abundante y variopinta. Andorra Connection es la continuación de una saga que inició con el lanzamiento de El Andorrano (Miami, 2018), y en la que este periodista se sumerge en la historia de este principado y sus fortunas, gestadas en el contrabando de tabaco y de las personas que huían de los conflictos armados que asolaron a Europa durante la primera mitad del siglo pasado. Con el proceso globalizador, Andorra se transformó en un importante centro bancario, donde los cambistas de otrora encontraron un nuevo nicho de negocios al ofrecer escondite para el dinero de evasores de impuestos, redes terroristas y traficantes de drogas y armas. Esta obra, escrita en una depurada prosa periodística, pareciera más un largo reportaje que un ejercicio de ficción.

domingo, 18 de octubre de 2020

Ley de sastre

-La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”

@javiermayorca

El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.
Es el paraíso del político en posiciones de poder: gobernar sin poner atención a eso que llaman “el imperio de la ley”.
No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.
De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para
casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya
aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia
de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva
unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.
Para el ex juez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.
“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.
Según este docente y especialista en derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.

Cortesía runrun.es
Atraer a la economía gris

Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aún si se trata de vender alimentos o medicinas.
A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.
Aún así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.
Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.
Esta ley, entonces, tiene otro “público”.
La idea, según este analista, es atraer a Venezuela recursos, en apariencia extranjeros, pero que realmente pertenecen a inversionistas nacionales.
“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.
Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.
En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.
“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.
Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.

Negocios crípticos

El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.
Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.
Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EEUU, el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el Petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.
A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.
“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo. 

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Breves

ESTAFA EN BOGA

La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas. La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet. La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.

LA MUERTE DEL GENERAL

La camioneta chocó  un árbol al intentar eludir el bloqueo
Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino Final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales. La resolución sobre el nombramiento de su reemplazo (Negrín Alvarado) fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el domingo 11 de octubre, algo totalmente inusual que evidencia una situación de premura.  Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.

SIN RASTROS

400 personas han desaparecido en el país durante los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con cifras policiales conocidas extraoficialmente. El eje Distrito Capital-Miranda acumula la mayor cantidad de denuncias, con 166. Le siguen Bolívar (35), Aragua (23), Zulia (18) y Sucre (15). Todos estos estados están afectados por distintas manifestaciones de delito organizado, como la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de drogas y de personas. Tal y como lo muestra el gráfico que acompaña esta información, los totales mensuales de denuncias fueron en ascenso durante la primera mitad del año. En julio hubo un descenso, y luego continuó la tendencia al alza. Las desapariciones han suscitado preocupación en las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, puesto que podrían ser una consecuencia de la acción de organizaciones del Estado, así como de grupos en conflicto por el control político. Las estadísticas, en todo caso, son preliminares, puesto que muchas denuncias sobre desapariciones son en realidad homicidios en los que no han encontrado los cadáveres. Así ocurrió con Neidis Josefina Chirinos, una mujer que se crió en orfanatos, y que aún adolescente se fue a vivir con Leo Duque. La joven desapareció en septiembre. Sin embargo, fue en octubre cuando se formalizaron las averiguaciones. El cadáver de Chirinos fue encontrado, desmembrado y empotrado, en el interior de una pared de la vivienda que ella y Duque compartían en Coche. Este fue el mismo hombre que intentó lanzarse al vacío mientras permanecía detenido en una oficina de Cicpc. El video de su rescate por los bomberos se hizo viral.

CAMBIO INFORMAL

Una nueva fórmula para el cambio de divisas están aplicando en algunas estaciones de servicio del Distrito Capital. Luego de que Nicolás Maduro anunciara el nuevo esquema de precios para la gasolina, se abrió una ventana de oportunidad para aquellas personas que buscan convertir dólares en bolívares y viceversa. Las operaciones son centralizadas en las cajas de estos locales. El interesado puede entregar las divisas y le simularán un pago en bolívares, a una tasa en la que ya se descuenta la comisión por el “servicio”. Según testimonios, la premura en la instauración del nuevo esquema de precios, con una gasolina llamada “subsidiada” a Bs 5000 el litro, en pocas estaciones, y en el resto el mismo hidrocarburo a $ 0,50 el litro, estimuló esta práctica. Muchos expendios de hidrocarburo han tenido que llevar una contabilidad manual, en cuadernos, y en general tratan de deshacerse cuanto antes de los bolívares. De allí que comenzaran a funcionar como casas de cambio informales. 

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Libros

Panamá es un país de enorme importancia para armar el rompecabezas del delito organizado en el hemisferio occidental. Su historia, su posición geográfica privilegiada y su sistema financiero son algunos de los factores que por años han constituido grandes atractivos para el delito de cuello blanco. El caso conocido como los Papeles de Panamá no surge por mera casualidad, sino que es el producto de una evolución institucional. A pesar de ello, la literatura de investigación sobre estos temas sigue siendo muy escasa. Uno de los últimos aportes surgió del trabajo mancomunado de los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein. Tráfico, la frontera entre Panamá y Colombia: drogas, armas y migrantes (Ciudad de México, 2019) explora las actividades de los distintos grupos al margen de la ley, con énfasis en el área limítrofe del sur, donde el frente 53 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los remanentes de las organizaciones paramilitares, el clan Úsuga o clan del Golfo, intentan trasponer esa muralla verde conocida como el Tapón del Darién, lo que ha llevado la violencia a estos lugares, tradicionalmente habitados por poblaciones indígenas. Desde el norte, las amenazas no son menores. Según los autores, bien conocidos por su trabajo en el diario La Prensa, tanto las temibles maras como los nuevos y viejos carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) intentan sentar sus bases en el país. De igual forma, llegan a las grandes ciudades panameñas los capitales que han huido de Venezuela, y que han contribuido a cambiar el panorama urbano. Todos estos factores amenazan con romper un viejo equilibrio que, hasta el presente, ha preservado la gobernabilidad en Panamá. Una especie de acuerdo entre mafias que posibilitaba una vida pacífica en esos territorios. Pero eso puede cambiar. El libro de Bronstein y Vásquez debe ser visto como una radiografía y un llamado de alerta. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

domingo, 4 de octubre de 2020

Recompensas

-El gobierno estadounidense pone cada vez más dinero sobre la mesa, para propiciar delaciones y capturas de jerarcas venezolanos. El sistema, según conocedores, se basa en ofertas públicas que incluso pueden ser litigadas

@javiermayorca

El miércoles 30 de septiembre, el Departamento de Estado de EEUU colocó en el muro de los solicitados del mundo otras dos ofertas de recompensa. Se trata de dos generales retirados de la Guardia Nacional, señalados como importantes actores de la corrupción y la negligencia que han propiciado el desastre en el sistema eléctrico del país: el mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez y el general de brigada Eustiquio José Lugo Gómez.
Antes de presidir Corpoelec y ser investido con el título de ministro de Energía Eléctrica, Motta llegó a la posición de Comandante General de la GN. Pero la decisión de la cancillería estadounidense no se refiere a lo que pudo hacer en su vida como militar, sino a la supuesta recepción de sobornos por la asignación de contratos de la estatal eléctrica, para lo cual supuestamente contó con el concurso del general Lugo Gómez.
La oferta de recompensa indica que EEUU pagaría “hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena” de alguno de estos oficiales.
Con estos dos, llegan a cinco los ex funcionarios por los que Washington ha colocado dinero sobre la mesa, solo esta semana, con la finalidad de llevarlos a los tribunales. Los otros fueron los comisarios Pedro Luis Martín (ex jefe de Inteligencia Económica del Sebin), Rodolfo Mc Turk y Jesús Itriago, respectivamente ex directores de Interpol Caracas y de Investigación de Drogas de Cicpc.
En concreto, estos exfuncionarios fueron señalados como “objetivos” dentro del Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional. Es la misma lista en la que colocaron al actual gobernante Nicolás Maduro; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; a Diosdado Cabello, Tarek el Aissami, Joselit Ramírez, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quien hasta el momento es el único detenido, y por voluntad propia.
Según el comisario general de policía judicial Iván Simonovis (designado por Juan Guaidó comisionado para temas de seguridad) las ofertas de recompensas por solicitados datan del siglo XIX, y con el paso del tiempo han sido reguladas por leyes en EEUU.
“El principal objetivo es sencillamente motivar a las personas para que den información sobre la ubicación de alguien, o lo entreguen (…) Hoy por hoy, lo aplican con resultados en muchas partes”, explicó.
Según la Cancillería estadounidense, a través de este programa ha sido posible capturar y llevar a los tribunales a 75 personas, solicitadas por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, lo que ha implicado pagos que suman hasta el momento 130 millones de dólares.
Simonovis calificó de “delicados” los casos de quienes fueran sus compañeros de Cicpc (Mc Turk e Itriago) así como el de Martín.
“Tienen que ver con actividades propias de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Ellos son los que hacen mayor uso de esa herramienta. De todas las agencias, creo que el 70% de las solicitudes vienen de la DEA”, afirmó.
Con el pasar del tiempo, EEUU ha incrementado las sumas ofrecidas por las personas que solicita, y que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, al comenzar este siglo anunciaron que pagarían cinco millones de dólares por Fabio Ochoa, quien llegó a traficar drogas con el clan de los Galeano y los Moncada, del cartel de Medellín. La misma cantidad colocaron sobre la mesa por las cabezas de numerosos integrantes del cartel del Norte del Valle.
Las cantidades ofrecidas ahora por las capturas de venezolanos como el mayor general (Ejército) Hugo Carvajal y el comisario Pedro Martín son las mismas a entregar por la detención de Nemesio Mencho Oseguera Cervantes, señalado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las dos estructuras que lidera actualmente el tráfico de drogas en México.

Leer la letra chiquita

El pago de recompensas por capturas en casos de drogas que involucraban a personas en Venezuela data de los años ochentas del siglo XX. El primero del que se tuvo conocimiento involucró a una hermosa mujer, conocida como la mariposa o colibrí, la colombiana Marlene Navarro, señalada como cabecilla de un grupo de traficantes en el que también participaba Carlos Jader.
En 1986, luego de una investigación encubierta, Navarro fue detenida en Caracas y enviada a EEUU en un jet que partió de La Carlota, según el relato de David McClintick, Operación Pez Espada. Para eludir cualquier control de última hora en ese aeropuerto, la mujer fue trasladada en la bodega de la aeronave, en una jaula para perros.
Treinta y cuatro años después, las ofertas de recompensa se anuncian públicamente en la web. Pero no está claro cuál es el mecanismo aplicado para decidir qué dato amerita una recompensa y cuál no. Para este trabajo, se hizo una solicitud de información a la representación diplomática de EEUU. Pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado especialista en casos penales de lavado de dinero, Michael Díaz, recomendó leer con detenimiento las notas oficiales, de ser posible en su idioma original.
“Estas son ofertas públicas, y por lo tanto se debe estudiar las palabras que han usado. Es como un contrato o una oferta comercial. En este caso, el país hizo esa oferta por información que conduzca a la captura. Que sea clara y útil. Pero no que la misma persona haga la captura”, detalló.
Díaz participó como mediador en el reclamo de la recompensa de cinco millones de dólares, ofrecida por el gobierno peruano por la detención del ex jefe de inteligencia de ese país, Vladimiro Montesinos. La captura se llevó a cabo en Venezuela. Una acción en la que, por cierto, participó el entonces general de brigada Luis Motta Domínguez.
Según este abogado, los procesos de entrega de recompensas generalmente se desarrollan en forma discreta. No hay fotopose cuando el cheque es otorgado al ganador. Sin embargo, es posible que surjan litigios cuando algún informante se siente menospreciado.
“Cuando un país soberano hace una oferta de estas magnitudes, y EEUU lo es, se condiciona a que no tiene inmunidad. Esta es una legislación vigente. Y por lo tanto, el Estado puede ser llevado a los tribunales”, señaló.

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Breves

ESTUDIANTES CON FAMILIAS

Una de las instituciones más impactadas por el progresivo aislamiento internacional del país ha sido la Fuerza Armada. Antaño era usual el envío de contingentes de cada fuerza a distintas partes del mundo, para continuar sus procesos de formación acordes con el desarrollo de las carreras de cada oficial, y las áreas de interés del cuerpo castrense. Quien esto escribe conoció oficiales de la GN y de la Armada que hablaban tres idiomas de forma fluida, gracias a esas estadías en el extranjero. Este año, la Unión Europea intentó retomar la formación de oficiales, específicamente de la Guardia Nacional, en asuntos estrictamente ligados a seguridad ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un documento recientemente conocido, China y Rusia son los países que han recibido a la mayor cantidad de militares activos. Al revisar el tema central de los cursos, destaca lo relacionado con asuntos informáticos (“ciencias de la computación”) y aeroespaciales. El único país de Europa occidental que da alguna formación a efectivos de la FAN es España, pero en asuntos nada relacionados con cuestiones militares. Entre todos, apenas llegan a 30 uniformados. Una élite. Y la mayoría de ellos ha viajado con sus respectivas esposas e hijos.

ELN ACAMPA Y AMENAZA

Durante la celebración de la última sesión de la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, el diputado por Apure Luis Lippa denunció que el Ejército de Liberación Nacional habría instalado seis campamentos entre El Amparo y La Victoria. En cada uno estarían alojados cincuenta guerrilleros. Esto ha ocasionado el progresivo desplazamiento de los productores agrícolas y pecuarios que se niegan a pagar las extorsiones. Según el parlamentario, esta información es manejada por el régimen. Simultáneamente, indicó Lippa, los irregulares están visitando a los presidentes de los centros de votación que funcionarán en las próximas elecciones parlamentarias “para que sepan hacia dónde van a votar”.

UN GUIÑO A BACHELET

Desde el exilio, la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, reveló que el régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la central de Contrainteligencia Militar fuesen entrevistados por enviados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Indicó que el oficial, ex comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), en los días previos a esa entrevista (12 de septiembre) fue sacado a un patio interno para que se asoleara, y también le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual. En los días posteriores a ese sábado, tanto él como el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa fueron confinados, y las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado. Según Molly de la Sotta, el Gobierno hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a Dgcim y Sebin para posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país, y de esa manera guardar ciertas formas ante la comunidad internacional. 

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Tres preguntas a… Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas


1.-¿Para la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, los colectivos son actores o grupos armados no estatales?
Este punto necesita más investigación. Son actores no estatales, pero en el análisis de casos, mencionamos la información sobre la cooperación entre fuerzas estatales y algunos colectivos. Pero es algo en lo que se debe profundizar. Las personas alegan que en las protestas las muertes fueron provocadas por colectivos, y que el Estado no intervino. La investigación sobre grupos paraestatales es difícil y requiere de más tiempo. Al final, tuvimos cinco o seis meses de investigación concreta.

2.-¿Ustedes llegaron a detectar la presencia tantas veces denunciada de agentes extranjeros, como cubanos o rusos, que participaban en las torturas a opositores, o que asesoraban a los torturadores?
Por la naturaleza de nuestro mandato, nos enfocamos en la investigación de las actuaciones de miembros de fuerzas del Estado. Eso determinó un enfoque, más que en la actuación de otros actores. No se documentó la actuación de extranjeros.

3.-¿Cómo evalúan la influencia del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, capitán Diosdado Cabello, en la represión a los opositores, tomando en cuenta que él no figura en ninguna cadena de mando?
A él se le menciona en varias declaraciones. Para determinar su posible contribución a crímenes de lesa humanidad se requiere más investigación, mientras que con otros llegamos más directo. El no está en ninguna cadena de mando. Pero tiene relevancia de distintas formas. Hay otras formas de responsabilidad penal que se ajustan a personas que hacen “contribuciones esenciales” a un plan común cuyo resultado es el de crímenes de lesa humanidad. En los casos de la ex Yugoeslavia y en Ruanda se penó a los que tuvieron “contribución esencial”. Sobre esto, no hemos llegado a conclusiones más fuertes pues no recopilamos información.

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Libros

Para los venezolanos, México y los mexicanos son referencia en muchos aspectos. Las similitudes entre el país azteca y el suramericano son muchas. Ambos, por ejemplo, son economías de base petrolera, que tuvieron o han tenido a Estados Unidos como socio principal en cuanto al intercambio de crudo por bienes y servicios. Ambos, además, atraviesan procesos de violencia estimulados por el flujo de dinero procedentes de la corrupción y las distintas actividades del delito organizado. En México, sin embargo, las estructuras al margen de la ley han logrado un desarrollo superior, luego de adueñarse de las rutas para la droga producida en los países andinos, así como la fabricada en su propio territorio. Por eso es importante llevar el pulso al devenir de esa particular relación entre los grupos delictivos y el estado mexicano. Mucho de lo que allá se hace tiene consecuencias en la seguridad ciudadana de los venezolanos. El libro de Jorge Hernández Meléndez, La nueva guerra, del Chapo al fentanilo (Ciudad de México, 2020) analiza la evolución de este proceso, con especial énfasis en lo sucedido desde la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el cambio percibido en los patrones de consumo de drogas en el mercado estadounidense, donde según el autor el fentanilo se ha convertido en la droga de moda, gracias a su poder narcótico cien veces mayor que el de la heroína, y la relativa facilidad para su fabricación y distribución.  Este libro entró en imprenta en junio, cuando ya se avizoraba además un reacomodo de los carteles y otros grupos de delincuencia organizada a propósito de la cuarentena por el Covid-19. Son procesos que, según el periodista mexicano, han consolidado la posición cimera de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, comandado por Ismael Zambada, el Mayo, luego del envío del Chapo a EEUU, y del Cartel Jalisco Nueva Generación, regido por Nemesio Oseguera, el Mencho, a pesar de ciertas disputas intestinas que probablemente darán de qué hablar en el futuro inmediato. En ambos casos, indica Hernández, una parte importante de la cocaína manejada proviene de Venezuela, tras recorrer la tradicional ruta centroamericana. Luego de estas dos grandes organizaciones, hay otras ochenta que han logrado mayor o menor crecimiento en el territorio mexicano, y que han extendido sus tentáculos más allá de las fronteras. Es el caso de la Unión Tepito, una banda que cobró fama gracias al asesinato de venezolanas que fueron reclutadas a través de una página web para que hicieran servicios de acompañantes o escorts. La situación de seguridad en México no pinta nada bien, a juzgar por los datos aportados por este autor. En su análisis, el gobierno de López Obrador pareciera haber pactado de manera informal una suerte de pax mafiosa con estas organizaciones, guiado por la creencia de que así mitigará la violencia homicida. No obstante, lo que asoma en el horizonte es un recrudecimiento de las disputas por el control de territorios y, en fin de cuentas, una “pérdida de control” y de gobernabilidad que muy probablemente impactará a otros países. La obra de Hernández es un buen análisis de coyuntura periodística, de esos que hacen falta por estas latitudes. Puede ser adquirida en formato electrónico.

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