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domingo, 9 de febrero de 2020

Una nueva etapa para la FAN

La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.
El texto, aprobado sin discusión alguna por la Asamblea Nacional Constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.
En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 
En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.
Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.
Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.
El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.
Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.
Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.
Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.
Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.
La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.
Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.
En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.
Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Esta semana comenzó a circular por medios oficialistas y redes de mensajería de texto un video en el que un hombre vestido con el uniforme caqui de miliciano se lía a golpes en una calle con varios sujetos, que estaban acompañados por una mujer. A pesar de su avanzada edad, el militar salió victorioso de la golpiza, y de esta manera se ganó el respeto de sus contrincantes y de la fémina que los acompañaba. Luego, ella incluso le pidió disculpas: “En las redes sociales, las personas, todos se burlan de ustedes porque creen que ustedes no reciben defensa personal ni nada, y veo que sí, que usted se supo defender de los ataques de nosotros”. Para finalizar el video, de 2:57 minutos, el miliciano indicó al grupo el lugar donde podrían enrolarse en el quinto componente de la FAN. Aunque el mensaje tiene numerosas fallas que reflejan una pobre producción, deja claro que dentro del propio Gobierno y en la FAN llegaron a la convicción de que los milicianos son objeto de sorna, y que la población en general no los respeta. De allí que deban ganarse el aprecio mediante el ejercicio de la violencia. Por otra parte, da la impresión de que la Milicia, como el resto de la institución militar, comienza a padecer los efectos de las deserciones y el escaso entusiasmo por formar filas.


*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo. 

Libros


A finales de 2016, el diccionario Oxford anunció que “posverdad” (post-truth) era la palabra del año. Se refería a circunstancias en las que los hechos objetivos, los datos duros, como diríamos en el periodismo, resultan menos influyentes que las emociones y las creencias personales. La victoria electoral de Trump en EEUU y el respaldo al Brexit en Gran Bretaña sugerían que el predominio de las emociones sobre la razón debía ser estudiado con detalle. Aunque desde entonces han transcurrido ya más de tres años, esta palabra sigue siendo un tanto difícil de comprender y asimilar para quienes creen, con la vieja escuela, que la verdad se impone por su propia fuerza. Pues no. Si una conclusión se puede sacar con la lectura de La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la política (Barcelona, 2019) es que la irrupción de las redes sociales, unida a la aplicación de estrategias finamente diseñadas para estas herramientas, ha contribuido a la relativización, no de la realidad en sí misma, sino de la forma como esta es percibida. Este proyecto editorial, coordinado por Roberto Aparici y David García Marín, compiló once ensayos que van directamente al grano en los distintos aspectos del tema. El análisis de la posverdad nos trae a nuevos desarrollos de temas que quizá ya eran conocidos, pero que ahora deben tomar en consideración realidades como la infoxicación, es decir, la formación de convicciones falseadas sobre la base de la continua repetición o la ausencia absoluta de datos (“silencio documental”), las noticias falsas o fake news, y la difusión de todo tipo de informaciones a través de nuevos canales, que generan una visión caótica de la realidad y tienden a esparcir el escepticismo, más allá de lo razonable y saludable. Una desconfianza que ralentiza la toma de decisiones, para la vida en sociedad y también en el ámbito personal. Los ensayos de La posverdad incitan a la reflexión. Si algo se le puede criticar a este esfuerzo es precisamente que no atendió los procesos de formación de posverdad en sociedades cuasidemocráticas o definitivamente totalitarias, donde los mecanismos de control al flujo informativo son más efectivos que en los entornos democráticos, pues parten desde el momento mismo en que se pretende acceder a una fuente, hasta el extremo opuesto, cuando no se puede acceder a algo ya publicado, en virtud de los bloqueos informáticos y la ausencia de servicios. Este libro es de lectura obligada para los que se preocupan por la nueva ecología de la información. Puede ser bajado en versión electrónica.

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