domingo, 22 de marzo de 2020

Venezuela en las drogas: debate abierto

-La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aún entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.
No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento. 
La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común. De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.
“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la ex juez.
Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EEUU, en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.
“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la ex juez.
Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.
Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.
No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadula, ex comandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.
Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.
Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del ex abogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.
Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.
El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.
Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.
Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.
Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3% de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.
Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.
Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

-Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

-Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aún más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

Tres preguntas a… Carlos Correa, director de Espacio Público

1.-Luego del decreto de alarma hemos visto las detenciones de por lo menos seis personas, en virtud de opiniones o informaciones emitidas a propósito de la crisis por el coronavirus. ¿Frente a qué estamos exactamente?
Básicamente lo que estamos observando es la continuidad de un trato represivo en contra de todo tipo de información u opinión crítica. Una de las cosas que está generando esto es que se está actuando de la misma manera que antes del estado de alarma. Si bien antes estábamos en un estado de excepción, ahora estamos en cuarentena en todo el país. Entonces, todo tipo de información que el Gobierno considere incómoda empieza a ser atacada. Una característica es que esto responde a ciertas dinámicas regionales o locales, pero es el mismo patrón. Informaciones u opiniones relacionadas con el coronavirus, y que no sean convenientes, según la consideración de los funcionarios de turno, avanzarán en dinámicas de detenciones. Observamos un patrón desde el año pasado, que no solo afecta a periodistas y medios, sino también a usuarios de redes y a médicos y enfermeros que denuncian la situación. Lo de ahorita es la continuidad de una política, que tiene consecuencias distintas, porque el escenario es de confinamiento. La gente está en sus casas, y la posibilidad de que circule la información abre la posibilidad de que la gente esté tranquila, o que sepa a qué se enfrenta.

2.-¿Existe algún plan o resolución que permita saber lo que se puede esperar de las autoridades en este momento?
Puede estarse aprovechando la situación para pases de factura o para perseguir a personas que resulten incómodas para el sector gubernamental. Lo que podemos esperar es una información pública de mala calidad, mal presentada, con voceros de poca credibilidad. Después, hay una política represiva, con el agravante que en estos días los canales abiertos no se están viendo. Entonces, tenemos un sistema de medios deprimido, con canales restringidos, incluso los de propaganda. Y ese no es el mejor ingrediente para la situación que estamos viviendo.

3.-A una semana de haberse expedido el decreto de alarma, hay temor en sector de la sociedad civil en cuanto al giro que tendrán las medidas en el futuro inmediato, toda vez que ya se habla de “endurecer la cuarentena”. ¿Esto qué significa en términos de derechos fundamentales?
Estamos en una situación muy extraña, porque tenemos en vigencia el estado de excepción y el estado de alarma, pero las formalidades asociadas a ambos estados no se cumplen, entre ellas que sea notificada a la Asamblea Nacional y a los organismos internacionales correspondientes: ONU, OEA… Esos extremos el Gobierno no los cumple. Cuando hablamos de endurecer la cuarentena, tratan de establecer un toque de queda. Sería el siguiente paso. Pero uno de los problemas sustantivos es que la información que se nos suministra es de muy mala calidad. No es oportuna. No sabemos cuántas camas de terapia intensiva hay en el país, cuáles son las personas realmente infectadas y las políticas de aislamiento implementadas. Endurecer la cuarentena significaría mayores restricciones para la circulación de personas y menos posibilidades para que puedan trabajar las personas que realizan trabajo profesional de cobertura periodística. Eso es lo que se puede prever.

Libros

Para algunos teóricos, la llamada “guerra contra las drogas” es una empresa perdida. Para otros, es inútil, contraproducente e incluso irracional en su planteamiento. Un tercer grupo cree que es una causa justa, llevada adelante por individuos que han entregado sus vidas en una cruzada contra organizaciones capaces de desestabilizar estados completos. La guerra contra las drogas, como todo conflicto, tiende a polarizar las posiciones, y eventualmente hace perder la perspectiva en torno a los posibles cambios en las condiciones que la originaron. Pensemos, solo por un momento, en las consecuencias que tiene la despenalización y, en otros casos, la legalización abierta de la producción y el consumo de marihuana, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos y Portugal. Rafael Pardo Rueda estuvo en uno de los frentes de batalla más importantes en esta guerra, pues fue asesor de seguridad y ministro de la Defensa de Colombia. Ambas posiciones durante el gobierno de César Gaviria, cuando la confrontación con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, llegó a su punto culminante. Desde entonces, ha desempeñado numerosas posiciones, hasta la de ahora que consiste en la ejecución de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Con el pasar de los años, este economista ha decantado su pensamiento, y en su última obra La guerra sin fin (Bogotá, 2020) trata de colocarse entre los polos de la confrontación. No escapa a Pardo que, a pesar del desmantelamiento de los grandes carteles de Medellín y Cali, y de los que le siguieron, la producción mundial de cocaína ha ido en aumento, el mercado de las drogas ilegales se ha diversificado y ahora cuenta con nuevos e importantes actores. En el caso neogranadino, según el autor, las líneas de trabajo que sustentaron el llamado Plan Colombia, con el propósito de reducir la oferta general de drogas, llegaron a lo que él mismo llamó “nivel de ineficacia”. Pero los mayores aportes están condensados en los dos últimos capítulos. En ellos, Pardo se permite una crítica a los programas en ejecución a partir de 2016, que plantean el reemplazo de los cultivos de coca por otros en los cuales el campesino carece de los mismos incentivos y rentabilidad. Esto explica los resultados dispares en uno de los puntos más trabajados en los acuerdos de paz de La Habana. Aún con la mayoría de las FARC desmovilizadas, la coca se sigue sembrando, pues el entorno internacional sigue haciendo atractiva a esta actividad. También en este ámbito, la experiencia colombiana debe servir de espejo para quienes no desean que se repita en otras latitudes. 

domingo, 8 de marzo de 2020

La tercera vía militar

-Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.
La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas. 
Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.
Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.
El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.
Todos forman parte de la promoción coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.
En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.
En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.
Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Hidalgo Azuaje escapó junto a otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.
No creen en oficialistas ni en opositores
Desde ese país, junto a otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.
Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.
“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.
El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.
El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.
El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.
“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.
Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.
El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.
Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.
Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.
En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”. 

Breves

-El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aún si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EEUU y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes. 

-El sábado 7 de marzo corrió un fuerte rumor sobre la recaptura del ex director de Contrainteligencia Militar, mayor general (Ejército) Hugo Carvajal. Algunas agencias noticiosas manejaban la información, pero no habían podido confirmarla. Esto sucede a pocos días de la ratificación por la Audiencia Nacional en cuando a la decisión de extraditarlo a Estados Unidos. En noviembre, Carvajal escapó en forma inexplicable de su arresto domiciliario en Madrid, y desde entonces sería el centro de una búsqueda internacional. Este oficial fue el diseñador del sistema de represión a lo interno de la FAN, como parte de un plan que, paradójicamente, se llamaba Libertad. Cuando empezó a caer en desgracia, se cambió el apellido. Ya no sería Carvajal sino Peck. Pero este general no maneja otra lengua distinta del castellano. Así que sus posibilidades de pasar inadvertido afuera de España son escasas. A menos que goce de la hospitalidad de algún ex compañero de armas, por ejemplo, en Portugal. En las consultas previas a la redacción de esta nota, una fuente en Madrid indicó que alias Pollo cuenta también con la solidaridad de miembros de la inteligencia de ese país, con quienes habría forjado lazos de cooperación en los tiempos en que era uno de los militares más poderosos de Venezuela. Sin embargo, la reaparición de Carvajal y su traslado a EEUU pareciera ser solo cuestión de tiempo.

-La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

-¿Qué pasó realmente el 26 de febrero entre el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y la autopista Francisco Fajardo? ¿Dónde quedó la camioneta Hyundai Tucson que supuestamente acompañaba a los integrantes de la banda liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui? ¿Quién era la víctima del supuesto secuestro? Un experto en el análisis de estas situaciones, como el ex director de la policía judicial Miguel Dao ha manifestado sus dudas en torno a las informaciones emitidas de manera oficiosa por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mediante oportunas filtraciones a la prensa. Según Dao, se intentó forzar una situación para que pareciera un procedimiento en flagrancia. Pero ni siquiera hubo un intento de secuestro. El primer enfrentamiento ocurrió en los alrededores del centro comercial, específicamente en la vía que da acceso a la entrada peatonal ubicada frente al Cubo Negro. Debido a la hora, aproximadamente 4:50 pm, este hecho fue presenciado por numerosos testigos, quienes indicaron que todo comenzó cuando la referida camioneta y una Land Cruiser blanca apenas llegaban. No hubo tiempo de secuestrar ni de concretar alguna extorsión. Los delincuentes, al verse descubiertos, huyeron rumbo a la autopista. Pero los funcionarios activaron el llamado plan de cierre de esta vía expresa, y en consecuencia pronto los alcanzaron, con el resultado de cuatro fallecidos (dos en la cabina del rústico, uno sobre el asfalto y otro en el curso del Guaire). A partir de entonces, la idea ha sido cubrir este hecho con un manto de silencio. Por esta razón, suspendieron una rueda de prensa que iba a dar el director de la PNB al día siguiente, el general Elio Estrada. El Coqui maneja una de las estructuras delictivas más importantes de Distrito Capital. Sin temor a equivocación, se podría decir que controla la Cota 905. En la PNB y PoliCaracas dicen que esa es una “zona de paz”. Entonces, no tiene sentido la información según la cual su organización fue a cobrar una extorsión a un entorno que no manejaba, y donde podía ser emboscado, como en efecto sucedió. Si la idea era secuestrar a un comerciante (cuyo nombre nunca ha sido facilitado), tampoco tenía sentido ir a Chuao. Bastaba con seguirlo e interceptarlo en el momento en que fuese más vulnerable, tal y como lo han hecho los integrantes de esta banda desde la primera década del siglo en toda Caracas. Descartados el secuestro y la extorsión como motivaciones para la movilización de este grupo armado, la posibilidad más fuerte indica que la idea era concretar una transacción, que desde luego no era legal, pero sí muy jugosa.

-Desde el último trimestre de 2019 está en aumento la criminalidad en Caracas. Este problema resulta inocultable. A partir de noviembre, Relaciones Interiores y Cicpc hicieron todo lo posible para que la gente perdiera la noción de la realidad, al ofrecer solamente cifras globales, de las que por cierto ya no forman parte los casos de “resistencia a la autoridad”. Al llegar enero, la actividad del hampa no cesó. Los robos se han incrementado en más de 35% y los secuestros en más de 100% con respecto al año anterior. Este podría ser un resultado de los procesos de migración interna desde el occidente del país y desde los Andes hacia la Gran Caracas y sus zonas “dormitorio”. Hasta finales de febrero, Santa Teresa del Tuy era la localidad de Miranda con mayor cantidad de homicidios (27), sobre Sucre (24) y Zamora (10). Ante esto, el Gobierno ha continuado en su proceso de “ceguera voluntaria”, mediante continuas alteraciones en el modo de medir la incidencia delictiva. Ahora, solo interesan los llamados cuadrantes de paz. Esta unidad de análisis es tan reducida que impide las tomas de decisiones con la perspectiva suficiente. Frente a este recrudecimiento del hampa, es de esperarse una mayor represión, y la reedición de las redadas masivas, con nuevo nombre. Ya empezaron en algunas localidades del interior del país, y las ponen como la continuidad de Escudo Bolivariano.

Libros

Hay una leyenda sobre el origen de las esmeraldas colombianas. Según los indios muzos, estas gemas de enorme valor y belleza nacieron de las lágrimas de Fura, la primera mujer, que lloraba desconsolada por la agonía de Tena, su compañero. El desenlace de esta historia fue precipitado por una infidelidad de ella, lo que por ley divina aceleraba la vejez. Entonces, de acuerdo con esta tradición, las esmeraldas surgen del dolor y la muerte. Así lo explica el historiador y politólogo colombiano Petrit Baquero en su obra La nueva guerra verde (Bogotá, 2017). Pero el relato aborigen no es más que una parábola para explicar los conflictos que ha ocasionado en Colombia la extracción de este mineral, codiciado por la industria joyera mundial. La lectura de estas páginas permite trazar algunas analogías y explicaciones sobre la creciente violencia que se experimenta en los enclaves mineros del país. Aquí el oro, allá las esmeraldas. La historia de acá es relativamente reciente, y espera quien la cuente. La de allá es narrada con lujo de detalles por Baquero. En las páginas de este libro, los grandes procesos aparecen salpicados por historias personales, anécdotas y la misma ausencia de Estado que, aquí y allá, ha propiciado la imposición del más fuerte.  En el caso de las llamadas “guerras verdes” por el control de la industria esmeraldera, resulta interesante ver cómo las treguas y la superación definitiva de los conflictos no se lograron mediante la presencia del Estado y el imperio de la ley. De hecho, según Baquero, en los enclaves extractivos las instituciones estatales no pasaban de ser una presencia molesta, o en todo caso cooptada por el poder que viene con las enormes fortunas, potenciadas con la entrada de lleno de los capitales internacionales. Fueron los acuerdos entre los clanes en pugna los que lograron la primera pacificación, en 1990. Y este no fue el resultado de una mera filantropía, sino de la convicción de que la violencia iba contra la continuidad del negocio. Según Baquero, la muerte por razones naturales del primer gran zar de las esmeraldas colombianas, Víctor Carranza, dejó en 2013 un terreno fértil para que los nuevos actores de esta industria intentaran suplantar su liderazgo, a punta de plomo.  En las “guerras verdes” han muerto más de tres mil personas. Esta historia debe ser leída, para evitar en lo posible su repetición.