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domingo, 31 de mayo de 2020

Desapariciones

-En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.
Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.
Luego dedujeron que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante pertenece a su círculo familiar.
Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.
El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial, para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.
El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas a las que les perdieron el rastro, que está siendo procesada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este organismo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156%
Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.
Según el comisario Sergio González, ex jefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.
El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.
Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.
González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.
“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.


Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.
Según Marino Alvarado (Provea) las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en octubre de 2016, que comenzó con el traslado de 15 personas a un lugar desconocido en el curso de una razzia por efectivos del Ejército. Los cadáveres fueron hallados un mes después.
“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben el paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.
Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49% de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.
Por otra parte, el 35% de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.
En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.
De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.
“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.


PS.: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, se pudo corroborar una nueva desaparición. Esta vez se trata del teniente de fragata José Antonio Zamora. El oficial de 31 años de edad está adscrito al Servicio de Mantenimiento y Plataforma Occidental de la base naval de Punto Fijo.
Según su hermano, el abogado Sucre Zamora, el 7 de mayo una comisión de policías militares se lo llevó detenido de la referida unidad, y desde entonces no han tenido información sobre su paradero. Los familiares del oficial enviaron una carta al fiscal general militar, general de división Jesús Vásquez Quintero, solicitando alguna pista sobre el estatus del teniente de fragata.
Hasta el momento no han obtenido respuesta. En la Dgcim Boleíta negaron tener a un detenido con ese nombre. En el Sebin dijeron lo mismo.
“Si lo señalan por algo, lo más lógico es que lo presenten ante un tribunal”, razonó el hermano del oficial.

Breves

-Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80% antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los ex marines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el ex directivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

-Todavía quedan muchos cabos sueltos en torno a la llamada operación Gedeón. Informaciones que deben ser recabadas y ponderadas para lograr un cuadro completo sobre un hecho histórico. Una de las cuestiones más ilógicas se refiere al empecinamiento en embarcar a este grupo de militares y policías, desde algún punto en la Guajira colombiana, cuando todo indicaba ya en ese momento que el proyecto fracasaría. No solo se había producido la entrega del líder de la operación, el mayor general Clíver Alcalá, luego del decomiso de 26 fusiles AR15 en la carretera Barranquilla-Santa Marta. También se había producido la defección del coronel (GN) Félix Mata, experto en operaciones de comando, quien lideró uno de los campamentos de entrenamiento. Y, por si fuera poco, el 25 de marzo el vicepresidente para Comunicación Jorge Rodríguez revelaba que habían capturado a un primer teniente de la Guardia Nacional, directamente involucrado en este movimiento. Era Rubén Darío Fernández Figuera, alias Búho, calificado por el Gobierno como un desertor, quien con seis días de antelación reveló a los órganos de inteligencia parte de los objetivos del grupo que aún estaba en Colombia. Fuentes de la disidencia militar en Cúcuta indicaron que Fernández pidió un permiso a los líderes de Gedeón para ver a su familia, en una etapa crítica del proceso. Todas estas señales de alerta fueron desatendidas.

Saliendo del 23

-¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto a Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EEUU lo acusó a él, junto a otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EEUU, utilizarían aviones con matrícula norteamericana.  Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

-El 28 de mayo, fue puesto en libertad Luis Pérez Luna, un hombre de 26 años de edad detenido en el estado Lara por manifestar a propósito de los reiterados apagones. La policía regional no mostró consideración por el hecho de que Pérez está afectado por lo que Alfredo Romero, director del Foro Penal, denominó “discapacidad cognitiva”. La liberación era lo apropiado. El artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal establece que un “trastorno mental grave (…) provocará la suspensión del proceso”. No es la primera vez que se pretende juzgar en el país a alguien en estas condiciones. En Punto Fijo, se desarrolla un juicio por homicidio contra un hombre de 24 años de edad al que le han practicado cuatro pruebas en el curso de la investigación, que dictaminan su incapacidad para afrontar un proceso penal. El caso de Anthony Michell Molina Ron ha sido planteado ante al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Está detenido en la sede de la policía judicial de la referida ciudad falconiana desde febrero de 2017. Un fiscal lo acusó por homicidio calificado por motivos fútiles, en conexión con la muerte de Jhonny Rafael Esteile, de 23 años de edad. Una nota publicada por la prensa local indica que la víctima murió como consecuencia de haber recibido un tiro en el pecho, luego de haberle bajado el volumen a la música con la que amenizaban una reunión, en el sector Bella Vista de esa ciudad. Además de la condición especial de Molina, la pesquisa policial se vio perturbada desde el inicio, por una alteración del sitio del suceso, que consta en las actas del expediente. Además, el arma homicida no fue recuperada y nunca se pudo determinar desde el punto de vista pericial si Molina efectuó el disparo, pues la policía judicial carecía de los implementos para llevar a cabo la prueba de ATD. La situación de Molina fue descrita como “discapacidad mental psicosocial con un grado leve y discapacidad mental intelectual grave”, y ha sido certificada por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). Básicamente, se comporta como un niño. Esto trae como consecuencia que el hombre reaccione de forma inesperada ante circunstancias apremiantes, como sucedió antes de una de las audiencias, en la que Molina convulsionó y defecó mientras permanecía en el calabozo del juzgado. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha solicitado las medidas de seguridad correspondientes.

Libros

Por un momento, imagine que Ud es una joven periodista tratando de desarrollar una carrera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país totalitario que, junto a Estados Unidos, era el polo de poder geopolítico más importante en los años de la guerra fría. Imagine, además, que está dedicada por años a la espinosa fuente de los servicios de inteligencia, representada entonces por la todopoderosa KGB. De repente, como por arte de magia, ese Estado colapsa, y en medio de la confusión se produce una súbita apertura de los archivos de ese organismo. Y que Ud, la esforzada periodista, es llamada para formar parte de una comisión parlamentaria que investigará los excesos de esos espías y torturadores. Los más recónditos secretos de repente quedan al alcance de su mano. Pues bien, la realidad supera a la imaginación. Esa periodista se llama Yevgenia Albats. Su libro, The State within a State. The KGB and it’s Hold on Russia, Past, Present and Future (New York, 1994) no es precisamente una novedad, pero si es un texto extraordinario, que arroja importantes luces sobre el rol jugado por esa policía política en la turbulenta transformación de la Unión Soviética, hasta llegar a la actual Federación Rusa. Albats describe con detalle cuáles eran las prácticas de la KGB, desde los tiempos de Stalin hasta el momento en que cayó el muro de Berlín, las torturas de sus funcionarios y agentes, y cómo fue creada una estructura que penetró todas las instancias de la vida en todo el bloque comunista, de una forma tan sólida y profunda que la autora, en unas líneas premonitorias, llegó a afirmar que de sus filas saldría el futuro liderazgo político del país. Aunque Albats no menciona a Vladimir Putin, sí relata cómo la policía secreta para la que él trabajó desde que se graduó de abogado intentó por todos los medios cooptar la llamada perestroika, el proceso de apertura que conducía Mijail Gorbachov (otro hombre de la inteligencia), y cómo luego de la fragmentación del estado soviético se mantuvo indispensable para Boris Yeltsin. Albats sostenía que un cuerpo como la KGB, cuyos agentes y directivos se consideraban a sí mismos “por encima de la Ley”, no podía formar parte de un estado democrático, y por ende debía ser eliminada. El acceso a los archivos y agentes de esta policía secreta por parte de la periodista apenas duró unos meses. Ya para 1992 las puertas de la KGB se habían cerrado de nuevo. El cuerpo cambiaría de nombre (hoy se llama FSB, aunque con algunas diferencias con respecto al cuerpo que le dio origen), pero las viejas prácticas se mantendrían, para beneficio del poder en Moscú. Este libro puede ser adquirido por Amazon. Para obtener una perspectiva actualizada sobre la influencia de la policía política en Rusia, pueden ver la entrevista que concedió la autora a la cadena norteamericana PBS en 2017.

domingo, 17 de mayo de 2020

Tiros al mar

-El fracaso inicial de la operación Gedeón ocurrió en una madrugada de terror para los residentes de Macuto

@javiermayorca

El primer aviso de lo que vendría ocurrió a eso de las 2 am del domingo 3 de mayo. Ese día, los pescadores de Macuto no podrían faenar. Los agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional comenzaban a tomar control de toda la zona, justo en la pequeña bahía donde algunos de ellos solían pernoctar.
La línea de tiro, desde el edificio Cantaura
Vestidos totalmente de negro, los comandos se confundían con la noche. Poco a poco, bloquearon con sus camionetas el paso de vehículos por la avenida La Playa, desde el desvío en la Intercomunal de Macuto. La restricción al tránsito por allí se prolongaría durante todo ese día.
Luego de tomar posiciones en la bahía de pescadores y en las instalaciones del Instituto de la Vivienda de Vargas (Invivar), los uniformados forzaron la entrada de la planta baja del edificio Cantaura. Los residentes creían que se trataba de un robo colectivo. Los hombres, armados y con pasamontañas, tronaban las puertas en cada piso, exigiendo que les abrieran. Una mujer que habita sola uno de estos inmuebles echó un vistazo por el ojo mágico, y al ver a quienes estaban al otro lado se atrincheró aterrada en el baño de su apartamento, hasta que el sol salió.
En otras moradas del edificio sí pudieron entrar. Nadie les pidió orden judicial. Tampoco la mostraron. Según el testimonio de una residente, tomaron posiciones en por lo menos cinco apartamentos ubicados en los pisos 1, 2, 6 y dos de la planta superior.
C.H. recordó que, inmediatamente después de irrumpir, los agentes despojaron a los ocupantes de sus teléfonos celulares, y simultáneamente hicieron cateos. Luego, confinaron a las personas en habitaciones o baños. Estos apartamentos fueron usados minutos después como atalayas de tiro, para objetivos que navegarían, en el mejor de los casos, a 200 metros de distancia, amparados en la penumbra. La forma compulsiva de esta actuación, así como el estruendo posterior, ocasionó crisis de nervios en los residentes.

Todo en un sentido

El edificio Cantaura, visto desde el punto al que llegaban los tiros
Cuando empezaron los disparos, antes de las 4 am, todas las personas que residen en los alrededores de La Guzmania buscaron refugio. No eran las detonaciones dispersas que ocasionalmente se escuchan sino ráfagas intensas.
Los tiros iban acompañados por el sobrevuelo de dos aeronaves, una de ellas helicóptero. La gente las distinguía debido al sonido de sus motores, pero era difícil obtener mayores detalles pues todo ocurría en la oscuridad.
N.G. pernoctaba con su mujer a un kilómetro del lugar del teatro de operaciones. Ella padecía insomnio, e inmediatamente se dio cuenta de que ocurría algo irregular. Lo despertó, apenas empezaron las detonaciones. A él le llamó la atención que los disparos iban de sur a norte, acompañados por los fogonazos correspondientes, y no tenían respuesta de norte a sur. Todo en un solo sentido.
Los que estaban más cerca del lugar creen que el tableteo de las armas se prolongó casi 40 minutos. Los que viven un poco más lejos, dijeron que duró menos tiempo.
Antes del amanecer, los militares emprendieron lo que llaman un “escudriñamiento” en los inmuebles que quedaron abandonados gracias al deslave permanente. Los militares hacían recorridos en pequeñas columnas, apuntando a todas partes. Entre Macuto y Caraballeda, indica documentación recabada para esta nota, registraron las instalaciones de dos clubes recreativos, 26 locales comerciales, ocho edificios completos y doce casas. Esta acción fue expandiéndose hacia el resto del estado.
Un taller, segundo sitio de suceso
Con la luz del día, el ir y venir de uniformados no cesó. Las fotos filtradas a las redes sociales por los propios funcionarios indican que la acción no fue solamente en la orilla de la pequeña bahía. Dos cuadras al sur, frente al Ateneo de Macuto, habían intervenido también una vivienda donde antaño funcionó un taller de reparación de aires acondicionados. Allí supuestamente fueron detenidos varios individuos armados con fusiles. Había además una pick up en cuya batea estaba instalada una ametralladora, y en la base numerosas cintas de munición, sin utilizar. El vehículo apenas cabía en una de las puertas inferiores de la casa.
“Los dueños de ese lugar se fueron hace tiempo, y allí solo estaba un vigilante”, dijo un hombre que vive a media cuadra.
Cerca del mediodía, el gobernador del estado Jorge García Carneiro recorrió todo el sitio del suceso, acompañado por cámaras de un medio local pro oficialista. Aún no finalizaba el levantamiento de los cadáveres. La lancha de unos 18 pies de eslora, en la que supuestamente iba lo que llamó “fuerza incursora” rebotaba en forma incesante contra los peñascos frente al Invivar, al ritmo de la marea.
El general afirmó que los cuerpos policiales y militares se enfrentaron a “mercenarios terroristas”. En la tarde, una pick up del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses de Vargas se acercó hasta el rompeolas ubicado a cien metros de la desvencijada Plaza de las Palomas. Los cadáveres, aún sangrantes, fueron colocados en la batea y sacados del lugar, cubiertos con plásticos blancos. Luego, serían trasladados a la morgue de Bello Monte.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, solo se contaba con la identificación plena de uno de los fallecidos: el capitán (GN) Robert Colina, alias Pantera, cuyo nombre fue consignado en un parte preliminar de la Guardia Nacional. Según este documento, murieron otras siete personas, cuyas identidades no han sido divulgadas.
Según la Policía Nacional de Colombia, Pantera iba a recibir un lote de 26 fusiles que a la postre fueron decomisados en marzo por agentes de ese cuerpo, en una camioneta de circulaba cerca de la ciudad de Santa Marta. Luego de este hecho, el mayor general Clíver Alcalá reconoció que las armas fueron adquiridas por iniciativa suya. Acto seguido, se entregó a las autoridades colombianas.

Lancha en tierra

Se hundió al golpear contra las piedras
Luego de cuatro horas del tiroteo, Fermín no aguantaba la curiosidad. Se enfundó en un viejo uniforme, muy parecido al de los milicianos, y caminó hasta el sitio donde ultimaron al grupo. Llegó justo en el momento en que hacían los preparativos para llevarse los cuerpos. Caminó luego hasta la bahía donde están los pescadores. Algunos de ellos tenían un mejor talante, pues les habían entregado algunas pimpinas para gasolina, que flotaban sin dueño.
Para finalizar, hizo lo mismo que los residentes del Cantaura y otros tantos habitantes de la zona: verificar daños a las fachadas, buscar casquillos, cristales rotos, algún indicio que hablara de un enfrentamiento. Un recuerdo de algo que parecía importante.
“Nada. Todo lo habían limpiado”, sentenció.
Ni siquiera los tubos de concreto que sirven como muro entre el Invivar y el rompeolas tenían algún impacto de proyectil.
En la tarde de ese domingo, finalizó el retiro del último vestigio de la incursión. Desde el Invivar, alzaron la embarcación utilizando una grúa “jumbo”. La dejaron a la intemperie en los patios de ese despacho regional. La parte inferior del casco está destruida por el choque contra las piedras. Pero no hay evidencia del paso de balas en los laterales de babor o estribor.
La operación Gedeón empezó con un fracaso.

Breves

¿Cuántos cadáveres arrojó el inicio de Gedeón?
*¿Cuántas personas murieron en Macuto? ¿Cuáles son sus nombres y nacionalidades? Hasta el momento, este ha sido un secreto bien guardado por el régimen. La primera pista al respecto está en un parte emitido el propio domingo 3 de mayo, cuando la Guardia Nacional en Vargas dio a conocer que durante ese día habían fallecido ocho personas. Pero solo dio el nombre de una de ellas, el capitán de ese mismo componente Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera. Sin embargo, hay dudas en cuanto a que realmente ese fuese el número real de fallecidos. La camioneta del Senamecf no parecía llevar ocho cadáveres. El viernes 15, la colega Sebastiana Barráez informó que la Región Estratégica de Defensa Integral del Distrito Capital (Redi Capital) había filtrado otros dos nombres: el oficial agregado de la Policía Nacional José Roberto Abreu Fagúndez, y el de Jean Carlos José Castro Gutiérrez. El dato proviene de un documento mucho más amplio, presumiblemente elaborado el jueves 14, que contiene un corte de las acciones para contrarrestar la operación Gedeón. La información está agrupada en tres categorías: neutralizado (muerto), capturado y fuga. En el primer grupo, solo hay seis nombres: Colina, Abreu, Castro y Anderson Smith Araque Portilla (oficial), Fabián Rodríguez Salazar (lanchero) y César Andrés Perales Sequea (agente 1). Este parece ser un documento de trabajo en poder de cuerpos militares y de inteligencia. Para el momento en que fue emitido, el sargento mayor de segunda de la GN José Alexander Sanguino Escalante figuraba entre los que estaban en fuga. Este efectivo de tropa huyó a Brasil en febrero de 2019, y fue capturado el sábado 16 entre las poblaciones de Petaquirito y la Colonia Tovar, según lo informado por el Ceofanb en su cuenta Twitter. Según este informe, todavía quedarían en libertad siete personas del grupo que salió en lanchas desde Maicao. Serían un civil, un ex agente policial y cinco militares.

Sin anuncios ni logos
*Silvercorp USA fue registrada en la División de Corporaciones del estado de Florida el 26 de febrero de 2018. Para el momento en que comenzó la operación Gedeón, esta empresa tenía apenas 26 meses en funcionamiento. Otras entidades del mismo ramo, como Dyncorp (famosa por su participación en el Plan Colombia) tienen más de 40 años en este mercado. De hecho, según el último reporte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que lleva la permisología de este ramo, existen en el referido estado 2819 agencias de investigación privada, y 1815 agencias de seguridad. Por esta razón, más de 2.294.073 personas están autorizadas para llevar “armas ocultas” en esa región estadounidense. En este ámbito altamente competitivo, Silvercorp es más bien una advenediza. Según el documento de registro, la sede física está en el 1450 Dow Road de la ciudad de Melbourne, a unos 20 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral. Como se puede apreciar en la foto, lograda a través del sistema Street View de Google, nada dice que allí está la compañía cuyo máximo representante, Jordan Goudreau, quería cambiar el curso político del país mediante la organización de un movimiento armado. Allí no hay logos ni marquesinas, nada de publicidad. Parece una sede compartida, una oficina alquilada. En la calle, se anuncia que allí está una empresa de transporte. Por otra parte, existe una evidente discrepancia entre las firmas que aparecen estampadas en el expediente legal de Silvercorp USA (tal y como está en la División de Corporaciones) y en el contrato que, según las palabras de Goudreau, fue suscrito con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, los comisionados Juan José Rendón y Sergio Vergara, así como el testigo Manuel Retureta. 
Arriba, la firma de Goudreau en el registro de Silvercorp. Abajo, la del contrato de servicio. ¿Cuál es la verdadera?

*Estados Unidos es el asiento de numerosas empresas de seguridad que dan servicios como “ejércitos privados”, pero está lejos de poseer el monopolio en la materia. El 10 de marzo, el Instituto Nacional de Estudios sobre Seguridad de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) publicó un interesante ensayo titulado The Use of Mercenaries: A New Recourse to an Old Practice for Waging War in the Middle East, que podría traducirse como El uso de mercenarios: un nuevo recurso en una vieja práctica para librar la guerra en el Medio Oriente. El documento fue elaborado por los investigadores de la organización Yoel Guzansky, Daniel Rakov y Gallia Lindenstrauss. Tiene información reveladora sobre el mercenarismo en dos países que actualmente son importantes aliados internacionales del régimen venezolano: Rusia y Turquía, e igualmente se hacen menciones al caso iraní. En términos generales, según los autores, los “ejércitos privados” son utilizados para “limitar los costos militares y políticos, reducir el número de bajas para el país interviniente, y reducir el potencial de una escalada”. En el caso ruso, destaca la empresa Wagner Private Military Company, cuyos contingentes han participado en forma abierta en el conflicto sirio a partir de 2015, y el año anterior en Ucrania. La presencia de estos mercenarios fue señalada en Venezuela en abril de 2019, de acuerdo con reportes de la prensa internacional. Según los investigadores del INSS, estos mercenarios suelen operar en alianza con un empresario llamado Prigozhin, quien sería el precursor de la “fábrica de Trolls”, un proyecto que por cierto también ha abrazado la actual administración venezolana. Los turcos también poseen una robusta industria de “ejércitos privados”, que sumarían unos 35.000 efectivos. En este caso, la mayoría actúa en el conflicto sirio, contra el régimen de Al Assad. Pero, como sus colegas rusos, lo que los mueve es principalmente el deseo de ganar dinero.

*Con la prolongación de la escasez de la gasolina, era casi inevitable la consolidación de los distintos mercados negros del combustible. Para esta edición, se hizo una encuesta informal entre periodistas y residentes de los cuatro puntos cardinales de la geografía venezolana. Esta consulta se desarrolló entre los días lunes 11 y martes 12 de mayo, y permitió obtener datos reveladores. En primer lugar, el hidrocarburo más “barato” en los mercados negros del país se ofrece todavía en Distrito Capital y Aragua. Los precios oscilan entre $ 1 y $ 1,5 por litro. La venden por pimpinas de 20 litros. En Carabobo ha subido de precio, y ya pagan hasta $2 por litro. En Lara ya se cotiza en $3 por litro. Los residentes indican que durante la cuarentena se hizo más cara. En Zulia, la pimpina de 20 litros del hidrocarburo la llaman “punto”, y por ella han pagado hasta $50, lo que da un promedio de 2,5 $ por litro. Aquí la gasolina venezolana compite en el mercado negro con la traída de Colombia, que cuesta menos, entre 35$ y 40$ el bidón. En Mérida también elevó el precio. “Estuvo en $1 hasta hace dos semanas, ahora 2 y hasta 3”, indicó un reportero de la localidad. Allí, las redes más organizadas entregan un ticket a cambio del dinero, y esa constancia la muestra el conductor en la bomba. En Táchira, donde el mercado irregular se consolidó hace mucho tiempo, la gasolina se paga en pesos colombianos al equivalente de 1,1 dólares el litro. En Nueva Esparta y Anzoátegui, los precios van de 1,5 $ a 2$, mientras que en Amazonas se paga hasta 2,5 $. Aun así, solo venderán 20 litros. Por último, en Falcón los precios parecen variar en función de la proximidad con las refinerías. El mínimo, 1$ por litro. Pero aquí también especulan. En todas partes, los compradores van a ciegas: desconocen el octanaje y la calidad del hidrocarburo. El riesgo de fallas mecánicas por el uso de gasolina impura está a la vuelta de la esquina.

Libros

El conflicto armado en el País Vasco hace ya varios años que abandonó las primeras planas de los diarios. Pero, desde los ochentas del siglo pasado hasta 2017, este proceso fue objeto de permanente atención a ambos lados del Atlántico, en buena medida por las acciones del grupo separatista Euskadi ta Askatasuna (ETA). Sobre los etarras y su organización hay numerosas obras. Quizá la más conocida hasta ahora sea la de José María Irujo y Ricardo Arques, ETA, la derrota de las armas, que ya en 1993 emitía una sentencia prematura al proyecto de los vascos. Recientemente, fue lanzada en España la primera reimpresión de Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA (Barcelona, 2019). Sus autores son el agente de la Benemérita Manuel Sánchez, junto al periodista Gonzalo Araluce y el escritor Lorenzo Silva, quien ha sido incorporado al referido cuerpo en forma honoraria. Contrario al libro de Irujo y Arques, que intenta lograr cierto balance periodístico, esta obra alerta de antemano que no pretende ser neutral. En sus páginas los hechos son narrados desde la perspectiva de la institución española que aportó las mayores dosis de sangre en la lucha contra los separatistas vascos. De los 860 muertos a manos de ETA, 214 fueron agentes de la Guardia Civil, algunos ya en situación de retiro. Aún así, este libro tiene enorme interés para quienes gustan analizar los procesos de violencia política. ETA, cabe recordar, no empezó siendo un grupo separatista sino una expresión de resistencia armada al régimen de Francisco Franco. Contó en sus primeros años con importante aceptación dentro del País Vasco. Pero progresivamente fue perdiendo sintonía con su propio entorno. Este distanciamiento se transformaría posteriormente en un abierto rechazo de la población a las tácticas terroristas, que iban desde el cobro compulsivo de un “impuesto revolucionario” a los empresarios de su región y Navarra, hasta el permanente estallido de bombas y asesinatos selectivos a todo el que se interpusiera en su camino. Sangre, sudor y paz está profusamente documentado con extractos de actas policiales relativas a los procedimientos contra ETA, llevados a cabo por la Guardia Civil. Sin embargo, las referencias al caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) son apenas tangenciales, lo que constituye una gruesa omisión. Para el lector venezolano, este libro es de especial interés, aún sin proponérselo. Es claro que, en la medida en que ETA perdía fuerza en territorio español, iba produciéndose un éxodo de sus militantes hacia el exterior. El primer territorio para la recalada era, desde luego, Francia, luego Bélgica y otros países europeos. Pero, a finales del siglo pasado, los galos comenzaron a abandonar la neutralidad hacia los etarras. Esta actitud se vería reforzada luego de los ataques al Centro Mundial del Comercio de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, que llevaron a las principales potencias de Occidente a declarar la “guerra mundial contra el terrorismo”. ETA, entonces, echó mano a sus aliados en Latinoamérica, con Hugo Chávez a la cabeza, para dar refugio a sus “taldes de reserva”. Según los autores, Venezuela era denominada con el nombre código Urano, y era territorio ideal para que los etarras continuaran la formación en su particular oficio de plantar bombas, e igualmente para que transmitieran sus conocimientos a elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todo esto sucedía mientras se desarrollaban los incesantes procesos de negociación con el gobierno de España, con la mediación de Suiza y Noruega. Al final de sus años, los etarras encontraron en el país suramericano un “escenario en el que (…) operaban con impunidad”. Sin embargo, la distancia entre Venezuela y España limitaba la posibilidad real de ejecutar acciones efectivas. Según los autores, ETA dejó las armas no por convicción propia sino porque no le quedaba otro remedio. Sus principales cuadros estaban en prisión o afuera del teatro de operaciones. Queda pendiente la duda sobre un probable resurgimiento.

domingo, 3 de mayo de 2020

Chichí en las sombras

-El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aún en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país

@javiermayorca

El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 pm, cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.
La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.
Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.
Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.
Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.
A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón (de donde había zarpado el buque). Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en la camioneta Fortuner con la que circulaban por la avenida Este 6 fue encontrada una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.
Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. De este dato se desprende que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.
Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.

Batida a medias

Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.
Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).
Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.
Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.
El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.
Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.
Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.
“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.
Manuel Rodríguez fue fundamental en la primera operación por la que detuvieron a Chichí Smith, en 1994. Aquí posa con la droga incautada. El 4 de febrero de 1996, fue ultimado por sicarios en Puerto Cabello
El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.
El 4 de febrero de 1996, Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello. 
Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.
En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.
Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.
La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.
Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida entidad benéfica. A los 67 años de edad, tocará al jefe un nuevo período de silencio.


Breves

*Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana para la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena, no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de Maria Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada del Covid-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades, bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas, cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.

*Desde el miércoles y hasta el sábado -apenas unas horas antes de la divulgación de esta actualización- vecinos de La Urbina, El Marqués y Terrazas del Ávila han reportado tiroteos de creciente intensidad en sectores como José Félix Ribas (zonas 9 y 10), 5 de Julio y La Parrilla del municipio Sucre. Muchos de esos sectores son dominados por la banda de Wilexis Alexander Acevedo, o grupos aliados a él. A pesar de su notoriedad, y de estar ligado a numerosas muertes en el sector, no figura en la lista de los “más buscados” que elabora el ministerio de Relaciones Interiores. Los videos y testimonios de vecinos indican además que la mayoría de los disparos han sido hechos al aire, lo que es interpretado por policías como una demostración de poder, no solo en la comunidad sino también en el entorno social, pues a pesar de todo el terror infundido los cuerpos de seguridad no se atreven a entrar en sus predios. El domingo 3 de mayo, las entradas a las barriadas dominadas por Acevedo permanecían bloqueadas por comisiones de la Guardia Nacional y de la policía municipal. Pero no había señales de que se planteara una incursión armada.

*El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar.  Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por el Covid-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.

Libros

Fernando Berguido dirigió en dos oportunidades el diario La Prensa de Panamá. En 2014, mientras esperaba los resultados de exámenes que indicarían una nueva recaída en su cáncer, fue nombrado por el presidente entrante, Juan Carlos Varela, como embajador en Italia. Berguido tenía un propósito específico: constituirse en parte activa, como representante de su país, en el juicio por presuntos sobornos y corrupción contra directivos del consorcio Finmeccanica, señalados de haber pagado coimas al presidente saliente Ricardo Martinelli, a cambio de la asignación de jugosos contratos para la adquisición de una flota de helicópteros Agusta, un sistema de mapeo satelital, cárceles modulares y una red de radares para interdicción marítima antidrogas. Anatomía de una trampa (México DF, 2018) es un relato pormenorizado sobre el origen y desarrollo de este escándalo, que llegó a ocupar primeras planas en las prensas de los países a ambos lados del Atlántico. Berguido pudo situarse en el centro de esta historia, toda vez que encabezó al grupo que intentaba resarcir los daños causados al estado panameño. Pero tuvo la humildad de colocar las cosas en su justo valor. Lo importante, para comprender lo sucedido, es que se conjugaron las voluntades políticas, encarnadas en Martinelli y Silvio Berlusconi, con el ánimo de enriquecerse de forma ilícita. Para que esto sucediera era necesario un intermediario, un lobbysta, un trader, que era el empresario italiano Valter Lavitola. Este hombre, indica la obra de Berguido, comenzó a ser identificado por fiscales de Nápoles en virtud de grabaciones telefónicas efectuadas en otras investigaciones sobre corrupción en el alto gobierno italiano. Lavitola fue condenado por este caso en su propio país, al comprobarse la gestión de sobornos por 25 millones de dólares. Lo paradójico es que Panamá no pudo aprovechar los datos acumulados en cientos de horas de investigación policial para lograr condenas contra los funcionarios de la administración Martinelli involucrados en el desfalco. Y aquí radica el valor de una obra como esta para el lector venezolano. En un momento dado, Berguido entendió que lo más práctico era emprender una negociación con una de las partes involucradas en este proceso, como era Finmeccanica, valiéndose de un hecho cierto: en la medida en que transcurriera el tiempo, el deterioro reputacional para el conglomerado italiano se acrecentaría, así como el impacto negativo derivado de la pérdida de contratos internacionales.  Luego de tortuosas discusiones, Panamá logró que Finmeccanica rescindiera el contrato de los radares y entregara un helicóptero más que los solicitados inicialmente, en un reconocimiento tácito a la existencia de sobreprecios que, según el autor, ocultaban las comisiones desviadas hacia las cuentas de una empresa de papel, Agafia Corp., registrada en Bulgaria en vísperas de la negociación. El relato de Berguido perfila lo que podría calificarse como un “caso de estudio”, con el fin de trazar formas de acción que permitan la recuperación en el exterior de los activos producto de la corrupción, aun en tiempos en los que no funciona la justicia local. Son procesos muy tortuosos, que tardan años y requieren de la mayor claridad en cuanto a cuáles son los verdaderos intereses del país. En el caso panameño, podría decirse que hubo importantes éxitos. Pero la experiencia en otras latitudes demuestra que no siempre es así.