domingo, 4 de octubre de 2020

Recompensas

-El gobierno estadounidense pone cada vez más dinero sobre la mesa, para propiciar delaciones y capturas de jerarcas venezolanos. El sistema, según conocedores, se basa en ofertas públicas que incluso pueden ser litigadas

@javiermayorca

El miércoles 30 de septiembre, el Departamento de Estado de EEUU colocó en el muro de los solicitados del mundo otras dos ofertas de recompensa. Se trata de dos generales retirados de la Guardia Nacional, señalados como importantes actores de la corrupción y la negligencia que han propiciado el desastre en el sistema eléctrico del país: el mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez y el general de brigada Eustiquio José Lugo Gómez.
Antes de presidir Corpoelec y ser investido con el título de ministro de Energía Eléctrica, Motta llegó a la posición de Comandante General de la GN. Pero la decisión de la cancillería estadounidense no se refiere a lo que pudo hacer en su vida como militar, sino a la supuesta recepción de sobornos por la asignación de contratos de la estatal eléctrica, para lo cual supuestamente contó con el concurso del general Lugo Gómez.
La oferta de recompensa indica que EEUU pagaría “hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena” de alguno de estos oficiales.
Con estos dos, llegan a cinco los ex funcionarios por los que Washington ha colocado dinero sobre la mesa, solo esta semana, con la finalidad de llevarlos a los tribunales. Los otros fueron los comisarios Pedro Luis Martín (ex jefe de Inteligencia Económica del Sebin), Rodolfo Mc Turk y Jesús Itriago, respectivamente ex directores de Interpol Caracas y de Investigación de Drogas de Cicpc.
En concreto, estos exfuncionarios fueron señalados como “objetivos” dentro del Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional. Es la misma lista en la que colocaron al actual gobernante Nicolás Maduro; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; a Diosdado Cabello, Tarek el Aissami, Joselit Ramírez, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quien hasta el momento es el único detenido, y por voluntad propia.
Según el comisario general de policía judicial Iván Simonovis (designado por Juan Guaidó comisionado para temas de seguridad) las ofertas de recompensas por solicitados datan del siglo XIX, y con el paso del tiempo han sido reguladas por leyes en EEUU.
“El principal objetivo es sencillamente motivar a las personas para que den información sobre la ubicación de alguien, o lo entreguen (…) Hoy por hoy, lo aplican con resultados en muchas partes”, explicó.
Según la Cancillería estadounidense, a través de este programa ha sido posible capturar y llevar a los tribunales a 75 personas, solicitadas por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, lo que ha implicado pagos que suman hasta el momento 130 millones de dólares.
Simonovis calificó de “delicados” los casos de quienes fueran sus compañeros de Cicpc (Mc Turk e Itriago) así como el de Martín.
“Tienen que ver con actividades propias de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Ellos son los que hacen mayor uso de esa herramienta. De todas las agencias, creo que el 70% de las solicitudes vienen de la DEA”, afirmó.
Con el pasar del tiempo, EEUU ha incrementado las sumas ofrecidas por las personas que solicita, y que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, al comenzar este siglo anunciaron que pagarían cinco millones de dólares por Fabio Ochoa, quien llegó a traficar drogas con el clan de los Galeano y los Moncada, del cartel de Medellín. La misma cantidad colocaron sobre la mesa por las cabezas de numerosos integrantes del cartel del Norte del Valle.
Las cantidades ofrecidas ahora por las capturas de venezolanos como el mayor general (Ejército) Hugo Carvajal y el comisario Pedro Martín son las mismas a entregar por la detención de Nemesio Mencho Oseguera Cervantes, señalado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las dos estructuras que lidera actualmente el tráfico de drogas en México.

Leer la letra chiquita

El pago de recompensas por capturas en casos de drogas que involucraban a personas en Venezuela data de los años ochentas del siglo XX. El primero del que se tuvo conocimiento involucró a una hermosa mujer, conocida como la mariposa o colibrí, la colombiana Marlene Navarro, señalada como cabecilla de un grupo de traficantes en el que también participaba Carlos Jader.
En 1986, luego de una investigación encubierta, Navarro fue detenida en Caracas y enviada a EEUU en un jet que partió de La Carlota, según el relato de David McClintick, Operación Pez Espada. Para eludir cualquier control de última hora en ese aeropuerto, la mujer fue trasladada en la bodega de la aeronave, en una jaula para perros.
Treinta y cuatro años después, las ofertas de recompensa se anuncian públicamente en la web. Pero no está claro cuál es el mecanismo aplicado para decidir qué dato amerita una recompensa y cuál no. Para este trabajo, se hizo una solicitud de información a la representación diplomática de EEUU. Pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado especialista en casos penales de lavado de dinero, Michael Díaz, recomendó leer con detenimiento las notas oficiales, de ser posible en su idioma original.
“Estas son ofertas públicas, y por lo tanto se debe estudiar las palabras que han usado. Es como un contrato o una oferta comercial. En este caso, el país hizo esa oferta por información que conduzca a la captura. Que sea clara y útil. Pero no que la misma persona haga la captura”, detalló.
Díaz participó como mediador en el reclamo de la recompensa de cinco millones de dólares, ofrecida por el gobierno peruano por la detención del ex jefe de inteligencia de ese país, Vladimiro Montesinos. La captura se llevó a cabo en Venezuela. Una acción en la que, por cierto, participó el entonces general de brigada Luis Motta Domínguez.
Según este abogado, los procesos de entrega de recompensas generalmente se desarrollan en forma discreta. No hay fotopose cuando el cheque es otorgado al ganador. Sin embargo, es posible que surjan litigios cuando algún informante se siente menospreciado.
“Cuando un país soberano hace una oferta de estas magnitudes, y EEUU lo es, se condiciona a que no tiene inmunidad. Esta es una legislación vigente. Y por lo tanto, el Estado puede ser llevado a los tribunales”, señaló.

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Breves

ESTUDIANTES CON FAMILIAS

Una de las instituciones más impactadas por el progresivo aislamiento internacional del país ha sido la Fuerza Armada. Antaño era usual el envío de contingentes de cada fuerza a distintas partes del mundo, para continuar sus procesos de formación acordes con el desarrollo de las carreras de cada oficial, y las áreas de interés del cuerpo castrense. Quien esto escribe conoció oficiales de la GN y de la Armada que hablaban tres idiomas de forma fluida, gracias a esas estadías en el extranjero. Este año, la Unión Europea intentó retomar la formación de oficiales, específicamente de la Guardia Nacional, en asuntos estrictamente ligados a seguridad ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un documento recientemente conocido, China y Rusia son los países que han recibido a la mayor cantidad de militares activos. Al revisar el tema central de los cursos, destaca lo relacionado con asuntos informáticos (“ciencias de la computación”) y aeroespaciales. El único país de Europa occidental que da alguna formación a efectivos de la FAN es España, pero en asuntos nada relacionados con cuestiones militares. Entre todos, apenas llegan a 30 uniformados. Una élite. Y la mayoría de ellos ha viajado con sus respectivas esposas e hijos.

ELN ACAMPA Y AMENAZA

Durante la celebración de la última sesión de la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, el diputado por Apure Luis Lippa denunció que el Ejército de Liberación Nacional habría instalado seis campamentos entre El Amparo y La Victoria. En cada uno estarían alojados cincuenta guerrilleros. Esto ha ocasionado el progresivo desplazamiento de los productores agrícolas y pecuarios que se niegan a pagar las extorsiones. Según el parlamentario, esta información es manejada por el régimen. Simultáneamente, indicó Lippa, los irregulares están visitando a los presidentes de los centros de votación que funcionarán en las próximas elecciones parlamentarias “para que sepan hacia dónde van a votar”.

UN GUIÑO A BACHELET

Desde el exilio, la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, reveló que el régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la central de Contrainteligencia Militar fuesen entrevistados por enviados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Indicó que el oficial, ex comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), en los días previos a esa entrevista (12 de septiembre) fue sacado a un patio interno para que se asoleara, y también le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual. En los días posteriores a ese sábado, tanto él como el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa fueron confinados, y las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado. Según Molly de la Sotta, el Gobierno hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a Dgcim y Sebin para posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país, y de esa manera guardar ciertas formas ante la comunidad internacional. 

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Tres preguntas a… Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas


1.-¿Para la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, los colectivos son actores o grupos armados no estatales?
Este punto necesita más investigación. Son actores no estatales, pero en el análisis de casos, mencionamos la información sobre la cooperación entre fuerzas estatales y algunos colectivos. Pero es algo en lo que se debe profundizar. Las personas alegan que en las protestas las muertes fueron provocadas por colectivos, y que el Estado no intervino. La investigación sobre grupos paraestatales es difícil y requiere de más tiempo. Al final, tuvimos cinco o seis meses de investigación concreta.

2.-¿Ustedes llegaron a detectar la presencia tantas veces denunciada de agentes extranjeros, como cubanos o rusos, que participaban en las torturas a opositores, o que asesoraban a los torturadores?
Por la naturaleza de nuestro mandato, nos enfocamos en la investigación de las actuaciones de miembros de fuerzas del Estado. Eso determinó un enfoque, más que en la actuación de otros actores. No se documentó la actuación de extranjeros.

3.-¿Cómo evalúan la influencia del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, capitán Diosdado Cabello, en la represión a los opositores, tomando en cuenta que él no figura en ninguna cadena de mando?
A él se le menciona en varias declaraciones. Para determinar su posible contribución a crímenes de lesa humanidad se requiere más investigación, mientras que con otros llegamos más directo. El no está en ninguna cadena de mando. Pero tiene relevancia de distintas formas. Hay otras formas de responsabilidad penal que se ajustan a personas que hacen “contribuciones esenciales” a un plan común cuyo resultado es el de crímenes de lesa humanidad. En los casos de la ex Yugoeslavia y en Ruanda se penó a los que tuvieron “contribución esencial”. Sobre esto, no hemos llegado a conclusiones más fuertes pues no recopilamos información.

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Libros

Para los venezolanos, México y los mexicanos son referencia en muchos aspectos. Las similitudes entre el país azteca y el suramericano son muchas. Ambos, por ejemplo, son economías de base petrolera, que tuvieron o han tenido a Estados Unidos como socio principal en cuanto al intercambio de crudo por bienes y servicios. Ambos, además, atraviesan procesos de violencia estimulados por el flujo de dinero procedentes de la corrupción y las distintas actividades del delito organizado. En México, sin embargo, las estructuras al margen de la ley han logrado un desarrollo superior, luego de adueñarse de las rutas para la droga producida en los países andinos, así como la fabricada en su propio territorio. Por eso es importante llevar el pulso al devenir de esa particular relación entre los grupos delictivos y el estado mexicano. Mucho de lo que allá se hace tiene consecuencias en la seguridad ciudadana de los venezolanos. El libro de Jorge Hernández Meléndez, La nueva guerra, del Chapo al fentanilo (Ciudad de México, 2020) analiza la evolución de este proceso, con especial énfasis en lo sucedido desde la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el cambio percibido en los patrones de consumo de drogas en el mercado estadounidense, donde según el autor el fentanilo se ha convertido en la droga de moda, gracias a su poder narcótico cien veces mayor que el de la heroína, y la relativa facilidad para su fabricación y distribución.  Este libro entró en imprenta en junio, cuando ya se avizoraba además un reacomodo de los carteles y otros grupos de delincuencia organizada a propósito de la cuarentena por el Covid-19. Son procesos que, según el periodista mexicano, han consolidado la posición cimera de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, comandado por Ismael Zambada, el Mayo, luego del envío del Chapo a EEUU, y del Cartel Jalisco Nueva Generación, regido por Nemesio Oseguera, el Mencho, a pesar de ciertas disputas intestinas que probablemente darán de qué hablar en el futuro inmediato. En ambos casos, indica Hernández, una parte importante de la cocaína manejada proviene de Venezuela, tras recorrer la tradicional ruta centroamericana. Luego de estas dos grandes organizaciones, hay otras ochenta que han logrado mayor o menor crecimiento en el territorio mexicano, y que han extendido sus tentáculos más allá de las fronteras. Es el caso de la Unión Tepito, una banda que cobró fama gracias al asesinato de venezolanas que fueron reclutadas a través de una página web para que hicieran servicios de acompañantes o escorts. La situación de seguridad en México no pinta nada bien, a juzgar por los datos aportados por este autor. En su análisis, el gobierno de López Obrador pareciera haber pactado de manera informal una suerte de pax mafiosa con estas organizaciones, guiado por la creencia de que así mitigará la violencia homicida. No obstante, lo que asoma en el horizonte es un recrudecimiento de las disputas por el control de territorios y, en fin de cuentas, una “pérdida de control” y de gobernabilidad que muy probablemente impactará a otros países. La obra de Hernández es un buen análisis de coyuntura periodística, de esos que hacen falta por estas latitudes. Puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, puede escribir a través del formulario de esta página, o al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y recibirá oportuna respuesta a sus planteamientos.

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