domingo, 7 de febrero de 2021

Los buenandros

 -La permanencia de bandas como las del Coqui y Wilexys no solo es consecuencia de la ineficacia policial para imponer la ley. Son individuos que han sabido ganarse a una parte de las comunidades donde operan, y cambiar parcialmente la imagen de malandros

@javiermayorca

El domingo 18 de octubre ocurrió un hecho cuya importancia debe ser anotada. Ese día, residentes del conjunto Paraíso Plaza tomaron la avenida Páez para hacer pública una solicitud al líder de la banda que opera en la Cota 905, Carlos Luis Revette, para que detenga las invasiones de áreas verdes.
Los vecinos, provistos con pequeños carteles, solicitaron el concurso de alias Coqui ante la inoperancia de los cuerpos de aplicación de las leyes.
Este incidente pone de manifiesto que los delincuentes no solo roban, secuestran y matan. Llega un momento en que desarrollan un grado tal de control sobre su entorno que se convierten en la instancia a la que voltean todas las miradas cuando un problema parece insoluble.
Lo sucedido con los residentes de Paraíso Plaza no es algo que surgiera de la nada. Por el contrario, se trata de un paso lógico dentro de un proceso sobre el cual no existe mucha documentación. Lo que sabemos hasta el momento es que Revette y su grupo, además de todas las cosas ya reportadas en las páginas de sucesos, han logrado cierto nivel de aceptación a lo interno de esa populosa comunidad, ubicada en el corazón del municipio Libertador.
Un trabajador social de la zona lo explica en los siguientes términos: “Nuestra experiencia a veces pasa por la intimidación, pero la mayoría de las veces ellos han respetado nuestro trabajo”.
Revette y su banda, además, despliegan ciertos programas de acción comunitaria. No solo se trata de entregar alimentos a familias necesitadas de la parroquia. 
“Hemos visto que en diciembre entregan regalos, y que resuelven algunos temas que se plantean en la comunidad. Hay allí todo un dominio de lo que sucede en la zona”, afirmó.
Como cuestiones puntuales, la organización del Coqui también contribuye con el pago de los funerales, no solo de los integrantes de su banda, sino del entorno comunitario. Y en oportunidades, de acuerdo con este testimonio, se le ha visto entregando medicinas. Súmese a eso las multitudinarias fiestas que tienen su epicentro en canchas múltiples del sector, y se verá la faceta de un individuo que, aún figurando en la lista de los “más buscados”, no pierde la oportunidad de colaborar con su vecindario.
La gobernanza criminal en El Paraíso
Algunos expertos llaman a este fenómeno “gobernanza criminal”. Aunque esta expresión abarca un amplio conjunto de situaciones, en el caso de la Cota 905, “el Coqui ha sustituido al Estado y se ha convertido en ley”, de acuerdo con el abogado Luis Izquiel.
Según el coautor del libro Revolución de la muerte, las comunidades sienten que individuos como Revette, que han logrado importantes avances en el mundo delictivo, pueden ser capaces de defenderlas, y resolver por ejemplo incidentes como el de las invasiones.
“Los códigos o normas que imponen estas bandas impiden además que delincuentes de menor jerarquía operen en las zonas de influencia. Y es que el verdadero negocio de estos prames no está en el barrio”, explicó.
Al lograr cierto respaldo social, el delincuente puede asegurarse la continuidad de sus operaciones ilegales, e incluso extenderlas a otros rubros. Este fue el caso del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Aún hoy en día, a más de veintisiete años de su muerte, el hombre que puso en jaque al estado colombiano con una ola de violencia urbana que parecía no tener pausa, es venerado en el barrio de la urbe antioqueña que lleva su nombre, y que él contribuyó a reformar desde sus cimientos.
Algo similar sucede con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en su natal Badiraguato (México). Esto llevó al autor Malcolm Beith (2010) a calificar al patrón de Sinaloa como un “seductor”, que creaba la apariencia de ser el protector de la gente, en especial los más desposeídos. Debido a este carácter, “todos dentro de su red se identificaban con él”.
Esto hace que la imagen de los malandros cambie radicalmente en sus entornos más cercanos en la medida en que logran mayores niveles de organización, para transformarse así en buenandros, un calificativo que alguna vez usó Hugo Chávez, y que recogió Maduro durante su primera campaña por la presidencia.
Al hurgar un poco en la realidad del país nos daremos cuenta de que Coqui no es el único en este grupo. En Falcón, alias Chichí Smith había institucionalizado su estructura para ayudar a la población de Carirubana, mediante una fundación que lleva el nombre de su mamá, Carmen Martínez. Y mientras tanto, continuaba enviando toneladas de cocaína al exterior. Cuando la PNB y la GN allanaron las oficinas de la entidad benéfica, los pobladores manifestaron en contra e intentaron entorpecer el operativo.
En otros momentos, el Turco Walid Makled y su hermano Abdalá fueron famosos en Valencia y Puerto Cabello por la entrega de enseres y comida a personas humildes, y otras que no lo eran tanto. Al oriente venezolano, en Carúpano, el sargento expulsado de la Guardia Nacional Aurelio Yeyo Labrador Aristimuño ganaba aceptación social por sus ferias de alimentación, que en diciembre se transformaban en los denominados “hallacazos”. Todos comían, y en 2007 eran tantos los elogios que el hombre creyó que podría ganar la alcaldía de la ciudad sucrense, solo con el respaldo financiero de sus amigos traficantes.
Yeyo no tuvo “narcocorrido”, pero sí un vallenato que alguna vez le cantó Dionisio Díaz, el hijo de Diomedes:

Es un hombre solidario
Le da la mano a la gente,
Ayuda al necesitado
Y la Virgen lo ayuda a él.
No es porque sea mi compadre
Pero es muy inteligente
Si se lanza para alcalde
Yo voy a votar por él.

Labrador no pudo lanzarse pues lo asesinaron unos sicarios. Su entierro paralizó la ciudad oriental. Lo mismo que sucedió en Falcón cuando otros matones a sueldo eliminaron a Simón Álvarez.
En Caracas, la lista de buenandros no se restringe solo al Coqui. Al este de la ciudad está el feudo de Wilexys Acevedo. Una comerciante en José Félix Ribas se sorprendió al conocerlo. Cuando llegó en sus camionetas de alta gama al local, creyó que iban a extorsionarla. Pero el hombre le solicitó, personalmente y de buena manera, alimentos para una jornada social. Y mientras tanto, lo que fue uno de los sectores más peligrosos de toda América Latina ha logrado cierto orden.
“A Wilexys no lo han capturado por esa aceptación social. Hay vecinos de José Félix Ribas que me han dicho que tienen miedo de volver a la anarquía previa. Desde que llegó, hay una paz en el barrio. Es el malandro mayor”, explicó Izquiel.

Breves
 
ENERO DE MUERTE

Las ventanas rotas de la violencia en la Cota
¿Cómo fue la secuencia de muertes violentas en La Vega durante el mes de enero? Según registros a los que se tuvo acceso de manera extraoficial, los homicidios en esa parroquia caraqueña comenzaron el primer día del año. Murieron Luigi Alexander Esparragoza y Jhonny José Rodríguez, de 30 y 61 años de edad, respectivamente. El 8 de enero, fueron contabilizadas las muertes de Raúl Antonio Lira y Edwin Gabriel Rivas, ambos de 25 años de edad; Nelson Villalta Lima (50) y Jerickson José García (32). Ese mismo día comenzó la incursión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), que se extendió hasta el 9 de enero. Las cifras manejadas por las autoridades indican que hubo 16 fallecidos en supuestos incidentes de “resistencia a la autoridad''. Como suele suceder en estos casos, la mayoría de los cadáveres llega sin identificación plena. Solo se dispone de tres nombres: Wilfredo José Naranjo (38) y Alvaro Eduardo y Ángel de Jesús Palma (33 y 27). Las muertes a manos de agentes policiales continuaron el 16, cuando fue ultimado Adán Ezequiel Medina (30). Y el 24 mataron a Miguel Angel Centeno (25). Durante el primer mes de 2021 hubo en La Vega veintiún muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales, y trece homicidios por la acción de otros elementos. En total, 34 muertes violentas. El registro más alto para este lugar desde hace muchos años. La violencia en La Vega, atribuida a la expansión de la banda de la Cota 905, se prolongó hasta los primeros días de febrero, con tiroteos que han aterrorizado a los residentes de El Paraíso. Las “balas perdidas” han aterrizado en casas y apartamentos, tal y como se muestra en esta gráfica aportada por uno de los afectados. Y nadie se responsabiliza por ello.

CONFLICTO POR LA COCA

Una disputa por el control del territorio entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) está a punto de ocasionar un nuevo brote de violencia armada en el municipio Convención, ubicado apenas a 78 kilómetros de la frontera con Venezuela. Un comunicado emitido el 13 de enero por el frente 33 de las FARC reconoce que uno de sus integrantes murió durante un enfrentamiento a tiros con elementos del EPL, a quienes calificaron de “extorsionistas”. En el documento, este frente de la disidencia del grupo armado, liderado por alias Darwin, declaró “objetivo militar” a los integrantes del EPL. Cuatro días después, este grupo admitió la referida muerte durante un cruce de fuego, pero indicó que todo fue producto de “hechos fortuitos”, acaecidos durante la recaudación del denominado “impuesto de guerra”, mediante el cual se logra el “sostenimiento del proceso revolucionario”. En ese punto, la respuesta del EPL advirtió que también mantienen un conflicto con el ELN, “que en nada beneficia al proyecto insurgente”. ¿Por qué estas tres guerrillas pugnan en ese sector, fronterizo con Venezuela? De acuerdo con el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, en Norte de Santander está casi el 10% de toda la coca sembrada en Colombia. Hay tanta que los carteles han venido contratando a “raspachines” venezolanos para participar en las tres cosechas anuales. El control sobre esos espacios reporta a los grupos armados importantes ganancias por concepto de “gramaje”, que es un impuesto a las siembras de coca. A cambio, ellos ofrecen la seguridad que el Estado colombiano no puede proveer en esas localidades remotas. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio Público pareciera descartar la existencia de una supuesta “pandemia” de violencia contra la mujer. Según cifras de ese despacho, entregadas recientemente al Ejecutivo, entre 2014 y 2018 las denuncias de violencia de género han disminuido de manera consistente. De acuerdo con esta serie estadística, hace siete años fueron iniciados 95.956 casos. En 2018, el total había descendido a menos de la mitad (48.415). En 2019, se proyectaba un total cercano a las 30.000 denuncias, lo que reforzaría la tendencia de los períodos anteriores. En cuanto a las medidas de protección ordenadas por los juzgados de la materia, 2017 fue el año con mayor actividad. Hubo 86.889 decisiones que intentaban resguardar a las víctimas. En los años posteriores, fueron disminuyendo en forma constante. En 2020, año signado por el confinamiento a propósito de la pandemia por el Covid-19, murieron 477 personas de sexo femenino por la acción de terceros. Esto equivale al 10% del total de homicidios, por causas distintas a la llamada “resistencia a la autoridad”. Es el mismo porcentaje que hubo en 2019.

EL "COMPATRIOTA" SAAB

Todo comenzó en La Campiña
La campaña de pintas y pendones para exigir la libertad del colombiano Alex Saab comenzó el primer fin de semana de febrero en los alrededores de Petróleos de Venezuela, en La Campiña. Este dato es significativo, toda vez que este empresario ha sido señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense de participar en una red clandestina de colocación del crudo venezolano en mercados internacionales. Con el pasar de los días, los grafitis que alaban al extraditable (“compatriota luchador”) se extendieron a Chacao y Petare. El siguiente fin de semana ya estaban en los muros del estado Vargas, donde Saab también tiene intereses. Recuérdese que Salva Foods, la compañía del magnate que ensambla las cajas Clap, tiene uno de los galpones más grandes en el puerto de La Guaira. No son pintas improvisadas. Por el contrario, usan figuras de molde, letras estilizadas y dos colores (rojo y negro), lo que sugiere la existencia de una elaboración previa. Esta cruzada ha tenido otros aspectos, como la promoción de entrevistas con supuestos expertos y defensores de derechos humanos, que son consultados con el propósito de cuestionar la validez del procedimiento aplicado para capturarlo en el archipiélago de Cabo Verde, en junio de 2020. Han pasado casi ocho meses desde que se produjo esta detención. En ese lapso, el gobierno del país africano se ha negado a reconocer el estatus diplomático invocado por el régimen de Maduro para defender al colombiano. Cuando se mira este proceso en su totalidad, todas las decisiones del Ejecutivo y los tribunales caboverdianos han sido favorables a la extradición. Solo han ocurrido algunas concesiones, como por ejemplo la de casa por cárcel. Así que el traslado de Saab a EEUU pareciera ser cuestión de semanas.

Libros

El nexo entre los órganos del Estado y el delito es motivo de crecientes preocupaciones. No es un asunto que ataña exclusivamente al caso venezolano, o a la Italia de la tangentópolis. Por el contrario, en los cuatro puntos cardinales parecieran existir evidencias de colusión, complicidad o aquiescencia con actividades reñidas con las leyes. El último escándalo apuntó al ex ministro de la Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, sobre quien pesan sospechas de que fue "tocado" por los dineros del Chapo Guzmán. Desde otros lugares también surgen ocasionalmente informaciones preocupantes. Generalmente, son descritas con el término “corrupción”, puesto que este pareciera ser un factor común a casos de tráfico de drogas, armas, migrantes, trata de personas y otras actividades propias de la delincuencia organizada. Pero Samuel Schmidt (México, 2020) sostiene que ese término se ya quedó corto. No abarca todo el problema. No es solo dinero mal habido. Esta observación inspiró su último ensayo Crimen autorizado. La estrecha relación entre el Estado y el crimen. Según este abogado, la asociación entre criminales y Estado ya se ha convertido en algo estructural. Lógicamente, esto “dificulta el combate contra el crimen y la corrupción”. Schmidt ve ciertas manifestaciones del delito “gozando de autoridad gubernamental”. A partir de allí, las leyes no son utilizadas para garantizar la vida en sociedad. Los criminales se han apropiado del marco institucional “para utilizar la ley en contra de la sociedad”. Por lo tanto, el crimen autorizado es mucho más que la corrupción sistemática, para convertirse en un régimen “construido a lo largo del tiempo”. Este autor enfatiza en que la imposición del crimen autorizado produce un menoscabo de los valores democráticos y una pérdida de la calidad de vida. Schmidt no se contenta con citar solo ejemplos mexicanos, sino que tiende la mirada más al sur, donde también abundan. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

1 comentario:

  1. Hay que resaltar que la aparición de los graffitis por toda Caracas,solicitando la liberación de Alex Saab , se inician el mismo dia que llego a Venezuela la Relatora de las Naciones Unidas sobre las sanciones y los Derechos Humanos. Esa gente no hace nada al azar. Estan desesperados para que les quiten las sanciones, pero no dejan de torturar.

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