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domingo, 26 de julio de 2020

Expreso de oriente

-Solo la pandemia ha detenido la carrera para poner en funcionamiento el primer automercado iraní Megasis en Venezuela

Texto y fotos:
@javiermayorca

Al aproximarse la inauguración del primer local de la cadena iraní de supermercados Megasis en Caracas, la actividad en sus instalaciones se hace cada vez más intensa.
El local abrirá en el este de Caracas
Desde la semana que comenzó el lunes 6 de julio, los alimentos y otras mercancías traídas en barco directamente de la república islámica están llegando en caravanas de camiones. Según el vocero y máximo representante del Consejo Comunal de la urbanización Terrazas del Ávila, José Antonio García, solo entre el miércoles 8 y el jueves 9 descargaron en los estacionamientos de ese local ocho contenedores de cuarenta pies cada uno.
Los vecinos del sector se mantienen atentos a la entrada y salida de vehículos de carga. De allí han salido máquinas registradoras, aparadores y mercancías de marcas desconocidas para el comprador nacional. 
Para el momento de la redacción de este reporte, quedaba mucho trabajo por ejecutar. El local donde operará el primer Megasis tiene 10.300 metros cuadrados, y alrededor una extensa playa de estacionamiento. Hasta el mes de enero, funcionó allí una sede de las tiendas Clap, la cadena donde comercializaban alimentos subsidiados por el Ejecutivo, traídos a Venezuela a través del consorcio Salva Foods, cuyos principales socios, los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, son el centro de un escándalo internacional por lavado de dinero. A pesar de todo el respaldo con el que contaban los empresarios colombianos de parte del régimen de Nicolás Maduro, los anaqueles de ese galpón difícilmente eran llenados. Tuvieron que arrendar algunos espacios y acudir a proveedores externos.
Ahora, las tiendas Clap han dado paso a una venta de alimentos al detal sobre la que recaen denuncias y sanciones estadounidenses por un supuesto financiamiento al terrorismo. 
Según el Wall Street Journal, Megasis es el punto de venta de alimentos marcas Delnoosh y Varamin. Ambas son subsidiarias de la corporación iraní ETKA, creada hace más de 60 años con dinero de la seguridad social de los militares retirados de Irán. ETKA, indica el rotativo, pertenece a las Fuerzas Armadas de Logística, una dependencia del ministerio de la Defensa iraní que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, por su participación en el desarrollo de misiles balísticos.
El reporte periodístico cita informes de inteligencia estadounidenses según los cuales la apertura de un negocio como Megasis en el extranjero requiere de autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, otra entidad sancionada por el Tesoro.

Inspección comunal

En Venezuela, la gran mayoría de la población se mantiene ajena a los antecedentes reportados por el rotativo estadounidense. En los alrededores del nuevo local, prevalece la curiosidad por saber si productos tales como el aceite de oliva y las especias harán honor a la fama que poseen en otras latitudes.
El representante vecinal de Terrazas del Ávila se acercó el jueves 9 de julio para constatar el avance de los trabajos correspondientes al primer Megasis de Venezuela. Su presencia fue notada por los vigilantes del lugar. Cinco minutos después, salió a la calle un hombre de unos 35 años de edad que se presentó ante él como el encargado (manager) de turno. Dijo llamarse Rheza, natural de Teherán. 
Rheza dijo no hablar español, así que buena parte del breve diálogo se desarrolló en un inglés rudimentario, puesto que él tampoco parecía hablarlo con fluidez. Dijo que la apertura del supermercado estaba pautada para “dentro de dos semanas”. Pero ese objetivo no fue cumplido, presumiblemente por la radicalización de la cuarentena en el país. Este ha sido el segundo aplazamiento. 
Según el encargado, en la actualidad están acondicionando los espacios internos del local, y simultáneamente avanzan en la contratación del personal venezolano, que serán unos cien empleados. Precisó que el primer Megasis venezolano tendrá un horario corrido de 8 am a 9 pm.
Rheza dijo no temer a la delincuencia en una de las áreas más riesgosas de la capital más violenta del mundo, con una tasa de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último listado de la ONG Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
 100 empleos atraen a gente de Petare
“Los venezolanos son excelentes personas”, fue su respuesta. Y rápidamente se despidió.

Trámite exprés

Los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) indican que este nuevo centro de compras fue inscrito a nombre de la compañía anónima Megasis 2020 (Registro de Información Fiscal J-500238703).
Como presidente de la entidad aparecen registrados Seyed Alí Hannani, venezolano de origen iraní de 55 años de edad, y su esposa Carmela Aidée Arciniegas de Hannani, colombiana nacionalizada venezolana, de 46 años. Los dos pusieron a la sede del local como su dirección fiscal.
En ambos casos, la inscripción en el registro tributario se llevó a cabo el miércoles 10 de junio de 2020, apenas diez días antes de que la embajada de la República Islámica de Irán en Caracas informara sobre la llegada a Venezuela del buque Golsan, que traía “alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela”. 
Esta embarcación es propiedad de una empresa que también ha sido sancionada por el Tesoro, pues supuestamente es utilizada por la Guardia Revolucionaria para la ejecución de sus programas misilísticos.
El portavoz del consejo comunal observó que, quizá por la urgencia, los ejecutivos de Megasis han olvidado un trámite indispensable: el permiso de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso la del municipio Sucre del estado Miranda. Para que esa autorización sea emitida, deben contar con el aval previo de los representantes vecinales, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
En el caso de Terrazas del Ávila, recordó García, hay un precedente muy cercano de ejercicio del poder comunal, cuando se impidió momentáneamente la puesta en funcionamiento de un autocine en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana. El argumento, explicó, es que las funciones emitirían ruidos molestos.
“El trámite ante el consejo comunal es gratuito, pero siempre se le pide al comercio que haga alguna bienhechuría a la comunidad. La empresa, además, debe comprometerse a colocar sus señales y vigilar los alrededores”, indicó.

Relaciones ampliadas

La apertura de este primer Megasis no es una simple operación comercial. Según la propia embajada iraní, es la expresión de las “relaciones amistosas y fraternales” existentes entre Irán y Venezuela. Sucede en un contexto de escalada conflictiva entre estos dos países y Estados Unidos.
Según la internacionalista Elsa Cardoso, la puesta en funcionamiento de Megasis es una “costosa operación”, que tiene “un fuerte contenido geopolítico”.
“Se trata de un desafío al régimen de sanciones implantado por EEUU, al tiempo que es una señal explícita de los crecientes nexos económicos de Irán con el gobierno venezolano”, afirmó.
Observó que la entrada de los iraníes en la rama de distribución de alimentos ocurre luego de la puesta en marcha de acuerdos en el plano energético, que implicaron la traída al país de técnicos e insumos para la reactivación de refinerías en centro y occidente, así como la importación de gasolina para paliar una aguda escasez.
“Todo esto sucede mientras EEUU toma la bandera de romper el acuerdo nuclear que había con el régimen de Teherán”, observó.
El profesor de relaciones internacionales Carlos Romero recordó que los iraníes intentaron sin éxito entrar en el sector industrial venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, quien firmó acuerdos con el gobernante iraní del momento, Mahmud Ahmadineyad, para la construcción y la puesta en funcionamiento de fábricas de automóviles (Venirauto) y de bicicletas (Fanabi).
“Estos proyectos no dieron resultados. Ahora, entramos en un plan que va hacia los consumidores finales”, dijo.
Romero advirtió que este es un paso más, dentro del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la república islámica, que en un plazo cercano podría abarcar “campos más sensibles”.
“La ventana de la cooperación militar está abierta”, sentenció.

Breves

Fuente: FANB
Fuente: FANB
MENOS SOLES

El 5 de julio, Maduro ascendió a 130 oficiales a los grados del denominado generalato, que abarcan desde general de brigada y contralmirante a general en jefe y almirante en jefe. No hubo ascendidos a estas dos últimas jerarquías, que según la tradición establecida por el gobernante están reservadas hasta ahora al ministro de la Defensa (Vladimir Padrino), el jefe del Ceofanb (Remigio Ceballos) y el jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe (Jesús Suárez). Aun así, la cifra de beneficiados podría parecer exagerada para algún lector desprevenido. Lo cierto es que, durante los últimos seis años, Maduro viene aplicando una estrategia de disminución progresiva en cuanto a los ascensos a las máximas jerarquías de la FAN. El tope de ascendidos a estos grados lo alcanzó en 2014, con 229. Desde entonces los totales han disminuido, con la excepción de 2019, cuando ocurrió un leve incremento. Este punto ha sido escasamente analizado. Sin embargo, es claro que, si los ascensos a general están signados por la percepción de lealtad y obsecuencia, esta merma del 43% puede ser la consecuencia de un estado de desconfianza en Miraflores. De igual forma, con una FAN cada vez más reducida en cuanto a sus cuadros regulares, cabría preguntarse si realmente se justifica el acceso de 130 oficiales a la cúpula castrense.

PANDEMIA EN CUARTELES

El 11 de julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino declaró que más de 160 efectivos castrenses estaban contagiados por coronavirus. El oficial puso sobre el tapete algo que ya se venía comentando, y que circulaba en minutas, cuya difusión solo había sido mitigada por la censura. Desde que comenzó la pandemia, se ha conocido sobre contagios entre efectivos de unidades militares y policiales ubicadas en Distrito Capital y Miranda, Vargas, Táchira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara y Apure. Desde luego, lo más probable es que haya funcionarios enfermos en otros estados. La situación ha sido crítica en instalaciones de la Guardia Nacional en Zulia y de la Armada en Nueva Esparta, donde se ha ordenado pruebas rápidas a todos los efectivos de guardia. Esto es lógico, pues en ambos estados los militares de esos componentes desempeñan labores que implican permanente contacto con la ciudadanía. Según el infectólogo Julio Castro (referencia para la sociedad civil en esta materia) el país apenas está entrando en la “fase exponencial” de la pandemia, lo que implica una multiplicación del número de casos en lapsos cada vez más cortos. Esto sucede luego de cuatro meses de permanente despliegue de los funcionarios en calles, avenidas, autopistas, carreteras y estaciones de servicio. Muchos de ellos ni siquiera reciben su ración diaria de alimentos. En consecuencia, a estas alturas ya se encuentran extenuados y cada vez menos dispuestos para atender las crecientes demandas de la ciudadanía.

GASOLINA DE SANGRE

Un civil murió y otro resultó herido por disparos, mientras que un sargento de la Guardia Nacional también fue lesionado en la cabeza durante una situación confusa, reportada el sábado en la tarde en los alrededores de la estación de servicio Buenos Aires de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Las minutas conocidas de forma extraoficial divulgan datos contradictorios, que intentan justificar el uso de fusiles AK-103 contra la población, con el argumento de que los militares eran atacados por lo que llaman “grupo estructurado de delincuencia organizada” (GEDO), liderado por un hombre al que identificaron solo por el alias (el Badó), y que supuestamente cobraba extorsión para permitir a la población surtirse de gasolina. Y se supone que las bombas son vigiladas por efectivos militares las 24 horas del día, por orden del ministerio de la Defensa. Este incidente ocurre apenas nueve días después de otra situación similar, en la que resultó muerto un pescador de Isla de Toas (Zulia), donde igualmente ocurrió un reclamo por la ausencia de acceso al hidrocarburo. En una comunidad de pescadores, disponer de gasolina para las lanchas marca la diferencia entre poder trabajar o languidecer en casa. En ambos casos, los militares intentan justificar el uso de sus fusiles con el supuesto de que respondían a ataques previos con armas de fuego, cuestión que hasta el momento no ha sido verificada.

POPULARIDAD MERMADA

En este contexto, el Observatorio Venezolano de la Violencia presentó los resultados de un estudio sobre la letalidad policial en el país. Las cifras son preocupantes, pues revelan un crecimiento exponencial en los homicidios a manos de uniformados durante los últimos cuatro años, que como se sabe aparecen registrados como muertes por “resistencia a la autoridad”. Según el reporte, en 2016 la proporción fue de 289 por cada 1000 homicidios, mientras que en 2019 fue de 802 por cada 1000 homicidios. Según la legislación penal vigente, la resistencia a la autoridad es un delito con una pena máxima de cinco años de prisión, por lo que puede ser catalogado como “menos grave”. Aún así, es usado como pretexto para el ejercicio de la acción letal de los policías y los militares. Las estadísticas del propio Gobierno indican que en 2015 hubo 4882 procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que ocasionaron 2576 fallecidos. El promedio de muertes por expediente fue de 0,52. En 2019 hubo 4023 casos de este delito, que dejaron el saldo de 5201 cadáveres. El promedio de muertes por cada caso se elevó entonces de 0,52 a 1,29. Paradójicamente, el incremento de la letalidad policial en el país no ha ido acompañado de una mayor confianza en los cuerpos de seguridad. Por el contrario, según el informe presentado por el Observatorio de la Violencia, el 70% de los entrevistados en una encuesta especial calificó como malo o muy malo el desempeño de los agentes y militares.

Libros

Sobre el caso Odebrecht se ha querido tender un manto de silencio en Venezuela. Pareciera que el esquema de sobornos descubierto inicialmente por un reducido grupo de policías federales y fiscales radicados en Curitiba, al sur de Brasil, en el marco de un expediente conocido como Lava Jato, o autolavado, ocasiona incomodidad en sectores políticos nacionales que van más allá del oficialismo, tal y como sucedió en el lugar de origen. Pero pocos atinan a establecer una secuencia de hechos. Según el extenso reportaje del periodista Vladimir Netto, The Mecanism (Londres, 2019), lo de Odebrecht, en realidad, no fue el origen sino una consecuencia muy importante de la pesquisa sobre las actividades de un cambista (Alberto Youssef) que servía como conducto para la distribución de las coimas derivadas de la asignación de contratos de la estatal petrolera Petrobras. Youssef tenía una larga trayectoria en el mundo del delito organizado, por lo que no sorprendió verlo nuevamente en el centro de una investigación, iniciada formalmente en 2013. Los que los agentes no podían avizorar entonces es que, a la vuelta de tres años, este caso con sus 29 capítulos policiales, ocasionaría el enjuiciamiento de dos expresidentes (Fernando Collor y Luis Inacio da Silva), la destitución de una mandataria en ejercicio (Dilma Roussef), el ascenso al poder de Jair Bolsonaro y una ola de averiguaciones en por lo menos siete países latinoamericanos, donde las empresas cariocas, con Odebrecht a la cabeza, expandieron sus capitales, así como los esquemas de sobornos. Entre estos territorios, desde luego, figura la Venezuela del chavismo-madurismo. No se olvide cuál fue el caso que motivó el enjuiciamiento intentado contra el gobernante Maduro por la fiscal en el exilio Luisa Ortega. Aunque el libro de Netto no hace énfasis en la proyección internacional de las averiguaciones, sí se puede colegir que este es un subproducto más bien tardío del proceso Lava Jato. De allí que todavía queda mucho por hurgar. Lo cierto es que la investigación relatada en The Mecanism pone en tela de juicio a todo un sistema político, que había establecido una simbiosis con un cartel de dieciséis empresas, conocidas como el Club, que se repartía los contratos a dedo, y luego retornaba jugosas tajadas a los funcionarios de turno y jefes de las principales toldas políticas, no solo el gobernante Partido de los Trabajadores. En este sistema, donde todos cobraban, el silencio era la norma. Para quebrarlo, fueron necesarias negociaciones y acuerdos judiciales con más de cincuenta personas. Y esta es quizá una de las primeras lecciones que recibe un lector desprevenido. No es posible desmadejar las marañas de la corrupción sin los datos de quienes participaron en ella. Claro está, en procesos conducidos por un sistema judicial independiente y debidamente supervisado. Otro dato de interés, en especial para quienes piensan en alguna transición, es que tales acuerdos con los procesados deben comportar la devolución de los activos generados por los sobornos. Esto no ocasiona sentencias de absolución. Pero, de cierta manera, en el caso brasileño los corruptos también “compraron” un tratamiento menos duro que el que tendrían si se produce una confiscación compulsiva de sus haberes. Esta es una forma de justicia más expeditiva. Economía procesal, la llamarían. El libro de Netto es una prueba fehaciente de la transparencia que prevalece en el particular sistema judicial carioca. Los hechos fueron plasmados casi en estricta secuencia cronológica, sin aderezos ni sensacionalismos. Y aun así fueron suficientes para una serie de Netflix. Esta obra está disponible en versión electrónica.

domingo, 12 de julio de 2020

Dos mitos en seguridad ciudadana

-Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes

@javiermayorca

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.
En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.
En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.
En esta entrega, se analiza dos de los mitos más difundidos en el país.

El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.
A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.
En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen. En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.
Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u  otro  instrumento  jurídico  de contenido  similar,  deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.
Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.
“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.
Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Avila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.
Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.
Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.
Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.
El ex funcionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.
Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido. 

¿Cómo se traslada el hampa?

Aquí va el segundo mito.
Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.
Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.
Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.
En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel -que participaron en la elaboración del capítulo sobre seguridad del Plan País de Juan Guaidó- también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.
Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?
Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.
De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.
Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.
Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87% de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.
Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Breves

DRONES/ONU

El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano  debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional. El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”. En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

ORO DE SANGRE

En una resolución aprobada el 9 de julio, el Parlamento Europeo hizo un llamado a los estados miembros para aplicar una “prohibición inmediata en el comercio interno y la circulación del oro de sangre ilegal desde Venezuela”. Es la primera vez que este cuerpo deliberante coloca al metal precioso procedente del país en la categoría de los llamados minerales de conflicto. Se trata de un nuevo paso en el proceso de estrechar el margen de maniobra del régimen de Maduro para obtener recursos procedentes de la venta internacional de materias primas. Este pronunciamiento, indica el consultor en minerales estratégicos Daniel Valero, fue tomado apenas días después de que un tribunal en Londres negara la entrega al régimen del oro depositado en las arcas del Banco de Inglaterra. Adelantó que el precedente del Reino Unido va a orientar las decisiones de las demás instancias internacionales. Recordó que la Unión Europea aprobó un reglamento para el tratamiento de casos como el del oro venezolano, que entrará en vigencia en enero de 2021. De la misma forma, EEUU tiene una ley sobre la materia, llamada Dodd-Frank. El punto clave de todo esto, según Valero, es que buena parte del valor del metal precioso viene dado por la “trazabilidad”, es decir la posibilidad de que un ente reconocido internacionalmente, como es London Metal, certifique el origen del oro. Las grandes transnacionales de informática, como Apple o Intel, han asumido esta norma. “No se va a poder trazar ningún mineral venezolano que esté incluido en la lista de los minerales de conflicto transables en el mundo”, advirtió. En consecuencia, el régimen venezolano entraría en una pequeña porción del mercado mundial (20%), que opera sobre la base del contrabando.

VUELOS DE LA DROGA

El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo. El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.

ALEX SAAB

Son innumerables las presiones ejercidas desde diversos gobiernos en torno al pedido de extradición del magnate colombiano Alex Naín Saab, detenido en el archipiélago Cabo Verde a instancias de Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero en negociados con el régimen venezolano. Además de los pronunciamientos públicos del canciller Jorge Arreaza y del embajador con jurisdicción en ese país africano, Alejandro Correa, exigiendo la liberación de este hombre, con el argumento de que cumplía una “misión” de Estado, también se cuentan las gestiones que, de acuerdo con el investigador Joseph Humire, habría llevado a cabo el gobierno ruso en favor del empresario de 48 años de edad. El 5 de julio, además, el canciller estadounidense Mike Pompeo envió este mensaje al archipiélago, con motivo del 45 aniversario de su independencia: “EEUU está orgulloso de su cercana alianza con Cabo Verde; nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años de historia, y propósitos compartidos hacia la democracia, la seguridad regional y la prosperidad económica”.  El año pasado, Pompeo no se tomó esa molestia. De allí que el presidente de ese pequeño país, en las costas frente a Senegal, José Carlos Fonseca, calificara de “caso delicado” este proceso de extradición, e indicara además que nunca había recibido “tantas llamadas de jefes de estado extranjeros”. Luego de la última entrega de Crímenes sin Castigo (Los profesionales), dedicada a este tema, se produjo la remisión de los documentos que soportan la solicitud de extradición a territorio estadounidense. En este espacio reiteramos que el proceso podría extenderse hasta el último trimestre de 2020, a menos que Saab desista del juicio, lo que implicaría una negociación previa con EEUU. En todo caso, al colombiano le conviene llevar este litigio hasta el final, puesto que así se garantizaría ciertos beneficios, como por ejemplo que los norteamericanos se comprometan evitar las dobles imputaciones, penas de prisión por encima del límite establecido en la legislación caboverdiana y la reextradición a terceros países. Debe recordarse que los tribunales colombianos también han abierto expedientes penales en contra del famoso detenido.

Libros

Primero fue Bob Woodward, con Miedo. Ahora, el ex asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con The Room Where It Happened (New York, 2020), todavía sin traducción oficial. Difícilmente, una gestión presidencial en Estados Unidos ha tenido tantas filtraciones, tan documentadas y en tan poco tiempo. Luego de sobreponerse a los intentos judiciales de su antiguo boss, para impedir que saliera a las librerías, la obra del ex consejero amenaza con transformarse en un auténtico éxito de ventas. No es para menos. Durante veinte meses, Bolton tuvo acceso irrestricto a todos los secretos de la administración liderada por Donald Trump. Aunque no es posible saber desde afuera si todos fueron plasmados en estas 588 páginas, lo cierto es que cada capítulo contiene información reveladora, especialmente en lo referido a los temas de la agenda internacional estadounidense, que abarcaron la mayor parte de su gestión. Desde la relación amor-odio hacia el gobernante ruso Vladimir Putin hasta la admiración velada por líderes autoritarios como el de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaso por el poder que poseen para ejecutar sus decisiones sin las cortapisas derivadas de los contrapesos democráticos. Bolton -al igual que Woodward- pinta a un presidente errático, efervescente y en ocasiones chabacano, poco dado al estudio en profundidad sobre los temas clave de la agenda mundial. Trump, además, ha sido presa de la improvisación a la hora de conformar su equipo de gobierno, con lo que a menudo sus propias decisiones no han sido ejecutadas convenientemente. Todos los venezolanos que quieran entender por qué las cosas están como están, deberían pasearse por las páginas de Bolton, y en especial por el capítulo dedicado completamente al caso nacional (Venezuela libre). Algunas perlas: según el autor, Trump también abriga cierta admiración a la capacidad de Maduro para sostenerse. Por otro lado, las burocracias de los departamentos de Estado y Tesoro habrían retardado en forma clave la aceleración de las sanciones a los operadores del oficialismo, en momentos en que de acuerdo con Bolton esto era necesario para agudizar la crisis en el gobierno venezolano. En el caso de la cancillería, temían ataques contra el personal diplomático emplazado en Caracas. En lo referido al despacho de Steven Mnuchin (Tesoro), Bolton refirió una actitud de excesiva protección a los intereses de las petroleras estadounidenses que todavía operaban en el país. En esto, como en otros asuntos, el autor no se descargó completamente de responsabilidad por los magros resultados, pero tampoco asumió su cuota, más allá de algunos episodios en los que actuó con el deliberado interés de hacer un "control de daños". El libro es definitivamente un “baño de realidad”, dirigido a quienes albergan optimismos ilusorios en cuanto a la incidencia de factores externos en la realidad política del país. La obra puede ser adquirida en formato electrónico.

Cualquier información sobre los contenidos de esta columna, o en general sus preguntas o inquietudes sobre temas de seguridad, las puede enviar al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y tendrán oportuna respuesta.

domingo, 28 de junio de 2020

Los profesionales

-Por sus conocimientos y habilidades, Alex Naín Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal

@javiermayorca

El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Naín Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.
La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un “agente” del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados. Esto explicaría el otorgamiento de un pasaporte venezolano que le confería a este hombre un estatus diplomático.
¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana Maria Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.
“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.
Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.
En primer lugar, no se puede ver a Saab como un perseguido más. Si se analiza al régimen venezolano como una “empresa criminal” (Farah, 2019), el rol de personas como Saab cobra extremada importancia, porque aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse con recursos humanos propios, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EEUU y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento de la organización y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”. Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, el también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que también se convirtió en un informante de la policía estadounidense.
Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional, organizada y moderna, como la que ahora persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, o outsourcing, como se diría en jerga empresarial.
Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del magnate colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.
Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab José Manuel Pinto declaró que la detención del colombiano había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza. En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.
Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.
La importancia real de Saab para el régimen, más allá de lo declarado por sus representantes diplomáticos, se podrá apreciar en las próximas semanas o meses. ¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.

Breves

-Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios. Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. González advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.

-El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta para una transición política formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EEUU, que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría los destinos del país en ese lapso. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor. 

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Se quedaron sin gasolina
Con el paso de los días, se conocen más detalles de la Operación Gedeón, el fallido intento por insertar un contingente de militares y policías venezolanos, junto a mercenarios estadounidenses, con el aparente propósito de subvertir al régimen de Maduro. Según fuentes que permanecen en Cúcuta, todos los participantes en esta iniciativa habían embarcado desde un punto cercano a Castillete, en la península Guajira, el viernes 1 de mayo en la noche. El bote pionero, donde navegaba el capitán de la Guardia Nacional Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera, llevaba unas tres horas de adelanto con respecto al que le seguía. El plan inicial era que todos desembarcarían en la playa de Macuto, adyacente al Instituto de la Vivienda del estado Vargas (Invivar). A las 6 am del domingo 3, el capitán (GN) Antonio José Sequea, que lideraba el segundo grupo, pudo recibir las noticias que lo que había sucedido hora y media antes, gracias a que había señal telefónica en la costa frente a Arrecife: seis muertos a manos de agentes de las FAES, y el resto capturado. Allí decidió retroceder a Puerto Cruz, donde dejaría a una parte del contingente que navegaba con él, e inmediatamente poner proa hacia Bonaire, acompañado por Josnars Adolfo Baduel (hijo del exministro de la Defensa Raúl Baduel), los enviados de la contratista de seguridad Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, Fernando Noya Contramaestre (cuñado de Sequea), el capitán Víctor Pimienta Salazar y el lanchero Cosme Rafael Alcalá. El problema es que no tenían gasolina suficiente para llevar a cabo la travesía hasta la antilla holandesa, y no hubo más remedio que intentar alejarse lo más posible de Vargas para un nuevo desembarco. Lo ocurrido en la playa de Chuao el 4 de marzo, con la captura de este grupo, no fue ninguna proeza digna del retumbe de tambores, como intentó hacerlo ver la propaganda oficialista. Todos iban desarmados, sedientos y, para ese momento, con tres días sin probar alimentos.

Libros

La inseguridad constituye una de las preocupaciones más importantes de los venezolanos, a juzgar por las encuestas de opinión de todas las marcas y colores. No se trata de algo reciente. Por el contrario, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, los porcentajes de personas angustiadas por los embates de la delincuencia fueron creciendo, casi al mismo ritmo que las tasas de homicidios del país. Paradójicamente, la bibliografía con tratamiento de este tema en profundidad ha sido escasa. En este contexto sale a las librerías la obra de los abogados Fermín Mármol García y Luis Izquiel, Revolución de la muerte: veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela (Caracas, 2020). Tal y como lo indica el título, se trata de una visión documentada sobre los orígenes de la criminalidad en un país que, aún hoy en día, figura entre los más violentos del mundo. En estas páginas, ambos autores repasan los principales tópicos del problema, sin hacer concesiones al actual régimen. Se debe señalar, en aras de la imparcialidad, que tanto Mármol como Izquiel estuvieron involucrados de lleno en la elaboración del capítulo del Plan País sobre seguridad ciudadana. Y sin embargo este libro no es un panegírico del liderazgo opositor, sino más bien un ejercicio de crítica que surge de la preocupación compartida ante el avance de la violencia y la impunidad en Venezuela. Revolución de la muerte no pretende erigirse en tratado criminológico. Es más bien una explicación sencilla para comprender, por ejemplo, por qué los venezolanos sienten tanto miedo de salir a las calles de noche como lo tienen los habitantes de cualquier país en guerra, y también cuáles son los principales actores del delito organizado en el país, que tienen una incidencia permanente sobre las otras manifestaciones de ilegalidad, comunes y visibles. Este libro es un abrebocas para un debate informado que, tarde o temprano, será necesario en Venezuela. En función de esto, queda pendiente -quizá para una segunda edición- la valoración sobre el rol del sector militar, tanto en lo referido a su involucramiento como actor de la criminalidad, y también como posible factor para superarla.

domingo, 14 de junio de 2020

Irán en Cicpc

-El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad

@javiermayorca

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada de la vieja sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha de la entrada principal del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.
No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el estado de derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la diestra, en señal de su mayor importancia. Sobre el tema, además, fue publicado un manual del Consejo General de Policía.
Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.
Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.


Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.
No había otra justificación. Irán no tiene relaciones de ningún tipo con la policía judicial. Otros países como España, Francia e incluso EEUU han aportado mucho más para el desarrollo institucional de este cuerpo. Pero su directiva nunca ordenó elevar la bandera de alguna de estas naciones, por varios días y en lugar preferente. 
En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.
“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el ex director de ese organismo, Miguel Dao.
Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.
“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.
Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.
Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aún incluso en contra de los dictados de su director.
El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.
Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope. 
Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar la aguas, Rico se radicalizó aún más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.
El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y en Tal Cual, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reportó en su cuenta Twitter la quema de la bandera iraní que había sido izada en la sede de Cicpc en San Agustín. Hasta el momento, no se ha aclarado si esto fue producto de un accidente o de la acción de funcionarios molestos. En todo caso, Simonovis lo saludó.

Breves

-Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

-Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33% de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

-Desde el mes de marzo, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Nils Melzer, y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leigh Toomey, ambas entidades pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, procesan las denuncias sobre torturas contra el capitán de navío Luis de la Sotta Quiroga, los tenientes coroneles (AV) Ruperto Molina Ramírez e (Ej) Igbert Marín Chaparro, y el coronel (Ej) Johnny Mejías Laya, presuntamente llevadas a cabo por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Según el informe suscrito por Melzer y Toomey, estas serían prácticas “sistemáticas en varios centros custodiados por al Dgcim, incluso en las instalaciones de la Dgcim en Boleíta”. A De la Sotta, por ejemplo, lo torturaron con polvillo lacrimógeno y asfixia con bolsa plástica. Al comandante Molina, indica el documento, intentaron coaccionarlo “a través de varias palizas para conseguir que firmara documentos autoinculpándose, pero se negó”. Mejías Laya “de forma sistemática habría sido golpeado con barrotes de madera, obligado a beber agua del inodoro y asfixiado con bolsas de plástico”. El informe, además, indica que todos los oficiales fueron desaparecidos en las fases previas a su presentación en los tribunales, y que los juzgados, así como los representantes del Ministerio Público, no atendieron a las recurrentes denuncias sobre torturas.

-Para el momento en que esta nota es redactada, aun no se define la situación con respecto al empresario colombiano Alex Nain Saab, detenido en el archipiélago de Cabo Verde desde el viernes. Hay varios detalles confiados por fuentes con acceso al caso de este comerciante de 48 años de edad, vital para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Cabo Verde es un conjunto de diez islas ubicado en el Atlántico a 500 kilómetros al oeste de Senegal, que se independizó de Portugal en 1975. Entre los siglos XVI y XIX fue un importante punto para el trasiego de esclavos que navegaban desde África a América. Desde finales del siglo XX, la ruta se invirtió, y se convirtió en lugar de escala de los aviones y embarcaciones que llevan drogas ilegales hacia el continente africano, y de allí a Europa. Este pequeño país carece de tratado de extradición con Estados Unidos, lo que incrementa su atractivo para los delincuentes del mundo. Allí hizo escala el viernes el jet Bombardier con siglas de San Marino T7-JIS, donde iba Saab. El relato, conocido extraoficialmente, indica que en primera instancia el hombre mostró ante las autoridades migratorias su pasaporte original colombiano. Al revisar en el sistema de búsquedas internacionales, las autoridades caboverdianas se percataron de que sobre él pesaba una notificación roja, emitida a través de Interpol en julio de 2019, con cargos por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero, según expediente ventilado en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde también aparece coacusado su socio Álvaro Pulido. Una vez que le notificaron de la situación, Saab mostró un pasaporte diplomático emitido por el gobierno venezolano. Para el domingo 14 de junio, el dilema que se presentaba en el archipiélago africano era si le daban mayor peso a la nacionalidad originaria de Saab, o si conferían algún valor al estatus diplomático que le concedió el régimen de Maduro. Una situación parecida a la que se planteó en julio de 2014 con el mayor general Hugo Carvajal, cuando fue detenido en Aruba. Se debe recordar que en aquella oportunidad el lobby venezolano logró la liberación del oficial, con base en su presunto estatus diplomático. Al ser consultado sobre este caso, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reveló que el régimen de Maduro ha intentado presionar a las autoridades de Cabo Verde a través de sus aliados rusos. Este caso es de la mayor importancia para Maduro y su entorno, y por eso según Simonovis han comisionado directamente al canciller Jorge Arreaza. De otra parte, EEUU también envió un equipo para lograr el traslado de Saab a su territorio. Según el comisario, el conflicto tardará varios días en ser dirimido.

Libros

Los países sudamericanos no están exentos del terrorismo.  Sus ciudadanos lo padecen de diversas formas. Quizá las más frecuentes son llevadas a cabo a través de grupos paraestatales, o por el Estado mismo, con la finalidad de oprimir o “neutralizar” a quienes sean considerados incómodos. Estas son manifestaciones del ejercicio del terror poco reportadas en foros internacionales, puesto que la calificación de un acto como terrorismo es básicamente una decisión del poder de turno. En cambio, pareciera haber un consenso mundial en cuanto a que las acciones de grupos como Estado Islámico para Irak y Siria (Isis, por sus siglas en inglés), o Boko Haram en el centro de África sí forman parte del menú del terrorismo. La tendencia en Latinoamérica es ver a estas estructuras como el producto de estados fallidos o de prolongadas disputas de raíz religiosa, que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, y que difícilmente llegarían a estas latitudes. En este contexto surge la última obra de José Levy, Terror alerta Isis, una amenaza para toda América (Bogotá, 2019). Se trata del mismo periodista y docente, conocido por sus reportes como el jefe de la corresponsalía de la cadena CNN en Español para los países del Medio Oriente. El mensaje del autor está claro desde las primeras páginas: lo de Isis amerita atención en los países latinoamericanos, en términos similares a la que debería prestarse hacia Hezbollah y, más recientemente, Al Qaeda. Aunque se trata del resultado de conflictos distintos, con objetivos diversos, los militantes de todas estas organizaciones podrían incorporar a los territorios latinoamericanos en sus teatros de operaciones, tal y como lo hizo en su oportunidad Hezbollah, con las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia en Buenos Aires, en la última década del siglo pasado. Desde entonces hasta el presente, podría decirse que el mundo se “achicó” gracias a la tecnología o, visto a la inversa, los intereses locales se han globalizado (efecto glocal), más aún si se toma en cuenta, como argumenta Levy, que el proyecto de Isis es de naturaleza transnacional: comienza con la constitución de un califato que puede llegar, incluso, a las tierras españolas (Levante). El libro de Levy no tiene la exhaustividad académica de otros autores, pero sí ofrece un relato comprometido y sencillo de entender para el público de habla hispana. Puede ser adquirido en formato electrónico.

domingo, 31 de mayo de 2020

Desapariciones

-En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.
Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.
Luego dedujeron que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante pertenece a su círculo familiar.
Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.
El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial, para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.
El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas a las que les perdieron el rastro, que está siendo procesada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este organismo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156%
Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.
Según el comisario Sergio González, ex jefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.
El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.
Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.
González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.
“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.


Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.
Según Marino Alvarado (Provea) las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en octubre de 2016, que comenzó con el traslado de 15 personas a un lugar desconocido en el curso de una razzia por efectivos del Ejército. Los cadáveres fueron hallados un mes después.
“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben el paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.
Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49% de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.
Por otra parte, el 35% de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.
En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.
De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.
“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.


PS.: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, se pudo corroborar una nueva desaparición. Esta vez se trata del teniente de fragata José Antonio Zamora. El oficial de 31 años de edad está adscrito al Servicio de Mantenimiento y Plataforma Occidental de la base naval de Punto Fijo.
Según su hermano, el abogado Sucre Zamora, el 7 de mayo una comisión de policías militares se lo llevó detenido de la referida unidad, y desde entonces no han tenido información sobre su paradero. Los familiares del oficial enviaron una carta al fiscal general militar, general de división Jesús Vásquez Quintero, solicitando alguna pista sobre el estatus del teniente de fragata.
Hasta el momento no han obtenido respuesta. En la Dgcim Boleíta negaron tener a un detenido con ese nombre. En el Sebin dijeron lo mismo.
“Si lo señalan por algo, lo más lógico es que lo presenten ante un tribunal”, razonó el hermano del oficial.

Breves

-Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80% antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los ex marines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el ex directivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

-Todavía quedan muchos cabos sueltos en torno a la llamada operación Gedeón. Informaciones que deben ser recabadas y ponderadas para lograr un cuadro completo sobre un hecho histórico. Una de las cuestiones más ilógicas se refiere al empecinamiento en embarcar a este grupo de militares y policías, desde algún punto en la Guajira colombiana, cuando todo indicaba ya en ese momento que el proyecto fracasaría. No solo se había producido la entrega del líder de la operación, el mayor general Clíver Alcalá, luego del decomiso de 26 fusiles AR15 en la carretera Barranquilla-Santa Marta. También se había producido la defección del coronel (GN) Félix Mata, experto en operaciones de comando, quien lideró uno de los campamentos de entrenamiento. Y, por si fuera poco, el 25 de marzo el vicepresidente para Comunicación Jorge Rodríguez revelaba que habían capturado a un primer teniente de la Guardia Nacional, directamente involucrado en este movimiento. Era Rubén Darío Fernández Figuera, alias Búho, calificado por el Gobierno como un desertor, quien con seis días de antelación reveló a los órganos de inteligencia parte de los objetivos del grupo que aún estaba en Colombia. Fuentes de la disidencia militar en Cúcuta indicaron que Fernández pidió un permiso a los líderes de Gedeón para ver a su familia, en una etapa crítica del proceso. Todas estas señales de alerta fueron desatendidas.

Saliendo del 23

-¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto a Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EEUU lo acusó a él, junto a otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EEUU, utilizarían aviones con matrícula norteamericana.  Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

-El 28 de mayo, fue puesto en libertad Luis Pérez Luna, un hombre de 26 años de edad detenido en el estado Lara por manifestar a propósito de los reiterados apagones. La policía regional no mostró consideración por el hecho de que Pérez está afectado por lo que Alfredo Romero, director del Foro Penal, denominó “discapacidad cognitiva”. La liberación era lo apropiado. El artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal establece que un “trastorno mental grave (…) provocará la suspensión del proceso”. No es la primera vez que se pretende juzgar en el país a alguien en estas condiciones. En Punto Fijo, se desarrolla un juicio por homicidio contra un hombre de 24 años de edad al que le han practicado cuatro pruebas en el curso de la investigación, que dictaminan su incapacidad para afrontar un proceso penal. El caso de Anthony Michell Molina Ron ha sido planteado ante al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Está detenido en la sede de la policía judicial de la referida ciudad falconiana desde febrero de 2017. Un fiscal lo acusó por homicidio calificado por motivos fútiles, en conexión con la muerte de Jhonny Rafael Esteile, de 23 años de edad. Una nota publicada por la prensa local indica que la víctima murió como consecuencia de haber recibido un tiro en el pecho, luego de haberle bajado el volumen a la música con la que amenizaban una reunión, en el sector Bella Vista de esa ciudad. Además de la condición especial de Molina, la pesquisa policial se vio perturbada desde el inicio, por una alteración del sitio del suceso, que consta en las actas del expediente. Además, el arma homicida no fue recuperada y nunca se pudo determinar desde el punto de vista pericial si Molina efectuó el disparo, pues la policía judicial carecía de los implementos para llevar a cabo la prueba de ATD. La situación de Molina fue descrita como “discapacidad mental psicosocial con un grado leve y discapacidad mental intelectual grave”, y ha sido certificada por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). Básicamente, se comporta como un niño. Esto trae como consecuencia que el hombre reaccione de forma inesperada ante circunstancias apremiantes, como sucedió antes de una de las audiencias, en la que Molina convulsionó y defecó mientras permanecía en el calabozo del juzgado. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha solicitado las medidas de seguridad correspondientes.

Libros

Por un momento, imagine que Ud es una joven periodista tratando de desarrollar una carrera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país totalitario que, junto a Estados Unidos, era el polo de poder geopolítico más importante en los años de la guerra fría. Imagine, además, que está dedicada por años a la espinosa fuente de los servicios de inteligencia, representada entonces por la todopoderosa KGB. De repente, como por arte de magia, ese Estado colapsa, y en medio de la confusión se produce una súbita apertura de los archivos de ese organismo. Y que Ud, la esforzada periodista, es llamada para formar parte de una comisión parlamentaria que investigará los excesos de esos espías y torturadores. Los más recónditos secretos de repente quedan al alcance de su mano. Pues bien, la realidad supera a la imaginación. Esa periodista se llama Yevgenia Albats. Su libro, The State within a State. The KGB and it’s Hold on Russia, Past, Present and Future (New York, 1994) no es precisamente una novedad, pero si es un texto extraordinario, que arroja importantes luces sobre el rol jugado por esa policía política en la turbulenta transformación de la Unión Soviética, hasta llegar a la actual Federación Rusa. Albats describe con detalle cuáles eran las prácticas de la KGB, desde los tiempos de Stalin hasta el momento en que cayó el muro de Berlín, las torturas de sus funcionarios y agentes, y cómo fue creada una estructura que penetró todas las instancias de la vida en todo el bloque comunista, de una forma tan sólida y profunda que la autora, en unas líneas premonitorias, llegó a afirmar que de sus filas saldría el futuro liderazgo político del país. Aunque Albats no menciona a Vladimir Putin, sí relata cómo la policía secreta para la que él trabajó desde que se graduó de abogado intentó por todos los medios cooptar la llamada perestroika, el proceso de apertura que conducía Mijail Gorbachov (otro hombre de la inteligencia), y cómo luego de la fragmentación del estado soviético se mantuvo indispensable para Boris Yeltsin. Albats sostenía que un cuerpo como la KGB, cuyos agentes y directivos se consideraban a sí mismos “por encima de la Ley”, no podía formar parte de un estado democrático, y por ende debía ser eliminada. El acceso a los archivos y agentes de esta policía secreta por parte de la periodista apenas duró unos meses. Ya para 1992 las puertas de la KGB se habían cerrado de nuevo. El cuerpo cambiaría de nombre (hoy se llama FSB, aunque con algunas diferencias con respecto al cuerpo que le dio origen), pero las viejas prácticas se mantendrían, para beneficio del poder en Moscú. Este libro puede ser adquirido por Amazon. Para obtener una perspectiva actualizada sobre la influencia de la policía política en Rusia, pueden ver la entrevista que concedió la autora a la cadena norteamericana PBS en 2017.