domingo, 18 de octubre de 2020

Ley de sastre

-La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”

@javiermayorca

El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.
Es el paraíso del político en posiciones de poder: gobernar sin poner atención a eso que llaman “el imperio de la ley”.
No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.
De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para
casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya
aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia
de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva
unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.
Para el ex juez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.
“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.
Según este docente y especialista en derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.

Cortesía runrun.es
Atraer a la economía gris

Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aún si se trata de vender alimentos o medicinas.
A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.
Aún así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.
Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.
Esta ley, entonces, tiene otro “público”.
La idea, según este analista, es atraer a Venezuela recursos, en apariencia extranjeros, pero que realmente pertenecen a inversionistas nacionales.
“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.
Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.
En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.
“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.
Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.

Negocios crípticos

El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.
Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.
Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EEUU, el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el Petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.
A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.
“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo. 

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Breves

ESTAFA EN BOGA

La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas. La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet. La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.

LA MUERTE DEL GENERAL

La camioneta chocó  un árbol al intentar eludir el bloqueo
Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino Final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales. La resolución sobre el nombramiento de su reemplazo (Negrín Alvarado) fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el domingo 11 de octubre, algo totalmente inusual que evidencia una situación de premura.  Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.

SIN RASTROS

400 personas han desaparecido en el país durante los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con cifras policiales conocidas extraoficialmente. El eje Distrito Capital-Miranda acumula la mayor cantidad de denuncias, con 166. Le siguen Bolívar (35), Aragua (23), Zulia (18) y Sucre (15). Todos estos estados están afectados por distintas manifestaciones de delito organizado, como la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de drogas y de personas. Tal y como lo muestra el gráfico que acompaña esta información, los totales mensuales de denuncias fueron en ascenso durante la primera mitad del año. En julio hubo un descenso, y luego continuó la tendencia al alza. Las desapariciones han suscitado preocupación en las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, puesto que podrían ser una consecuencia de la acción de organizaciones del Estado, así como de grupos en conflicto por el control político. Las estadísticas, en todo caso, son preliminares, puesto que muchas denuncias sobre desapariciones son en realidad homicidios en los que no han encontrado los cadáveres. Así ocurrió con Neidis Josefina Chirinos, una mujer que se crió en orfanatos, y que aún adolescente se fue a vivir con Leo Duque. La joven desapareció en septiembre. Sin embargo, fue en octubre cuando se formalizaron las averiguaciones. El cadáver de Chirinos fue encontrado, desmembrado y empotrado, en el interior de una pared de la vivienda que ella y Duque compartían en Coche. Este fue el mismo hombre que intentó lanzarse al vacío mientras permanecía detenido en una oficina de Cicpc. El video de su rescate por los bomberos se hizo viral.

CAMBIO INFORMAL

Una nueva fórmula para el cambio de divisas están aplicando en algunas estaciones de servicio del Distrito Capital. Luego de que Nicolás Maduro anunciara el nuevo esquema de precios para la gasolina, se abrió una ventana de oportunidad para aquellas personas que buscan convertir dólares en bolívares y viceversa. Las operaciones son centralizadas en las cajas de estos locales. El interesado puede entregar las divisas y le simularán un pago en bolívares, a una tasa en la que ya se descuenta la comisión por el “servicio”. Según testimonios, la premura en la instauración del nuevo esquema de precios, con una gasolina llamada “subsidiada” a Bs 5000 el litro, en pocas estaciones, y en el resto el mismo hidrocarburo a $ 0,50 el litro, estimuló esta práctica. Muchos expendios de hidrocarburo han tenido que llevar una contabilidad manual, en cuadernos, y en general tratan de deshacerse cuanto antes de los bolívares. De allí que comenzaran a funcionar como casas de cambio informales. 

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Libros

Panamá es un país de enorme importancia para armar el rompecabezas del delito organizado en el hemisferio occidental. Su historia, su posición geográfica privilegiada y su sistema financiero son algunos de los factores que por años han constituido grandes atractivos para el delito de cuello blanco. El caso conocido como los Papeles de Panamá no surge por mera casualidad, sino que es el producto de una evolución institucional. A pesar de ello, la literatura de investigación sobre estos temas sigue siendo muy escasa. Uno de los últimos aportes surgió del trabajo mancomunado de los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein. Tráfico, la frontera entre Panamá y Colombia: drogas, armas y migrantes (Ciudad de México, 2019) explora las actividades de los distintos grupos al margen de la ley, con énfasis en el área limítrofe del sur, donde el frente 53 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los remanentes de las organizaciones paramilitares, el clan Úsuga o clan del Golfo, intentan trasponer esa muralla verde conocida como el Tapón del Darién, lo que ha llevado la violencia a estos lugares, tradicionalmente habitados por poblaciones indígenas. Desde el norte, las amenazas no son menores. Según los autores, bien conocidos por su trabajo en el diario La Prensa, tanto las temibles maras como los nuevos y viejos carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) intentan sentar sus bases en el país. De igual forma, llegan a las grandes ciudades panameñas los capitales que han huido de Venezuela, y que han contribuido a cambiar el panorama urbano. Todos estos factores amenazan con romper un viejo equilibrio que, hasta el presente, ha preservado la gobernabilidad en Panamá. Una especie de acuerdo entre mafias que posibilitaba una vida pacífica en esos territorios. Pero eso puede cambiar. El libro de Bronstein y Vásquez debe ser visto como una radiografía y un llamado de alerta. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

domingo, 4 de octubre de 2020

Recompensas

-El gobierno estadounidense pone cada vez más dinero sobre la mesa, para propiciar delaciones y capturas de jerarcas venezolanos. El sistema, según conocedores, se basa en ofertas públicas que incluso pueden ser litigadas

@javiermayorca

El miércoles 30 de septiembre, el Departamento de Estado de EEUU colocó en el muro de los solicitados del mundo otras dos ofertas de recompensa. Se trata de dos generales retirados de la Guardia Nacional, señalados como importantes actores de la corrupción y la negligencia que han propiciado el desastre en el sistema eléctrico del país: el mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez y el general de brigada Eustiquio José Lugo Gómez.
Antes de presidir Corpoelec y ser investido con el título de ministro de Energía Eléctrica, Motta llegó a la posición de Comandante General de la GN. Pero la decisión de la cancillería estadounidense no se refiere a lo que pudo hacer en su vida como militar, sino a la supuesta recepción de sobornos por la asignación de contratos de la estatal eléctrica, para lo cual supuestamente contó con el concurso del general Lugo Gómez.
La oferta de recompensa indica que EEUU pagaría “hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena” de alguno de estos oficiales.
Con estos dos, llegan a cinco los ex funcionarios por los que Washington ha colocado dinero sobre la mesa, solo esta semana, con la finalidad de llevarlos a los tribunales. Los otros fueron los comisarios Pedro Luis Martín (ex jefe de Inteligencia Económica del Sebin), Rodolfo Mc Turk y Jesús Itriago, respectivamente ex directores de Interpol Caracas y de Investigación de Drogas de Cicpc.
En concreto, estos exfuncionarios fueron señalados como “objetivos” dentro del Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional. Es la misma lista en la que colocaron al actual gobernante Nicolás Maduro; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; a Diosdado Cabello, Tarek el Aissami, Joselit Ramírez, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quien hasta el momento es el único detenido, y por voluntad propia.
Según el comisario general de policía judicial Iván Simonovis (designado por Juan Guaidó comisionado para temas de seguridad) las ofertas de recompensas por solicitados datan del siglo XIX, y con el paso del tiempo han sido reguladas por leyes en EEUU.
“El principal objetivo es sencillamente motivar a las personas para que den información sobre la ubicación de alguien, o lo entreguen (…) Hoy por hoy, lo aplican con resultados en muchas partes”, explicó.
Según la Cancillería estadounidense, a través de este programa ha sido posible capturar y llevar a los tribunales a 75 personas, solicitadas por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, lo que ha implicado pagos que suman hasta el momento 130 millones de dólares.
Simonovis calificó de “delicados” los casos de quienes fueran sus compañeros de Cicpc (Mc Turk e Itriago) así como el de Martín.
“Tienen que ver con actividades propias de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Ellos son los que hacen mayor uso de esa herramienta. De todas las agencias, creo que el 70% de las solicitudes vienen de la DEA”, afirmó.
Con el pasar del tiempo, EEUU ha incrementado las sumas ofrecidas por las personas que solicita, y que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, al comenzar este siglo anunciaron que pagarían cinco millones de dólares por Fabio Ochoa, quien llegó a traficar drogas con el clan de los Galeano y los Moncada, del cartel de Medellín. La misma cantidad colocaron sobre la mesa por las cabezas de numerosos integrantes del cartel del Norte del Valle.
Las cantidades ofrecidas ahora por las capturas de venezolanos como el mayor general (Ejército) Hugo Carvajal y el comisario Pedro Martín son las mismas a entregar por la detención de Nemesio Mencho Oseguera Cervantes, señalado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las dos estructuras que lidera actualmente el tráfico de drogas en México.

Leer la letra chiquita

El pago de recompensas por capturas en casos de drogas que involucraban a personas en Venezuela data de los años ochentas del siglo XX. El primero del que se tuvo conocimiento involucró a una hermosa mujer, conocida como la mariposa o colibrí, la colombiana Marlene Navarro, señalada como cabecilla de un grupo de traficantes en el que también participaba Carlos Jader.
En 1986, luego de una investigación encubierta, Navarro fue detenida en Caracas y enviada a EEUU en un jet que partió de La Carlota, según el relato de David McClintick, Operación Pez Espada. Para eludir cualquier control de última hora en ese aeropuerto, la mujer fue trasladada en la bodega de la aeronave, en una jaula para perros.
Treinta y cuatro años después, las ofertas de recompensa se anuncian públicamente en la web. Pero no está claro cuál es el mecanismo aplicado para decidir qué dato amerita una recompensa y cuál no. Para este trabajo, se hizo una solicitud de información a la representación diplomática de EEUU. Pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado especialista en casos penales de lavado de dinero, Michael Díaz, recomendó leer con detenimiento las notas oficiales, de ser posible en su idioma original.
“Estas son ofertas públicas, y por lo tanto se debe estudiar las palabras que han usado. Es como un contrato o una oferta comercial. En este caso, el país hizo esa oferta por información que conduzca a la captura. Que sea clara y útil. Pero no que la misma persona haga la captura”, detalló.
Díaz participó como mediador en el reclamo de la recompensa de cinco millones de dólares, ofrecida por el gobierno peruano por la detención del ex jefe de inteligencia de ese país, Vladimiro Montesinos. La captura se llevó a cabo en Venezuela. Una acción en la que, por cierto, participó el entonces general de brigada Luis Motta Domínguez.
Según este abogado, los procesos de entrega de recompensas generalmente se desarrollan en forma discreta. No hay fotopose cuando el cheque es otorgado al ganador. Sin embargo, es posible que surjan litigios cuando algún informante se siente menospreciado.
“Cuando un país soberano hace una oferta de estas magnitudes, y EEUU lo es, se condiciona a que no tiene inmunidad. Esta es una legislación vigente. Y por lo tanto, el Estado puede ser llevado a los tribunales”, señaló.

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Breves

ESTUDIANTES CON FAMILIAS

Una de las instituciones más impactadas por el progresivo aislamiento internacional del país ha sido la Fuerza Armada. Antaño era usual el envío de contingentes de cada fuerza a distintas partes del mundo, para continuar sus procesos de formación acordes con el desarrollo de las carreras de cada oficial, y las áreas de interés del cuerpo castrense. Quien esto escribe conoció oficiales de la GN y de la Armada que hablaban tres idiomas de forma fluida, gracias a esas estadías en el extranjero. Este año, la Unión Europea intentó retomar la formación de oficiales, específicamente de la Guardia Nacional, en asuntos estrictamente ligados a seguridad ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un documento recientemente conocido, China y Rusia son los países que han recibido a la mayor cantidad de militares activos. Al revisar el tema central de los cursos, destaca lo relacionado con asuntos informáticos (“ciencias de la computación”) y aeroespaciales. El único país de Europa occidental que da alguna formación a efectivos de la FAN es España, pero en asuntos nada relacionados con cuestiones militares. Entre todos, apenas llegan a 30 uniformados. Una élite. Y la mayoría de ellos ha viajado con sus respectivas esposas e hijos.

ELN ACAMPA Y AMENAZA

Durante la celebración de la última sesión de la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, el diputado por Apure Luis Lippa denunció que el Ejército de Liberación Nacional habría instalado seis campamentos entre El Amparo y La Victoria. En cada uno estarían alojados cincuenta guerrilleros. Esto ha ocasionado el progresivo desplazamiento de los productores agrícolas y pecuarios que se niegan a pagar las extorsiones. Según el parlamentario, esta información es manejada por el régimen. Simultáneamente, indicó Lippa, los irregulares están visitando a los presidentes de los centros de votación que funcionarán en las próximas elecciones parlamentarias “para que sepan hacia dónde van a votar”.

UN GUIÑO A BACHELET

Desde el exilio, la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, reveló que el régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la central de Contrainteligencia Militar fuesen entrevistados por enviados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Indicó que el oficial, ex comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), en los días previos a esa entrevista (12 de septiembre) fue sacado a un patio interno para que se asoleara, y también le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual. En los días posteriores a ese sábado, tanto él como el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa fueron confinados, y las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado. Según Molly de la Sotta, el Gobierno hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a Dgcim y Sebin para posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país, y de esa manera guardar ciertas formas ante la comunidad internacional. 

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Tres preguntas a… Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas


1.-¿Para la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, los colectivos son actores o grupos armados no estatales?
Este punto necesita más investigación. Son actores no estatales, pero en el análisis de casos, mencionamos la información sobre la cooperación entre fuerzas estatales y algunos colectivos. Pero es algo en lo que se debe profundizar. Las personas alegan que en las protestas las muertes fueron provocadas por colectivos, y que el Estado no intervino. La investigación sobre grupos paraestatales es difícil y requiere de más tiempo. Al final, tuvimos cinco o seis meses de investigación concreta.

2.-¿Ustedes llegaron a detectar la presencia tantas veces denunciada de agentes extranjeros, como cubanos o rusos, que participaban en las torturas a opositores, o que asesoraban a los torturadores?
Por la naturaleza de nuestro mandato, nos enfocamos en la investigación de las actuaciones de miembros de fuerzas del Estado. Eso determinó un enfoque, más que en la actuación de otros actores. No se documentó la actuación de extranjeros.

3.-¿Cómo evalúan la influencia del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, capitán Diosdado Cabello, en la represión a los opositores, tomando en cuenta que él no figura en ninguna cadena de mando?
A él se le menciona en varias declaraciones. Para determinar su posible contribución a crímenes de lesa humanidad se requiere más investigación, mientras que con otros llegamos más directo. El no está en ninguna cadena de mando. Pero tiene relevancia de distintas formas. Hay otras formas de responsabilidad penal que se ajustan a personas que hacen “contribuciones esenciales” a un plan común cuyo resultado es el de crímenes de lesa humanidad. En los casos de la ex Yugoeslavia y en Ruanda se penó a los que tuvieron “contribución esencial”. Sobre esto, no hemos llegado a conclusiones más fuertes pues no recopilamos información.

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Libros

Para los venezolanos, México y los mexicanos son referencia en muchos aspectos. Las similitudes entre el país azteca y el suramericano son muchas. Ambos, por ejemplo, son economías de base petrolera, que tuvieron o han tenido a Estados Unidos como socio principal en cuanto al intercambio de crudo por bienes y servicios. Ambos, además, atraviesan procesos de violencia estimulados por el flujo de dinero procedentes de la corrupción y las distintas actividades del delito organizado. En México, sin embargo, las estructuras al margen de la ley han logrado un desarrollo superior, luego de adueñarse de las rutas para la droga producida en los países andinos, así como la fabricada en su propio territorio. Por eso es importante llevar el pulso al devenir de esa particular relación entre los grupos delictivos y el estado mexicano. Mucho de lo que allá se hace tiene consecuencias en la seguridad ciudadana de los venezolanos. El libro de Jorge Hernández Meléndez, La nueva guerra, del Chapo al fentanilo (Ciudad de México, 2020) analiza la evolución de este proceso, con especial énfasis en lo sucedido desde la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el cambio percibido en los patrones de consumo de drogas en el mercado estadounidense, donde según el autor el fentanilo se ha convertido en la droga de moda, gracias a su poder narcótico cien veces mayor que el de la heroína, y la relativa facilidad para su fabricación y distribución.  Este libro entró en imprenta en junio, cuando ya se avizoraba además un reacomodo de los carteles y otros grupos de delincuencia organizada a propósito de la cuarentena por el Covid-19. Son procesos que, según el periodista mexicano, han consolidado la posición cimera de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, comandado por Ismael Zambada, el Mayo, luego del envío del Chapo a EEUU, y del Cartel Jalisco Nueva Generación, regido por Nemesio Oseguera, el Mencho, a pesar de ciertas disputas intestinas que probablemente darán de qué hablar en el futuro inmediato. En ambos casos, indica Hernández, una parte importante de la cocaína manejada proviene de Venezuela, tras recorrer la tradicional ruta centroamericana. Luego de estas dos grandes organizaciones, hay otras ochenta que han logrado mayor o menor crecimiento en el territorio mexicano, y que han extendido sus tentáculos más allá de las fronteras. Es el caso de la Unión Tepito, una banda que cobró fama gracias al asesinato de venezolanas que fueron reclutadas a través de una página web para que hicieran servicios de acompañantes o escorts. La situación de seguridad en México no pinta nada bien, a juzgar por los datos aportados por este autor. En su análisis, el gobierno de López Obrador pareciera haber pactado de manera informal una suerte de pax mafiosa con estas organizaciones, guiado por la creencia de que así mitigará la violencia homicida. No obstante, lo que asoma en el horizonte es un recrudecimiento de las disputas por el control de territorios y, en fin de cuentas, una “pérdida de control” y de gobernabilidad que muy probablemente impactará a otros países. La obra de Hernández es un buen análisis de coyuntura periodística, de esos que hacen falta por estas latitudes. Puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, puede escribir a través del formulario de esta página, o al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y recibirá oportuna respuesta a sus planteamientos.

domingo, 20 de septiembre de 2020

Mexicanización

 -En la medida en que se deteriora la institucionalidad del país, grupos armados de distinta índole parecieran asumir el control de parcelas del territorio, y cuestionan la capacidad del régimen para imponer su ley

@javiermayorca

¿Se está “mexicanizando” el país?
Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado, a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales. En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.
Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.
Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce -o pretende ejercer- sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EEUU a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.
En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país. En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).
Detalle del ataque a la patrulla del municipio Gual

En San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Los militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno. En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.
Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.
Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.
Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo. Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.
Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano. De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.
Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo. De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES. La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.

Breves

ZAMORA RELOADED

El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017. Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.

LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER

Dos veces fue entrevistado el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre. Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, están en la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU -aportado por otro oficial de la FAN- indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.

LISTA SIN CAMBIOS

No hubo cambios en la lista de naciones consideradas por la Casa Blanca como las mayores productoras o territorios de tránsito para las drogas ilícitas. Los 22 países mencionados en el memo remitido por Donald Trump al canciller estadounidense Mike Pompeo, el 16 de septiembre, fueron los mismos de 2019. Vale destacar que Venezuela está en ese grupo desde 2005, cuando Chávez cesó el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado con la oficina del Departamento de Estado para asuntos de drogas y cumplimiento de la ley (INL, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, la noticia no estaba en la lista de países sino en dos detalles incorporados en la misma declaración. En primer lugar, el señalamiento hacia Maduro como jefe criminal (kingpin) y la reiteración de que tendrá que “enfrentar a la justicia”. Y en lo estrictamente referido al tema de las drogas, un dato revelador: se ha registrado un incremento en la producción de coca tanto en Bolivia como en Perú, lo que se une a un proceso similar al reportado en Colombia. Esto quiere decir que la producción mundial de cocaína deberá subir en los próximos meses, con todo el impacto que eso tiene sobre la gobernabilidad de los países del área andina, incluida Venezuela. Ante la previsible disminución de los precios del alcaloide, con toda seguridad los grupos de traficantes intentarán potenciar la ruta hacia Europa, ya sea directamente por vía marítima o mediante envíos a los países de África Occidental, que según la investigadora Loretta Napoleoni terminan alimentando las finanzas de organizaciones terroristas. En toda esta dinámica, Venezuela juega un papel fundamental.

LARGO SILENCIO

Mucha confusión rodea el supuesto enfrentamiento entre los efectivos de una comisión combinada de la FAN e individuos que, según la primera minuta elaborada por el Grupo de Acciones de Comando de la GN, pertenecen al Frente 10 de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el grupo de los uniformados venezolanos participaban oficiales y tropas de la Aviación, el Ejército y la GN, adscritos a la 92 Brigada Caribe, con sede en el Fuerte Sorocaima de Guasdualito, estado Apure. El primer relato, filtrado de manera extraoficial, indica que el grupo de veinticuatro efectivos la FAN era encabezado por el general de división del Ejército Robinson Vera Cumare, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 31, y que la misión era capturar al jefe del Frente 10 del grupo subversivo, Ferley González, también llamado Fabián. Este individuo y sus seguidores son señalados por el secuestro de Francisco Alvarado, hermano del exgobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. La prensa araucana ha asegurado que el cautivo fue trasladado a Apure, en julio. En este contexto ocurrió el tiroteo del sábado a las 6 am. El primer parte indica que murieron quince irregulares. Pero este dato es cuando menos impreciso. El relato ya citado y los conocidos con posterioridad, emitidos por distintos despachos, no aportan detalles sobre la identidad de los subversivos muertos. La imprecisión llegó al punto en que las primeras informaciones equivocaban los componentes a los que pertenecían los dos oficiales subalternos fallecidos. Las cosas se aclararon al final del sábado, luego del traslado de los cadáveres en helicóptero al hospital militar de San Cristóbal. Murieron el primer teniente de la Aviación Augusto David Linares Delgado, el teniente de la misma fuerza Miguel Ángel Mora García, el sargento mayor de tercera del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirino Reyes. Fueron heridos el sargento mayor de tercera del Ejército Franklin Enrique Ruiz Ramírez, el cabo segundo Fernando de Jesús Belisario y el cabo primero Álvaro Gilberto Gregorio. Curiosamente, todos ellos fueron impactados en extremidades superiores. Hasta el momento de la divulgación de esta nota (18 horas después del tiroteo), los voceros de la Fuerza Armada no habían divulgado una versión oficial. Un retardo mucho más prolongado que el visto en noviembre de 2018, cuando una célula del Ejército de Liberación Nacional emboscó y mató a tres efectivos de la Guardia Nacional en las afueras de Puerto Ayacucho. Por ende, se confirma el patrón de silencio oficial cuando se trata de sucesos que, en las primeras de cambio, son atribuidos a grupos irregulares cuya afinidad con el régimen es evidente. No se olvide que los líderes de las nuevas FARC, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, han sido invitados públicamente a permanecer en suelo venezolano.

Libros

Este mes salió a los anaqueles -reales y virtuales- la última obra del periodista Tom Burgis: Kleptopia, How Dirty Money is Conquering the World (New York, 2020). Podríamos traducirlo como Kleptopia, cómo el dinero sucio está conquistando al mundo. El autor de origen inglés ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la investigación de la fuente de economía y finanzas, no solo en su tierra natal sino también en EEUU y países de Africa y Suramérica, con el Financial Times como su principal tribuna. En Kleptopia, Burgis relata cómo se produjo la convergencia entre elementos de la política y la delincuencia organizada de los países del antiguo bloque soviético durante las primeras dos décadas del siglo XXI, con Kazakstán como principal centro de operaciones, gracias a la figura de quien fuera su primer gobernante de la era post soviética hasta 2019, Nursultan Nazarbayev. Hoy en día, sigue siendo considerado el hombre fuerte, al detentar la presidencia vitalicia del Consejo de Seguridad. Nazarbayev, nos relata Burgis, se erigió prácticamente en el principal magnate kazako, gracias al expolio sistémico de las mayores empresas, empezando por las estatales del área energética y continuando con las privadas, a las que cooptaba mediante la combinación de presiones a través de los órganos represivos y de supervisión fiscal, persecución física de sus representantes y, en última instancia, las ventas forzadas de sus activos a compañías dominadas por él. En las páginas de Kleptopia, el lector se pasea por Moscú, Almaty, Nueva York y, desde luego, Londres, cuya City nuevamente es señalada como la receptora de los fondos sucios de Europa, Asia y parte de Africa, antes y después de la crisis financiera de 2008.  En el caso del régimen kazako, como en otros tantos aquí y allá, se aseguraron prolongada impunidad a sus reiteradas violaciones a los derechos civiles, fronteras adentro, gracias al pleno respaldo ofrecido a los líderes de la “guerra mundial contra el terrorismo”. Mientras tanto, robaban lo que podían, mataban o enviaban al exilio a quienes representasen algún riesgo para su permanencia en el poder. Una fórmula conocida, aunque desde luego guardando las distancias. Kleptopia no es un relato optimista. No hay finales felices ni propaganda. Es, en cambio, un cuadro de crudo realismo, que nos revela cómo algunos países "democráticos" se hacen de la vista gorda para buscar en el dinero mal habido un salvavidas a sus golpeadas finanzas, a un alto costo, que termina pagando el ciudadano común. El libro está disponible en formato electrónico.

domingo, 6 de septiembre de 2020

Indultos

Los perdones presidenciales y las medidas tribunalicias para presos de conciencia obedecen a una operación política que comenzó a cobrar forma en diciembre de 2019

@javiermayorca

Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes.
Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se celebra la fecha de la llamada Patrona de los Presos, los presidentes de turno otorgaran perdones a reos por delitos considerados poco graves, y que habían mostrado buena conducta.
Pero lo ocurrido el lunes 31 de agosto es un proceso de naturaleza y propósitos totalmente distintos y mucho más complejos que el que tradicionalmente desemboca en el día de Las Mercedes.
Lo que se ha puesto de relieve inicialmente es la cantidad de indultos decretada ese día (110), en su mayoría para personas que aún no habían recibido sentencia, o cuyos procesos están paralizados pues ni siquiera están en el país, lo cual ha sido punto de debate entre juristas. Algo similar -aunque guardando las distancias- a las medidas otorgadas en sus respectivos momentos a Larry Tovar Acuña y al general de brigada Ramón Guillén Dávila. Sin duda, eran otros tiempos y otras leyes.
Simultáneo a los perdones presidenciales, los tribunales han impartido medidas cautelares de casa por cárcel. La más relevante ha sido la que beneficia al diputado Juan Requesens, enjuiciado en el caso del “magnicidio frustrado”, quien desde el 28 de agosto se encuentra en su residencia. Luego, otros presos han abandonado las celdas del Sebin, la Dgcim  y Ramo Verde, como por ejemplo el líder sindical de la CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González.
Los indultos y estas medidas cautelares, aunque emitidos por autoridades distintas, forman parte del accionar de un mismo régimen. El objetivo de fondo entonces no es hacer justicia sino alcanzar ciertos propósitos políticos.
Las tácticas aplicadas ahora parecieran ser las mismas de otros momentos. No en balde, el director del Foro Penal Alfredo Romero ha acuñado la expresión “puerta giratoria” para describir el proceso en el que unos presos políticos salen de sus celdas, para que casi de inmediato esos espacios sean ocupados por otros opositores. Hay la sospecha de que todas estas libertades pronto serán revertidas.
Pero en realidad hay matices con respecto a lo visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la liberación del activista Yon Goicoechea, en noviembre de 2017, jugó un rol fundamental el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) general en jefe Gustavo González López, quien en nombre del régimen quería pactar la participación del dirigente en la elección municipal de diciembre de ese mismo año, con lo que se desvirtuaba parcialmente la decisión de los grandes partidos de retirarse de aquel proceso.
Ahora González López ha pasado a un segundo plano en la negociación, por más que él asegure que nada ocurre puertas adentro del Helicoide sin su consentimiento. Según fuentes con conocimiento directo de este proceso, la primera intervención del grupo liderado por Henrique Capriles fue en diciembre de 2019, cuando se produjo un acercamiento entre él y el parlamentario Requesens. En esa oportunidad, el ex gobernador de Miranda fue acompañado por Carlos Ocariz. 
En los primeros cinco meses de 2020, ocurrirían otros dos encuentros, con el diputado Stalin González ya incorporado. En ellos, Capriles no descubriría abiertamente su interés en fomentar la participación de individuos específicos en las venideras elecciones, pero sí sostendría que esa es la única ventana de oportunidad para lograr cambios políticos en el país. Para él las alternativas de un golpe militar o una intervención extranjera son escenarios cada vez más remotos.
La perspectiva de una pronta liberación emocionaba al diputado. El expresaba ese sentimiento a otros presos. Pero González López y posteriormente el jefe de Investigaciones Estratégicas de la policía política, comisario general Ángel Flores, advertían a “Reque” que lo mejor era mantener una actitud prudente.
A los presos políticos solo llegaban datos inconexos sobre el proceso que se desarrollaba en el exterior. Los beneficiarios en realidad no tenían conocimiento sobre la verdadera intención de las medidas, tal y como lo manifestó este miércoles el diputado Gilbert Caro.
Caro y Prieto, en libertad plena
Al parecer, hay múltiples objetivos. Según un abogado penalista que participó en la tramitación de estos perdones, con Requesens, Renzo Prieto y Gilbert Caro la idea es que promuevan sus candidaturas con miras en el proceso pautado para el 6 de diciembre. Pero en el caso de Roberto Marrero (jefe de despacho de Juan Guaidó), el propósito es ponerse a tono con las exhortaciones formuladas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. Según el litigante consultado, la ONU es un foro vital para Maduro, en un momento en el que más de 50 países desconocen su mandato.
Marrero fue aprehendido por agentes de la policía política en marzo de 2019, cuando se reportó el hallazgo de fusiles y munición en su residencia de Las Mercedes. Posteriormente, el general Manuel Christopher Figuera (director de ese cuerpo al momento de la detención) reconocería que tal acción fue un montaje. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron en contra de la acción policial.
Para el momento de la redacción de este trabajo, los tribunales continuaban emitiendo medidas cautelares, en lo que sería la segunda fase del proceso de liberaciones. Hasta ahora, salvo lo ocurrido con Requesens, el régimen no ha tocado a los implicados en casos controversiales del ámbito militar como el de los drones y la Operación Gedeón. Sin embargo, hay un interés manifiesto en acelerar estos juicios, presumiblemente con el propósito de tomar luego alguna decisión de orden político.

Breves

ACADEMIAS BAJO AMENAZA

El 28 de agosto, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, anunció en su cuenta Instagram que ese cuerpo de investigación había identificado a uno de los individuos que aparece en varios videos, conocidos públicamente a partir del 22 de agosto, en el que un grupo armado con fusiles AK-103 y granadas exige el pago de un porcentaje por el fichaje de una joven promesa del béisbol. Según el funcionario, se trata de Josué Ángel Santana Peña, de 24 años de edad, quien es solicitado por las autoridades desde 2016. Un aspecto clave en la identificación de este individuo fue un tatuaje en el brazo izquierdo. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué elementos ligados a la megabanda Tren de Aragua pondrían su atención en la actividad deportiva de una academia infantil con sede en Maracay, al punto de conocer numerosos detalles sobre la vida privada de su director. Según policías familiarizados con el caso, el nexo viene de una situación que ha afectado no solo a estos deportistas sino también a la mayoría de la población del país: la escasez de comida. En Aragua, así como en casi todo el territorio venezolano, hubo momentos en los que conseguir un pollo o un kilo de harina de maíz era prácticamente imposible, excepto en el internado judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón. En medio de la necesidad por suministrar una carga calórica diaria a estos muchachos, en su mayoría de procedencia muy humilde, fue necesario para los representantes de la academia acudir al famoso bodegón Tokio, que opera en la referida instalación. Con el pasar del tiempo, la relación se hizo más estrecha, hasta que los delincuentes comenzaron a exigir que les entregaran una tajada por los fichajes. Las presiones no solo han sido en la forma de videos y mensajes de voz. También han disparado contra las fachadas de viviendas de allegados a las víctimas e incluso han colocado coronas fúnebres en la puerta de estos inmuebles. 

EN LA GN “ALGO HUELE MAL”

Hay estupor en la Guardia Nacional luego de la anulación, vía ministerio de la Defensa, de un conjunto de nombramientos para posiciones de comando, el pasado 21 de agosto. Según el general retirado Marco Ferreira, no es la primera vez que ocurre algo así. Solo que ahora llama la atención el elevado número de decisiones revertidas. Esto hace pensar que se trata de algo más que una mera disputa entre las facciones que hacen vida en ese componente, por mantener o hacerse del control de mercados importantes, como por ejemplo algunas zonas militares del Arco Minero. Para entender la magnitud de lo ocurrido, está la explicación del general de brigada retirado Régulo Díaz, ex subcontralor de la FAN. Los nombramientos, indicó, llevan un proceso. Una vez hecha la selección de los nombres para cada plaza, el jefe de Secretaría del despacho del ministro envía la decisión a la oficina de Resoluciones, donde se redacta el documento para la firma de la autoridad que hace el nombramiento. Luego, “se lo llevan de nuevo al ministro para la revisión y firma”. Cada funcionario que participa en la elaboración de los resueltos debe colocar su media firma en una casilla en la parte inferior del documento. Esto hace suponer que los nombramientos revertidos en primera instancia contaban con el visto bueno de Vladimir Padrino López. Según Díaz, la única explicación posible es que apenas salieron las primeras designaciones, “le fueron con el chisme” a Nicolás Maduro. Generalmente, indicó el oficial, cuando ya los nombres han sido seleccionados en cada fuerza, hay una revisión de Contrainteligencia Militar, que reporta directamente al mandatario. “Es el Presidente quien quita y pone, de acuerdo con un criterio que en este caso es de lealtad (…) Algo huele mal”, dijo.

NUEVA FUNCIÓN

Los colectivos han encontrado una nueva ocupación: regular las colas para acceder a las estaciones de servicio. En el 23 de Enero, Petare y El Llanito, los residentes han señalado que los integrantes de estos grupos armados determinan quién llena sus tanques de combustible y quién no. Son caras conocidas en cada sector de la ciudad, por lo que no es necesario para ellos llevar franelas con distintivos o logos. Las bombas que manejan tienen como factor común que expenden a Bs 5000 el litro, o “precio subsidiado” según la denominación oficialista. En algunos casos, el individuo que hace las gestiones exige una “propina” en la forma de efectivo o gasolina para llenar el tanque de su motocicleta, y así continuar las rondas por las estaciones de servicio cuya vigilancia le ha sido asignada. Para los colectivos, esta función se suma a la organización de ferias de alimentación, la distribución de las cajas Clap o el cobro de “impuesto revolucionario” a los comerciantes, sin contar desde luego con el hostigamiento a los votantes y militantes de la oposición. Esta nueva tarea contribuye a reforzar la fidelidad al régimen.

Tres preguntas a…Claudio Sandoval, designado embajador en Honduras por Juan Guaidó

1) Desde el mes de abril, se desarrolla en el Caribe y el Pacífico una operación aeronaval que, según lo declarado, intenta para el flujo de drogas hacia EEUU. ¿Cuánto de esas drogas ha transitado de alguna forma por Venezuela?
Toda la droga que entra a Honduras por vía aérea ha transitado y proviene de Venezuela.

2) ¿Cuál es la frecuencia de los vuelos sospechosos que parten de Venezuela? ¿Qué ruta siguen?
La frecuencia es constante y es algo que se mantiene como información confidencial para no alterar el curso de las actividades antinarcóticos. Ahora bien, desde que comenzó el operativo y realizamos la denuncia en abril, se ha venido observando que cada mes aparecen titulares sobre interdicciones de narcoaviones en Centroamérica, provenientes de Venezuela. Por allí puede echar un cálculo.

3) ¿En qué consiste la cooperación planteada entre su oficina y el gobierno hondureño? ¿Qué planes concretos adelanta?
Lo principal es cooperación a nivel de inteligencia e intelectual. Un producto concreto en el que colaboramos fue la Ley de Protección del Espacio Aéreo de Honduras, la cual fue creada, en su esencia, para combatir el tráfico aéreo de narcóticos proveniente de Venezuela.

Libros

El tema de las drogas, lícitas e ilícitas, admite numerosos enfoques o perspectivas. Desde los expertos en biología y neurociencias como Escohotado, que analizan la composición y los efectos de estas sustancias, hasta los periodistas y economistas que investigan el impacto de los conflictos originados en torno a su comercio, en un contexto de ilegalidad. Muchas de sus obras han sido comentadas en este mismo espacio. Ahora, Niko Vorobyov no entra en ninguna de tales categorías. Su vida pudo haber pasado inadvertida para el resto de la humanidad, perdida en el fondo de una celda de correccional británico, a la que fue a dar gracias al olfato de los perros K9, convenientemente ubicados en las entradas del underground londinense, que lo dejaron en evidencia como un pequeño vendedor (jíbaro, le diríamos en estas latitudes). Pero Vorobyov no se quedó de brazos cruzados, y se puso a estudiar el mundo en el que estaba inmerso, no solo como un dealer, sino también como un consumidor cada vez más frecuente, lo que generaba una peligrosa combinación para su integridad física. El resultado de este trabajo es Dopeworld, Adventures in the Global Drug Trade (Nueva York, 2019). El título podría traducirse como Mundo-narcótico, aventuras en el mercado global de las drogas. El autor, un ruso criado en Inglaterra, viajó durante más de dos años desde Perú y Colombia hasta el Sureste asiático, pasando además por los grandes centros de consumo en Norteamérica y Europa, para conocer en primera persona la particular relación que establecen los pobladores de cada uno de estos lugares con las drogas. Vorobyov no pierde la oportunidad de experimentar -y relatar en detalle- con la ayahuasca peruana, la cocaína altamente pura de las selvas colombianas, la heroína tailandesa y los “cristales” que pasan de mano en mano, desde Moscú (donde se venden a través de la dark web) hasta las universidades del Reino Unido. Pero estas páginas no contienen una apología al tráfico y al consumo de drogas, en el intento de respaldar una contracultura tan malcriada como el dogma ubicado al otro lado de los discursos, que hemos visto en cientos de lecturas. Dopeworld, en cambio, es un libro equilibrado y sincero, producto de una extensa búsqueda y escrito en términos alejados de la academia. Son páginas dirigidas al gran público, permanentemente salpicadas con notas autobiográficas, que bien valen la pena nuestra atención, en especial en estos días de confinamiento. Es, definitivamente, algo distinto. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta página puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o enviar mensajes directos a las cuentas Twitter @javiermayorca o Instagram @crimenessincastigo. Tendrá oportuna respuesta. 

domingo, 23 de agosto de 2020

Condenas exprés

-Las admisiones de culpa de diecisiete procesados por la Operación Gedeón, obtenidas a marcha forzada, son oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad

@javiermayorca

El 13 de agosto, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que quince procesados por la Operación Gedeón fueron sentenciados a penas que llegan hasta los veinticuatro años de prisión.
Una semana antes, el 7 de agosto, los únicos dos extranjeros detenidos por este caso, los sargentos retirados del Ejército estadunidense Luke Denman y Airan Seth Berry, fueron condenados a veinte años tras las rejas. En ambos casos, indicó William Saab, todos los penados admitieron lo señalado en las acusaciones de los fiscales 73 y 74 del Ministerio Público, con competencia contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, Jean Karin López y Teodoro León Aguilar, respectivamente.
Para llevar a cabo estas audiencias fue aplicado el mismo procedimiento: a última hora del día, el juez cuarto de control con competencia nacional en materia de terrorismo, José Macsimino Márquez, instaló el juzgado en una sala especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, sin permitir la participación de defensores privados como Alonso Medina, que había obtenido un poder especial de los familiares de los militares estadounidenses. De manera que los encausados solo fueron asistidos formalmente por defensores públicos, que avalaron todo lo sucedido.
Esta forma atropellada de actuar ha sorprendido a litigantes que se manejan en el ámbito de los presos políticos. Mucho más si se toma en consideración que, desde la emisión del decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia la gran mayoría de los procesos judiciales ha entrado en virtual parálisis.
En el caso Gedeón, sin embargo, las cosas se vienen manejando con extremada premura, en una especie de carrera contra el tiempo. Los fiscales y el juez han continuado adelante, haciendo caso omiso a los amparos constitucionales que dos abogados (Sergio Aranguren y Lilia Camejo) han intentado por separado, alegando cuestiones tales como abuso de poder, denegación de justicia y omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes que ambos han formulado, en intentos por llevar adelante la defensa técnica de sus clientes.
Aranguren es apoderado judicial del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, mientras que Camejo defiende al mayor del Ejército Carlos Arturo Rosario Pimentel y al capitán de la GN Eliant Felipe César Caraballo. Ninguno de ellos participó en los desembarcos en playas de los estados Vargas y Aragua, en lo que aparentemente formaba parte de un proyecto para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, los fiscales e investigadores de la Contrainteligencia Militar y el Sebin los involucraron en este complot.
Pero los abogados Aranguren y Camejo no han podido conocer a ciencia cierta cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las acusaciones, puesto que desde el inicio de este caso las actas han permanecido bajo reserva, y solo han podido leer algunos fragmentos del expediente, dosificados por los fiscales.
Las solicitudes de amparo fueron acompañadas por sendas denuncias contra los fiscales y el juez. Según Aranguren, estas acciones debieron ocasionar la paralización del proceso y la eventual inhibición de los denunciados. Pero nada de esto ha sucedido, y el juicio ha continuado con las sentencias para los diecisiete involucrados que admitieron culpa.
¿Qué consecuencias pueden tener estas primeras sentencias en un expediente tan controversial? Estas decisiones se dan por lo que llaman en la jerga jurídica “admisiones de hecho”. Es decir, los procesados dan por ciertas las imputaciones formuladas por los fiscales, sin levantar objeciones. En otras palabras, avalan todo lo asentado en el documento acusatorio del Ministerio Público.
Desde luego, en un caso como este la importancia de las admisiones de hecho van en función del rol jugado por cada uno de los sentenciados en la Operación Gedeón.
De los diecisiete sentenciados hasta el momento, tres son civiles: el lanchero Cosme Alcalá, el mecánico Gustavo Adolfo Hernández y Fernando Noya. Otros cinco egresaron de distintos cuerpos de policía. Fueron los oficiales Rodolfo Jesús Rodríguez, Enderson Israel Ríos, Gilbert Barillas, José Armando Alvarado y Jefferson Díaz. Luego, está el ex funcionario de la Dgcim Rosmel Edecio Méndez. Además, figuran los efectivos de tropa Estewin Rojas, Enderson Rumi, Roberto Rondón y Carlos Conde. Y los sargentos retirados del Ejército de EEUU Luke Denman y Airan Berry, empleados de Silvercorp.
Solo dos oficiales han admitido culpa: el teniente Luis Manuel Paiva y el capitán Antonio José Sequea Torres, conocido por sus relaciones con distintos cuerpos de inteligencia, hasta que llegó el complot del 30 de abril de 2019. Sequea, según el régimen, era el líder del grupo que se embarcó en peñeros en la Guajira colombiana, el viernes 1 de mayo. Era, de hecho, el oficial de mayor graduación, junto al capitán Robert Colina, alias Pantera, que murió en Macuto.
Aunque todos los sentenciados presumiblemente participaron en los campamentos para entrenamiento instalados en Riohacha y otros puntos, solo tres testimonios resultan claves: los de los sargentos de Silvercorp y el de Sequea Torres, puesto que presumiblemente ellos tenían un mayor grado de conocimiento sobre los detalles de la operación.
Las admisiones de hecho de Sequea, Berry y Denman son prácticamente oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad, que en más de una oportunidad ha jugado el papel de víctima en foros internacionales. Antes, fueron las sanciones. Ahora, tiene los elementos para decir al mundo que este complot denominado Gedeón iba más allá del plan de unos militares y policías desesperados por el estancamiento político de su país. Con estas sentencias, intentarán que les crean -ahora sí- que el régimen se sobrepuso a los designios urdidos en Washington y Bogotá.

Breves

EXTRADICIÓN A PUNTO

El juicio de extradición del empresario colombiano Alex Naín Saab se acerca a su punto culminante. Tal y como lo habíamos adelantado en una entrega anterior, cuando apenas comenzaba el proceso, la decisión definitiva debe darse en septiembre, cuando los apoderados judiciales del “agente” del régimen venezolano agoten todos sus recursos ante la justicia de Cabo Verde. Era claro que Saab daría la pelea hasta el último momento, incluso tratando de plantear incidencias extrajudiciales, como la de la supuesta “expulsión” de uno de los abogados de su equipo de defensores. Más allá de los dimes y diretes, el proceso para decidir si se ajusta a derecho el traslado de Saab a Estados Unidos se ha desarrollado conforme a lo previsto en la detallada legislación caboverdiana, vigente desde 2011. Esto a pesar de las enormes presiones políticas para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, tal y como lo reconoció el propio presidente del archipiélago africano, José Carlos Fonseca. Solo queda dirimir la apelación ventilada ante la Corte Suprema, con respecto a la decisión anunciada el 4 de agosto, que da luz verde al traslado. Salvo que se detecten serias fallas en el proceso, relativas al derecho constitucional a la defensa, la máxima instancia debería ratificar la sentencia previa. A partir de ese momento, se abre un lapso de veinte días para que se produzca la entrega al empresario a las autoridades de EEUU. Como se ha explicado en otras ediciones, los estadounidenses no podrán reextraditar a Saab a otro país, ni podrán imponer penas más elevadas que las máximas previstas en la legislación de Cabo Verde para el delito de lavado de dinero. Por lo tanto, aún si se da la extradición, Saab contará con un importante margen de maniobra ante los tribunales del estado de Florida. 

VIOLENCIA CONSTANTE

Mucho se ha advertido sobre una creciente violencia contra la mujer durante la pandemia. Esta creencia pareciera reafirmarse a la luz de casos recientes, ventilados a través de las redes sociales, que muestran a víctimas torturadas y desmembradas, ultimadas con extremada saña, cuyos cadáveres quedaron en plena vía pública, acompañados por carteles que las señalan de ser supuestos informantes de los cuerpos policiales. Estos casos desde luego que suscitan conmoción y contribuyen a colocar en el centro del debate todo lo relativo a la violencia contra el llamado “sexo débil”. Sin embargo, la revisión de cifras extraoficiales pareciera indicar otra realidad. Durante el primer semestre de 2020 -que abarca tres meses y medio de cuarentena- han matado a menos mujeres en el país que en la primera mitad de 2019. En este lapso hubo 223 víctimas, mientras que el año pasado fueron 390. La imposibilidad de moverse más allá de los confines de la propia comunidad pareciera influir poco en las cifras de violencia conocidas hasta ahora. En un esquema de reducción general de homicidios, las mujeres continúan representando aproximadamente el 10% de las víctimas. Lo que sí pareciera haber cobrado alguna importancia es el motivo pasional, a veces ligado con abuso sexual, que abarcó más del 23% de los casos reportados en el primer semestre. Otro 30% de las muertes de féminas fue catalogada como ajuste de cuenta, y en 25,5% de los casos la policía no pudo precisar el móvil del crimen. Finalmente, en 10,7% de las muertes los antisociales intentaban llevar a cabo robos genéricos o de vehículos.

EL NEGOCIO DEL SECUESTRO

Durante la pandemia, la actividad de los secuestradores en el país no ha parado. En los primeros seis meses de 2020 han sido denunciados cuarenta plagios. La paralización del país con motivo del decreto de alarma nacional pareciera no haber tenido mayor impacto, si se toma en cuenta que durante la primera mitad de 2019 fueron iniciadas 47 averiguaciones por este delito. El municipio Libertador y el estado Miranda acumulan la mayor cantidad de casos, como es habitual. En esta oportunidad, abarca el 50%, con una importante cantidad de casos en los Altos Mirandinos. Desde que comenzó la cuarentena, además, han repuntado los secuestros en Zulia, con víctimas en los municipios Catatumbo y Santa Rita. Las bandas de secuestradores también se mantienen activas en Carabobo, con casos reportados en Valencia y Naguanagua. En las ciudades, los captores intentan obtener sus pagos en lapsos de negociación que se prolongan por horas, pero que no pasan de un día. En cambio, en Aragua, Lara y Zulia los tiempos de cautiverio son más prolongados, y los montos negociados en rescate pueden ascender a los cientos de miles de dólares americanos. Los pagos son siempre en divisas extranjeras o prendas. El bolívar es despreciado por los delincuentes. En 2020, la mayoría de los casos se ha resuelto mediante negociación entre los delincuentes y los allegados a las víctimas. Solo en el 25% de los secuestros, las victimas han sido rescatadas o liberadas como consecuencia de la llamada “presión policial”.

Libros

A propósito de la operación Gedeón, el tema de los mercenarios se ha convertido en un tópico de conversación en el país. Pero es muy poco lo que se conoce a ciencia cierta sobre esta materia. Paradójicamente, la actuación de los denominados “ejércitos privados” o “contratistas militares privados” es casi un denominador común dentro de los conflictos armados posteriores a la caída del Muro de Berlín. En la entrega anterior, se recomendó una lectura introductoria sobre el tema (Corporate Warriors, de Peter Singer), que era muy próxima al surgimiento de este fenómeno. De mayor actualidad es la obra de Sean Mc Fate The Modern Mercenary, o El mercenario moderno (New York, 2014). El autor es un ex militar estadounidense, que luego de su retiro participó como consultor para DynCorp International, una de las empresas más afamadas de este ramo. Aunque DynCorp ha tenido actuaciones en casi todos los continentes, en el caso de Mc Fate la experiencia fue en el contexto de la reconstrucción del ejército de Liberia, desde los propios cimientos, tras la huida del dictador Charles Taylor en 2005. Este es un caso de estudio, puesto que la corporación fue contratada por el Departamento de Estado de EEUU para llevar a cabo la tarea, en forma paralela con otra compañía (Pacific Architecs & Engineers, PA & E), con la cual DynCorp no tenía relación alguna. El relato de Mc Fate es de extraordinario interés, puesto que saca a los ejércitos privados del molde en el que se habían metido, a propósito de sus desempeños como parte beligerante en otros conflictos, y pone el tema en una interesante perspectiva. Según el autor, la participación de los “ejércitos privados” ya no es una anomalía, sino una consecuencia natural de distintos factores, entre los cuales figura una creciente indisposición de los estados para involucrarse directamente en conflagraciones armadas más allá de sus fronteras. Los escenarios de Irak y Afganistán llegaron a tener a más contratistas privados que soldados regulares. Y esta es una tendencia que se verá también en otras latitudes. Rusia y China han generado importantes conglomerados de “ejércitos privados”, que ya comienzan a dejar su impronta en los lugares donde estos países poseen algún tipo de interés. Este “nuevo orden mundial”, nos advierte el autor, se caracteriza por la irrupción de actores no estatales (bandas armadas, grupos terroristas, corporaciones transnacionales, organismos multinacionales y ONGs, por citar algunos) que asumen cuotas de participación allí donde los gobiernos formales no pueden o no desean ejercer ninguna influencia. Se trata, según Mc Fate, de un mundo “neomedieval”, donde los ejércitos privados tienen un terreno fértil para proliferar, alentados por la disponibilidad de armas, la mayor accesibilidad de las tecnologías y una cierta parroquianización de los conflictos armados. Este libro resulta hasta cierto punto inquietante, pues nos asoma a un escenario mundial caótico, en el que desde luego el mejor postor siempre tendrá las de ganar. Puede ser leído en versión electrónica.


 

domingo, 9 de agosto de 2020

Venezuela: el rédito de la droga

-¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?

@javiermayorca

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.
Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.
No es la primera vez que la palabra narcorégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EEUU, que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.
Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar. En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.
La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.
Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
Según la ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20% en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100% con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.
Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1.723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).
La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30% de la cocaína producida en Colombia.
¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga? Los casos consignados en EEUU contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.
Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela, y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EEUU para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.
Al morir Chávez ocurrió una dispersión, y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.
Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.
¿De cuánto dinero estamos hablando? 
El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1.200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10% del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo. 
De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según estimados de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10% al 15%. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.
Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.
Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central. 
Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72% fue imputado por “posesión”. Otro 25% afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2% de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.
Pero no van al fondo del asunto.
En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aún si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.
Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras. 

Breves

COVID EN EL SEBIN

El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por Covid-19. De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por Covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, están totalmente aislados.
PS: luego de la publicación de esta nota, el jueves 6 de agosto, fue reportada la muerte de Echegaray. Como ha ocurrido ya en otros casos, la causa del fallecimiento no ha sido establecida con claridad. Desde el Sebin, sin embargo, se insiste en que otros detenidos también han sido contagiados, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones para mitigar la situación.

EL CONTRATO DE RAMÍREZ

El 29 de julio, la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Las noticias emitidas en ese momento se basaron en un escueto boletín del TSJ, que no hacen referencia al detalle de los hechos que originaron las imputaciones contra Ramírez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. El caso contra el exministro se sustenta en las presuntas irregularidades en la contratación por “adjudicación directa” de la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD, representada por Xabier Justo, para continuar con los trabajos de perforación de dieciséis pozos submarinos en los sectores llamados Patao y Dragón, una tarea que se vio afectada por el hundimiento de la plataforma Aban Pearl, el 13 de mayo de 2010 a 150 kilómetros al noreste de Paria. Para ese momento, apenas tenía una semana en funcionamiento. Según la solicitud de extradición, Petrosaudi se comprometió a suministrar una unidad semisumergible llamada Saturn. El contrato con Pdvsa Servicios no fue solo para paliar una contingencia, pues la estatal comprometió los servicios de esta empresa por siete años, a una tarifa de 460.888 dólares diarios, independientemente de si el buque cumplía o no con el propósito de su contratación. La denuncia sobre los hechos que motivaron la solicitud de extradición fue formulada por el diputado Luis Parra (actual presidente de la AN paralela) en febrero de 2017, es decir, casi siete años después de la firma del contrato con Petrosaudi, y cuando ya era claro que Ramírez se deslindaba de Maduro. Parra señaló entonces que el pago por la operación de la Saturn era 274% superior a la media del mercado para ese tipo de trabajos. La sentencia del TSJ, cuyo ponente fue el magistrado Juan Luis Ibarra, establece que este sobreprecio “fue consentido de forma evidente por la junta directiva de Pdvsa Servicios”. Por otra parte, el Saturn presentó fallas que le impidieron la plena operatividad, y solo funcionó a plenitud durante el 42% del lapso contratado, de acuerdo con declaraciones tomadas a un grupo de empleados durante la investigación del Ministerio Público. En agosto de 2018 se tuvo conocimiento oficial sobre la permanencia de Ramírez en España, pero en noviembre del año pasado supieron que el exministro y ex embajador ante la ONU había pasado a Italia.

NUEVA ESCLAVITUD

El 30 de julio se conmemoró nuevamente el día mundial contra la trata de personas, un delito que figura en la convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Según la Organización Internacional del Trabajo, se trata de una actividad que moviliza aproximadamente 150 millardos de dólares al año. La trata de personas es vista en la actualidad por la ONU como una nueva forma de esclavitud, que a menudo incorpora formas de explotación sexual. Cuando participan redes internacionales, este delito se entremezcla también con el de tráfico de migrantes. Ambas actividades representan enormes ganancias para las redes delictivas. Con el deterioro de la institucionalidad en el país, y la consecuente diáspora que ya supera los 5 millones de personas, Venezuela ha pasado a ocupar un lugar prominente como territorio de origen para estos delitos. El 25 de junio, el Departamento de Estado presentó su informe anual relacionado con el tema. Este documento contiene datos preocupantes sobre la realidad del país. Por ejemplo, se indica que sectores de jóvenes son incorporados en Bolívar a las filas de los grupos irregulares que operan en el Arco Minero, como el Ejército de Liberación Nacional, en condiciones de esclavitud. Además, el éxodo masivo de nacionales también ha puesto en entredicho la capacidad de otros países del área para tratar con el asunto, como Aruba, que fue degradado en este último lapso a una “lista de observación”. Las estructuras captan a jóvenes de ambos sexos para colocarlos en lugares tan lejanos como Macao, en el sur de China. Según este informe, Venezuela cuenta con un organismo que podría pesquisar tales delitos, como es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Pero este despacho no proyectó una labor de importancia, más allá de la ejecución de cineforos. De acuerdo con cifras conocidas de manera extraoficial, durante los primeros seis meses de 2020 las autoridades nacionales han abierto seis expedientes relacionados con estos delitos: cinco por trata de personas y el restante por tráfico de emigrantes. Solo se han producido cinco detenciones. Las averiguaciones fueron iniciadas en Falcón (1), Sucre (2) y Distrito Capital/Miranda (3). Nada se dice de áreas álgidas como Bolívar, Táchira, Zulia o Delta Amacuro.

DESLINDE MERCENARIO

Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, fue consignado en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”. En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior fueron utilizados para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

CONDENA A PUERTA CERRADA

El viernes 7 de agosto, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab informó a través de su cuenta Twitter sobre la condena a veinte años de prisión para los sargentos retirados y ex miembros de cuerpo de Boinas Verdes del Ejército de EEUU, Luke Denman y Airan Seth Berry, detenidos el 5 de mayo luego de desembarcar en la playa aragüeña de Chuao, como parte de la fallida operación Gedeón. Esta decisión se produjo en un juzgado expresamente instalado en el Sebin-Helicoide. Según William Saab, ambos admitieron culpa por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Con esto, obtuvieron una rebaja de un tercio de la pena esperada. El acto judicial, sin embargo, se llevó a cabo sin el concurso del abogado que había obtenido un poder de los familiares de ambos militares, Alonso Medina Roa. “Se hizo la audiencia con defensa pública. Prohibieron la entrada a los defensores privados (..) El tribunal tenía la orden expresa de no aceptar nada de ningún defensor privado. A las 3 pm del viernes informaron que no habría audiencia. Sin embargo, en la noche la hicieron en el Sebin-Helicoide”, relató. Según Medina, este acto es violatorio del derecho constitucional a la defensa. “Al limitar este derecho, todo el proceso debe ser considerado nulo”, dijo. Sorprende la rapidez con la que impusieron estas condenas, en un sistema judicial cuya crónica lentitud se ha visto acentuada por la pandemia. La decisión del tribunal cuarto con competencia en terrorismo fue emitida luego de tres semanas de la visita al país del ex representante y ex gobernador estadounidense Bill Richardson.

Libros

La literatura sobre el tema de los mercenarios no es muy abundante. Debe uno acudir a libros e informes en inglés para encontrar algunas referencias de interés. Entre las obras más reconocidas tenemos Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military Industry (Washington, 2007), escrita por el politólogo Peter Warren Singer. La primera edición salió a las librerías en 2002. Pero el autor hizo una actualización en 2007, a propósito de la actuación de los denominados “ejércitos privados” en el conflicto de Irak. Esta obra, cuyo título se podría traducir como Guerreros corporativos. El surgimiento de la industria militar privatizada, aborda el tema del mercenarismo en forma balanceada y profusamente documentada, que denota cómo esta industria ha ganado terreno en forma constante tras la caída del muro de Berlín, por un sinfín de razones que van desde la mayor disponibilidad de sofisticados armamentos (la empresa rusa Sukhoi ha alquilado sus cazas y pilotos a Etiopía), junto a la entrada en el mercado laboral de cientos de militares que han quedado sin trabajo. Al mismo tiempo, tal y como en algún momento lo observó Mary Kaldor, desde la última década del siglo pasado los conflictos armados en todo el mundo cuentan con la participación de nuevos actores, que van desde grupos subnacionales hasta organizaciones transnacionales que no atienden a límites fronterizos y cuyos propósitos no necesariamente están alineados con los del Estado del que surgieron. En este contexto, los ejércitos privados confieren a las grandes corporaciones y a los gobiernos una nueva herramienta para la consecución de sus objetivos. Singer, sin embargo, advierte que la actuación de los “guerreros corporativos” en determinados contextos puede más bien atizar las disputas, no solo con el entorno sobre el cual pretenden incidir (caso de Papúa-Nueva Guinea) sino también con las fuerzas que se supone son sus aliadas (caso Irak). El problema de fondo, indica el autor, es que estas corporaciones están orientadas a la obtención de ganancias económicas. Todos los demás objetivos están en segundo plano. No importa si operan en las áreas de inteligencia, soporte logístico o si están en el teatro de guerra. Y esto marca una diferencia clave con respecto a los ejércitos regulares. Otra diferencia -que no es menor- se refiere a la ausencia de controles de los “guerreros corporativos”. Ellos y sus empresas permanecen en un área gris, de la que es muy difícil extraer información que permita conocer a ciencia cierta si han cumplido con sus objetivos, y ejercer así algún tipo de supervisión. Ante esta situación, Singer plantea la constitución de una instancia especial en la Organización de Naciones Unidas, que elabore un registro de estas empresas, reciba y procese las denuncias sobre la ejecución de excesos y establezca en fin de cuentas algún tipo de certificación. Nada sencillo, si se toma en cuenta que, en el siglo XXI, el ejercicio de la guerra es cada vez algo más “privatizado”. Los guerreros corporativos no son solo cuestión de lugares lejanos como los Balcanes, Liberia o el Congo. Singer analiza también las actuaciones de los mercenarios en Perú y Colombia. El caso venezolano, con el incidente Gedeón, solo nos confirma que estos nuevos actores llegaron para quedarse.