Publicidad

domingo, 22 de marzo de 2020

Venezuela en las drogas: debate abierto

-La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aún entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.
No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento. 
La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común. De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.
“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la ex juez.
Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EEUU, en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.
“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la ex juez.
Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.
Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.
No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadula, ex comandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.
Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.
Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del ex abogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.
Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.
El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.
Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.
Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.
Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3% de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.
Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.
Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

-Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

-Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aún más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

Tres preguntas a… Carlos Correa, director de Espacio Público

1.-Luego del decreto de alarma hemos visto las detenciones de por lo menos seis personas, en virtud de opiniones o informaciones emitidas a propósito de la crisis por el coronavirus. ¿Frente a qué estamos exactamente?
Básicamente lo que estamos observando es la continuidad de un trato represivo en contra de todo tipo de información u opinión crítica. Una de las cosas que está generando esto es que se está actuando de la misma manera que antes del estado de alarma. Si bien antes estábamos en un estado de excepción, ahora estamos en cuarentena en todo el país. Entonces, todo tipo de información que el Gobierno considere incómoda empieza a ser atacada. Una característica es que esto responde a ciertas dinámicas regionales o locales, pero es el mismo patrón. Informaciones u opiniones relacionadas con el coronavirus, y que no sean convenientes, según la consideración de los funcionarios de turno, avanzarán en dinámicas de detenciones. Observamos un patrón desde el año pasado, que no solo afecta a periodistas y medios, sino también a usuarios de redes y a médicos y enfermeros que denuncian la situación. Lo de ahorita es la continuidad de una política, que tiene consecuencias distintas, porque el escenario es de confinamiento. La gente está en sus casas, y la posibilidad de que circule la información abre la posibilidad de que la gente esté tranquila, o que sepa a qué se enfrenta.

2.-¿Existe algún plan o resolución que permita saber lo que se puede esperar de las autoridades en este momento?
Puede estarse aprovechando la situación para pases de factura o para perseguir a personas que resulten incómodas para el sector gubernamental. Lo que podemos esperar es una información pública de mala calidad, mal presentada, con voceros de poca credibilidad. Después, hay una política represiva, con el agravante que en estos días los canales abiertos no se están viendo. Entonces, tenemos un sistema de medios deprimido, con canales restringidos, incluso los de propaganda. Y ese no es el mejor ingrediente para la situación que estamos viviendo.

3.-A una semana de haberse expedido el decreto de alarma, hay temor en sector de la sociedad civil en cuanto al giro que tendrán las medidas en el futuro inmediato, toda vez que ya se habla de “endurecer la cuarentena”. ¿Esto qué significa en términos de derechos fundamentales?
Estamos en una situación muy extraña, porque tenemos en vigencia el estado de excepción y el estado de alarma, pero las formalidades asociadas a ambos estados no se cumplen, entre ellas que sea notificada a la Asamblea Nacional y a los organismos internacionales correspondientes: ONU, OEA… Esos extremos el Gobierno no los cumple. Cuando hablamos de endurecer la cuarentena, tratan de establecer un toque de queda. Sería el siguiente paso. Pero uno de los problemas sustantivos es que la información que se nos suministra es de muy mala calidad. No es oportuna. No sabemos cuántas camas de terapia intensiva hay en el país, cuáles son las personas realmente infectadas y las políticas de aislamiento implementadas. Endurecer la cuarentena significaría mayores restricciones para la circulación de personas y menos posibilidades para que puedan trabajar las personas que realizan trabajo profesional de cobertura periodística. Eso es lo que se puede prever.

Libros

Para algunos teóricos, la llamada “guerra contra las drogas” es una empresa perdida. Para otros, es inútil, contraproducente e incluso irracional en su planteamiento. Un tercer grupo cree que es una causa justa, llevada adelante por individuos que han entregado sus vidas en una cruzada contra organizaciones capaces de desestabilizar estados completos. La guerra contra las drogas, como todo conflicto, tiende a polarizar las posiciones, y eventualmente hace perder la perspectiva en torno a los posibles cambios en las condiciones que la originaron. Pensemos, solo por un momento, en las consecuencias que tiene la despenalización y, en otros casos, la legalización abierta de la producción y el consumo de marihuana, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos y Portugal. Rafael Pardo Rueda estuvo en uno de los frentes de batalla más importantes en esta guerra, pues fue asesor de seguridad y ministro de la Defensa de Colombia. Ambas posiciones durante el gobierno de César Gaviria, cuando la confrontación con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, llegó a su punto culminante. Desde entonces, ha desempeñado numerosas posiciones, hasta la de ahora que consiste en la ejecución de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Con el pasar de los años, este economista ha decantado su pensamiento, y en su última obra La guerra sin fin (Bogotá, 2020) trata de colocarse entre los polos de la confrontación. No escapa a Pardo que, a pesar del desmantelamiento de los grandes carteles de Medellín y Cali, y de los que le siguieron, la producción mundial de cocaína ha ido en aumento, el mercado de las drogas ilegales se ha diversificado y ahora cuenta con nuevos e importantes actores. En el caso neogranadino, según el autor, las líneas de trabajo que sustentaron el llamado Plan Colombia, con el propósito de reducir la oferta general de drogas, llegaron a lo que él mismo llamó “nivel de ineficacia”. Pero los mayores aportes están condensados en los dos últimos capítulos. En ellos, Pardo se permite una crítica a los programas en ejecución a partir de 2016, que plantean el reemplazo de los cultivos de coca por otros en los cuales el campesino carece de los mismos incentivos y rentabilidad. Esto explica los resultados dispares en uno de los puntos más trabajados en los acuerdos de paz de La Habana. Aún con la mayoría de las FARC desmovilizadas, la coca se sigue sembrando, pues el entorno internacional sigue haciendo atractiva a esta actividad. También en este ámbito, la experiencia colombiana debe servir de espejo para quienes no desean que se repita en otras latitudes. 

domingo, 8 de marzo de 2020

La tercera vía militar

-Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.
La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas. 
Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.
Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.
El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.
Todos forman parte de la promoción coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.
En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.
En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.
Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Hidalgo Azuaje escapó junto a otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.
No creen en oficialistas ni en opositores
Desde ese país, junto a otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.
Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.
“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.
El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.
El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.
El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.
“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.
Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.
El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.
Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.
Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.
En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”. 

Breves

-El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aún si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EEUU y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes. 

-El sábado 7 de marzo corrió un fuerte rumor sobre la recaptura del ex director de Contrainteligencia Militar, mayor general (Ejército) Hugo Carvajal. Algunas agencias noticiosas manejaban la información, pero no habían podido confirmarla. Esto sucede a pocos días de la ratificación por la Audiencia Nacional en cuando a la decisión de extraditarlo a Estados Unidos. En noviembre, Carvajal escapó en forma inexplicable de su arresto domiciliario en Madrid, y desde entonces sería el centro de una búsqueda internacional. Este oficial fue el diseñador del sistema de represión a lo interno de la FAN, como parte de un plan que, paradójicamente, se llamaba Libertad. Cuando empezó a caer en desgracia, se cambió el apellido. Ya no sería Carvajal sino Peck. Pero este general no maneja otra lengua distinta del castellano. Así que sus posibilidades de pasar inadvertido afuera de España son escasas. A menos que goce de la hospitalidad de algún ex compañero de armas, por ejemplo, en Portugal. En las consultas previas a la redacción de esta nota, una fuente en Madrid indicó que alias Pollo cuenta también con la solidaridad de miembros de la inteligencia de ese país, con quienes habría forjado lazos de cooperación en los tiempos en que era uno de los militares más poderosos de Venezuela. Sin embargo, la reaparición de Carvajal y su traslado a EEUU pareciera ser solo cuestión de tiempo.

-La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

-¿Qué pasó realmente el 26 de febrero entre el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y la autopista Francisco Fajardo? ¿Dónde quedó la camioneta Hyundai Tucson que supuestamente acompañaba a los integrantes de la banda liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui? ¿Quién era la víctima del supuesto secuestro? Un experto en el análisis de estas situaciones, como el ex director de la policía judicial Miguel Dao ha manifestado sus dudas en torno a las informaciones emitidas de manera oficiosa por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mediante oportunas filtraciones a la prensa. Según Dao, se intentó forzar una situación para que pareciera un procedimiento en flagrancia. Pero ni siquiera hubo un intento de secuestro. El primer enfrentamiento ocurrió en los alrededores del centro comercial, específicamente en la vía que da acceso a la entrada peatonal ubicada frente al Cubo Negro. Debido a la hora, aproximadamente 4:50 pm, este hecho fue presenciado por numerosos testigos, quienes indicaron que todo comenzó cuando la referida camioneta y una Land Cruiser blanca apenas llegaban. No hubo tiempo de secuestrar ni de concretar alguna extorsión. Los delincuentes, al verse descubiertos, huyeron rumbo a la autopista. Pero los funcionarios activaron el llamado plan de cierre de esta vía expresa, y en consecuencia pronto los alcanzaron, con el resultado de cuatro fallecidos (dos en la cabina del rústico, uno sobre el asfalto y otro en el curso del Guaire). A partir de entonces, la idea ha sido cubrir este hecho con un manto de silencio. Por esta razón, suspendieron una rueda de prensa que iba a dar el director de la PNB al día siguiente, el general Elio Estrada. El Coqui maneja una de las estructuras delictivas más importantes de Distrito Capital. Sin temor a equivocación, se podría decir que controla la Cota 905. En la PNB y PoliCaracas dicen que esa es una “zona de paz”. Entonces, no tiene sentido la información según la cual su organización fue a cobrar una extorsión a un entorno que no manejaba, y donde podía ser emboscado, como en efecto sucedió. Si la idea era secuestrar a un comerciante (cuyo nombre nunca ha sido facilitado), tampoco tenía sentido ir a Chuao. Bastaba con seguirlo e interceptarlo en el momento en que fuese más vulnerable, tal y como lo han hecho los integrantes de esta banda desde la primera década del siglo en toda Caracas. Descartados el secuestro y la extorsión como motivaciones para la movilización de este grupo armado, la posibilidad más fuerte indica que la idea era concretar una transacción, que desde luego no era legal, pero sí muy jugosa.

-Desde el último trimestre de 2019 está en aumento la criminalidad en Caracas. Este problema resulta inocultable. A partir de noviembre, Relaciones Interiores y Cicpc hicieron todo lo posible para que la gente perdiera la noción de la realidad, al ofrecer solamente cifras globales, de las que por cierto ya no forman parte los casos de “resistencia a la autoridad”. Al llegar enero, la actividad del hampa no cesó. Los robos se han incrementado en más de 35% y los secuestros en más de 100% con respecto al año anterior. Este podría ser un resultado de los procesos de migración interna desde el occidente del país y desde los Andes hacia la Gran Caracas y sus zonas “dormitorio”. Hasta finales de febrero, Santa Teresa del Tuy era la localidad de Miranda con mayor cantidad de homicidios (27), sobre Sucre (24) y Zamora (10). Ante esto, el Gobierno ha continuado en su proceso de “ceguera voluntaria”, mediante continuas alteraciones en el modo de medir la incidencia delictiva. Ahora, solo interesan los llamados cuadrantes de paz. Esta unidad de análisis es tan reducida que impide las tomas de decisiones con la perspectiva suficiente. Frente a este recrudecimiento del hampa, es de esperarse una mayor represión, y la reedición de las redadas masivas, con nuevo nombre. Ya empezaron en algunas localidades del interior del país, y las ponen como la continuidad de Escudo Bolivariano.

Libros

Hay una leyenda sobre el origen de las esmeraldas colombianas. Según los indios muzos, estas gemas de enorme valor y belleza nacieron de las lágrimas de Fura, la primera mujer, que lloraba desconsolada por la agonía de Tena, su compañero. El desenlace de esta historia fue precipitado por una infidelidad de ella, lo que por ley divina aceleraba la vejez. Entonces, de acuerdo con esta tradición, las esmeraldas surgen del dolor y la muerte. Así lo explica el historiador y politólogo colombiano Petrit Baquero en su obra La nueva guerra verde (Bogotá, 2017). Pero el relato aborigen no es más que una parábola para explicar los conflictos que ha ocasionado en Colombia la extracción de este mineral, codiciado por la industria joyera mundial. La lectura de estas páginas permite trazar algunas analogías y explicaciones sobre la creciente violencia que se experimenta en los enclaves mineros del país. Aquí el oro, allá las esmeraldas. La historia de acá es relativamente reciente, y espera quien la cuente. La de allá es narrada con lujo de detalles por Baquero. En las páginas de este libro, los grandes procesos aparecen salpicados por historias personales, anécdotas y la misma ausencia de Estado que, aquí y allá, ha propiciado la imposición del más fuerte.  En el caso de las llamadas “guerras verdes” por el control de la industria esmeraldera, resulta interesante ver cómo las treguas y la superación definitiva de los conflictos no se lograron mediante la presencia del Estado y el imperio de la ley. De hecho, según Baquero, en los enclaves extractivos las instituciones estatales no pasaban de ser una presencia molesta, o en todo caso cooptada por el poder que viene con las enormes fortunas, potenciadas con la entrada de lleno de los capitales internacionales. Fueron los acuerdos entre los clanes en pugna los que lograron la primera pacificación, en 1990. Y este no fue el resultado de una mera filantropía, sino de la convicción de que la violencia iba contra la continuidad del negocio. Según Baquero, la muerte por razones naturales del primer gran zar de las esmeraldas colombianas, Víctor Carranza, dejó en 2013 un terreno fértil para que los nuevos actores de esta industria intentaran suplantar su liderazgo, a punta de plomo.  En las “guerras verdes” han muerto más de tres mil personas. Esta historia debe ser leída, para evitar en lo posible su repetición. 

domingo, 23 de febrero de 2020

Escudo Bolivariano

Las últimas maniobras de la Fuerza Armada colocan a una buena parte de la población como “enemiga” del régimen, y por ende susceptible de ser objetivo militar en un contexto de conflicto

@javiermayorca

Las maniobras Escudo Bolivariano fueron mucho más que lo reflejado en el video de la gordita miliciana atascada en el caucho de un circuito de entrenamiento.
Ese episodio contribuye a reforzar una imagen de los milicianos, que puede ser parcialmente cierta, pero que no explica el denodado interés del régimen por promover el crecimiento de la institución, caracterizada como “pueblo en armas”. La banalización de uno de los factores del conflicto no es conveniente, aún si la iniciativa parte de sectores del propio oficialismo. 
Con bochornos, pero avanzan
Escudo Bolivariano fue mucho más que esa anécdota. Los milicianos, como el resto de la Fuerza Armada, participaron en unas maniobras que perfilaron las acciones a emprender si en Venezuela llegase a declararse un estado de conmoción, en virtud de la intervención de factores externos.
En primer lugar, cabría preguntarse qué se intentará proteger con el mentado escudo. Sobre ello hay varias pistas. Una muy significativa es que en la fase preparatoria se ordenó el traslado de tropas de la Guardia Nacional desde el estado Miranda hacia el municipio Libertador. Allí, los militares y los grupos civiles armados conformarían una serie de anillos en torno a Miraflores, lugar donde tiene su asiento el Poder Ejecutivo.
En algunos documentos revisados para este trabajo en torno a los recientes ejercicios militares se pudo apreciar una premisa común: las acciones de la Fuerza Armada y los grupos civiles del oficialismo eran la respuesta a la incursión de “fuerzas invasoras” de Estados Unidos, en hipotética alianza con factores locales. El “enemigo”, entonces, no solo son los militares estadounidenses sino los venezolanos que rechacen al actual régimen.
Esta línea ha sido trabajada por el régimen desde hace varios años. Ya el famoso Plan Zamora y sus catorce planes subsidiarios adelantaron algunas cuestiones al respecto. Incluso, las primeras maniobras Escudo Bolivariano, llevadas a cabo en 2015, hacían referencia a esta misma situación. Solo que ahora la respuesta perfilada por los militares ha sido mucho más contundente. Por ejemplo, el despliegue de los sistemas de misiles BUK y Pechora en torno a los aeropuertos que sirven a la capital, y el apostamiento de tanques T-72, así como otros blindados en los principales accesos a la capital pareciera indicar una mayor disposición del Ejército a participar en situaciones que no necesariamente tienen las características de conflicto regular. También se ensayó desde azoteas en Caracas el disparo de cohetes Iglas, algo que ha ocasionado legítima preocupación por autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).
Otro elemento se refiere a la gestación en el Ejército de los llamados “grupos tácticos de batallón”, o GTB, que son unidades especiales de dimensiones reducidas, cuyo propósito es liderar las actividades de guerra irregular. En diciembre, la comandancia de este componente ofició a la Academia Militar para que se hiciera la escogencia de los estudiantes que pintaban mejor para esta tarea. Los GTB son creación directa del ejército ruso, y fueron puestos en acción en los conflictos de Ucrania y Siria.
Como parte de Escudo Bolivariano, se llevaron a cabo actividades en Higuerote y Carenero, en las que participaron efectivos de fuerzas especiales junto a milicianos.  Se simuló la colocación de minas antipersonales en las vías que dan acceso a la capital y en las playas donde supuestamente desembarcarían las tropas invasoras. Otro tanto se hizo en el aeropuerto de Higuerote, donde fueron emplazadas baterías antiaéreas falsas o dummies, con el propósito de transmitir la impresión de que se posee una capacidad bélica mayor que la realmente disponible.
En el caso de los ejercicios llevados a cabo en Barlovento, las acciones estuvieron orientadas por el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que confiere una importante participación a los civiles en la defensa de los intereses del régimen. 
Este procedimiento ha sido objeto de estudio en las academias militares del país, por lo menos desde hace tres años, como parte de una materia más amplia referida a las guerras de cuarta generación. Las fuentes de inspiración son teóricos chinos. En los casos de la Armada y la Guardia Nacional, se da a entender que en las primeras de cambio el “ejército invasor” logrará establecer posiciones en el territorio nacional, luego de vencer la resistencia ofrecida por los conglomerados de tropas regulares y civiles. En este contexto, la victoria para los militares venezolanos estaría definida por la posterior expulsión de los contingentes extranjeros.
En el escenario de guerra planteado en el aeropuerto de Higuerote, por ejemplo, el tiempo tope de resistencia para los militares venezolanos sería de dos semanas. En esos días de duros combates, no contarían con refuerzo alguno.
Escudo Bolivariano, desde luego, tiene un guion de final feliz para los militares leales al régimen. Pero esta es una situación hipotética. La vida real, en cambio, se acerca más a lo declarado por el llamado Protector del Táchira, Freddy Bernal: un conflicto con las fuerzas armadas de Estados Unidos sería “un suicidio”.

Breves

-En los últimos meses, la Fiscalía ha dado una mayor visibilidad a los casos en los que murieron mujeres a manos de sus parejas. Según este discurso, parece que la violencia homicida en Venezuela se ensaña contra las personas de sexo femenino, en contextos de intimidad. En realidad, las propias cifras manejadas por el Gobierno revelan que la victimización de este sector de la sociedad ha disminuido, tanto en números absolutos como en porcentaje con respecto a la población victimizada. En 2019, fallecieron en hechos de violencia 691 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Esto equivale al 9% de los casos. El año anterior fue 16%. Según fuentes de Relaciones Interiores, la mayor cantidad de víctimas tiene edades entre 25 y 29 años. Y el móvil más frecuente, así como en el resto de los homicidios, es el llamado “ajuste de cuentas”. Desde luego, hubo una gran cantidad de casos en los que no se supo por qué mataron a la persona, toda vez que Cicpc no profundizó en las averiguaciones. Pero las muertes de mujeres por razones pasionales suelen dejar muchas evidencias, producto de los arrestos de ira y dolor. Y por eso se llegó a la cifra de 131 víctimas.

-Dos sucesos reportados esta semana revelan que existe un trato preferencial por parte del Estado hacia funcionarios de determinados cuerpos de seguridad, o que se desempeñan en determinadas tareas. El miércoles, a eso de las 5:30 pm, en el distribuidor Los Campitos de la autopista Prados del Este, grupos pertenecientes a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional y de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial se liaron a golpes, ocasionando alarma entre vecinos y conductores, cuyas vidas quedaron en riesgo puesto que participantes en la trifulca sacaron a relucir armas largas en su intento por someter a sus contendores. El lugar y el momento en que ocurrió este hecho permitió que muchas personas hicieran grabaciones con sus teléfonos. Una de ellas acompaña esta nota. Esta situación fue similar a la registrada en marzo de 2018 en plena avenida Sucre de Catia. Sin embargo, esta última mostró un grado de virulencia mucho más elevado. A pesar de los golpes y las amenazas, quedó firme la detención del oficial jefe de la FAES José Laureano Julio Mendoza, aunque se optó por dejarlo en la sede de su propio cuerpo. Mientras tanto, según fuentes de Cicpc, en la gresca los polinacionales lograron apoderarse de dos armas reglamentarias de sus contendores. El segundo incidente fue el viernes 21 de febrero, cuando agentes de Cicpc en la avenida Los Leones de Barquisimeto a dos escoltas de una concejal de esa misma ciudad que, armas en mano, pretendían despojar de su celular a un estudiante de la UNES, en la puerta de un local nocturno. Los espalderos fueron aprehendidos in fraganti. Sin embargo, debido a las presiones atribuidas a la edil ambos fueron liberados, aunque sin armas ni chalecos. Hechos como éste contribuyen a reforzar la pésima imagen de los cuerpos de seguridad, que se supone están llamados a proteger a la ciudadanía. Ninguno se salva. Encuestas como la Gallup y Latinobarómetro han determinado que los venezolanos tienen el mayor grado de desconfianza en sus policías y militares. 


-La puesta en vigencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tomó por sorpresa a buena parte de la institución militar. No por el hecho en sí, puesto que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino había acudido en diciembre a entregar el proyecto correspondiente ante al Asamblea Nacional Constituyente, en un acto público. Lo que sorprendió fue la relevancia adquirida en este nuevo esquema por la Milicia Nacional Bolivariana, así como las nuevas funciones que asume todo el sector militar. En la entrega anterior se sostenía que con esta ley todo el país, y no solo la FANB, entraría en una nueva etapa. De ahora en adelante, lo militar estará mucho más presente en la vida de toda la ciudadanía, a pesar de la falta de popularidad que tiene la Fuerza Armada como institución. Cuarteles adentro, es tal el desconocimiento del nuevo texto que los comandantes de zonas en el interior del país ordenaron una ronda de charlas y conferencias para explicar su contenido, y compararlo con el de la ley recientemente derogada, que apenas tuvo cinco años de vigencia.

-El 13 de febrero, la firma consultora Alto Analytics publicó un informe sobre los flujos informativos durante las crisis sociopolíticas del último trimestre de 2019 en Colombia y Chile. Fueron registrados 101 millones de mensajes, divulgados a través de 7,6 millones de cuentas en medios digitales. A continuación, se resume la primera conclusión de este documento: “Durante las semanas que siguieron al surgimiento de las crisis sociopolíticas, los analistas de Alto identificaron un pequeño número de cuentas que generó un gran número de publicaciones sobre el descontento. En Colombia, 1% de los usuarios generó 33% de los resultados analizados, y en Chile 0,5% de los usuarios generó el 28% de los resultados (…) Este es un indicador clave del desorden en la información (…) Colombia y Chile son particularmente interesantes debido a que comparten una misma lengua, el español, y los analistas de Alto han identificado 175 entidades anómalas que participaban activamente en ambas crisis. Cuando se buscó la geolocalización pública indicada por estos usuarios o perfiles, 58% estaba localizado en Venezuela”.

Libros


El quehacer periodístico siempre es caldo de cultivo para anécdotas, historias, reflexiones y dilemas. En Colombia, los reporteros parecieran estar en un permanente desafío, ya sea debido a la violencia desatada por los carteles o por las organizaciones guerrilleras, o en virtud de las múltiples manifestaciones del conflicto político. Esto se junta con los retos derivados de la manipulación a las tecnologías de la información, con la finalidad de inducir convicciones divorciadas de la realidad, o posverdades. Este mar de factores es abordado por la Directora de Noticias de la cadena radial RCN, una de las más influyentes de ese país, en su obra En el filo de la navaja. Historias, secretos y decisiones humanas detrás de las noticias (Bogotá, 2019). Este libro contiene notas escritas en distintos momentos, y agrupadas en siete líneas temáticas, algunas de ellas de carácter netamente autobiográfico, mientras que otras versan sobre los dilemas éticos que se presentan a diario en el ejercicio de la profesión. Estas últimas son quizá las páginas de mayor interés para quienes nos acercamos a este título con una mirada “foránea”. ¿Cuándo un periodista en funciones directivas puede tomar la decisión de no publicar una información exclusiva? A esto Ruiz dedicó un interesantísimo capítulo, inspirado en la cobertura de un secuestro, titulado Derecho al silencio. En ese caso, la determinación de no divulgar datos sobre el caso fue tomada en atención a una solicitud expresa de familiares de la víctima, que decían adelantar una negociación con los captores. Ruiz entendió que el derecho a la vida estaba -y está- primero que el de la información. Otros medios no siguieron la misma línea. En otro capítulo se relata la rectificación que debió hacer al aire luego de la divulgación de una información falsa sobre el siniestro de un helicóptero. Una decisión cuestionable, no por la rectificación en sí, sino porque ella, en nombre de la cadena radial, asumió un deber que competía al periodista que había divulgado la información en primera instancia, como parte de sus labores. En el filo de la navaja fue escrito con un estilo directo y sincero. Cualquier lector de habla hispana puede extraer de él conclusiones de interés, en especial los profesionales del periodismo. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.


domingo, 9 de febrero de 2020

Una nueva etapa para la FAN

La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.
El texto, aprobado sin discusión alguna por la Asamblea Nacional Constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.
En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 
En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.
Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.
Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.
El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.
Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.
Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.
Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.
Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.
La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.
Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.
En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.
Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Esta semana comenzó a circular por medios oficialistas y redes de mensajería de texto un video en el que un hombre vestido con el uniforme caqui de miliciano se lía a golpes en una calle con varios sujetos, que estaban acompañados por una mujer. A pesar de su avanzada edad, el militar salió victorioso de la golpiza, y de esta manera se ganó el respeto de sus contrincantes y de la fémina que los acompañaba. Luego, ella incluso le pidió disculpas: “En las redes sociales, las personas, todos se burlan de ustedes porque creen que ustedes no reciben defensa personal ni nada, y veo que sí, que usted se supo defender de los ataques de nosotros”. Para finalizar el video, de 2:57 minutos, el miliciano indicó al grupo el lugar donde podrían enrolarse en el quinto componente de la FAN. Aunque el mensaje tiene numerosas fallas que reflejan una pobre producción, deja claro que dentro del propio Gobierno y en la FAN llegaron a la convicción de que los milicianos son objeto de sorna, y que la población en general no los respeta. De allí que deban ganarse el aprecio mediante el ejercicio de la violencia. Por otra parte, da la impresión de que la Milicia, como el resto de la institución militar, comienza a padecer los efectos de las deserciones y el escaso entusiasmo por formar filas.


*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo. 

Libros


A finales de 2016, el diccionario Oxford anunció que “posverdad” (post-truth) era la palabra del año. Se refería a circunstancias en las que los hechos objetivos, los datos duros, como diríamos en el periodismo, resultan menos influyentes que las emociones y las creencias personales. La victoria electoral de Trump en EEUU y el respaldo al Brexit en Gran Bretaña sugerían que el predominio de las emociones sobre la razón debía ser estudiado con detalle. Aunque desde entonces han transcurrido ya más de tres años, esta palabra sigue siendo un tanto difícil de comprender y asimilar para quienes creen, con la vieja escuela, que la verdad se impone por su propia fuerza. Pues no. Si una conclusión se puede sacar con la lectura de La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la política (Barcelona, 2019) es que la irrupción de las redes sociales, unida a la aplicación de estrategias finamente diseñadas para estas herramientas, ha contribuido a la relativización, no de la realidad en sí misma, sino de la forma como esta es percibida. Este proyecto editorial, coordinado por Roberto Aparici y David García Marín, compiló once ensayos que van directamente al grano en los distintos aspectos del tema. El análisis de la posverdad nos trae a nuevos desarrollos de temas que quizá ya eran conocidos, pero que ahora deben tomar en consideración realidades como la infoxicación, es decir, la formación de convicciones falseadas sobre la base de la continua repetición o la ausencia absoluta de datos (“silencio documental”), las noticias falsas o fake news, y la difusión de todo tipo de informaciones a través de nuevos canales, que generan una visión caótica de la realidad y tienden a esparcir el escepticismo, más allá de lo razonable y saludable. Una desconfianza que ralentiza la toma de decisiones, para la vida en sociedad y también en el ámbito personal. Los ensayos de La posverdad incitan a la reflexión. Si algo se le puede criticar a este esfuerzo es precisamente que no atendió los procesos de formación de posverdad en sociedades cuasidemocráticas o definitivamente totalitarias, donde los mecanismos de control al flujo informativo son más efectivos que en los entornos democráticos, pues parten desde el momento mismo en que se pretende acceder a una fuente, hasta el extremo opuesto, cuando no se puede acceder a algo ya publicado, en virtud de los bloqueos informáticos y la ausencia de servicios. Este libro es de lectura obligada para los que se preocupan por la nueva ecología de la información. Puede ser bajado en versión electrónica.

domingo, 26 de enero de 2020

El declive del ejército profesional

-La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.
En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.
En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.
Sangre nueva, que no llega por recluta
 Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.
La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.
Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logó luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.
Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.
Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.
La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.
La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.
Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización. 
En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.
Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial. Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales. Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:
“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista. 
“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país. 
“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera. 
“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”
Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

-El miércoles 22 de enero comenzó el juicio oral por el caso del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto de 2018. El debate se lleva a cabo en el juzgado primero de Terrorismo de Distrito Capital, a cargo de la abogada Carolina López Mesa. En esta jornada, uno de los acusados, Brayan Oropeza, reconoció en la misma sala a uno de los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que lo torturó. Este agente, conocido como Toyota, era uno de los testigos promovidos por el Ministerio Público. El señalamiento de Oropeza, hecho de viva voz, ocasionó cierta conmoción en el recinto. La juez, sin embargo, cortó a Oropeza y lo instó a que hiciera tal comunicación a través de su defensor, el abogado Guillermo Heredia. Oropeza es señalado de haber manejado uno de los drones con un control remoto. Durante las audiencias de presentación y preliminar, este procesado había denunciado las torturas de las que fue víctima cuando lo interrogaban (extracción de las uñas y lesiones en los testículos, ambas con pinzas). Pero esta fue la primera vez en la que pudo reconocer públicamente a una de las personas que participaron en tales vejámenes. La fiscal 83 nacional Dinora Bustamante afirmó que la denuncia era impertinente, y la juez, siguiendo la misma línea, concluyó: “Eso no es materia de este juicio”. La juez que había atendido las dos audiencias previas, Carol Padilla, había instado a la Fiscalía para que iniciara la investigación pertinente, pero las diligencias para esclarecer este aspecto del caso nunca se iniciaron.

Libros

Las noticias sobre sucesos siempre concitan la atención del público. No importa dónde sea. Es como si fuesen una mirada a lo más oscuro de cada sociedad, hacia lo deformado y anormal. Muchos lo ven como la inspiración de la novela negra y, más cerca en el tiempo, de series televisivas tan exitosas como La Ley y el Orden. Pocos libros, sin embargo, han explorado el origen de esta atracción popular hacia los relatos sobre los delincuentes y sus víctimas. La periodista Paula Corroto ha dado un primer paso en esta dirección, con el titulo El crimen mediático. Por qué nos fascinan las noticias de sucesos (Madrid, 2019). Lo curioso es que la autora no ha trajinado los caminos del reporterismo en la fuente policial. Sus escritos en medios de gran prestigio en España como El País y El Confidencial han versado más bien sobre temas de cultura y entrevistas. Aun así, el resultado de su investigación permite al lector desprevenido sacar algunas conclusiones sobre la temática, y desde luego hacer comparaciones con respecto a la realidad venezolana. En primer lugar, es claro que España posee un andamiaje institucional que permite el desempeño del periodismo de sucesos, esto es, el acceso a las fuentes que le dan forma. Las paredes bloqueadas para impedir el paso de los reporteros y las amenazas veladas o abiertas, por ahora, son impensables en ese país. Hay, desde luego, la crítica y la autocrítica hacia los excesos del trabajo reporteril (el irrespeto a la vida privada, el amarillismo y las deformaciones, el énfasis en ciertos aspectos con el simple propósito de satisfacer la lectoría, etc). Pero estos son factores que están presentes en toda sociedad democrática, y que de hecho son necesarios para que los comunicadores mantengan un estándar de calidad. Otro aspecto resaltado en la investigación sobre el tratamiento dado a cuatro casos de alto perfil es que las noticias de sucesos en España dieron un vuelco con la irrupción de las redes sociales. Sobre este punto, Corroto hace observaciones que pueden alimentar futuros debates. Los efectos han sido en por lo menos dos sentidos. En primer lugar, en cuando a la rapidez de la difusión, que a veces genera dinámicas competitivas que dan prevalencia al sensacionalismo sobre la verificación de los datos. En segundo término, las redes sociales permiten a los periodistas hacerse de informaciones sobre la intimidad de víctimas y victimarios que anteriormente solo podían ser obtenidas mediante arduos y prolongados procesos. Esto da al trabajo reporteril una falsa noción de facilidad, que afecta no solo a los profesionales españoles sino en buena medida a todos los que practican el oficio. El crimen mediático puede ser visto como un trabajo inconcluso, pues difícilmente puede arrojar respuestas definitivas, pero es un importante aporte a un debate que debe darse, por lo menos, en los foros gremiales y en las escuelas de comunicación.

Para comunicarse con el autor de este espacio, transmitir denuncias, observaciones y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com

domingo, 12 de enero de 2020

FAN 2020

-Es un error formarse una opinión sobre toda la Fuerza Armada Nacional a propósito de la situación bochornosa del 5 de enero los alrededores del Parlamento. Otros matices deben ser tomados en cuenta

La Fuerza Armada Nacional comenzó este año en medio de circunstancias contradictorias, difíciles de comprender, que parecen la consecuencia de las tensiones internas a las que se ve sometida la institución como un todo, y también los hombres y mujeres que la conforman.
Para cualquiera que apenas esté bajándose de un avión, resultaría relativamente sencillo formarse una opinión general sobre los militares venezolanos con tan solo echar un vistazo a las imágenes bochornosas del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tratando de brincar una reja para acceder a la Asamblea Nacional mientras que los efectivos de la Guardia Nacional -llamados a preservar la institucionalidad del país- se lo impiden usando los escudos de orden público.
No sería muy difícil hacer una generalización a partir de un hecho tan grueso como este. Mucho menos si vemos que esos mismos militares se hacen de la vista gorda cuando los miembros de los colectivos armados arremeten contra los periodistas, los golpean y los despojan de sus instrumentos de trabajo.
Todo esto es cierto. Lo sucedido el lunes 5 de enero demuestra nuevamente que la FAN es el principal pilar sobre el que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa es solo una parte de la historia.
Hay matices. Hechos que conviene colocar en la balanza para lograr una comprensión más cabal de lo que sucede cuarteles adentro. Aquí va un recuento que no pretende ser exhaustivo. Es solo la enumeración de algunos elementos que vale la pena incorporar a cualquier análisis.

1.-En 2019 hubo tres rebeliones. Se dice fácil, pero esto nunca había sucedido en el país. Ciertamente, fueron movimientos parciales, que apenas involucraron a unidades específicas o a pequeños grupos de oficiales y tropas de la Fuerza Armada. En enero, fue un contingente de sargentos de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. En abril, hubo efectivos de tres destacamentos del mismo componente, aunque las sospechas alimentadas por voceros del gobierno estadounidense indican que se trató de algo mucho más amplio y profundo, que no se manifestó en su total dimensión. La participación del general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, entonces director del Sebin, pareciera ser una evidencia al respecto. En la última rebelión, reportada el 22 de diciembre, participaron reservistas y oficiales del Ejército. Este, además, pareciera ser el prólogo de una serie de acciones que los propios protagonistas enmarcan dentro de la llamada Operación Aurora.
Las supuestas conspiraciones detectadas en los primeros años de mandato de Maduro eran esencialmente producto de murmuraciones o planificaciones previas a las acciones, con elevada participación de oficiales retirados o que no tenían mando sobre tropas. Ahora son las tropas mismas las que se alzan.

2.-Pérdida del pie de fuerza. Poco a poco, se va reduciendo la magnitud de los contingentes militares. Varios factores obran en esto. En primer lugar, las tropas que salen de baja no son repuestas en su totalidad mediante los tradicionales procesos de alistamiento voluntario. La gente ya no ve en la FAN un medio de superación personal. La institución, además, ha perdido el aprecio popular, que era uno de sus más importantes capitales hasta la llegada de Chávez al poder. Antes, la FAN se disputaba los mayores índices de popularidad como institución, junto a la iglesia y los medios de comunicación. Ahora, a juzgar por los resultados del último sondeo Delphos, está entre las tres entidades menos apreciadas por la gente. Entonces, merman las incorporaciones a filas, y los que actualmente están en ellas las abandonan a raudales. En las guardias de navidad y año nuevo fueron numerosos los reportes sobre deserciones. El último conocido en Caracas fue un efectivo de tropa profesional asignado a la vigilancia de la flota del ministerio de la Defensa en la base aérea La Carlota. Huyó con su arma de reglamento.
Otro golpe importante a las filas de la FAN fue el abandono de más de 600 uniformados, casi todos de la Guardia Nacional, para respaldar la iniciativa de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta.
En lo inmediato, una consecuencia probable será la informalización de las labores militares, lo que otorgará creciente importancia a la Milicia.

3.-“Moral baja”. Luego del alzamiento del 21 de enero, fueron frecuentes los llamados de los generales a los jefes de unidades para que le “hablen a la tropa”. Pareciera que existe una separación entre los estratos inferiores de la FAN y los oficiales llamados a comandarlos. Desde luego, a los ojos de los uniformados rasos, esto le resta propósito a su accionar. En diciembre ocurrieron cosas insólitas, como la de efectivos de tropa de la Armada que desconocen quién es su comandante general, el mismo cuya foto debe estar en la cadena de mando de cada prevención. El máximo representante de la GN, mayor general Fabio Savarse, detectó algo similar durante una revista que pasó por unidades de ese componente a finales de diciembre. En palabras muy duras, afirmó que los guardias “están descuidados (…), con la moral baja, no tienen actitud de guerra”. Y ordenó a los comandantes de unidades que supervisaran más de cerca a sus subordinados. Pero los guardias como que prefieren enviar mensajes por sus teléfonos antes que estar pendientes de lo que sucede a su alrededor. Savarse lo advirtió. Ni siquiera la posibilidad de que los puestos fuesen atacados, como sucedió en Bolívar el 21 de diciembre, los pone alertas. Como si la tarea no importara.
Al respecto, conviene recordar lo dicho por el capitán de corbeta Miguel Angel León, al solicitar su pase a la reserva activa en noviembre de 2018: a los militares les molesta el abandono de sus funciones primordiales y la transformación de la FAN en una “milicia populista, dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. El efecto inmediato es un desempeño descuidado.
Las consecuencias de esta actitud generalizada en los cuarteles son múltiples. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué incentivos habrá que dar u ofrecer a un militar para que se traslade a la frontera.

4.-Destellos. A pesar de todos estos factores, y como sucede en el resto de la sociedad, hay militares dedicados a cumplir sus tareas. Las que les competen por esencia. Esto también lo vimos en días recientes. En Amazonas, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron y presentaron ante los tribunales a dos hombres señalados de pertenecer a las FARC, que supuestamente iban de avanzada para permitir el paso de un grupo más grande de esa organización guerrillera. En Bolívar, recaban información sobre el posicionamiento de organizaciones irregulares de todo tipo, y solicitan al gobierno de Maduro recursos suficientes para cumplir con sus tareas en los enclaves del Arco Minero. En Zulia son frecuentes los contactos hostiles con columnas del Ejército de Liberación Nacional. Algunos de estos episodios son conocidos gracias a que los propios protagonistas filtran la información, pues saben que los jerarcas en la capital no lo harán.
La Fuerza Armada es en parte lo que se pudo ver en los alrededores del Parlamento. Y también es mucho más que eso. Estos matices son, quizá, lo que más interesa para el futuro próximo.

Breves

-En diciembre, el ministerio de Relaciones Interiores entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el nuevo organigrama de la institución, previamente aprobado por el ministerio de Planificación. Ahora, la policía de investigación tendrá cuatro niveles: superior, donde está la Dirección General y el Consejo Disciplinario; de Apoyo, donde se ubican trece dependencias como las oficinas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Inspectoría, Atención a la Víctima y de Respuesta a Desviaciones Policiales, entre otras; el nivel Sustantivo consta de tres unidades, como son Investigación Penal, Criminalística y Apoyo a la Investigación Penal, y en el último nivel, llamado Operativo Desconcentrado Territorial, quedaron adscritas las 24 delegaciones estatales y las correspondientes unidades de apoyo a la Investigación Estatal. El corazón de Cicpc sigue siendo la investigación penal. En este punto, la “nueva” estructura tiene siete direcciones: delitos contra las personas, drogas, robo y hurto de vehículos, delincuencia organizada, delitos contra la propiedad, inteligencia y operaciones estratégicas. Este organigrama es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2011, luego de un motín en los calabozos del Departamento de Aprehensión de ese cuerpo, en El Rosal, que ocasionó la muerte de tres personas. El suceso puso en evidencia todo un sistema de corrupción, que se intentó atacar mediante una reforma estructural. Ocho años después, se conoce el resultado. Salvo una adaptación a las realidades regionales y a las nuevas legislaciones que han surgido en este lapso, el aspecto organizativo de la policía de investigación se mantiene prácticamente igual.

-La decisión de la plataforma de microblogs Twitter de revocar más de treinta cuentas que estaban a nombre de personeros e instituciones gubernamentales venezolanas fue aplicada a pocos días de haberse conocido el proyecto denominado Ejército de trolls, en el que se explica todo un esquema de organización que utiliza esta herramienta web, así como también Instagram y Facebook, con el propósito explícito de generar confusión entre los opositores e imponer las versiones gubernamentales, por vía de la infinita repetición. Para la referida estructura, era vital contar con cuentas “verificadas” afines al oficialismo, que sirvieran como referencia para sus versiones. Pero el proyecto Ejército de trolls es mucho más amplio, e implica la generación de contenidos a través de páginas web creadas durante la ejecución del plan, o la adquisición mediante compra de otros espacios que ya cuentan con importantes números de seguidores. Este proyecto, atribuido al ministerio de Relaciones Interiores, tiene grandes similitudes con el sistema de organización para el dominio de internet llevado a cabo por el régimen ruso, tal y como lo ha descrito el ex editor de la revista Time Richard Stengel, en su libro Information Wars, reseñado en una entrega anterior de este mismo espacio.

-La nueva configuración de la policía judicial no tiene ninguna dependencia referida a la formación de los nuevos funcionarios, ni a la actualización de los conocimientos de los que ya están en la institución. Esa misión compete a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). El 29 de noviembre, el vicerrector de Desarrollo Académico de este centro, José Ramón Muñoz, notificó a los directores de los centros de formación en todo el país que a partir de 2020 deberán iniciar los procesos de formación “para el personal que aún no ha culminado su bachillerato, para las y los funcionarios policiales, personal administrativo y obrero adscrito a todos los entes del MRI”. Este documento da por sentado que actualmente los cuerpos policiales tienen en sus nóminas a funcionarios que ni siquiera han finalizado la educación media, lo que se suponía era un requisito indispensable para ingresar a estas instituciones. Esta circunstancia era de sospecharse, a juzgar por la cantidad de errores -de forma y de fondo- que tienen las actas policiales. Plantearon una alianza con la Misión Ribas.

-El auge de la criminalidad durante el último trimestre de 2019 en Distrito Capital (más de 33% en la frecuencia de delitos violentos) se ha visto con especial fuerza en los espacios públicos de recreación. Lo que sucede en El Ávila y el Parque del Este es además una consecuencia directa del abandono por parte de los cuerpos preventivos. En ambos lugares, las policías y la Guardia Nacional habían incrementado la asignación de uniformados luego de los reportes sobre incidentes con muertos y heridos. Estos funcionarios tenían escasa interacción con los usuarios, y por regla general estaban más preocupados por enviar mensajes a través de sus teléfonos. En el Parque del Este, incluso, no usaban armas. Pero la sola presencia de los policías y militares servía como disuasivo. En noviembre, comenzaron a faltar, y esto de inmediato fue percibido por los delincuentes. Primero fueron hurtos en lugares sin vigilancia. Ahora, los hampones envalentonados irrumpen en estos espacios con armas, en especial durante las primeras horas de la mañana.

Libros

¿Dónde está el dinero de los cleptócratas, los evasores del fisco y de las personas que simplemente quieren ponerlo fuera del alcance de gobiernos voraces? Según Oliver Bullough, estas fortunas van a parar a cierto tipo de territorios, conocidos como paraísos fiscales, que tienen algunas características en común. La más importante, quizá, sea el secreto en cuanto a los nombres de sus clientes. Moneyland (Barcelona, 2019) es una extraordinaria exploración sobre estos peculiares lugares del mundo, que pueden ser archipiélagos como San Cristóbal & Nieves (tan afín al régimen venezolano), Londres, la Isla de Man o estados de la unión norteamericana como Delaware y Nevada. Este libro continúa, por lo tanto, en la misma línea de investigación que han encarado autores como Jeffrey Robinson y Clara Sterling. Bullough, sin embargo, nos ofrece una visión actualizada sobre un problema que afecta primordialmente a países como Venezuela, Rusia, China y Nigeria, donde las instituciones frágiles y los gobernantes corruptos han propiciado un monumental escape de capitales, que intentan refugiarse en los lugares donde permanezcan anónimos, pero a la disposición. Son, en su mayoría, recursos esquilmados mediante el robo, los tráficos ilegales y la corrupción, que dejan hospitales sin insumos, carreteras destruidas, sistemas de transporte inconclusos y cientos de personas muriendo de hambre. Las páginas escritas por este periodista británico están llenas de interesantes reflexiones. En primer lugar, hay una contradicción esencial entre el concepto de soberanía que ha dado forma a los estados-nación, con leyes que se atienen a los territorios de origen, y este nuevo ente llamado Moneyland, que no reconoce fronteras, pero que está en prácticamente todas partes, gracias a los desarrollos de las tecnologías de comunicaciones. En segundo lugar, la sola existencia de estos paraísos fiscales, y de los bancos que les dan vida, obliga a replantear el concepto mismo de corrupción, que tiende a depositar las culpas en los países de origen, pero poco hace en torno a los de destino, que suelen ser lugares del llamado primer mundo. Bullough dedica todo un capítulo al relato de los esfuerzos que hacen los cleptócratas para que sus jugadas nunca sean reportadas por la prensa independiente. Entendemos entonces que lo sucedido en Venezuela con el caso Clap no es un caso aislado, sino que obedece a un patrón de conducta de individuos que se han enriquecido de forma ilegal. La censura no ocurre solamente en estos países tropicales. También se extiende gracias a los tribunales ingleses. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta página, aportar informaciones o críticas, puede escribir a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.