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domingo, 26 de enero de 2020

El declive del ejército profesional

-La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.
En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.
En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.
Sangre nueva, que no llega por recluta
 Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.
La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.
Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logó luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.
Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.
Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.
La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.
La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.
Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización. 
En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.
Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial. Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales. Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:
“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista. 
“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país. 
“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera. 
“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”
Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

-El miércoles 22 de enero comenzó el juicio oral por el caso del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto de 2018. El debate se lleva a cabo en el juzgado primero de Terrorismo de Distrito Capital, a cargo de la abogada Carolina López Mesa. En esta jornada, uno de los acusados, Brayan Oropeza, reconoció en la misma sala a uno de los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que lo torturó. Este agente, conocido como Toyota, era uno de los testigos promovidos por el Ministerio Público. El señalamiento de Oropeza, hecho de viva voz, ocasionó cierta conmoción en el recinto. La juez, sin embargo, cortó a Oropeza y lo instó a que hiciera tal comunicación a través de su defensor, el abogado Guillermo Heredia. Oropeza es señalado de haber manejado uno de los drones con un control remoto. Durante las audiencias de presentación y preliminar, este procesado había denunciado las torturas de las que fue víctima cuando lo interrogaban (extracción de las uñas y lesiones en los testículos, ambas con pinzas). Pero esta fue la primera vez en la que pudo reconocer públicamente a una de las personas que participaron en tales vejámenes. La fiscal 83 nacional Dinora Bustamante afirmó que la denuncia era impertinente, y la juez, siguiendo la misma línea, concluyó: “Eso no es materia de este juicio”. La juez que había atendido las dos audiencias previas, Carol Padilla, había instado a la Fiscalía para que iniciara la investigación pertinente, pero las diligencias para esclarecer este aspecto del caso nunca se iniciaron.

Libros

Las noticias sobre sucesos siempre concitan la atención del público. No importa dónde sea. Es como si fuesen una mirada a lo más oscuro de cada sociedad, hacia lo deformado y anormal. Muchos lo ven como la inspiración de la novela negra y, más cerca en el tiempo, de series televisivas tan exitosas como La Ley y el Orden. Pocos libros, sin embargo, han explorado el origen de esta atracción popular hacia los relatos sobre los delincuentes y sus víctimas. La periodista Paula Corroto ha dado un primer paso en esta dirección, con el titulo El crimen mediático. Por qué nos fascinan las noticias de sucesos (Madrid, 2019). Lo curioso es que la autora no ha trajinado los caminos del reporterismo en la fuente policial. Sus escritos en medios de gran prestigio en España como El País y El Confidencial han versado más bien sobre temas de cultura y entrevistas. Aun así, el resultado de su investigación permite al lector desprevenido sacar algunas conclusiones sobre la temática, y desde luego hacer comparaciones con respecto a la realidad venezolana. En primer lugar, es claro que España posee un andamiaje institucional que permite el desempeño del periodismo de sucesos, esto es, el acceso a las fuentes que le dan forma. Las paredes bloqueadas para impedir el paso de los reporteros y las amenazas veladas o abiertas, por ahora, son impensables en ese país. Hay, desde luego, la crítica y la autocrítica hacia los excesos del trabajo reporteril (el irrespeto a la vida privada, el amarillismo y las deformaciones, el énfasis en ciertos aspectos con el simple propósito de satisfacer la lectoría, etc). Pero estos son factores que están presentes en toda sociedad democrática, y que de hecho son necesarios para que los comunicadores mantengan un estándar de calidad. Otro aspecto resaltado en la investigación sobre el tratamiento dado a cuatro casos de alto perfil es que las noticias de sucesos en España dieron un vuelco con la irrupción de las redes sociales. Sobre este punto, Corroto hace observaciones que pueden alimentar futuros debates. Los efectos han sido en por lo menos dos sentidos. En primer lugar, en cuando a la rapidez de la difusión, que a veces genera dinámicas competitivas que dan prevalencia al sensacionalismo sobre la verificación de los datos. En segundo término, las redes sociales permiten a los periodistas hacerse de informaciones sobre la intimidad de víctimas y victimarios que anteriormente solo podían ser obtenidas mediante arduos y prolongados procesos. Esto da al trabajo reporteril una falsa noción de facilidad, que afecta no solo a los profesionales españoles sino en buena medida a todos los que practican el oficio. El crimen mediático puede ser visto como un trabajo inconcluso, pues difícilmente puede arrojar respuestas definitivas, pero es un importante aporte a un debate que debe darse, por lo menos, en los foros gremiales y en las escuelas de comunicación.

Para comunicarse con el autor de este espacio, transmitir denuncias, observaciones y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com

domingo, 12 de enero de 2020

FAN 2020

-Es un error formarse una opinión sobre toda la Fuerza Armada Nacional a propósito de la situación bochornosa del 5 de enero los alrededores del Parlamento. Otros matices deben ser tomados en cuenta

La Fuerza Armada Nacional comenzó este año en medio de circunstancias contradictorias, difíciles de comprender, que parecen la consecuencia de las tensiones internas a las que se ve sometida la institución como un todo, y también los hombres y mujeres que la conforman.
Para cualquiera que apenas esté bajándose de un avión, resultaría relativamente sencillo formarse una opinión general sobre los militares venezolanos con tan solo echar un vistazo a las imágenes bochornosas del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tratando de brincar una reja para acceder a la Asamblea Nacional mientras que los efectivos de la Guardia Nacional -llamados a preservar la institucionalidad del país- se lo impiden usando los escudos de orden público.
No sería muy difícil hacer una generalización a partir de un hecho tan grueso como este. Mucho menos si vemos que esos mismos militares se hacen de la vista gorda cuando los miembros de los colectivos armados arremeten contra los periodistas, los golpean y los despojan de sus instrumentos de trabajo.
Todo esto es cierto. Lo sucedido el lunes 5 de enero demuestra nuevamente que la FAN es el principal pilar sobre el que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa es solo una parte de la historia.
Hay matices. Hechos que conviene colocar en la balanza para lograr una comprensión más cabal de lo que sucede cuarteles adentro. Aquí va un recuento que no pretende ser exhaustivo. Es solo la enumeración de algunos elementos que vale la pena incorporar a cualquier análisis.

1.-En 2019 hubo tres rebeliones. Se dice fácil, pero esto nunca había sucedido en el país. Ciertamente, fueron movimientos parciales, que apenas involucraron a unidades específicas o a pequeños grupos de oficiales y tropas de la Fuerza Armada. En enero, fue un contingente de sargentos de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. En abril, hubo efectivos de tres destacamentos del mismo componente, aunque las sospechas alimentadas por voceros del gobierno estadounidense indican que se trató de algo mucho más amplio y profundo, que no se manifestó en su total dimensión. La participación del general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, entonces director del Sebin, pareciera ser una evidencia al respecto. En la última rebelión, reportada el 22 de diciembre, participaron reservistas y oficiales del Ejército. Este, además, pareciera ser el prólogo de una serie de acciones que los propios protagonistas enmarcan dentro de la llamada Operación Aurora.
Las supuestas conspiraciones detectadas en los primeros años de mandato de Maduro eran esencialmente producto de murmuraciones o planificaciones previas a las acciones, con elevada participación de oficiales retirados o que no tenían mando sobre tropas. Ahora son las tropas mismas las que se alzan.

2.-Pérdida del pie de fuerza. Poco a poco, se va reduciendo la magnitud de los contingentes militares. Varios factores obran en esto. En primer lugar, las tropas que salen de baja no son repuestas en su totalidad mediante los tradicionales procesos de alistamiento voluntario. La gente ya no ve en la FAN un medio de superación personal. La institución, además, ha perdido el aprecio popular, que era uno de sus más importantes capitales hasta la llegada de Chávez al poder. Antes, la FAN se disputaba los mayores índices de popularidad como institución, junto a la iglesia y los medios de comunicación. Ahora, a juzgar por los resultados del último sondeo Delphos, está entre las tres entidades menos apreciadas por la gente. Entonces, merman las incorporaciones a filas, y los que actualmente están en ellas las abandonan a raudales. En las guardias de navidad y año nuevo fueron numerosos los reportes sobre deserciones. El último conocido en Caracas fue un efectivo de tropa profesional asignado a la vigilancia de la flota del ministerio de la Defensa en la base aérea La Carlota. Huyó con su arma de reglamento.
Otro golpe importante a las filas de la FAN fue el abandono de más de 600 uniformados, casi todos de la Guardia Nacional, para respaldar la iniciativa de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta.
En lo inmediato, una consecuencia probable será la informalización de las labores militares, lo que otorgará creciente importancia a la Milicia.

3.-“Moral baja”. Luego del alzamiento del 21 de enero, fueron frecuentes los llamados de los generales a los jefes de unidades para que le “hablen a la tropa”. Pareciera que existe una separación entre los estratos inferiores de la FAN y los oficiales llamados a comandarlos. Desde luego, a los ojos de los uniformados rasos, esto le resta propósito a su accionar. En diciembre ocurrieron cosas insólitas, como la de efectivos de tropa de la Armada que desconocen quién es su comandante general, el mismo cuya foto debe estar en la cadena de mando de cada prevención. El máximo representante de la GN, mayor general Fabio Savarse, detectó algo similar durante una revista que pasó por unidades de ese componente a finales de diciembre. En palabras muy duras, afirmó que los guardias “están descuidados (…), con la moral baja, no tienen actitud de guerra”. Y ordenó a los comandantes de unidades que supervisaran más de cerca a sus subordinados. Pero los guardias como que prefieren enviar mensajes por sus teléfonos antes que estar pendientes de lo que sucede a su alrededor. Savarse lo advirtió. Ni siquiera la posibilidad de que los puestos fuesen atacados, como sucedió en Bolívar el 21 de diciembre, los pone alertas. Como si la tarea no importara.
Al respecto, conviene recordar lo dicho por el capitán de corbeta Miguel Angel León, al solicitar su pase a la reserva activa en noviembre de 2018: a los militares les molesta el abandono de sus funciones primordiales y la transformación de la FAN en una “milicia populista, dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. El efecto inmediato es un desempeño descuidado.
Las consecuencias de esta actitud generalizada en los cuarteles son múltiples. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué incentivos habrá que dar u ofrecer a un militar para que se traslade a la frontera.

4.-Destellos. A pesar de todos estos factores, y como sucede en el resto de la sociedad, hay militares dedicados a cumplir sus tareas. Las que les competen por esencia. Esto también lo vimos en días recientes. En Amazonas, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron y presentaron ante los tribunales a dos hombres señalados de pertenecer a las FARC, que supuestamente iban de avanzada para permitir el paso de un grupo más grande de esa organización guerrillera. En Bolívar, recaban información sobre el posicionamiento de organizaciones irregulares de todo tipo, y solicitan al gobierno de Maduro recursos suficientes para cumplir con sus tareas en los enclaves del Arco Minero. En Zulia son frecuentes los contactos hostiles con columnas del Ejército de Liberación Nacional. Algunos de estos episodios son conocidos gracias a que los propios protagonistas filtran la información, pues saben que los jerarcas en la capital no lo harán.
La Fuerza Armada es en parte lo que se pudo ver en los alrededores del Parlamento. Y también es mucho más que eso. Estos matices son, quizá, lo que más interesa para el futuro próximo.

Breves

-En diciembre, el ministerio de Relaciones Interiores entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el nuevo organigrama de la institución, previamente aprobado por el ministerio de Planificación. Ahora, la policía de investigación tendrá cuatro niveles: superior, donde está la Dirección General y el Consejo Disciplinario; de Apoyo, donde se ubican trece dependencias como las oficinas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Inspectoría, Atención a la Víctima y de Respuesta a Desviaciones Policiales, entre otras; el nivel Sustantivo consta de tres unidades, como son Investigación Penal, Criminalística y Apoyo a la Investigación Penal, y en el último nivel, llamado Operativo Desconcentrado Territorial, quedaron adscritas las 24 delegaciones estatales y las correspondientes unidades de apoyo a la Investigación Estatal. El corazón de Cicpc sigue siendo la investigación penal. En este punto, la “nueva” estructura tiene siete direcciones: delitos contra las personas, drogas, robo y hurto de vehículos, delincuencia organizada, delitos contra la propiedad, inteligencia y operaciones estratégicas. Este organigrama es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2011, luego de un motín en los calabozos del Departamento de Aprehensión de ese cuerpo, en El Rosal, que ocasionó la muerte de tres personas. El suceso puso en evidencia todo un sistema de corrupción, que se intentó atacar mediante una reforma estructural. Ocho años después, se conoce el resultado. Salvo una adaptación a las realidades regionales y a las nuevas legislaciones que han surgido en este lapso, el aspecto organizativo de la policía de investigación se mantiene prácticamente igual.

-La decisión de la plataforma de microblogs Twitter de revocar más de treinta cuentas que estaban a nombre de personeros e instituciones gubernamentales venezolanas fue aplicada a pocos días de haberse conocido el proyecto denominado Ejército de trolls, en el que se explica todo un esquema de organización que utiliza esta herramienta web, así como también Instagram y Facebook, con el propósito explícito de generar confusión entre los opositores e imponer las versiones gubernamentales, por vía de la infinita repetición. Para la referida estructura, era vital contar con cuentas “verificadas” afines al oficialismo, que sirvieran como referencia para sus versiones. Pero el proyecto Ejército de trolls es mucho más amplio, e implica la generación de contenidos a través de páginas web creadas durante la ejecución del plan, o la adquisición mediante compra de otros espacios que ya cuentan con importantes números de seguidores. Este proyecto, atribuido al ministerio de Relaciones Interiores, tiene grandes similitudes con el sistema de organización para el dominio de internet llevado a cabo por el régimen ruso, tal y como lo ha descrito el ex editor de la revista Time Richard Stengel, en su libro Information Wars, reseñado en una entrega anterior de este mismo espacio.

-La nueva configuración de la policía judicial no tiene ninguna dependencia referida a la formación de los nuevos funcionarios, ni a la actualización de los conocimientos de los que ya están en la institución. Esa misión compete a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). El 29 de noviembre, el vicerrector de Desarrollo Académico de este centro, José Ramón Muñoz, notificó a los directores de los centros de formación en todo el país que a partir de 2020 deberán iniciar los procesos de formación “para el personal que aún no ha culminado su bachillerato, para las y los funcionarios policiales, personal administrativo y obrero adscrito a todos los entes del MRI”. Este documento da por sentado que actualmente los cuerpos policiales tienen en sus nóminas a funcionarios que ni siquiera han finalizado la educación media, lo que se suponía era un requisito indispensable para ingresar a estas instituciones. Esta circunstancia era de sospecharse, a juzgar por la cantidad de errores -de forma y de fondo- que tienen las actas policiales. Plantearon una alianza con la Misión Ribas.

-El auge de la criminalidad durante el último trimestre de 2019 en Distrito Capital (más de 33% en la frecuencia de delitos violentos) se ha visto con especial fuerza en los espacios públicos de recreación. Lo que sucede en El Ávila y el Parque del Este es además una consecuencia directa del abandono por parte de los cuerpos preventivos. En ambos lugares, las policías y la Guardia Nacional habían incrementado la asignación de uniformados luego de los reportes sobre incidentes con muertos y heridos. Estos funcionarios tenían escasa interacción con los usuarios, y por regla general estaban más preocupados por enviar mensajes a través de sus teléfonos. En el Parque del Este, incluso, no usaban armas. Pero la sola presencia de los policías y militares servía como disuasivo. En noviembre, comenzaron a faltar, y esto de inmediato fue percibido por los delincuentes. Primero fueron hurtos en lugares sin vigilancia. Ahora, los hampones envalentonados irrumpen en estos espacios con armas, en especial durante las primeras horas de la mañana.

Libros

¿Dónde está el dinero de los cleptócratas, los evasores del fisco y de las personas que simplemente quieren ponerlo fuera del alcance de gobiernos voraces? Según Oliver Bullough, estas fortunas van a parar a cierto tipo de territorios, conocidos como paraísos fiscales, que tienen algunas características en común. La más importante, quizá, sea el secreto en cuanto a los nombres de sus clientes. Moneyland (Barcelona, 2019) es una extraordinaria exploración sobre estos peculiares lugares del mundo, que pueden ser archipiélagos como San Cristóbal & Nieves (tan afín al régimen venezolano), Londres, la Isla de Man o estados de la unión norteamericana como Delaware y Nevada. Este libro continúa, por lo tanto, en la misma línea de investigación que han encarado autores como Jeffrey Robinson y Clara Sterling. Bullough, sin embargo, nos ofrece una visión actualizada sobre un problema que afecta primordialmente a países como Venezuela, Rusia, China y Nigeria, donde las instituciones frágiles y los gobernantes corruptos han propiciado un monumental escape de capitales, que intentan refugiarse en los lugares donde permanezcan anónimos, pero a la disposición. Son, en su mayoría, recursos esquilmados mediante el robo, los tráficos ilegales y la corrupción, que dejan hospitales sin insumos, carreteras destruidas, sistemas de transporte inconclusos y cientos de personas muriendo de hambre. Las páginas escritas por este periodista británico están llenas de interesantes reflexiones. En primer lugar, hay una contradicción esencial entre el concepto de soberanía que ha dado forma a los estados-nación, con leyes que se atienen a los territorios de origen, y este nuevo ente llamado Moneyland, que no reconoce fronteras, pero que está en prácticamente todas partes, gracias a los desarrollos de las tecnologías de comunicaciones. En segundo lugar, la sola existencia de estos paraísos fiscales, y de los bancos que les dan vida, obliga a replantear el concepto mismo de corrupción, que tiende a depositar las culpas en los países de origen, pero poco hace en torno a los de destino, que suelen ser lugares del llamado primer mundo. Bullough dedica todo un capítulo al relato de los esfuerzos que hacen los cleptócratas para que sus jugadas nunca sean reportadas por la prensa independiente. Entendemos entonces que lo sucedido en Venezuela con el caso Clap no es un caso aislado, sino que obedece a un patrón de conducta de individuos que se han enriquecido de forma ilegal. La censura no ocurre solamente en estos países tropicales. También se extiende gracias a los tribunales ingleses. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta página, aportar informaciones o críticas, puede escribir a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.

domingo, 15 de diciembre de 2019

Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)

-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización caótica de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.
Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid, actual ONA- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana. 
Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.
Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
La dolarización caótica facilita el lavado
 Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaraín, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.
Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.
Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el closet, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.
Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.
Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.
Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.
En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.
La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.
Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.
En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.
Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.
Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.
Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.
Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total. En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país. 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria. Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

Tres preguntas a… Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia

1.-Hay fuertes críticas por la aparente lentitud del proceso al régimen ante la CPI. Incluso, un operador político denunció una supuesta falta de interés de la fiscal (Fatou) Bensouda. ¿Cuál es su apreciación al respecto?

Efectivamente, se han visto críticas a la actuación de la fiscal. Incluso se han hecho denuncias y recusaciones. Pero lo cierto es que para que un examen preliminar que empezó en febrero de 2018, y que ya se diga que pasará a la tercera fase en febrero de 2020, no nos da elementos objetivos para decir que haya una lentitud o que el caso haya sido parado, o que no se realicen los trabajos. Al contrario, tenemos noticias de que algunas organizaciones han ido y tuvieron acceso al proceso. El personal de la fiscalía (ante la CPI) ha recibido los casos y adicionalmente la propia fiscal ha dicho en su último informe que colabora con la Alta Comisionada de Naciones Unidas y con la CIDDHH. No podemos hablar de pasividad. Esto lo digo con elementos objetivos. Ya esto había ocurrido antes con el caso de la Alta Comisionada (Michele Bachelet) que por ser una persona de izquierda era vista con escepticismo por ese simple hecho, y al final terminó haciendo su trabajo. Este problema no lo podemos ver así. Si la persona es de izquierda o de derecha no nos interesa. Nos interesa si hace su trabajo de acuerdo con los estándares. Y hasta el momento, eso ha sido así. Además, pudo no hacerlo porque terminará en 2020 su período, y sin embargo ha seguido en el caso. Tranquilamente, pudo no hacer nada pues no la van a reelegir. Entonces, no podemos hablar de sesgo ni de parálisis de la investigación.

2.-El último informe de actualización (de la CPI) coloca al caso venezolano en la segunda de cuatro fases. ¿Qué debe suceder en lo inmediato para que el caso avance?

La segunda fase, como dijimos en la última nota (de la organización) trata sobre la determinación de la existencia de delitos que estén en la competencia de la Corte Penal Internacional. Puede haber torturas, pero si no son política de Estado, entonces ese delito no es perseguible por esa corte por ser un hecho aislado. En este momento se requiere que la fiscal considere que hay suficientes elementos para decir que hay delitos competencia de la CPI, y que fueron cometidas dentro de la vigencia de ella, y que forman parte de un patrón, y que efectivamente esta situación tiene responsables en la jerarquía del Estado. Luego, pasa a la etapa de admisibilidad. Se analizará si esos delitos han sido perseguidos por el Estado y si buscó condenarlos. Lo que llaman complementariedad. Aquí, el Estado venezolano se ha adelantado y ha dicho que sí persigue estos delitos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero sabemos que no es cierto, y que cuando ocurre de manera excepcional se imputan delitos menos graves para que se cumpla una mínima sentencia, si es que la cumplen. Ahora, la fiscal evaluará si existen suficientes elementos de información para decir que existen esos delitos, y pasar a la siguiente etapa.

3.-¿Puede el régimen venezolano inhibir o retardar este proceso?

El Estado venezolano no puede ni inhibir ni retardar esto. Al ser firmante del Estatuto de Roma, tiene que colaborar, y de hecho en los discursos de la embajadora venezolana ante la CPI, la señora El Aissami, ha dicho que van a colaborar. Esperamos que ese sea el caso. A todo evento, si el Estado venezolano no colabora ni presta atención no impedirá que la Corte siga. La embajadora ha aportado información sobre la judicialización de casos (de tortura). Pero sabemos que eso no es justicia. Una cosa es llevar algo a juicio, y otra que sea condenado, y que lo hagan como debe ser. El Estatuto señala que si los juicios se hacen para evadir responsabilidad o para hacer una pantomima de justicia, no tendrán efecto ante la CPI.

Libros

La finalización de esta serie sobre lavado de dinero ha coincidido con el lanzamiento internacional de diversas obras sobre el mismo tema. Desde luego, estas investigaciones no serán del conocimiento de los venezolanos, salvo que se acuda a la tecnología del libro electrónico. Entre ellas, ha tenido mucho éxito The Laundromat (Londres, 2019), lo que podríamos traducir como La Lavadora, escrita por el periodista Jake Bernstein, acreedor del premio Pulitzer en 2011 por su cobertura sobre la crisis financiera estadounidense. Además, ha sido uno de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este libro contiene un detallado relato sobre la formación de la consultora panameña Mossack-Fonseca, cuyos archivos hackeados dieron origen al escándalo internacional llamado los Papeles de Panamá. Berstein explora en el entramado de relaciones con los distintos grupos de poder internacional que llevó a la sociedad formada por Ramón Fonseca y Jurgen Mossack a constituirse en una de las estructuras más sofisticadas para facilitar el blanqueo de capitales. Como es lógico, estas páginas contienen numerosas referencias a las gestiones desarrolladas por la corporación para el ocultamiento de fondos de personas que en algún momento participaron en el régimen venezolano. En la medida en que avanza la lectura, el foco de atención se coloca en el proceso de cobertura periodística de un caso extremadamente complejo, y en las reacciones de los poderosos en los distintos países para impedir la divulgación de los datos que los colocarían en entredicho ante la opinión pública. Y, por supuesto, aquí también se hace mención al caso nacional. The Laundromat, entonces, es una obra sobre la estructura de lavado de dinero que nació en Ciudad de Panamá, y también sobre los esfuerzos de los investigadores para sacarla de las sombras. Un caso de estudio, relatado en detalle y salpicado de anécdotas.

domingo, 1 de diciembre de 2019

Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)

-¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

@javiermayorca

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.
Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 
Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.
Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.
Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.
El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.
La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso Lara el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.
Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.
Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.
Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.
No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.
Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.
Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.
Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.
El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity
Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

Breves

-El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela. A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

-Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

-Hay preocupación en la institución militar por la disminución del pie de fuerza, no solo entre los efectivos de tropa sino también en la oficialidad. Hay regiones en las que los procesos de reclutamiento voluntario difícilmente logran la mitad de la cuota esperada. A eso hay que sumar el creciente abandono de las filas. El 15 de noviembre, diez estudiantes de la Academia Militar del Ejército fueron declarados desertores, al constatarse que no regresarían a sus aulas. Se trata de cursantes de los dos primeros niveles, que se fueron de la institución en grupos. Esto no se veía anteriormente. Para mitigar esta situación, se inició la convocatoria a efectivos de tropa alistada y tropa profesional que tengan títulos universitarios para que se inscriban en un curso de formación de oficiales de comand (Cefoc), que les dará el grado de tenientes en apenas año y medio de estudio. La Fuerza Armada está en uno de sus niveles más bajos en cuanto a su prestigio institucional. Así lo constata un estudio de la encuestadora Delphos, llevado a cabo entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Esta merma en la popularidad tiene un efecto negativo en cuanto al interés por sumarse a sus filas.

Libros


Germán Castro Caycedo es uno de los escritores de referencia obligada en la narrativa no-ficción latinoamericana. Para 2017, cuando dio a conocer el título reseñado en esta sección, Una verdad oscura, ya este periodista colombiano sumaba veinte obras. En ese trajinar, desde luego, Castro Caycedo ha profundizado como pocos en el mundo de la delincuencia organizada de su Colombia natal. En este trabajo, relata el auge y la caída del llamado Clan del Golfo, ahora también llamado Clan Usuga, una organización que –como ha sucedido muchas veces anteriormente- comenzó planteándose a sí misma como un grupo alzado en armas contra el estado colombiano, que pronto devino en una organización delincuencial que controlaba toda el área del Golfo de Urabá, un sector estratégico para la exportación de cocaína hacia los países centroamericanos y del Caribe. La agrupación encabezada por los hermanos Juan de Dios y Jairo Usuga, indica el autor, llegó a gobernar durante la primera década de este siglo sobre un territorio de mil ochocientos kilómetros cuadrados. Pronto extendió el menú de sus actividades hasta la extorsión y la trata de personas, y en su crecimiento salpicó a Venezuela, Panamá e incluso Argentina, donde algunos de sus más conspicuos exponentes intentaron ocultarse. En Una verdad oscura, se relatan los esfuerzos del Estado colombiano, a través de la Policía Nacional, para infiltrar y desmantelar esta enorme organización. Cuando el libro salió a los anaqueles, el conteo oficial indicaba que más de 1600 miembros de la estructura habían sido detenidos, y otros cien ultimados por la fuerza pública. Este libro se lee como si fuese un thriller de ficción, aunque todos sus capítulos surgieron de la cruda realidad.

domingo, 17 de noviembre de 2019

Señales de una tragedia

-Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

@javiermayorca

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.
La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.
Esto pudo ser evitado
Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.
Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.
En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.
Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.
Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.
El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación. 
Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento. 
Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.
Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.
Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.
Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.
El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento. 
Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.
Este suceso hace recordar otro episodio luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.
Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que el primero es un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”.  Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación. Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy. Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal. La fiscalía 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios. Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

-Durante el lanzamiento del dispositivo Navidad Segura 2019, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, divulgó las cifras actuales de funcionarios destinados a labores de policía preventiva y de investigación. Según este general, en este momento el pie de fuerza total de la policía judicial es de 9.065 funcionarios. Hay además 94.909 uniformados de cuerpos preventivos (PNB y policías estatales y municipales), así como 46.230 guardias nacionales. Se sabe que estas cifras incorporan al personal administrativo y a los funcionarios que siguen en nómina, a pesar de que no desarrollan ningún trabajo de seguridad puesto que son escoltas, están de reposo, suspendidos, de permiso, vacaciones o son usados para custodia penitenciaria. Al sumar los números de agentes preventivos y de la guardia nacional, el total es de 141.139. El estándar de Naciones Unidas -aceptado por Venezuela desde los tiempos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial- establece que debe haber cuatro policías preventivos por cada mil habitantes. Esto es, agentes en las calles. Esto da 120.000 funcionarios. Pero las normas vigentes establecen que los policías tienen turnos de ocho horas diarias. De manera que, para cumplir con el estándar, el país debería tener unos 360.000 agentes preventivos. El déficit de agentes es de 60,7% en general. De allí que, a pesar del mandato constitucional sobre el carácter civil de la seguridad ciudadana, es y será muy complicado deshacerse de la Guardia Nacional. Sin este componente militar, la carencia de agentes para prevenir el delito superaría el 73,8%.

-Por cierto que el ministerio de Relaciones Interiores activó un grupo especial para la investigación de los delitos perpetrados en la industria petrolera. La unidad está bajo el mando de un general. El plan de Reverol es que tenga el rango de un viceministro. Pero esta decisión todavía no ha salido publicada en la Gaceta Oficial, probablemente para evitar que este oficial entre automáticamente en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro. La industria petrolera es sin duda la institución estatal más afectada por los hurtos de todo tipo de materiales. Hasta el mes de septiembre se contaban más de 380 casos denunciados ante la policía judicial. Pero cada denuncia refiere generalmente la sustracción de múltiples objetos, que forman parte del patrimonio del país. El impacto sobre la operatividad de la industria es enorme. Esta cifra, además, sugiere la existencia de redes bien consolidadas en el interior de la estatal petrolera, que se llevan todo tipo de activos y son capaces de comercializarlas en el mercado negro.

Libros

1989 fue quizá uno de los años más violentos de la historia de Colombia. Las bombas, los secuestros y la creciente actividad de los grupos guerrilleros y paramilitares parecían tener contra las cuerdas a las instituciones de ese país. La periodista Maria Elvira Samper recoge todo el dramatismo de esa época en su más reciente libro, que lleva por título precisamente ese año: 1989 (Bogotá, 2019). En estas páginas, la autora no se contenta solamente con hacer el debido recuento cronológico, es decir, informar al lector cómo ocurrieron las cosas. También trasluce cómo lo vivió la reportera. Hay además la valoración de personajes clave, que mediante entrevistas ofrecen nuevas perspectivas sobre hechos que han sido trajinados por escritores e historiadores. En 1989, la violencia colombiana reverberó sobre todo el continente. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán conmocionó a todo el mundo. Pero, tal y como se puede apreciar durante la lectura, este fue apenas un giro en la espiral de muertes de las que Colombia parecía no poder salir. Los Extraditables, un grupo de traficantes de drogas encabezado por Pablo Escobar, declararon la guerra al Estado en un conflicto que se prolongaría por más de cuatro años y que representó un paso importante en la conformación de los grupos paramilitares, posteriormente aglutinados con el término autodefensas. Se trata, pues, de un año digno de estudio, no solo para los colombianos sino para todos los que desean de alguna manera entender los procesos de violencia que afectan a grandes conglomerados nacionales.


domingo, 3 de noviembre de 2019

Disputas en Luxemburgo

-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, como consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población venezolana

@javiermayorca

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.
En este pequeño territorio de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de sus actos y decisiones.
Ante esa instancia, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por violaciones a los derechos humanos de la población venezolana.
Los primeros litigios se iniciaron con los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.
El 18 de septiembre de ese año, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. En esta oportunidad acudieron Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.
En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.
La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
Oficialistas quieren revertir las sanciones europeas
Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.
El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando del cuerpo castrense se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.
“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.
Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.
Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.
Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales de los demandantes. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.
Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.
Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Primer revés

La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inadmisible la demanda intentada por el gobierno venezolano para anular la decisión del Consejo Europeo que prohíbe las ventas de armas al país, la asesoría informática para los equipos militares y los servicios financieros necesarios para tales adquisiciones.
La sentencia, tomada el 29 de septiembre, indica que el gobierno venezolano había interpuesto una demanda el 6 de febrero de 2018 contra las decisiones de la instancia europea que configuran la única sanción general contra este régimen, referidas a las compras militares.
El recurso fue intentado con la representación de los mismos abogados que asesoran a los diez oficialistas.
Durante el juicio, Venezuela alegó que había adquirido de los países miembros equipos y servicios militares por 76 millones de euros en 2016 y 59 millones en 2017. En 2018, cuando la decisión del Consejo Europeo entró en vigor, no hubo ningún gasto.
Uno de los argumentos para la sentencia fue que las decisiones del Consejo Europeo en esta materia solo obligan a las partes integrantes de este cuerpo. Por lo tanto, no se puede concluir que afecte directamente el derecho del estado venezolano en materia de adquisiciones militares.
En la sentencia, se obliga al régimen a cancelar todos los costos derivados de este proceso judicial.

Breves

-98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.

-Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

-El viernes 1 de noviembre fueron arrojadas sendas granadas de mano contra locales comerciales en Maracaibo. El primer caso fue reportado cerca de las 10 pm frente al local Dulces Andrea. Allí resultó herido por las esquirlas un hombre de 46 años de edad. Igualmente, la explosión afectó dos vehículos de uso particular. De manera casi simultánea, lanzaron un artefacto similar al centro de apuestas Pitbull. Pero no estalló. A esto se suman los dos heridos por un hecho similar reportado en la entrada de un restaurant en la capital zuliana, el 25 de octubre. El ataque pudo tener resultados más dramáticos, a no ser porque las esquirlas dieron en su mayoría contra dos vehículos. Todos estos incidentes estarían ligados al accionar de redes de extorsión contra los pocos comercios privados que sobreviven en Maracaibo. Allí las bandas parecen haber pasado de las amenazas al ejercicio actual de la violencia contra las víctimas. Hasta el momento, Zulia acumula el 49% de las denuncias de extorsión formuladas en todo el país.

Libros

Durante siete años, Richard Stengel fue editor del semanario Times. Previamente, había colaborado con el líder surafricano Nelson Mandela en la redacción de su autobiografía. Pero un buen día de 2013 aceptó la sugerencia de un burócrata estadounidense y se incorporó al gobierno de Barack Obama. De su experiencia como subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos (una oficina de la Cancillería) surgió una interesantísima obra: Information Wars (Nueva York, 2019). Como buen investigador, Stengel va directo al grano. Una traducción libre de su planteamiento central sería: “Hay de hecho una guerra de información en pleno desarrollo alrededor de todo el mundo, y está sucediendo a la velocidad de la luz”. Las armas de este conflicto son las computadoras, los teléfonos y, como afirmaría Revel, las mentiras, esparcidas como metralla con la intención de generar confusión y, eventualmente, ganar las mentes de amplios conglomerados de población. Durante su experiencia, el periodista se percató de que las democracias, en especial la estadounidense, padecen una desventaja natural que las llevan a medirse en términos desventajosos contra regímenes autoritarios como el ruso, y organizaciones altamente sofisticadas en materia de propaganda como Estado Islámico o Isis. Esta es una nueva manifestación de los conflictos asimétricos, pero no la única. Solo que aquí los parámetros para medir las victorias y las derrotas son otros. Según Stengel, “tienes éxito simplemente enlodando las aguas”, es decir, imponiendo una visión distorsionada de la realidad, que no puede ser rectificada debido a que estos regímenes han sido capaces de eliminar los medios y los periodistas independientes, que pueden cuestionar las versiones oficiales. ¿Suena familiar? El relato de este ex funcionario del Departamento de Estado, a menudo narrado en primera persona, tiene pasajes extremadamente interesantes y aleccionadores, aunque a veces un poco decepcionantes. En las guerras de información, sostiene Stengel, los métodos y parámetros aplicados por los medios libres son usados contra ellos mismos para distorsionar las realidades. En esta guerra, como en ninguna otra previa, el primer muerto pareciera ser la verdad.